domingo, 17 de febrero de 2019

Impuesto al patrimonio de 2019 a 2021 no aplicaría para quienes se acojan el régimen simple


El impuesto al patrimonio de 2019 a 2021, creado con la Ley 1943 de 2018, solo aplica para personas naturales que al inicio de tales años sean contribuyentes de renta en el régimen ordinario. Por tanto, quienes decidan trasladarse al nuevo régimen simple quedarían libres de pagar dicho impuesto. 

Los artículos 35 a 41 de la nueva Ley de reforma tributaria 1943 de diciembre 28 de 2818 modificaron los artículos 292-2, 294-2, 295-2, 296-2, 297-2, 298-6 y 298-8 del Estatuto Tributario –ET–, estableciendo de esa forma un nuevo impuesto al patrimonio que se liquidará y pagará entre 2019 y 2021, pero que solo estará a cargo de aquellos sujetos pasivos expresamente mencionados en la nueva versión del artículo 292-2 del ET (ver artículo 35 de la Ley 1943 de 2018). 

Al respecto, y en relación con las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas que se convierten en sujetas del nuevo impuesto al patrimonio, la norma de la nueva versión el artículo 292-2 ET menciona que el impuesto solo recaerá sobre las siguientes: 

“1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.” 
“el “hecho generador” para responder por el nuevo impuesto al patrimonio es poseer solamente a enero 1 de 2019 un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos”

Adicionalmente, la nueva versión del artículo 294-2 del ET (artículo 36 de la Ley 1943 de 2018) menciona que el “hecho generador” para responder por el nuevo impuesto al patrimonio es poseer solamente a enero 1 de 2019 un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos. Por otra parte, a través del artículo 297-2 del ET (artículo 39 de la Ley 1943 de 2018) se menciona que el impuesto solo se causará en enero 1 de los años 2019, 2020 y 2021. 

De acuerdo con lo anterior, y si nos concentramos solamente en el caso de las personas naturales residentes, es fácil concluir que para tener la obligación de responder por el impuesto al patrimonio la persona natural debe ser, en cada una de las fechas de causación (es decir, en enero 1 de los años 2019, 2020 y 2021), un “contribuyente del impuesto de renta y complementarios”, es decir, alguien que tributa en el régimen ordinario del impuesto de renta utilizando cada año el formulario 210. Adicionalmente, esa persona natural también deberá cumplir con el hecho de que solamente a enero 1 de 2019 su patrimonio fiscal sí fue igual o superior a 5.000 millones de pesos. 
Traslado al régimen simple y no obligación de responder por el impuesto al patrimonio 

En vista de lo anterior, es interesante destacar lo que sucedería con una persona natural residente que a enero 1 de 2019 cumpla con ser contribuyente del impuesto de renta en el régimen ordinario y con poseer un patrimonio fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos, pero luego, a lo largo del 2019, toma la decisión de trasladarse del régimen ordinario hacia el nuevo régimen simple, el cual fue creado con el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, norma que modificó los artículos 903 hasta 916 del ET
“las personas naturales residentes, sin importar el nivel de su patrimonio bruto o de su patrimonio líquido, se puedan trasladar tranquilamente al nuevo régimen simple, siempre y cuando cumplan todos los requisitos”

Al respecto, es necesario destacar que las normas de los artículos 905 y 906 del ET permiten que las personas naturales residentes, sin importar el nivel de su patrimonio bruto o de su patrimonio líquido, se puedan trasladar tranquilamente al nuevo régimen simple, siempre y cuando cumplan todos los requisitos que se contemplan en dichas normas. 

Siendo claro lo anterior, es válido argumentar que, si la persona en cuestión decide trasladarse al régimen simple durante el 2019, al llegar a enero 1 de 2020 y enero 1 de 2021 ya no sería un “contribuyente del régimen ordinario” y, por lo tanto, ya no se cumplirían las condiciones para tener que responder por las declaraciones del impuesto al patrimonio de los años 2020 y 2021. Se diría entonces que la única declaración del impuesto al patrimonio que queda obligado a presentar es la del período 2019. 

Lo mismo sucedería si la persona en cuestión se muere en algún momento dentro del 2019 y sus herederos alcanzan a liquidar la sucesión ilíquida y cancelar su RUT antes de enero 1 de 2020. En un caso como el anterior, y sabiendo que el impuesto al patrimonio solo se causa si el contribuyente existe jurídicamente a enero 1 de 2020 o a enero 1 de 2021, es claro que el Gobierno ya no podrá cobrarle a dicho contribuyente el impuesto de los años 2020 y 2021. 

Lo expuesto hasta este punto es algo que no tuvieron en cuenta los congresistas al momento de diseñar las reglas de juego que regirán el nuevo impuesto al patrimonio de los años 2019 a 2021, y que en la práctica disminuirá el monto del impuesto que el Gobierno pensaba obtener de parte de las personas naturales residentes.

sábado, 16 de febrero de 2019

Régimen simple aumenta tributación combinada de sociedades nacionales y sus socios


La Ley 1943 de 2018 redujo la tarifa general del impuesto de renta que utilizarán las sociedades del régimen ordinario entre 2019 y 2022, y aumentó la tarifa a los dividendos no gravados de sus socios. Si tales sociedades deciden acogerse al régimen simple, la tributación combinada puede elevarse. 

La nueva Ley de reforma tributaria 1943 de diciembre 28 de 2018 introdujo múltiples e importantes cambios al impuesto de renta de las sociedades nacionales y sus respectivos socios o accionistas, creando en especial la oportunidad de que muchas de tales sociedades puedan abandonar el tradicional régimen ordinario del impuesto de renta (en el cual la sociedad tributa sobre su utilidad fiscal) y empiecen a acogerse de forma voluntaria al nuevo régimen simple de tributación (en el cual la sociedad tributaría sobre sus ingresos brutos ordinarios, ver artículos 903 a 916 del ET, los cuales fueron modificados con el artículo 66 de la Ley). 

Sin embargo, entre los factores determinantes que se deben considerar detenidamente antes de que una sociedad decida quedarse en un régimen o en otro, figura el de la tributación combinada que enfrentaría junto con sus respectivos socios o accionistas. Veamos por qué. 
Escenario si deciden permanecer en el régimen ordinario 

Si examinamos primero lo que sucedería a las sociedades nacionales que decidan quedarse en el régimen ordinario (pues no pueden o no quieren trasladarse al nuevo régimen simple), tenemos que el artículo 80 de la Ley 1943 de 2018 modificó el artículo 240 del ET para rebajar la tarifa general del impuesto de renta. Dicha tarifa se irá reduciendo anualmente del 33 % al 30 % entre los años gravables 2019 y 2022. 
“aumentó del 10 % al 15 % la tarifa del impuesto de renta a los dividendos no gravados que reciban los socios o accionistas que sean personas naturales residentes”

Al mismo tiempo, el artículo 27 de la Ley 1943 de 2018 modificó el artículo 242 del ET y aumentó del 10 % al 15 % la tarifa del impuesto de renta a los dividendos no gravados que reciban los socios o accionistas que sean personas naturales residentes. Adicionalmente, mediante el artículo 50 de la Ley se agregó al ET el nuevo artículo 242-1, con el cual se impone un nuevo impuesto del 7,5 % a los dividendos no gravados que se repartan a otras sociedades nacionales. 

