domingo, 9 de mayo de 2021

Aporte a pensión exonerado en 2020: pago cuando ha finalizado el contrato de trabajo


El Ministerio del Trabajo determinó la forma como empleadores y trabajadores deben realizar el pago del porcentaje exonerado del aporte a pensión de abril y mayo de 2020.

A continuación, conoce cómo debe realizarse el pago de este porcentaje cuando el contrato de trabajo ha finalizado.

¿Cómo debe realizarse el pago del porcentaje del aporte a pensión exonerado en abril y mayo de 2020 cuando ha finalizado el contrato de trabajo?

Con ocasión de la contingencia generada por la pandemia del COVID-19, el Ministerio del Trabajo, para efectos de dar un alivio a las empresas, determinó que por los meses de abril y mayo del año 2020 empleadores y trabajadores dependientes e independientes podían realizar el aporte a pensión sobre un porcentaje del 3 %. Lo cual supuso una exoneración del 13 % del aporte total.

Atendiendo a lo anterior, y luego del estudio de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 558 de 2020 (por medio del cual se determinó la exoneración del aporte) y dispuso que empleadores y trabajadores debían realizar el pago del porcentaje faltante del aporte debido a que esto representa una afectación tanto para el sistema de pensiones como para los cotizantes.

Dado lo ordenado por la Corte, el Mintrabajo expidió el Decreto 376 de 2021, por medio del cual determinó las medidas para que empleadores y trabajadores realicen el pago del porcentaje que fue exonerado.

Consulta nuestro editorial Aportes a pensión: Mintrabajo determinó las pautas para el pago del porcentaje exonerado en 2020 para conocer en términos generales cómo debe realizarse el pago de dicho porcentaje.

Pago del porcentaje exonerado cuando ha finalizado la relación laboral

En lo que refiere a nuestro caso en concreto, mediante el nuevo decreto el Mintrabajo determinó que, para efectos del pago del porcentaje, al terminar la relación laboral deberán seguirse las siguientes pautas:
Si la empresa entra en liquidación o el empleador se declara en cesación de pagos, el pago del porcentaje del aporte deberá realizarse de manera prioritaria (artículo 36 de la Ley 50 de 1990).
Si el trabajador renuncia o es despedido con o sin justa causa, el empleador deberá retener de la liquidación del contrato de trabajo, el valor que le corresponde sufragar a este (25 %).
Si el trabajador dependiente renunció, fue despedido o la empresa fue liquidada y solo se realizó el pago de la cotización a cargo del empleador, las administradoras de pensiones deberán acreditar en la historia laboral del afiliado las semanas correspondientes al 75 % de la cotización realizada. Respecto a este punto, se indicó que el trabajador podrá realizar el pago que le corresponde en cualquier momento dentro del plazo de 36 meses.

El trabajador podrá realizar el pago de la totalidad del porcentaje faltante, es decir, el 75 % y 25 %, y realizar el recobro al empleador de la parte que le corresponde.

sábado, 8 de mayo de 2021

Traslado de régimen pensional para personas que adquieran el estatus de pensionado


La Corte Suprema de Justicia realizó una serie de precisiones respecto a la viabilidad de traslado de régimen pensional de una persona que ha adquirido el estatus de pensionado.

Para lo anterior, determinó que dicho traslado resultaba inconveniente debido a la posible afectación a terceros.

En Colombia, existen dos regímenes pensionales, a saber: el régimen de prima media con prestación definida –RPM– administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS– administrado por fondos privados.

Los afiliados al sistema de pensiones pueden escoger cualquiera de estos dos regímenes para realizar sus cotizaciones a pensión y de conformidad con el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 podrán trasladarse de régimen diez (10) años antes de cumplir la edad para acceder a la pensión (57 años mujeres, 62 años hombres).

En el siguiente vídeo, Natalia Jaimes Lúquez, abogada consultora en derecho laboral, explica los eventos en que es posible el traslado de régimen pensional y sus efectos:


Doble asesoría pensional

En el evento en que un afiliado al sistema de pensiones solicite el traslado de régimen, le corresponde al fondo de pensiones brindar al solicitante la doble asesoría pensional, que consiste básicamente en un derecho que tienen los usuarios del sistema pensional a que se le informe sobre las ventajas y desventajas de pertenecer al RPM o al RAIS mediante la comparación de estos regímenes, la cuantía de las mesadas pensionales que podría recibir en cada uno de ellos y las consecuencias jurídicas que conlleva el traslado.

