Intereses del 20 % y retención de documentos están tras los créditos ilegales. Buscan penalizarlos.
En la mayoría de los casos cobran intereses del 20 por ciento mensual, mientras que la tasa legal en Colombia es del 2,46 por ciento.
En menos de 24 horas, un taxista de Bogotá puede conseguir prestados 50 millones de pesos entregando como garantía los papeles de su carro. A cambio tendría que pagar cien mil pesos diarios durante cuatro años, al término de los cuales terminaría pagando 144 millones de pesos.
En una pared de la avenida 68 con Américas, en el occidente de Bogotá, se ofrecen préstamos “a bajo costo” con tarjeta de crédito.
El prestamista, que afirma tener una experiencia de 15 años en el negocio, cita a la persona en un almacén de cadena para que el ‘usuario’ compre un electrodoméstico, se queda con lo comprado y descuenta el diez por ciento del valor del artículo.
Autoridades señalan que esos productos luego son vendidos en locales comerciales de la ciudad, mientras que el usuario ha tenido que pagar un diez por ciento de lo comprado al prestamista y además debe cancelar los intereses legales de su tarjeta de crédito.
Esas son algunas de las modalidades de créditos que abundan en el mercado informal de los préstamos. En la mayoría de los casos cobran intereses del 20 por ciento mensual, mientras que la tasa legal en Colombia es del 2,46 por ciento.
Existen además otros tipos de préstamos a comerciantes en los que los delincuentes, que van local por local con libreta en mano, recogen las facturas de los negocios como garantía y ante el incumplimiento en el pago de altos intereses diarios no solo presionan al comerciante que pidió el crédito sino a la persona que aparece firmando el documento.
Las autoridades ya desmantelaron en Bogotá una red conocida como ‘los Rodríguez’, la cual es señalada de negociar con facturas para obtener millonarios intereses. “De esta manera llevaban a sus usuarios a no poder pagar, embargando sus negocios, sus bienes”, indicó el fiscal del caso durante la imputación de cargos contra los integrantes de la organización.
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El ya conocido ‘gota a gota’ que por sus altos intereses termina asfixiando a los usuarios sigue siendo usado por quienes acuden al mercado ilegal de los créditos en Colombia.
Solo en Bogotá, la Sijín de la Policía adelanta desde hace meses una investigación por la denuncia de un comerciante del barrio Bellavista de Kennedy, en Bogotá, que asegura haber acudido a esa modalidad de crédito para inicialmente pedir 100.000 pesos, que le eran entregados en la mañana para surtir su negocio y al final de la tarde debía entregar 120.000 pesos. Al empezar a incumplir con el pago del dinero prestado, tuvo que acudir a otro ‘gota gota’ y al cabo de un año les debía 30 millones de pesos. La víctima señala que ya ha recibido dos amenazas de muerte para que cumpla con el pago del dinero prestado y la totalidad de los intereses.
La Policía también adelanta investigaciones por casos de ‘gota a gota’ en Corabastos, la principal central de frutas y verduras de Bogotá, y otras plazas de mercado de la ciudad.
En poder de investigadores de la Fiscalía también está una denuncia interpuesta por un centenar de pensionados de Barranquilla (Atlántico) que aseguran haber acudido a una cooperativa que les ofrecía créditos a bajo costo y donde supuestamente les terminaron cobrando exorbitantes sumas de dinero. En ese caso, además de usura, también se investigan delitos como falsedad en documento y fraude procesal.
Baja denuncia
Ni la Policía ni la Superintendencia Financiera tienen cifras claras sobre las millonarias sumas de dinero que se mueven en el mundo ilegal de los créditos, en gran medida porque los ciudadanos no denuncian los abusos y acceden al pago de altos intereses.
Las denuncias solo empiezan a llegar a las autoridades cuando se dan los incumplimientos de los pagos y quien pidió prestado el dinero empieza a sentir la presión y las amenazas de los prestamistas.