Así, es necesario evaluar cómo se afectará la tributación combinada de las sociedades y sus socios por causa de estos cambios. Para ello podemos plantear un caso sencillo: 

Hasta el año gravable 2018, si la utilidad contable antes de impuestos de una sociedad era de $100.000.000, entonces primero se liquidaba el impuesto de la sociedad con una tarifa del 33 % (lo cual arrojaba un valor de $33.000.000), y con ello quedaba una utilidad contable después de impuestos de $67.000.000. Supóngase además que dicha utilidad se entregaría durante el 2019 a un solo socio que es persona natural residente, y que aplicando la fórmula del artículo 49 del ET se daría como dividendo no gravado. Por tanto, con la versión que tenía anteriormente el artículo 242 del ET, dicho dividendo le hubiera producido al accionista un impuesto de $4.000.000. En consecuencia, se diría que los $100.000.000 de utilidad contable obtenidos por la sociedad terminaban generando una tributación combinada entre la sociedad y el socio equivalente a: $33.000.000 + $4.000.000 = $37.000.000 (un 37 %). 

Sin embargo, con los cambios que introdujo la Ley 1943 de 2018, y suponiendo que estamos en el año gravable 2022 cuando la tarifa será del 30 %, los mismos $100.000.000 primero producirían un impuesto en cabeza de la sociedad del 30 % ($30.000.000), quedando una utilidad contable después de impuestos de $70.000.000. Luego, cuando esos $70.000.000 se entreguen como dividendo no gravado al socio persona natural residente, y aplicando la nueva versión del artículo 242 del ET y proyectando una UVT de $40.000 para esos años, se produciría un impuesto en cabeza del socio de unos $8.700.000. Por tanto, los $100.000.000 de utilidad contable producirán esta vez una tributación combinada de: $30.000.000 + $8.700.000 = $38.700.000 (un 38,7 %). 

Como puede verse, si la Ley 1943 de 2018 rebajó la tarifa general de la sociedad que pertenece al régimen ordinario, pero al mismo tiempo aumentó la tarifa para el dividendo entregado al socio o accionista que sea persona natural residente; al final se puede comprobar que la tributación combinada entre sociedad y socio sí aumentó. 
Escenario en el régimen simple 

Ahora bien, si esa misma sociedad del ejemplo anterior decide trasladarse voluntariamente al nuevo régimen simple, en ese caso ya no tributaría sobre la utilidad de $100.000.000 sino sobre sus ingresos brutos ordinarios (supóngase que eran de $400.000.000), y lo haría con una tarifa que oscilaría entre el 1,8 % y el 11,6 % según su actividad económica, lo cual podría arrojarle un impuesto de $21.200.000 en cabeza de la sociedad (esto si utilizamos la tarifa de 5,3 % que figura en una de las tablas del artículo 908, y si trabajamos con la una UVT proyectada de 40.000). La ventaja en este caso es que con ese impuesto de entre el 1,8 % y el 11,6 % también quedaría cubierto de una vez el impuesto de industria y comercio, que supóngase era de 0,6 % sobre los ingresos brutos (unos $2.400.000), el cual la empresa hubiera tenido que pagar por aparte si se quedaba en el régimen ordinario. 

El problema es que si la sociedad ya no pertenece al régimen ordinario sino al simple, cuando vaya a distribuir su utilidad contable después de impuestos (unos $100.000.000 – 21.200.000 = 78.800.000), pasaría totalmente gravada a sus socios o accionistas, pues en el régimen simple no se puede aplicar la fórmula del artículo 49 del ET. Dicha fórmula, que parte de tomar la “renta líquida gravable” que declare la sociedad y con la cual se puede obtener el monto máximo de la utilidad contable después de impuestos que se puede entregar como no gravada, solo se puede aplicar en el régimen ordinario (algo que advertimos en un artículo de noviembre de 2018, cuando la Ley era proyecto). 

Por tanto, esos $78.800.000 en cabeza de un socio persona natural residente, y tomando en cuenta lo indicado en la nueva versión del artículo 242 del ET, producirían un impuesto con la misma tarifa del artículo 240 del ET, es decir un impuesto del 30 % (que será la tarifa que existirá a partir del 2022). Eso significaría que usando las instrucciones de la nueva versión del artículo 242 del ET, el socio o accionista pagaría otro impuesto de ($78.800.000 x 30 % = $23.640.000) + ($78.800.000 – $23.640.000 = $55.160.000), cifra que se buscaría en la tabla del inciso primero del artículo 242 y produciría otro impuesto de $6.474.000. Es decir, el socio pagaría entonces otros $23.640.000 + $6.474.000 = $30.114.000. 

En consecuencia, la tributación combinada de la sociedad y su socio sería: $21.200.000 + 30.114.000 = $51.314.000, cifra que al final resulta exageradamente elevada, pues equivale a un 51 % sobre los $100.000.000 de utilidad que había arrojado la sociedad. 
“la única forma de evitar esa tributación combinada tan alta en el régimen simple sería que el mismo socio también figure en ese régimen”

Ahora bien, la única forma de evitar esa tributación combinada tan alta en el régimen simple sería que el mismo socio también figure en ese régimen. Para ello le tocaría decir que, por su propia cuenta, desarrolla una “empresa” (de venta de bienes o prestación de servicios), y cumplir además con todas las condiciones de los artículos 905 y 906 del ET. Pero es posible que se lo impida la norma del literal b) del numeral 8 del artículo 906 del ET, ya que los dividendos que recibe de la sociedad en la que es socio sí serían rentas pasivas que le representarían más del 20 % de todos sus ingresos brutos del año. 

Por causa de todo lo anterior, es claro que para la sociedad tomada como ejemplo lo único que convendrá es seguir perteneciendo al régimen ordinario.


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No actualizar el RUT puede generarle sanciones



El procedimiento de cambio de dirección del contribuyente requiere la actualización del RUT, dentro del mes siguiente al hecho que origina la necesidad de actualización. Si lo anterior no se realiza dentro del plazo estipulado, acarreará la sanción contenida en el artículo 658-3 del ET. 

A continuación, daremos respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué procedimiento debe ser realizado por el contribuyente para notificar su cambio de dirección ante la Dian? ¿Cuál es la sanción por no hacerlo? 

Cuando el contribuyente realiza cambios en su dirección, se requiere la actualización del registro único tributario –RUT–, la cual deberá efectuarse dentro del mes siguiente al hecho que origina la necesidad de actualización. En el caso de que el contribuyente no realice el procedimiento dentro del plazo establecido, le será aplicada una multa equivalente a 1 UVT ($34.270 por el año gravable 2019) por cada día de atraso, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario –ET–. Dicha sanción podrá quedar por debajo de la sanción mínima señalada en el inciso segundo del artículo 639 del ET, el cual determina que la sanción mínima no aplicará a los intereses de mora, ni a las sanciones relativas al incumplimiento de la inscripción o actualización del RUT 

Adicionalmente, el artículo 1.6.1.2.14 del Decreto único tributario 1625 de 2016, modificado por el artículo 8 del Decreto 1415 de 2018, señala que la actualización del documento al que nos hemos venido refiriendo, podrá realizarse de forma presencial o virtual, a excepción de la actualización de la información relativa a los datos de identificación y de la calidad de usuarios aduaneros, que debe realizarse de forma presencial. Así mismo, la Dian podrá definir otra información que deba realizarse de manera presencial. 