María Lorena Botero, gerente del fondo de pensiones Porvenir, explica a continuación, en qué consiste la doble asesoría pensional y la importancia de recibirla:


Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia

Este tema es traído a colación, debido a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, esto es, la Sentencia SL373 de 2021, mediante el cual resuelve el caso de un pensionado que solicita el traslado desde un fondo privado a Colpensiones argumentando que no le fue brindada la doble asesoría pensional sino que, el fondo de pensiones en el que se encontraba solo le ofreció información de su expectativa pensional en el mismo fondo.

En la siguiente infografía, realizamos una síntesis de lo dicho por la Corte en la sentencia en mención:

“la Corte determinó que realmente no se le brindó la doble asesoría pensional al demandante, no obstante, negó el traslado de este último a Colpensiones, debido a que ya contaba con estatus de pensionado”

Atendiendo a lo dicho, luego de una serie de consideraciones y el estudio de las diferentes pruebas presentadas, la Corte determinó que realmente no se le brindó la doble asesoría pensional al demandante, no obstante, negó el traslado de este último a Colpensiones, debido a que ya contaba con estatus de pensionado; situación que declaró no puede ser reversada de un momento a otro, ya que esto podría afectar diferentes actos, instituciones y derechos y deberes de terceros involucrados con el sistema. Para eso, la Corte manifestó:

“Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (…), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer (…). No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto”.

(Los subrayados son nuestros).

Respecto a lo anterior, la Corte señaló que la afectación a terceros se daba debido a que, el RAIS tiene diferentes programas para el pago de mesadas pensionales, como, el retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, entre otras, los cuales tienen su propias particularidades que incluyen en algunos casos la intervención de aseguradoras; por lo tanto, en el evento en que se reverse el traslado y se devuelva a Colpensiones al afiliado, habría que dejar sin efectos todos los actos que se llevaron a cabo para el otorgamiento de la pensión. Dado esto, la Corte dispuso:

“(…) no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida”.

Además de lo anterior, la Corte determinó que el traslado generaría un efecto financiero desfavorable en Colpensiones, debido a que parte de los recursos de la cuenta individual del afiliado, ya habían sido gastados, afectando de esta manera los intereses generales de los afiliados y beneficiarios de este sistema al ser este un fondo común. Para lo cual, precisó:

“Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente (…) en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos”.

(…)

“(..) la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones”.

(Los subrayados son nuestros).
¿Qué puede hacer el pensionado?

No obstante lo anterior, la Corte determinó que el daño que sufrió el pensionado al no recibir la doble asesoría pensional puede ser reparado, mediante la presentación de una demanda contra la administradora de pensiones privada encargada de su mesada pensional para el pago de una indemnización por perjuicios, precisando:

“Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. (…) Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora”.

(El subrayado es nuestro).

Por último, la Corte indica que debido a esta nueva decisión abandona la posición indicada en la Sentencia con radicado 31989 de 2018, en la cual, se daba lugar a la declaración de nulidad del traslado cuando el solicitante del traslado tiene la calidad de pensionado, esto supone, que de ahora en adelante no podrá declararse dicha nulidad a favor de los pensionados:

“Finalmente, de acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado”.

(El subrayado es nuestro).

Por lo dicho, tenemos entonces que el traslado de régimen pensional de una persona que ha adquirido el estatus de pensionado no es posible debido a las razones expresadas, no obstante, en el evento en que se compruebe que no recibió la doble asesoría pensional, podrá demandar al fondo de pensiones para el reclamo de una indemnización por los perjuicios causados.


Nómina electrónica: proyecto de resolución anuncia ampliación del plazo para empezar implementación


El proyecto publicado el 22 de abril de 2021, que modificaría a la Resolución 000013 de 2021, indica que el servicio de habilitación de nómina electrónica estaría disponible el 1 de agosto.

La transmisión del documento soporte de nómina iniciará entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 2021.