La Superfinanciera solo reportó el año pasado a la Fiscalía los casos de 32 empresas que se hacían pasar como firmas legales vigiladas por esa entidad y que ofrecían créditos ágiles y otros productos financieros.
Investigadores señalan que una de las dificultades para judicializar a los prestamistas es que ni siquiera crean empresas y todos sus clientes saben que no están conformados legalmente. Además de que los intereses que cobran son ilegales.
Igualmente, las autoridades han detectado que uno de los ganchos que más usan los prestamistas ilegales es ofrecer créditos a quienes están reportados en las centrales de riesgo. “Los ciudadanos no conocen las normas sobre los reportes en las centrales y la posibilidad que tienen de recuperar su vida crediticia”, indicaron.
La Policía viene apoyando un proyecto de ley que busca incluir un agravante, además de la usura –la cual está tipificada como delito en el Código Penal–, que aumentaría la pena para quienes, además de cobrar intereses por encima de la tasa legal, presionen o amenacen a sus deudores con violencia.
Riesgos asociados
Además de pagar altísimos intereses a los prestamistas y de correr el riesgo de que la deuda se termine cobrando ‘por las malas’, quienes acuden a ese tipo de créditos se exponen a caer en manos de redes dedicadas a la estafa.
La Superintendencia Financiera advierte que una de las formas de detectar si se trata de un engaño es cuando no hay contacto directo con el acreedor y son personas anónimas. “En los avisos solo se da a conocer el nombre de una persona y un número de celular. No hay direcciones, y si las hay, dan a conocer domicilios falsos”, dijo una funcionaria.
Uno de estos riesgos está relacionado con supuestas entidades crediticias que distribuyen volantes ofreciendo desembolsos en dólares. Tras una investigación de seis meses, la Fiscalía detectó a esta red que operaba en Cali, Bogotá y Quito (Ecuador). A las víctimas les exigían un avance en dólares para cubrir supuestamente un estudio y avalar el crédito. Una vez la víctima giraba el dinero (hasta 5.000 dólares), los delincuentes desaparecían con la plata.
También se ha detectado una forma particular de hacer préstamos por internet que exige de manera anticipada el pago de una póliza para respaldar la transacción. Al final, la víctima termina dándose cuenta de que ninguna aseguradora ampara dicha póliza, y el cliente se queda sin el préstamo.
Hasta 10 años de prisión por este delito
La Dijín de la Policía e Interpol Colombia vienen trabajando en un proyecto de ley para que se modifique el artículo 305 del Código Penal que establece las penas y multas para quienes incurran en el delito de usura.
Actualmente, en la norma se establecen penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lo que buscan las autoridades es incluir el agravante de “usura con violencia” en los casos en los que se “constriña, amenace y ejerza cualquier tipo de violencia con el fin de obtener el pago de la obligación o de los intereses que esta genere”.
Ese agravante permitiría incrementar las penas a los prestamistas hasta los 15 años de cárcel y una multa de hasta 1.500 salarios mínimos legales vigentes.
Se busca incrementar pena, además, hasta el doble cuando resulten afectados menores de edad por acción violenta de los prestamistas. La judicialización, según investigadores, del usurero no es fácil; se llevan ante los jueces en muchos casos por delitos conexos como estafa, desplazamiento forzado, amenazas de muerte, homicidios y lesiones personales.
Superfinanciera recomienda
Desconfíe
No firme documentos sin conocer en su totalidad la realidad del negocio pactado y la tasa de interés del crédito.
Investigue
Absténgase de entregar dinero para supuestamente agilizar los trámites. Indague si la organización es reconocida.
No acepte intermediarios
Haga contacto directo con el banco al cual solicita el dinero. Dude si le entregan datos de un número celular y no de un teléfono fijo.
Denuncie
Ante la justicia es tan responsable quien administra esta clase de ilícitos (pirámides, prestamistas y falsos tramitadores) como quien participa e invita a otros a vincularse.
http://www.eltiempo.com/politica/justicia/sistema-legal-usura-y-creditos-ilegales/16490115
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