Debe tenerse en cuenta que cuando la actualización de la dirección en el RUT se haga de forma virtual, esta no podrá exceder de dos (2) modificaciones dentro de un período de seis (6) meses, dado que, de lo contrario, dicha actualización deberá realizarse forma presencial.


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viernes, 15 de febrero de 2019

Régimen tributario especial: distribución indirecta de excedentes y remuneración de cargos directivos


Conozca las modificaciones introducidas por la reforma tributaria estructural en torno al régimen tributario especial y a los requisitos que deberán cumplir las entidades que deseen obtener esta calificación, así como las condiciones para seguir perteneciendo al mismo. 

En el seminario en línea Las nuevas implicaciones del régimen tributario especial, el Dr. Jaime Monclou describirá todas las modificaciones introducidas por la reforma tributaria estructural alrededor del régimen tributario especial y respecto a los requisitos que deberán cumplir las entidades que deseen obtener tal calificación, al igual que las condiciones para seguir perteneciendo al mismo. 

De igual forma, se analizarán las modificaciones realizadas al régimen tributario especial; tema muy importante para todo profesional relacionado. Finalmente, identificará 16 aspectos de fondo que se debe tener en cuenta en los controles, norma antiabuso, calificación y exención al régimen tributario especial. 
Temas que se desarrollarán en este seminario 
Generalidades de las entidades sin ánimo de lucro –ESAL–. 
Clasificación de las ESAL. 
Marco normativo. 
Impuestos y obligaciones aplicables a las entidades sin ánimo de lucro –ESAL–. 
Contribuyentes del régimen tributario especial. 
Tributación sobre la renta de las cooperativas. 
Entidades no contribuyentes y no declarantes. 
Entidades no contribuyentes declarantes. 
Tratamiento especial para algunos contribuyentes. 
Distribución indirecta de excedentes y remuneración de los cargos directivos. 
Memoria económica. 
Calificación al régimen tributario especial. 
Actualización del RUT para los contribuyentes del RTE. 
Exención sobre el beneficio neto o excedente. 
Renta por comparación patrimonial. 
Objeto social de las ESAL para pertenecer al RTE. 
Pagos no sujetos a retención. 
Control especial a las donaciones. 
Actos que constituyen abuso del RTE. 
Exclusión del RTE. 
Registro en el aplicativo web de la Dian. 
Programas de fiscalización implementados por la Dian. 
Tenga en cuenta 
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Vacaciones para trabajadores expuestos a tuberculosis o rayos x


Los trabajadores que laboren en los establecimientos que luchen contra la tuberculosis, o realicen procedimientos de rayos x, gozan de un término de vacaciones superior en comparación al resto de trabajadores del sector privado, debido a las condiciones a las que se encuentran expuestos. 

Las vacaciones son un descanso remunerado obligatorio del que goza todo trabajador, por el término de 15 días hábiles consecutivos luego de haber prestado sus servicios durante un año. Sin embargo se exceptúan de esta regla los trabajadores que cumplan labores en la lucha contra la tuberculosis o que se encuentren expuestos a rayos x. 

A partir del primer día de trabajo inicia el derecho al reconocimiento y pago de vacaciones, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social de todo trabajador. Para ello, basta con que se configuren los elementos de un contrato de trabajo. 

En lo que respecta al derecho de vacaciones, debe precisarse que este es un descanso remunerado obligatorio y su vez irrenunciable. No obstante, en ciertos casos se puede convenir entre empleador y trabajador la compensación de algunos de esos días. El fin de dicho descanso es que el empleado restablezca sus condiciones físicas y mentales, pues no hacerlo lo expone a un riesgo psicosocial que con el tiempo desencadenaría desde accidentes hasta enfermedades laborales de carácter permanente. 

La regla general del tiempo de descanso de las vacaciones obedece a que se otorguen 15 días hábiles consecutivos remunerados, es decir, dichos días deben ser pagados, así como también los sábados y domingos que en ese tiempo se incurra, dada la contabilización de los días de descanso, hasta tanto retorne el trabajador a sus labores. 
Término de vacaciones trabajadores expuestos a tuberculosis o rayos x 

Los trabajadores que cumplan con actividades que comprometan su salud, como aquellos que se desempeñan en áreas donde se luche contra la tuberculosis o que estén expuestos a radiación ionizante cuentan de igual manera con 15 días de descanso, con la diferencia que no debe transcurrir un año de labor, sino 6 meses. 

Diariamente nos vemos expuestos a radiaciones ionizantes por cualquier factor. Sin embargo, para dichos trabajadores para los cuales el contacto es prácticamente directo se busca evitar en la mayor medida posible, una máxima exposición ante dicha radiación, con el fin de que no se vean afectados sus órganos o tejidos blandos. 
“Los daños por exposición a estas radiaciones pueden variar por horas o años de labor y, por lo tanto, es pertinente evitar dicha exposición a un período superior de seis meses”

Los daños por exposición a estas radiaciones pueden variar por horas o años de labor y, por lo tanto, es pertinente evitar dicha exposición a un período superior de seis meses. Con esto no se evitará en estricto sentido que el trabajador contraiga el riesgo de enfermedad, pero se minimizará el impacto. 
Características del descanso remunerado 

Las vacaciones para estos trabajadores se caracterizan por: 
Ser un descanso remunerado de 15 días hábiles consecutivos cada seis meses, lo que significa que en un mismo año gozan de 30 días hábiles de descanso (numeral 2 artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–). 
Tomarse como base el último salario devengado o el promedio de este en el semestre cuando sea variable. 
Gozar de las mismas garantías respecto al disfrute de la época de vacaciones, la cual puede ser fijada por el empleador (artículo 187 del Código sustantivo del trabajo). 
Poder compensar en dinero hasta la mitad de las vacaciones. 
Tener derecho a descansar mínimo 6 días y acumular el tiempo restante que podrá ser disfrutado de acuerdo con las reglas establecidas del artículo 190 del CST.
No ser posible impedir el descanso del trabajador a falta de personal que cubra el servicio, dado que lo que se está evitando es el riesgo de contraer enfermedades que posiblemente pueden ser desarrolladas años después de haber finalizado el vínculo laboral. 

En caso de que el empleador incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para estos casos (los cuales deben estar previstos en el reglamento interno, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y demás normas concordantes), el trabajador puede acudir ante el Ministerio del Trabajo y presentar queja formal sobre la afectación de sus derechos laborales. Por otra parte, también puede dar por terminado el contrato con justa causa y acudir ante un juez laboral con el fin de obtener no solo lo que le corresponda por salarios, prestaciones y vacaciones e indemnización por los perjuicios causados.


https://actualicese.com/actualidad/2019/01/28/vacaciones-para-trabajadores-expuestos-a-tuberculosis-o-rayos-x/?referer=email&campana=20190128&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190128&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

jueves, 14 de febrero de 2019

Afiliación al sistema de riesgos laborales para teletrabajadores


La afiliación de un teletrabajador a la aseguradora de riesgos laborales requiere, además de la simple afiliación, una descripción detallada de las condiciones laborales a las que habrá lugar, con el fin de establecer el nivel de riesgo al que se encontrará expuesto dicho trabajador. 

La tecnología se ha convertido en un gran aliado al momento de realizar determinadas labores en nuestra vida diaria, desde transacciones, compras, pagos, etc., hasta llegar a convertirse en una fuente de empleo. 