Al respecto, tal como lo habíamos explicado en un editorial anterior, los contribuyentes del impuesto de renta (tanto del régimen ordinario o especial, sin importar si son personas naturales o jurídicas), cuando estén obligados a expedir factura electrónica, tendrían que dar cumplimiento al calendario mencionado en el numeral 1 del artículo 6 de la Resolución 000013 de febrero 11 de 2021 para efectuar las siguientes tareas:
“Solicitud de habilitación” en el servicio informático de nómina electrónica, el cual estaba previsto que estuviera disponible el 31 de mayo de 2021. Este será un proceso en el que se deberá indicar si el documento soporte de nómina electrónica será generado con un softwarepropio o con uno adquirido a un proveedor tecnológico.
Posteriormente, según el número de trabajadores que tuvieren para el momento en que solicitaren la habilitación, deberían empezar a efectuar, entre el 1 de julio y el 1 de diciembre de 2021, la respectiva transmisión del documento electrónico. Los vencimientos se definirían con alguno de los 6 rangos de número de trabajadores con que fue publicada la tabla del numeral 1 del artículo 6 de la Resolución 000013 de febrero de 2021, así:
 
Intervalo en relación con el número de empleados

 

Fecha máxima para iniciar con la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica (DD/MM/AAAA)

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Lo que se anunció en el proyecto de resolución publicado el 22 de abril de 2021
“La opción para “solicitud de habilitación” en el servicio informático de nómina electrónica solo estaría disponible a partir del 1 de agosto de 2021”

En el proyecto de resolución publicado el 22 de abril de 2021 se anuncia que la Dian no podrá tener lista su plataforma para el día 31 de mayo de 2021 y, por tanto, los calendarios antes destacados cambiarían de la siguiente forma:
La opción para “solicitud de habilitación” en el servicio informático de nómina electrónica solo estaría disponible a partir del 1 de agosto de 2021
Posteriormente, según el número de trabajadores que los contribuyentes tengan para el momento en que soliciten la habilitación, deberán empezar con la respectiva transmisión del documento electrónico de acuerdo con lo que sería la nueva tabla de solo 4 rangos, a saber:

 

Intervalo en relación con el número de empleados

 

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“quienes no sean facturadores electrónicos, pero también tengan costos y gastos por nómina, seguirán teniendo plazo hasta marzo 31 de 2022 para cumplir con la tarea de solicitar primero la habilitación”

El proyecto de resolución de abril 22 de 2021 no anuncia ninguna otra modificación al texto de la Resolución 000013 de febrero 11 de 2021. Por tanto, quienes no sean facturadores electrónicos, pero también tengan costos y gastos por nómina, seguirán teniendo plazo hasta marzo 31 de 2022 para cumplir con la tarea de solicitar primero la habilitación en el servicio de nómina electrónica.

Este será un proceso en el que se deberá indicar si el documento será generado con un software propio o con uno adquirido a un proveedor tecnológico. Posteriormente, a partir del 31 de mayo de 2022, sin importar el número de trabajadores que tuvieren para el momento en que solicitaren la habilitación, deberán empezar a efectuar la transmisión del documento electrónico.

viernes, 7 de mayo de 2021

Contrato de obra o labor: conoce sus aspectos más importantes


Los contratos por duración de la obra o labor son aquellos cuya temporalidad se encuentra sujeta al cumplimiento de una condición, de una obra o de un servicio.

Conoce, a continuación, los aspectos para tener en cuenta de esta forma de contratación laboral.

Existen tres (3) tipos de contrato de trabajo: el contrato a término fijo, en donde se establece un tiempo determinado de duración (fecha inicio y fecha final); el contrato a término indefinido, el cual se ejecuta en el tiempo y no cuenta con una fecha concreta de terminación; y el contrato por duración de la obra o labor. A continuación, sobre este último, observaremos sus aspectos más importantes.
¿En qué situaciones puede utilizarse?

El contrato de trabajo por duración de la obra o labor, establecido en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo –CST–, es un contrato cuya temporalidad está sujeta al cumplimiento de una condición, de una obra o de un servicio, dado que el mismo perdurará hasta que finalice la labor pactada por la que se requiere del trabajador; es decir, el tiempo de duración de este contrato no lo determinan las partes, sino la necesidad del trabajo para producir una labor específica.

Estos contratos laborales resultan ser perfectos para contratar trabajadores que cubren reemplazos (por incapacidades o licencias); trabajadores que se necesitan para desempeñar un proyecto determinado; para el apoyo en una actividad accidental de alta demanda, meramente transitoria; o para un período detallado de fabricación, construcción o elaboración de una obra específica.

