Bajo el nuevo Decreto 2130, un liquidador de una empresa con activos vendidos o recuperados de más de 45.000 salarios mínimos o $29.000 millones, como por ejemplo Interbolsa, no podrá ganar más de $805,5 millones.
Con este tipo de límites se acaba la ‘rosca’ del negocio que suponía volverse liquidador, que era aprobado por el Comité de Especialistas, espacio en el que tienen asiento el Superintendente de Sociedades, el Superintendente de Insolvencia, el director de reorganización, el área de liquidación judicial, el área de intervenidas, la oficina de especialistas y la oficina de supervisión y seguimiento de acuerdos.
Ahora el proceso es mediado por un software que cruza 85 variables para arrojar a las diez personas más idóneas para asumir un proceso en concreto. Los funcionarios que quieran ser promotores, agentes interventores o liquidadores deberán presentar un ‘Icfes’ que de ser aprobado les permitirá estar dentro de la tan anhelada ‘lista de Auxiliares de la Justicia’.
Los pesos pesados de las liquidaciones como Alejandro Revollo, María Mercedes Perry, Alonso Sanín y Pablo Muñoz, podrían tener sus días contados si hay personas más idóneas y cumplen mejor los requisitos. Si bien no será nada sencillo desbancarlos, la posibilidad de que ‘los nerds’ asciendan en el escalafón es más alta con el nuevo modelo.
El superintendente Francisco Reyes habló sobre la manera de generar procesos de selección más idóneos y transparentes, como parte de la reglamentación de la Ley 1116, la también llamada, ‘ley de reorganización’ o ‘ley de quiebras’.
¿De dónde nace la idea de este Decreto?
Ya había un decreto anterior con los avances y la reglamentación de la 1116. Lo que hace este es continuar el proceso de una manera más extensa y detallada de lo que venía sucediendo.
¿Qué cambios implica?
Lo que queríamos era quitarle discrecionalidad al Comité y quitarle la influencia indebida. Queríamos una gran idoneidad en los funcionarios. Creamos una base de datos de software en computador con respecto a las compañías vigiladas y se alimenta con la base de datos de Auxiliares de la Justicia. Recoge el nombre, su profesión, su trayectoria, tiene 85 variables distintas, y a partir de los algoritmos le otorga ponderaciones.
¿Por qué se expide?
Porque son muy complejos los procesos que se llevan a cabo, porque son cientos de miles de millones en activos y tienen a su cargo la administración de un acervo patrimonial enorme que no pueden ser confiados a cualquier individuo.
El programa automatizado ha servido para que personas que no habrían sido jamás elegidas porque no tienen la visibilidad de la norma a través del sistema de computador, pueden ser nombrados.
¿Cuántos liquidadores tienen hoy?
Son 350 auxiliares de la justicia. Y con esta norma no pueden presentarse como persona jurídica y persona natural al tiempo pues los inhabilita.
¿Qué aporte da la academia?
Ya se hacía un curso para los liquidadores. El curso es un avance, pero queremos que sea bien orientado, no puede ser un diplomado sin rigor, queremos que haya competencia en centros docentes para dar el mejor curso, que sea de muy alta calidad y para lograrlo no basta con que la gente asista, tenemos que evaluar los conocimientos.
Mientras no haya evaluación el incentivo de aprendizaje es mucho menor, porque sigue siendo la calificación el incentivo más importante, el curso debe ir más allá de un requisito, que sea muy serio, tiene que haber aprendido las distintas materias.
¿Se insiste mucho en que es un cargo que no se delega? ¿Por qué se hace esta precisión?
El cargo no se puede subcontratar, debe tener un conocimiento producto de las materias clave, y no valerse de terceros.
¿Parte de esta iniciativa es porque hay gastos suntuosos por los liquidadores?
En la mayoría de los casos tenemos un desempeño adecuado. No queremos atropellar ni excluir a nadie, queremos la mejor lista posible.
El año pasado tuvimos una condena a la Superintendencia por actuaciones de liquidadores, hemos tenido varias demandas por el particular, tuvimos una enajenación de activos de narcotraficantes por ejemplo, hemos tenido quejas de operaciones que no están justificadas y en esa medida, lo que queremos es que si hay alguna dificultad, esa dificultad pueda resolverse a través del Decreto. Quienes están en la lista son los que más oportunidad tienen de progresar en esta, porque para progresar se necesitan llevar varios procesos, entre más tiempo lleve en la lista más capacidad tiene para ascender y ubicarse en los casos más importantes, ha habido casos excepcionales en los que por la relevancia la escogencia la hacemos en el Comité.
Afectados por el fondo Premium han denunciado gastos suntuosos... ¿Qué dice usted?
Lo primero es decir que Alejandro Revollo continuó en el proceso porque la gente lo pidió así, cuando pasó de interventor a liquidador. Cuando vinieron las quejas hice una auditoría porque la instrucción es que los recursos deben administrarse de la manera más eficiente, con el menor de los gastos. Tras la auditoría no se encontró que hubiesen tales despilfarros. La explicación que dio el liquidador es que buena parte de los gastos son absolutamente indispensables para mantener los activos que tiene: nóminas, servicios, impuestos, asesorías indispensables.
Exigen que si un liquidador tiene su lugar de vivienda en Bogotá, no tome de otras ciudades, ¿por qué?
Sí, en algunos casos. No queremos que sea así. Habrá casos excepcionales, pero la filosofía es que el cargo se ejerce directamente y en la jurisdicción a la que pertenece, entre otras cosas porque los desplazamientos son muy costosos.
¿La Superintendencia le dará los temas a las universidades, se ha avanzado en eso?
Sí estamos avanzando en eso, estábamos esperando a que saliera el Decreto para reglamentarlo internamente y llamar a las universidades para decirles que está listo. Esperamos que a comienzo del próximo año ya estén ofrecidos los cursos en las universidades del país.
Y el examen ¿va a tener tiempos específicos, desde cuándo empezarían?
Sí. Eso lo estamos planeando, conforme a la disponibilidad de los cursos.
¿Había cartel de liquidadores?
El sistema automatizado garantiza la transparencia en la escogencia. Salvo en los casos específicos donde los elegiremos por la importancia y complejidad del caso. No puede haber cartel en ellos, porque eso sería a costa del la imagen del Superintendente.
¿Si tuviera que hacer un ranking de los liquidadores con más procesos quiénes serían?
Ahora por ley no pueden tener más de tres casos en simultánea. Pero serían Pablo Muñoz, Alejandro Revollo, Luis Fernando Alvarado, María Mercedes Perry, Alonso Sanín.
Las vigiladas
En lo corrido de 2015, 1386 compañías fueron sometidas a vigilancia, un incremento de 66% frente a 2014 cuando fueron 832 sociedades. Los activos de las vigiladas ascienden a $35 billones.
En lo corrido del año la dinámica de creación de empresas se ha mantenido. Se crearon a septiembre 211.320 unidades económicas, se han constituido 49.910 sociedades comerciales y hay hoy 161.410 personas naturales con registro mercantil.
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