Por otro lado, se encuentra el tema de las redes sociales, las cuales se han convertido en una poderosa herramienta de publicidad al tener la capacidad de agrupar a un gran número de personas en un mismo sitio. Esto hace que la información que se pretende mostrar llegue de una forma rápida y sin grandes esfuerzos, lo cual a largo plazo puede convertirse en fuentes informales de empleo para muchas personas. 

Para que conozca más acerca del funcionamiento de estas redes, lo invitamos a consultar nuestras conferencias “Redes sociales se han convertido en el canal de primera opción de compra”y “Segmentación de audiencias, punto más importante al hacer campaña publicitaria en Facebook”, mediante las cuales podrá enterarse de los procesos que deben surtirse para tener una campaña de promoción efectiva de su negocio a través de las redes sociales. 
Teletrabajo 

Actualmente, algunos empleadores han optado por hacer uso del teletrabajo, y aunque es una modalidad de trabajo que no se ha consolidado en gran medida, es reconocida por la legislación laboral y debidamente reglamentada. 

En nuestro país el teletrabajo se encuentra regulado por medio de la Ley 1221 de 2008, la cual lo define como “(…) una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”. 

En el mismo sentido, esta ley establece que los teletrabajadores tienen derecho, como cualquier otro trabajador, al pago de aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), prestaciones sociales y demás conceptos que se desprendan de una relación laboral, como vacaciones, horas extra, recargos, etc. De lo anterior se exceptúa el pago del auxilio de transporte, ya que en la mayoría de los casos estos trabajadores no tienen la necesidad de trasladarse a un sitio de trabajo dispuesto por el empleador. Sin embargo, dado el caso en que estas personas necesiten trasladarse, el empleador deberá correr con los respectivos gastos (consulte nuestra editorial Seguridad social y derechos sindicales para teletrabajadores). 

El teletrabajo trae consigo una serie de beneficios a nivel organizacional para las empresas, ya que permite más agilidad en los procesos, así como ahorro en términos de espacio, ya que no es necesaria la adecuación de un sitio de trabajo común para los trabajadores al poder realizar las labores desde sus hogares o el sitio que considere el trabajador adecuado para tal fin. 

Una de las recientes contribuciones por parte del Ministerio del Trabajo al teletrabajo es la posibilidad de celebrar contratos por medio de firma electrónica, disposición prevista a través de la Circular 0060 de 2018. Dicha medida favorece mucho a este sector, ya que facilita la contratación de trabajadores que se encuentren en ciudades distintas e incluso en el exterior (consulte nuestra editorial Contratos de trabajo podrán celebrarse a través de firma electrónica). 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo –OIT–, a través del Manual de buenas prácticas en teletrabajo, define el teletrabajo como una forma de realizar labores a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– en lugares ajenos al establecimiento del empleador. Mediante a este mismo informe se indica que el teletrabajo puede iniciar como tal, sin embargo, puede presentarse la contratación de un trabajador de la forma común, es decir, que deba acudir a la empresa, cumplir un horario de trabajo, etc. Y que en el transcurso de la relación laboral sea trasladado a la modalidad de teletrabajo, sin que con este cambio se vulneren garantías del trabajador, ya que, como fue mencionado líneas atrás estos trabajadores cuentan con todas las garantías laborales.

Beneficios del teletrabajo
Trabajo que requiere presencia física
Teletrabajo
Debe cumplirse con horario de oficina (8 a.m. a 5 p.m.)
Horarios de trabajo flexibles, de acuerdo a las necesidades.  
Trabajo desde un sitio determinado.
Trabajo desde cualquier lugar.
Uso de dispositivos propiedad de la empresa o el empleador.
Uso de dispositivos propios, lo que permite mayor comodidad al trabajador.
Monitoreo de control de asistencia física al trabajo (horarios de entrada y de salida).
El trabajador se evalúa mediante resultados.
Se presentan reuniones laborales que requieren asistencia y traslado a determinados sitios, con un número limitado de miembros.
Se pueden llevar a cabo reuniones virtuales desde cualquier lugar con la participación ilimitada de miembros.  

 


Atención en riesgos laborales para teletrabajadores 
“Que dichos trabajadores realicen labores desde sus hogares (en la mayoría de los casos) no los excluye de resultar expuestos a riesgos de origen laboral”

Como ya se anotó, los teletrabajadores tienen derecho al pago y reconocimiento de todas las acreencias que se desprenden de una relación laboral dependiente. Que dichos trabajadores realicen labores desde sus hogares (en la mayoría de los casos) no los excluye de resultar expuestos a riesgos de origen laboral, razón por la cual deben tomarse una serie de precauciones, entre ellas la afiliación a una aseguradora de riesgos laborales –ARL–.
Se tiene como primera medida que la ARL debe determinar los posibles riesgos a los que se encuentra expuesto el trabajador, los cuales se determinan por niveles que van desde I (nivel de riesgo bajo) hasta V (nivel de riesgo alto). Para que esta entidad proceda a establecer el nivel, el empleador debe, junto con el formulario de inscripción, adjuntar una copia del contrato de trabajo, con las siguientes especificaciones: 
Los medios tecnológicos que van a utilizarse, el ambiente (si es desde el hogar, en una oficina, en la universidad, en una biblioteca, etc.), la forma de ejecución del trabajo con base en el tiempo y espacio con el que cuenta el trabajador. 
Definir los días y el horario de trabajo. 
Definir las responsabilidades del teletrabajador respecto de el cuidado de los elementos de trabajo, así como determinar el procedimiento de entrega de dichos elementos al finalizar el contrato o la modalidad de teletrabajo. 

De igual forma, el trabajador debe asistir a las capacitaciones que debe suministrarle el empleador, en aras de que comprenda los posibles riesgos a los que se encuentra expuesto, así como prestar especial atención a las guías de prevención elaboradas por la ARL. 

Tenemos entonces que la importancia de especificar las condiciones bajo las cuales se va a desempeñar el teletrabajador es determinar el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto y, en caso de que se presente un accidente o enfermedad, poder determinar las posibles causas que le dieron origen.


https://actualicese.com/actualidad/2019/01/28/afiliacion-al-sistema-de-riesgos-laborales-para-teletrabajadores/?referer=email&campana=20190128&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190128&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Facultad de representación de un representante legal suplente


La Superintendencia de Sociedades ha precisado que el representante legal suplente de una sociedad comercial se reviste de facultad para actuar en nombre de esta, siempre que el principal se encuentre imposibilitado para el efecto; no basta con la simple ausencia de este último. 

El siguiente análisis se realizará a partir de la Sentencia 11001 – 33-31-001-2012-00156-03 de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se estudia la responsabilidad de una representante legal suplente acusada de acceder a la celebración de determinados contratos y el Oficio número 220 –40508 de 1998, citado en dicha sentencia como referencia a cuándo un representante suplente puede ejercer la representación de una sociedad. Sin embargo, no se va a ahondar en el tema en concreto de la sentencia, sino a destacar lo que respecta a cuándo un representante suplente puede ejercer funciones de representación. 

Tenemos como primera medida lo establecido a través del artículo 440 del Código de Comercio, el cual señala que una sociedad anónima deberá tener un representante legal con uno o más suplentes, los cuales pueden ser reelegidos ilimitadamente. 