En estos contratos laborales es vital aclarar, pactar y especificar de forma clara e inequívoca la obra o labor que el trabajador va a realizar, toda vez que de ello dependerá la terminación del contrato, especificando la actividad laboral que requiere del tiempo y que, una vez finalice, significará la terminación del contrato de trabajo.
¿Cómo se termina este contrato laboral? ¿Debe pagarse indemnización?

Los contratos por duración de la obra o labor, como se manifestó con anterioridad, persisten hasta que se cumpla o realice la obra o labor específica pactada.

Por ello, su terminación se dará una vez se cumpla la condición establecida en el contrato, conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 61 del CST, “Por terminación de la obra o labor contratada”, es decir, por ejemplo, si se estableció como labor a realizar ser el reemplazo de una trabajadora que está incapacitada, cuando dicha trabajadora se reintegre se cumplirá la condición y dicho contrato se terminará.
“debido a que el contrato se encuentra supeditado al cumplimiento de una condición, dada la naturaleza de la labor, para terminarse no se requiere un preaviso, ni se debe pagar indemnización”

Es importante anotar que, debido a que el contrato se encuentra supeditado al cumplimiento de una condición, dada la naturaleza de la labor, para terminarse no se requiere un preaviso, ni se debe pagar indemnización, solo basta con presentar la carta informando que la terminación obedece a la finalización de la labor contratada.
Diferencias con el contrato de prestación de servicio

Debido a que en este contrato se habla de la realización de una labor o trabajo específico, suele confundirse con el contrato de prestación de servicios, concretamente el contrato de obra civil, dado que se cree de forma equivocada que, cuando se requiere la prestación de un servicio especial y temporal, la contratación necesariamente debería darse por esta relación civil, lo cual no es cierto.

Identificar un verdadero contrato de prestación de servicios no deviene de la prestación de un servicio especializado, ni mucho menos del tiempo por el que se requiere la labor; su naturaleza y surgimiento se da solo observando si la labor que se requiere se prestará con absoluta autonomía y libertad del contratista, es decir, si la realización de esa labor se realizará de forma autónoma, sin subordinación; solo en ese caso puede acudirse a dicho contrato de prestación de servicio.

Por ello, no es lo mismo el contrato de prestación de servicio de obra civil y el contrato de trabajo por duración de la obra o labor, pues al primero se acude cuando se contratará el servicio de una persona que realizará su trabajo de forma libre e independiente, con autonomía técnica y directiva, bajo su propia cuenta y riesgo; por el contrario, el segundo se implementa cuando esa actividad temporal, específica y especial que desarrollará el trabajador se realizará bajo continuada subordinación y dependencia del empleador.

Para este segundo caso, el empleador establecerá de forma permanente el tiempo, el modo y el lugar del desarrollo de la labor, además de suministrar todos los elementos, materias primas y demás que requiera el desempeño de la tarea.

No olvidemos que ni el tiempo ni la duración de la contratación definen si es un contrato de trabajo o de prestación de servicios; lo que lo determina es la existencia o no de una continuada subordinación o dependencia (artículos 22, 23 y 24 del CST).
Prestaciones sociales y derechos en esta modalidad

Como se señaló con anterioridad, el contrato por duración de la obra o labor es un contrato de trabajo, por ello, en dicho contrato, el trabajador tendrá derecho al reconocimiento y pago de todos los derechos laborales por el tiempo que dure la obra o labor a realizar, tales como:
Pago de prestaciones sociales (primas de servicios, cesantías e intereses de cesantías).
Afiliación y cotización a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (caja de compensación familiar).
Vacaciones anuales o proporcionales al tiempo laborado.
Dotación y auxilio de transporte, cuando se cumplan las condiciones normativas.
Suministro de elementos de protección personal.
En general, todos los derechos laborales establecidos en las normas laborales.
Período de prueba en este tipo de contrato

Debido a que es un contrato de trabajo, si el empleador desea, puede pactar un período de prueba conforme a lo establecido en los artículos 76 al 79 del CST, hasta por dos (2) meses.

Recordemos que este período de prueba se pacta por escrito con el objeto de apreciar las aptitudes del trabajador y de que, en caso de no ser apto, pueda dentro de dicho período darse por terminado el contrato sin previo aviso.
En qué casos no puede utilizarse este contrato

Es importante recalcar que este tipo de contrato solo es válido para contratar trabajadores que realizarán tareas, obras o labores específicas que implican la vigencia temporal del contrato de trabajo.