En lo que respecta las funciones del representante legal suplente, este cuenta con todas las facultades otorgadas del representante legal principal. Sin embargo, para que pueda ejercerlas no basta solo la ausencia de este último, sino que debe estar imposibilitado para ejercer sus funciones, salvo que para el primero se hayan asignado funciones especiales. Así lo ha establecido la Superintendencia de Sociedades, a través del mencionado concepto: 

“Para que el representante legal suplente pueda desempeñar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino la imposibilidad de desempeñar las funciones que le han sido asignadas, a menos que estatutariamente o por un pronunciamiento del máximo órgano social, se le hayan asignado al representante legal suplente, facultades especiales para representar a la sociedad 

(…)” 

(El subrayado es nuestro) 
“en caso de que el representante suplente actúe por su cuenta, será responsable de las obligaciones que emanen de los contratos que celebre, en caso tal que la sociedad no pueda o no responda por ellas”

Dado lo anterior, en caso de que el representante suplente actúe por su cuenta, será responsable de las obligaciones que emanen de los contratos que celebre, en caso tal que la sociedad no pueda o no responda por ellas, tal como aduce el tribunal a través de la mencionada sentencia: 

“(…) el suplente del representante legal tiene una obligación de permanente disponibilidad, pero la capacidad para contratar en nombre [de] la compañía, solo nace para él en el momento en que el titular no pueda ejercer el cargo y, por consiguiente, si no se da dicho presupuesto, el suplente actuaría sin poder para ello lo que lo situaría como deudor de la prestación o de su valor, cuando no sea posible su cumplimiento ante terceros de buena fe con los cuales haya podido contratar” 

(El subrayado es nuestro) 

Tenemos entonces, con base en lo anterior, que un representante legal suplente solo puede ejercer, siempre que le sea imposible al principal (por ejemplo, una circunstancia de fuerza mayor), hacerse cargo de sus funciones de representación. 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Al respecto del tema en cuestión, el artículo 440 del Código de Comercio fue demandado ante la Corte Constitucional al establecer que tanto los representantes legales como sus suplentes podían ser removidos “en cualquier tiempo”, bajo la premisa de que este acto vulneraba el derecho a la estabilidad laboral, además de que se consideraba inconsecuente que el representante elegido como suplente pudiera ser reelegido de manera indefinida y, sin embargo, pudiera ser removido en cualquier momento, tal como dicta el citado artículo. 

Ante estos pronunciamientos por parte de que quien interpuso dicha demanda, la Corte aduce, a través de la Sentencia C – 384 de 2008, que se comete un error al considerarse que la relación entre el representante legal y una sociedad comercial es estrictamente laboral, cuando no necesariamente es así, ya que la legislación mercantil ha permitido que las sociedades comerciales adopten el régimen de administración y representación de acuerdo a sus necesidades, las cuales deben estar previstas tanto en el contrato social como en los estatutos, tal como lo establece el artículo 196 del Código de Comercio

“Artículo 196. Funciones y limitaciones de los administradores. La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad.” 

(El subrayado es nuestro) 

El anterior artículo también establece que las funciones a cargo de los administradores de la sociedad deben estar claramente estipuladas. De no ser así, se tendrá que quienes representen la sociedad tienen la facultad para celebrar y/o ejecutar los contratos que puedan realizarse en función del objeto social. Por otra parte, en caso de que las funciones y limitaciones no se encuentren estipuladas, establece dicho artículo que “no serán oponibles a terceros” ,es decir, que si por ejemplo, el representante legal celebra un contrato para el cual no estaba autorizado, la sociedad a la que representa no podrá alegar que este no se encontraba facultado para tal actividad, teniendo como consecuencia la obligación de cumplir con lo pactado en dicho contrato (consulte nuestro editorial Efectos de la no inscripción del representante legal en el registro mercantily el Oficio 220 – 156759 de 2018 de la Superintendencia de Sociedades). 

Por otro lado, establece la Corte que, generalmente, las sociedades otorgan la representación legal fundada en la confianza a la persona a la cual el cargo es asignado, en razón tanto a las cualidades profesionales como a las condiciones éticas, tendientes a garantizar la lealtad en el manejo de los intereses de los socios y la sociedad (comercial) en general; indicando en el mismo sentido que la jurisprudencia reconoce el criterio de confianza para que los representantes legales de la sociedad (comercial) puedan recibir un trato diferenciado del resto de los trabajadores, así: 

“Este criterio de la confianza como justificación de un régimen especial para los administradores ha sido adoptado por la jurisprudencia en precedente que aquí se reitera. En efecto la Corte recalcó la especial relación de confianza que surge entre el ente asociativo y tales funcionarios (…), por lo cual no es extraño que la ley haya resuelto dar a su nexo jurídico con la sociedad un trato diferente del que la liga con el resto de sus trabajadores”. 

Precisando: 

“A falta de estipulación contractual la ley mercantil contempla amplias facultades a los administradores designados para representar y comprometer a la sociedad, lo que implica que en tales eventos el vínculo jurídico que se establece, en virtud de un acto de elección, se encuentre fundado en una especial relación de confianza, por lo que no es posible equipararlo a una relación laboral sobre la cual recae una presunción de asimetría entre las partes y de sujeción, que convoca la especial protección constitucional (principio de estabilidad en el empleo) que invoca el demandante”. 

(El subrayado es nuestro) 

En síntesis, la Corte Constitucional concluye que la remoción en cualquier momento del representante legal o sus suplentes no afecta el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que al ser esta una designación basada en la confianza, puede determinarse la vinculación de estos a la sociedad como a bien le convenga, al no ser necesariamente una relación de naturaleza laboral. Además, la mencionada entidad precisa que dicha remoción sirve para garantizar la continuidad de la gestión de la empresa, al convertirse en un margen de seguridad de los intereses de la misma, indicando lo siguiente: 

“Finalmente, el hecho de que la ley mercantil prevea que la elección de los administradores deba realizarse para unos períodos determinados, no modifica la naturaleza jurídica de la relación que se establece entre la compañía y su gestor, ni genera por sí mismo la expectativa de estabilidad que plantea el demandante; constituye simplemente un requisito estatuario que provee un razonable margen de seguridad a la relación contractual, y que pretende garantizar la ejecución del objeto social mediante un principio de continuidad en la gestión”. 

(El subrayado es nuestro) 

Resulta necesario aclarar que este editorial fue basado en lo dispuesto a través del artículo 440 del Código de Comercio, que aplica para las sociedades anónimas –SA–. No obstante, todos los tipos societarios se encuentran en la facultad de crear la figura del representante legal suplente por medio de sus estatutos (consulte el Oficio 220-118207 de 2017).


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miércoles, 13 de febrero de 2019

SG-SST: entre enero y marzo de este año empresas deben estar en fase de seguimiento y plan de mejora


A la fecha, su empresa ya debió haber cumplido con la tercera fase de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las administradoras de riesgos laborales –ARL– pueden asesorar a las empresas en el proceso de implementación. En abril de 2019 se deberá cumplir la última fase. 

Hasta diciembre del 2018 las empresas tenían plazo de cumplir con la tercera fase, la de ejecución, para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo –SG-SST–. De igual forma, las empresas debieron formular su plan anual para este año. 

Sobre el tema, Marlene Romero Medina, gerente de remuneraciones y servicios administrativos de SigloBPO afirma que para implementar correctamente el SG-SST el Ministerio del Trabajo estableció, mediante la Resolución 1111 de marzo de 2017, una guía que le permite a las empresas implementar los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Romero Medina recuerda que esta implementación es de obligatorio cumplimiento para: empresas públicas y privadas, para trabajadores dependientes e independientes, para contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo; para empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al sistema general de riesgos laborales, y para trabajadores en misión. 

“Entre enero y marzo de este año se entra en la fase de seguimiento y plan de mejora. La última fase es de inspección, vigilancia y control a partir de abril de 2019 en adelante”

Entre enero y marzo de este año se entra en la fase de seguimiento y plan de mejora. La última fase es de inspección, vigilancia y control a partir de abril de 2019 en adelante. Por su parte, en el 2020 la implementación debe haber cumplido todas las fases, y se deberá estar ejecutando integralmente dentro de los estándares mínimos del sistema. 

“Es importante considerar que las administradoras de riesgos laborales –ARL– están en capacidad de asesorar a las empresas en todo este proceso de implementación”, recuerda Romero Medina 

Hay que advertir que si en abril de este año las empresas no toman parte, se configuraría un incumplimiento legal. A partir de dicho mes, el Ministerio del Trabajo comenzará a verificar el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST por parte de las empresas. 

¿Qué pueden hacer las empresas que carecen de tiempo? 
Documentar todos los pasos realizados hasta esa fecha, de manera que se pueda evidenciar el trabajo realizado, así como las razones que han impedido el cumplimiento oportuno de las fases respectivas, indicando no solo las causas del retraso, sino las acciones correctivas tomadas por la empresa para poder seguir su proceso de implementación. 

Las razones pueden estar relacionadas con aspectos tecnológicos, patrimoniales, financieros y/o administrativos, o en algunos casos disponibilidad de los recursos o falta de conocimiento. Estos aspectos son indispensables para el funcionamiento y desarrollo de todas las actividades de implementación. 

Continuar con la implementación en la fase en que vayan hasta la fecha, teniendo en cuenta que pueden designar mayores recursos humanos y/o financieros; apoyarse en su ARL para que le preste asesoría y asistencia técnica, y recurrir a los servicios de una empresa certificada en la asesoría y elaboración del SG-SST. 

Ojo con las multas 

Las empresas que hagan caso omiso a este sistema se exponen a sanciones. El artículo 21 de la Resolución 1111 de 2017 advierte que el incumplimiento de lo allí establecido será sancionado según el capítulo 11 Criterios de Graduación de las Multas por Infracción a las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto 1072 del 2015

Las sanciones pueden ser establecidas por los inspectores de trabajo y seguridad social, las direcciones territoriales, las oficinas especiales del Ministerio del Trabajo o la Dirección de Riesgos Laborales de este ministerio. 

Los criterios para definir el grado de sanción son principalmente: 
Reincidencia en la comisión de la misma infracción. 
Negar u obstruir la acción de supervisión del Ministerio del Trabajo. 
Nivel o grado de aplicación de las normas legales. 
Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción. 
Ausencia o deficiencia en actividades de prevención y/o promoción. 
Sanción proporcional o razonable de acuerdo al tamaño y número de trabajadores de la empresa. 
Incumplimiento de las correcciones o recomendaciones formuladas por la ARL o por el Ministerio del Trabajo. 

El valor de la multa puede llegar hasta los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales conforme a la gravedad de la infracción, respetando el derecho al debido proceso por parte del empleador. Cuando se evidencian casos de reincidencia o incumplimiento de los correctivos, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa.


https://actualicese.com/actualidad/2019/01/25/sg-sst-entre-enero-y-marzo-de-este-ano-empresas-deben-estar-en-fase-de-seguimiento-y-plan-de-mejora/?referer=email&campana=20190125&accion=click&utm_source=boletin&utm_medium=email&utm_campaign=20190125&MD5=415e8678af580f50598f653f78613c8d

Disminución de la tarifa de retención en la fuente por concepto de IVA


La tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas podrá ser disminuida cuando se haya arrojado un saldo a favor del contribuyente en la declaración de los últimos seis períodos gravables, para lo cual deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 1.3.2.1.14 del DUT 1625 de 2016. 

La Ley de financiamiento 1943 de 2018 modificó el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto Tributario –ET–, a través de su artículo 5, indicando que la retención en la fuente por concepto del impuesto sobre las ventas –IVA– podrá ser hasta del 50 % del valor de dicho impuesto para los casos que determine el Gobierno, y del 15 % para los pagos en que no exista una retención especial establecida. Sin embargo, dicho artículo no modificó el inciso tercero del artículo 437-1 del ET, en el cual se establece que la retención en la fuente, para aquellos contribuyentes responsables de IVA (antiguo régimen común, término que fue modificado por el artículo 18 de la Ley 1943 de 2018), el cual indica que en aquellos casos en que durante los últimos seis períodos gravables se haya obtenido un saldo a favor en su declaración, habrá lugar a una disminución de la tarifa de retención en la fuente del impuesto. 
“el porcentaje de retención en la fuente por concepto de IVA será del 10 % del valor del impuesto, para los contribuyentes que en su declaración de los últimos 6 años consecutivos hayan arrojado un saldo a favor”

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1.3.2.1.14 del Decreto 1625 de 2016 señala que el porcentaje de retención en la fuente por concepto de IVA será del 10 % del valor del impuesto, para los contribuyentes que en su declaración de los últimos 6 años consecutivos hayan arrojado un saldo a favor, derivados de dicha retención. En consecuencia, el responsable de este impuesto deberá presentar una solicitud de reducción de la tarifa aplicable ante la Dirección de Gestión de Recaudación de la Dian, dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración de IVA del último período. Esta solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos: 
Relación de las declaraciones tributarias en las cuales se arrojó un saldo a favor, monto de los saldos y lugar donde fue presentada. 
Certificación de contador público o revisor fiscal en la que se indique el saldo a favor derivado de las retenciones practicadas al responsable del impuesto. 
“el porcentaje disminuido de retención en la fuente de IVA será aplicado por el agente retenedor una vez le sea presentada la resolución en la que se reconoce que el responsable cumple con todos los requisitos”

Cabe resaltar que la Dian tendrá un plazo de 15 días hábiles, siguientes a la presentación de la solitud, para expedir la resolución por medio de la cual apruebe o niegue la petición de reducción de la tarifa de retención en la fuente. Contra esta resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán ser interpuestos ante la Dirección de Gestión y Recaudo de la Dian. Si la respuesta por parte de la entidad frente a la solicitud presentada por el contribuyente es positiva, el porcentaje disminuido de retención en la fuente de IVA será aplicado por el agente retenedor una vez le sea presentada la resolución en la que se reconoce que el responsable cumple con todos los requisitos señalados anteriormente para acceder a este beneficio. 

Adicionalmente, debemos destacar que la solicitud de la tarifa reducida únicamente podrá ser presentada dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración de IVA con saldo a favor, correspondiente al último período de los seis a los que se refiere la norma y en los cuales se generó consecutivamente un saldo a favor proveniente de la retención en la fuente practicada con la tarifa del 15 %, la cual fue establecida en el nuevo texto del inciso segundo del artículo 437-1 del ET.