Por ello, esta modalidad de contratación no debe ser utilizada para contratar trabajadores que desempeñarán labores permanentes o rutinarias de la empresa, toda vez que al hacerlo estaríamos implementando de forma equivocada el contrato.

Cuando ocurre lo anterior, al pretenderse terminar el contrato con el trabajador permanente argumentando la finalización de una obra o labor que no fue pactada específicamente o se omitió pactar, sería una terminación injustificada, la cual puede significar la obligación de pagar una indemnización por despido.
Ventajas del contrato de trabajo por duración de la obra y labor

Finalmente, recopilando lo dicho, este contrato de trabajo por duración de la obra o labor resulta ser conveniente en casos en los que se requiere a un trabajador para realizar una obra, un proyecto o labor específica, pues permite:
Condicionar la terminación del contrato al cumplimiento de la labor o proyecto.
No requiere presentar preaviso, basta con presentar la carta de terminación.
Cuando el contrato se termina por finalización de la obra o labor contratada, no se debe cancelar indemnización.
Puede pactarse un período de prueba hasta de 2 meses.


Colegiatura de la profesión contable, ¿un adiós para la JCC y el CTCP?


Para Hernán Alonso la gobernanza de la profesión se materializaría bajo una colegiatura de contadores públicos.

Héctor Jaime Correa explica que la idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura y la misma profesión se encargue de regular y autorregularse.

Hernán Alejandro Alonso, contador público, profesor de la Universidad de Cundinamarca y miembro asesor del Comité Nacional Femenino en Asuntos de Gobernanza Profesional, explicó en #CharlasConActualícese la necesidad que tiene la profesión contable de contar con una colegiatura única:

La gobernanza de la profesión se materializa bajo una colegiatura de contadores públicos, persona jurídica sin ánimo de lucro con carácter gremial y autónomo reconocida como órgano rector de la profesión de la contaduría pública para el desarrollo de la gobernanza profesional.


¿Cuáles serían las características de dicha colegiatura?
La colegiatura de contadores públicos estaría integrada a nivel de confederación gremial y se afiliarían todos los contadores a través de las organizaciones profesionales de contadores públicos sin ánimo de lucro que ejerzan la profesión contable.
Tendría su propio estatuto y reglamento interno, reglamentaría el ejercicio del contador público y para ello emitiría resoluciones con carácter vinculante.
Sería el órgano o institución asesor, consultor del Estado colombiano, en asuntos relacionados con la ciencia contable, hacienda pública, control, fiscalización y vigilancia de organizaciones públicas y privadas.
Pondría a consideración de entidades gubernamentales propuestas para que, conjuntamente, se expidieren principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera.
Como contraprestación por sus servicios, el Estado colombiano autorizaría a la colegiatura el cobro del registro profesional, aportes económicos y elaboración de convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas nacionales e internacionales para sostener su presupuesto autónomo de funcionamiento, el cual sería aprobado por su máximo órgano social.
Los aportes económicos serían pagados por sus afiliados según resolución que emitiere la misma colegiatura.

JCC y CTCP deberían ser absorbidos por la colegiatura

Héctor Jaime Correa, contador público, vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente del Centro de Contadores Públicos de Manizales, también tiene su punto de vista en pro de la conformación de una colegiatura.

Correa, en #CharlasConActualícese, afirma lo siguiente:

Ojalá todas las agremiaciones nos pudiéramos unir en una sola, para lograr una gobernanza en la profesión. La idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura, y sea la misma profesión la encargada de regular y autorregularse, como ocurre en otros países.

Explica que esta debería contar con tres áreas:
Un área de registro de los profesionales contables, que hoy lo hace la JCC.
Un tribunal de regulación de una normativa que reemplazaría al CTCP.
Otra área que sería una especie de tribunal disciplinario de la JCC.

Y puntualiza:

Esta debe ser una entidad constituida por contadores públicos, no como pasa con la JCC, en la que la mayoría de sus componentes son abogados.


jueves, 6 de mayo de 2021

Gestión basada en el valor para superar la crisis


Dada la crisis financiera producto de la pandemia del COVID-19, es necesario que las empresas enfoquen sus esfuerzos en la generación de valor.