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martes, 12 de febrero de 2019

Tablas que regulan la tributación del nuevo régimen simple tienen un importante defecto


Las tablas contenidas en el artículo 908 del ET, y con las cuales se determina el monto del anticipo obligatorio bimestral que se les exigirá a los contribuyentes del régimen simple; hacen suponer erradamente que estos no podrían obtener ingresos brutos bimestrales gravados superiores a 13.300 UVT. 

Las nuevas versiones de los artículos entre el 903 y el 916 del ET, luego de ser modificados con el artículo 66 del la Ley 1943 de 2018, contienen las reglas básicas del nuevo régimen simple de tributación que empezará a existir a partir del año gravable 2019, al cual se podrán acoger voluntariamente tanto las personas naturales residentes como las sociedades nacionales, siempre que cumplan con todos los requisitos de los artículos del 905 al 906 del ET
“Al leer el conjunto de las normas que regulan el régimen simple, no obstante, se entiende que el contribuyente durante el 2019 sí podría llegar a obtener ingresos brutos superiores a 80.000 UVT”

Ahora bien, y según el artículo 905 del ET, uno de los requisitos para poder inscribirse voluntariamente en el régimen simple durante el año gravable 2019 es que los ingresos brutos fiscales ordinarios del año anterior (en este caso los del 2018) no hayan excedido las 80.000 UVT. Sin embargo, si el contribuyente cumplió con ese tope en el 2018 y por tanto se inscribe en el régimen simple durante el 2019, existe un problema con las tablas del artículo 908 del ET para liquidar el impuesto anual del régimen simple, pues su último rango hace suponer que durante el 2019 el contribuyente no podría obtener ingresos brutos superiores a las 80.000 UVT. Al leer el conjunto de las normas que regulan el régimen simple, no obstante, se entiende que el contribuyente durante el 2019 sí podría llegar a obtener ingresos brutos superiores a 80.000 UVT. Su único inconveniente en ese caso es que ya no podría seguir perteneciendo al régimen simple durante el año siguiente, es decir durante el año gravable 2020. 

Por tanto, creemos que el último rango de las tablas del artículo 908 del ET debería haberse redactado de otra forma. Así, por ejemplo, en la primera tabla con las tarifas para aquellos contribuyentes que se dedican a la actividad económica de tiendas y minimercados, en lugar de decir “igual o superior a 30.000 UVT y hasta 80.000”, la norma tendría que haber dicho “igual o superior a 30.000 UVT”. Esto será algo que tendrá que ser aclarado mediante decreto reglamentario. 

Ahora bien, es importante advertir que sí existe un caso muy particular en el cual el contribuyente queda comprometido a no exceder las 80.000 UVT de ingresos dentro del mismo año gravable 2019. Es lo que sucederá con las sociedades que nazcan durante el 2019 (las cuales obviamente no tienen ingresos brutos “del año anterior”) pero desean acogerse al nuevo régimen simple desde el momento de su creación. Es solo en el caso de este tipo de sociedades que la norma del artículo 905 del ET exige que sus ingresos brutos del mismo 2019 no terminen superando las 80.000 UVT. 

Lo anterior incluso sirve para poner en evidencia el problema que se originaría por ejemplo con una sociedad que nazca en mayo de 2019 y se inscriba en el régimen simple creyendo que al final del año 2019 sus ingresos brutos no superarán las 80.000 UVT. Esa sociedad puede terminar pagando, entre mayo y octubre, los anticipos obligatorios bimestrales que exige la norma, pero luego le puede suceder que justo en diciembre de 2019 obtenga un ingreso ordinario grande, con lo cual el total de sus ingresos brutos del año sí terminarían excediendo las 80.000 UVT. ¿Qué pasaría en ese caso? 

Allí es cuando el decreto reglamentario que se tendrá que expedir prontamente para regular este tema muy seguramente terminará estableciendo lo mismo que en su momento se estableció con el Decreto 738 de mayo de 2017 para reglamentar el anterior régimen del monotributo. En ese decreto se mencionó que si el contribuyente acogido al régimen del monotributo terminaba superando al final del año su limite permitido de ingresos brutos de 3.500 UVT, ya no podría presentar al final del año la declaración del monotributo, y en lugar de ello tendría que ir a actualizar de nuevo su RUT de forma presencial, salirse del monotributo y regresar una vez más al régimen ordinario. Y si para ese momento ya había decidido hacer anticipos voluntarios (pues en el monotributo los anticipos eran voluntarios), entonces dichos valores los podría restar al impuesto que tendría que liquidar en el régimen ordinario. 

Por tanto, es fácil prever que esa misma regla de juego se la terminarán imponiendo a la sociedad que colocamos como ejemplo, la cual nace en mayo de 2019 y termina haciendo anticipos obligatorios bimestrales entre mayo y noviembre, pero luego en diciembre de 2019 se le aumenta el volumen de ingresos, y con ello el total de ingresos brutos del año 2019 sí superan las 80.000 UVT. En tal caso le tocará salirse del régimen simple, volver al régimen ordinario y usar los dineros de los anticipos bimestrales obligatorios para restárselos a su impuesto del régimen ordinario. Además, no sabemos si esa misma regla de juego (la de exigir que sus ingresos del mismo año 2019 no excedan las 80.000 UVT) también se la terminarán imponiendo a las sociedades que existían antes del 2019 pero que se acogerán al régimen simple durante el 2019. 

De otra parte, y en relación con las tablas para liquidar los anticipos obligatorios bimestrales del régimen simple (las cuales se encuentran en el parágrafo 4 del artículo 908 del ET), es importante destacar que el último rango de dichas tablas también tiene problemas de redacción, pues arbitrariamente dan a entender que durante un bimestre cualquiera los ingresos brutos del contribuyente no se podrían pasar de 13.334 UVT. 

Tal redacción resulta totalmente equivocada, pues nada impide que durante un bimestre cualquiera el contribuyente sí pueda obtener ingresos brutos por encima de dicho límite. Por tanto, en el último rango de dichas tablas, en lugar de haber escrito “igual o superior a 5.000 UVT y hasta 13.334 UVT”, la norma tenía que haber quedado diciendo “igual o superior a 5.000 UVT en adelante”. 

Si ese ajuste no se hace mediante decreto reglamentario, quizá algún contribuyente interprete literalmente la norma y concluya que cuando sus ingresos brutos del bimestre se hayan pasado de los 13.334 UVT no tendría que liquidar el anticipo bimestral.


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Ajuste al impuesto diferido en el cierre contable



El impuesto diferido debe reflejar las consecuencias fiscales futuras de hechos económicos reconocidos. Esta partida debe revisarse y ajustarse al cierre de cada período, con cargo a resultados o a patrimonio, dependiendo del origen de la diferencia temporaria que dé lugar a esta. 

El impuesto diferido debe medirse a cada fecha de cierre, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 29.27 del Estándar para Pymes (anexo técnico compilatorio 2, incluido por el Decreto 2483 de 2018 al DUR 2420 de 2015). El procedimiento adecuado para el ajuste de este impuesto es calcularlo a la fecha de cierre, teniendo en cuenta los valores contables y fiscales, y luego comparar este impuesto resultante con el presentado en el año anterior, ajustando cualquier diferencia con efecto en los resultados del período o el patrimonio, dependiendo de la partida que haya generado la diferencia temporaria. 
Bases contables y fiscales 

Las bases contables son los valores asignados a los activos y pasivos, teniendo en cuenta los requerimientos de las Normas de Información Financiera a una fecha de corte determinada. Estas no deben verse afectadas por cambios en las disposiciones fiscales, pues estas últimas no tienen injerencia sobre las políticas contables. 

Las bases fiscales, por su parte, deben medirse teniendo en cuenta los requerimientos contenidos en el estatuto tributario, incluyendo todas las reformas que hayan sido expedidas y que tengan vigencia a la fecha de cierre de los estados financieros. 
Tarifa para medir el impuesto diferido 
“el impuesto diferido debe medirse teniendo en cuenta la tasa de tributación que se encuentre vigente a la fecha de corte de los estados financieros”

El párrafo 29.27 del Estándar para Pymes establece que el impuesto diferido debe medirse teniendo en cuenta la tasa de tributación que se encuentre vigente a la fecha de corte de los estados financieros. Si esta tasa está siendo revisada (por ejemplo si se prevé que habrá una próxima reforma tributaria), la entidad solo utilizará la o las que estén en revisión si tiene una alta expectativa de que lleguen a ser aprobadas. 

En el caso colombiano, la fecha de cierre fiscal obligatoria para todas las entidades es el 31 de diciembre. Esta fecha ha sido adoptada también por la legislación comercial y cooperativa para tal efecto, por lo cual en el cálculo del impuesto diferido es necesario utilizar la tarifa que se encuentre vigente al cierre de cada año. 
Cálculo del impuesto diferido 

Suponga que el impuesto diferido al cierre del 2017 se presentó con las siguientes cifras:
Ajuste al impuesto diferido en el cierre contable
Al cierre del 2018, la entidad vuelve a calcular el impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se presenten a esa fecha de cierre. Suponga que los resultados fueron los siguientes:
Ajuste al impuesto diferido en el cierre contable
Con estos resultados, la entidad procede a comparar los importes del año que está cerrando (2018) con los del año anterior, así:
Ajuste al impuesto diferido en el cierre contable
Una vez elaborado el trabajo anterior, la entidad procede a contabilizar el ajuste al importe del impuesto diferido, así:
Ajuste al impuesto diferido en el cierre contable
*Los $5.000 de revaluación que incrementaron el pasivo por impuesto diferido se reconocen en el ORI, las demás partidas de impuesto diferido afectan los resultados.

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lunes, 11 de febrero de 2019

Impuesto al patrimonio de 2019 a 2021 no aplicaría para quienes se acojan el régimen simple



El impuesto al patrimonio de 2019 a 2021, creado con la Ley 1943 de 2018, solo aplica para personas naturales que al inicio de tales años sean contribuyentes de renta en el régimen ordinario. Por tanto, quienes decidan trasladarse al nuevo régimen simple quedarían libres de pagar dicho impuesto. 

Los artículos 35 a 41 de la nueva Ley de reforma tributaria 1943 de diciembre 28 de 2818 modificaron los artículos 292-2, 294-2, 295-2, 296-2, 297-2, 298-6 y 298-8 del Estatuto Tributario –ET–, estableciendo de esa forma un nuevo impuesto al patrimonio que se liquidará y pagará entre 2019 y 2021, pero que solo estará a cargo de aquellos sujetos pasivos expresamente mencionados en la nueva versión del artículo 292-2 del ET (ver artículo 35 de la Ley 1943 de 2018). 

Al respecto, y en relación con las personas naturales y/o sucesiones ilíquidas que se convierten en sujetas del nuevo impuesto al patrimonio, la norma de la nueva versión el artículo 292-2 ET menciona que el impuesto solo recaerá sobre las siguientes: 

“1. Las personas naturales, las sucesiones ilíquidas, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes, en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país.” 
“el “hecho generador” para responder por el nuevo impuesto al patrimonio es poseer solamente a enero 1 de 2019 un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos”

Adicionalmente, la nueva versión del artículo 294-2 del ET (artículo 36 de la Ley 1943 de 2018) menciona que el “hecho generador” para responder por el nuevo impuesto al patrimonio es poseer solamente a enero 1 de 2019 un patrimonio líquido fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos. Por otra parte, a través del artículo 297-2 del ET (artículo 39 de la Ley 1943 de 2018) se menciona que el impuesto solo se causará en enero 1 de los años 2019, 2020 y 2021. 

De acuerdo con lo anterior, y si nos concentramos solamente en el caso de las personas naturales residentes, es fácil concluir que para tener la obligación de responder por el impuesto al patrimonio la persona natural debe ser, en cada una de las fechas de causación (es decir, en enero 1 de los años 2019, 2020 y 2021), un “contribuyente del impuesto de renta y complementarios”, es decir, alguien que tributa en el régimen ordinario del impuesto de renta utilizando cada año el formulario 210. Adicionalmente, esa persona natural también deberá cumplir con el hecho de que solamente a enero 1 de 2019 su patrimonio fiscal sí fue igual o superior a 5.000 millones de pesos. 
Traslado al régimen simple y no obligación de responder por el impuesto al patrimonio 

En vista de lo anterior, es interesante destacar lo que sucedería con una persona natural residente que a enero 1 de 2019 cumpla con ser contribuyente del impuesto de renta en el régimen ordinario y con poseer un patrimonio fiscal igual o superior a 5.000 millones de pesos, pero luego, a lo largo del 2019, toma la decisión de trasladarse del régimen ordinario hacia el nuevo régimen simple, el cual fue creado con el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018, norma que modificó los artículos 903 hasta 916 del ET

“las personas naturales residentes, sin importar el nivel de su patrimonio bruto o de su patrimonio líquido, se puedan trasladar tranquilamente al nuevo régimen simple, siempre y cuando cumplan todos los requisitos”

Al respecto, es necesario destacar que las normas de los artículos 905 y 906 del ET permiten que las personas naturales residentes, sin importar el nivel de su patrimonio bruto o de su patrimonio líquido, se puedan trasladar tranquilamente al nuevo régimen simple, siempre y cuando cumplan todos los requisitos que se contemplan en dichas normas. 

Siendo claro lo anterior, es válido argumentar que, si la persona en cuestión decide trasladarse al régimen simple durante el 2019, al llegar a enero 1 de 2020 y enero 1 de 2021 ya no sería un “contribuyente del régimen ordinario” y, por lo tanto, ya no se cumplirían las condiciones para tener que responder por las declaraciones del impuesto al patrimonio de los años 2020 y 2021. Se diría entonces que la única declaración del impuesto al patrimonio que queda obligado a presentar es la del período 2019. 

Lo mismo sucedería si la persona en cuestión se muere en algún momento dentro del 2019 y sus herederos alcanzan a liquidar la sucesión ilíquida y cancelar su RUT antes de enero 1 de 2020. En un caso como el anterior, y sabiendo que el impuesto al patrimonio solo se causa si el contribuyente existe jurídicamente a enero 1 de 2020 o a enero 1 de 2021, es claro que el Gobierno ya no podrá cobrarle a dicho contribuyente el impuesto de los años 2020 y 2021. 

Lo expuesto hasta este punto es algo que no tuvieron en cuenta los congresistas al momento de diseñar las reglas de juego que regirán el nuevo impuesto al patrimonio de los años 2019 a 2021, y que en la práctica disminuirá el monto del impuesto que el Gobierno pensaba obtener de parte de las personas naturales residentes.


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Impuesto al patrimonio de 2019 a 2021 no aplicaría para quienes se acojan el régimen simple

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