En este seminario te ofrecemos las herramientas para implementar una adecuada gestión basada en el valor en las empresas.

Por causa de la pandemia del COVID-19, se ha suscitado una crisis económica en Colombia y el mundo, en la que muchas empresas en nuestro país han enfrentado problemas financieros.

En este sentido, se hace necesario que las empresas entiendan cuál es la mejor forma de generar valor, no solo para sus accionistas, sino también para todas las áreas de la organización.

Para lo anterior, debe partirse del impacto financiero generado por el COVID-19, siendo necesario contextualizar los principales aspectos económicos y financieros del país y su efecto en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas.

Al entender los efectos primordiales de esta pandemia, se da paso a plantear los desafíos financieros que asumen los empresarios y la forma de gestionar los recursos de corto y largo plazo, tomando como herramienta principal el flujo de caja.

En nuestro Seminario en Línea Generación de valor en tiempos de crisis, te mostraremos las estrategias de generación de valor que deben implementarse en la gestión de las empresas para superar todo tipo de crisis o, en su lugar, potenciar aquellos factores diferenciadores que generan rentabilidad.


Carta para designar al responsable del seguimiento del sistema de control de calidad – NICC 1

Mediante el siguiente modelo de carta, la firma de auditoría o el contador público independiente pueden designar la responsabilidad del proceso de seguimiento de su sistema de control de calidad y, además, informar los criterios y parámetros que se deben seguir en el desarrollo del proceso.

Como es sabido, las firmas de auditoría y los contadores públicos independientes deben implementar un sistema de control de calidad que cumpla los lineamientos establecidos en la NICC 1.


Nota: si deseas consultar los obligados a aplicar los lineamientos contenidos en la NICC 1, te recomendamos ir a nuestra guía Conozca quiénes están obligados a aplicar la NICC 1.

Dicho sistema de control de calidad se compone de seis (6) elementos, a saber:
Seguimiento.
Seguimiento del sistema de control de calidad

El sexto elemento del sistema de control de calidad es el seguimiento. De acuerdo con los apartados 48, A64 y A65 de la NICC 1, la firma de auditoría o el contador público independiente deben efectuar una evaluación continua de su sistema de control de calidad y una inspección cíclica de algunos encargos para generar una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos implementados son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.


El párrafo 48(b) de la mencionada NICC 1 señala que se debe asignar la responsabilidad del proceso de seguimiento del sistema de control de calidad a uno o varios socios o personas adecuadas que cuenten con la experiencia y la autoridad necesarias para asumir dicha responsabilidad.

Cabe anotar que, cuando se trate de un contador público independiente, este puede contratar a una persona externa para llevar a cabo este proceso.

miércoles, 5 de mayo de 2021

Dictamen de estados financieros consolidados: opinión con salvedades cuando no se obtiene evidencia

Este modelo de informe de auditoría con salvedades ha sido realizado sobre la base de unos estados financieros consolidados.

Se presenta conforme a los lineamientos de la NIA 705 revisada – Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.

Compartimos un modelo de informe de auditoría con salvedades de acuerdo con los lineamientos de la NIA 600 – Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros de grupos – incluido el trabajo de los auditores de los componentes, y bajo el supuesto de que se audita el conjunto completo de estados financieros consolidados de una entidad que emite su información financiera de conformidad con los nuevos marcos técnicos normativos.
¿Cuándo se emite una opinión con salvedades?

El revisor fiscal debe emitir una opinión con salvedades cuando:
Obtiene evidencia suficiente y adecuada de que existen incorrecciones materiales, pero NO generalizadas, en los estados financieros (ver párrafo 7 de la NIA 705).
No puede obtener evidencia suficiente y adecuada, pero considera que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas, si estas existieran, serían materiales, aunque NO generalizados (ver párrafo 7 de la NIA 705).
Cuando no se revela de forma adecuada en los estados financieros que existe una incertidumbre material sobre la continuidad de la entidad como empresa en marcha (ver párrafo 23 de la NIA 570).


Nota: si el revisor fiscal considera que existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros o que la entidad ha utilizado incorrectamente la hipótesis de negocio en marcha, deberá emitir un dictamen con opinión adversa (o desfavorable).

Impacto del COVID-19 en los estados financieros

La situación de emergencia económica y social generada como consecuencia del COVID-19 ha ocasionado que el revisor fiscal enfrente nuevos riesgos en el desarrollo de sus encargos.

Entre estos riesgos pueden encontrarse:
Limitaciones en el acceso a la información de la entidad.
Aumento de presiones en los administradores de la entidad para mostrar resultados positivos, lo cual podría llevar, en algunas ocasiones, a que se incumplan las políticas contables de la entidad o a que no se revelen adecuadamente las incertidumbres ocasionadas por el virus.

En ese sentido, si el revisor fiscal considera que existen incorrecciones materiales (aunque NO generalizadas) en los estados financieros o que la entidad no ha realizado una adecuada revelación de las incertidumbres que puedan existir sobre su capacidad de continuar como empresa en marcha, puede emitir su dictamen con salvedades.

Propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo: puntos clave para identificarlas


Al clasificar sus activos, muchas veces las entidades tienen dificultades para reconocer cuándo están ante una propiedad de inversión o ante un elemento de la propiedad, planta y equipo. La clave está en indagar por el uso y la destinación que planea la administración para estos activos.

A continuación, daremos respuesta a la siguiente inquietud: ¿cuáles son las principales diferencias entre las propiedades de inversión y la propiedad, planta y equipo?

Las propiedades de inversión y las propiedades, planta y equipo son dos categorías diferentes dentro del activo; cada una tiene su propia definición y, por consiguiente, se deben revelar de forma separada en el estado de situación financiera.

El criterio principal en el que se debe basar una entidad para diferenciar estos dos tipos de partida es el uso y la destinación con la que mantiene cada una de ellas.
Propiedad, planta y equipo

En este sentido, la propiedad, planta y equipo es una categoría que abarca una cantidad más amplia de activos que la propiedad de inversión, pues deben incluirse en ella todos los activos tangibles que la entidad utiliza para el desarrollo de su objeto social (es decir, que emplea en su proceso de producción o en el área administrativa y los que ha destinado para arrendar) y que espera usar durante más de un período.

Ejemplos de activos que se incluyen en esta categoría son la maquinaria, el equipo de oficina, los vehículos utilizados para transportar las mercancías o para uso administrativo, las instalaciones de la oficina o la planta de producción, entre otros.
Propiedad de inversión

Por su parte, la propiedad de inversión es una categoría más reducida de activos, que se limita a los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones), pero únicamente si estos se tienen para generar renta, plus valías o ambas.

En esta clasificación tienen lugar los terrenos, oficinas, consultorios, bodegas, casas, apartamentos, entre otros, que la entidad tiene en arrendamiento o para generar una plusvalía.


martes, 4 de mayo de 2021

Modelos de medición y métodos de depreciación para propiedades, planta y equipo


El Estándar para Pymes permite utilizar dos modelos de medición para las propiedades, planta y equipo, así como diversos métodos para calcular la depreciación de este tipo de activos. Sin embargo, se establecen algunas restricciones.
“la elección del modelo debe hacerse considerando las instrucciones establecidas en los párrafos 10.3”

El Estándar para Pymes vigente en Colombia y contenido en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, establece que las pymes pueden aplicar el modelo del costo o el modelo de revaluación para sus propiedades, planta y equipo; la elección del modelo debe hacerse considerando las instrucciones establecidas en los párrafos 10.3 y siguientes de dicha norma, buscando siempre que las políticas adoptadas generen información relevante y fiable para los usuarios de los estados financieros.

El párrafo 17.15 del Estándar para Pymes establece que:

“La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 17.15.A o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo”.

(Los subrayados son nuestros)

Una clase de propiedades, planta y equipo consiste en una agrupación de activos de similar naturaleza y uso (por ejemplo: vehículos, terrenos, edificios, maquinarias, equipo de cómputo, etc.).

De acuerdo con esto, una entidad podría elegir el modelo del costo para algunos elementos de propiedades, planta y equipo, y el modelo de revaluación para otros, siempre que el modelo elegido se aplique a todos los activos de la misma clase.

En la siguiente infografía podrás observar en qué casos es mejor recurrir al modelo del costo o al modelo de revaluación:

Métodos de depreciación

El Estándar para Pymes acepta diversos métodos de depreciación. En consecuencia, la entidad debe escoger, para cada activo, el método de depreciación que mejor se ajuste a los patrones de consumo de los beneficios económicos del activo.

El párrafo 17.22 establece que:

“Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo”.

(Los subrayados son nuestros)
“una entidad puede aplicar de manera simultánea varios métodos de depreciación en su contabilidad, elegidos de acuerdo con las particularidades de cada activo”

De acuerdo el fragmento subrayado, la elección del método de depreciación debe hacerse para cada uno de los activos que la entidad adquiere, siempre que pertenezcan a una clase de activos medida por el modelo del costo. Lo anterior significa que una entidad puede aplicar de manera simultánea varios métodos de depreciación en su contabilidad, elegidos de acuerdo con las particularidades de cada activo, y las expectativas de uso y desgaste que la administración haga sobre cada uno de estos.
Ejemplo 1

Una entidad adquirió una máquina generadora de energía, con el fin de utilizarla cuando se presenten cortes en el servicio y así no ver afectada su producción. Esta máquina solo será utilizada ocasionalmente, por períodos cortos.

La entidad decidió depreciar esta planta generadora con base en las horas de utilización, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento en condiciones óptimas establecidas por el fabricante.
Ejemplo 2

La misma entidad adquirió una planta generadora de energía para ser utilizada en una bodega de empaque situada en una zona rural, en donde no hay fluido eléctrico público.

La entidad decide depreciar esta máquina por el método de línea recta, teniendo en cuenta los años de servicio en condiciones óptimas estimados por el fabricante.
Ejemplo 3

Una entidad adquirió una bodega, con el fin de darle uso en una zona comercial de la ciudad de Cali.

La propiedad tuvo un costo global de $750.000.000, de los cuales se estima que $250.000.000 corresponden al terreno y $500.000.000 a la construcción.

La entidad decide depreciar la construcción con una vida útil de 60 años y sin valor residual, mientras que el terreno decide medirlo por el modelo de revaluación.

Ley de Insolvencia: una oportunidad en medio de la crisis

La crisis por covid-19 ha llevado a que muchas empresas e individuos se hayan visto en dificultades para seguir pagando sus créditos oportunamente. Esta situación de estrés financiero puede ser una piedra en el camino para la recuperación económica. No obstante, es posible que las empresas e individuos en dificultades económicas puedan acogerse a la Ley de Insolvencia, de manera que puedan reorganizar sus deudas y seguir operando en la economía.


La insolvencia es el proceso legal mediante el cual empresas e individuos en dificultades financieras llegan a acuerdos de pago con respecto a sus deudas. El proceso de insolvencia desempeña un papel central en la economía, ya que evita que empresas eficientes con problemas financieros, causados por la crisis, salgan del mercado afectando la cadena de distribución e impactando negativamente a empresas saludables.

Eventualmente, esto beneficia a los consumidores, porque al permitir que las empresas permanezcan en el mercado se aumenta la competencia y pueden ofrecer bienes y servicios a precios más bajos. El mecanismo legal mediante el cual las empresas reorganizan sus deudas es la declaratoria de insolvencia. La insolvencia también tiene una función económica para los deudores, ya que proporciona un seguro parcial y complementa los planes de ayuda del gobierno.

Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos.

Los objetivos económicos son similares para la insolvencia personal y para la empresarial. Un objetivo importante de la insolvencia es encontrar la manera de que haya suficiente repago, de tal manera que los prestamistas estén dispuestos a continuar prestando en el futuro –no necesariamente al deudor en insolvencia sino a otros prestatarios-. Un acceso reducido al crédito empeora la situación de los deudores, porque las empresas necesitan del crédito para poder crecer y los individuos para poder suavizar su consumo.

Por otro lado, repagar de más a los acreedores afecta a los deudores, porque es más difícil que las empresas con dificultades financieras sobrevivan y los individuos tienen menos incentivo para trabajar. Otro objetivo de la insolvencia es el de evitar que los acreedores causen daño a los deudores al querer ser los primeros en cobrar.

Algunos economistas argumentan que las leyes de insolvencia hacen que las empresas insolventes drenen recursos de las partes saludables de la economía. Esos miedos son fundamentalmente equivocados. Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos. Tal rompimiento debe ser evitado tanto como sea posible y la Ley de Insolvencia es un paso acertado en este camino.


Aporte a pensión exonerado en 2020: pago cuando ha finalizado el contrato de trabajo

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