Tres de cada diez colombianos ocupados cotizan pensión en el país, por debajo del promedio de América Latina que está en 4 trabajadores. Así lo confirmó el libro Mejores pensiones, mejores trabajos: hacia la Cobertura Universal en América Latina y el Caribe, publicado ayer por el BID.
En la misma vía, los trabajadores que más cotizan son los costarricenses, los uruguayos y los chilenos con un porcentaje de 70% sobre el número de trabajadores. Le siguen los brasileños, los panameños y los argentinos.
La media de la muestra se sitúa en 44,7%, y abajo de ella se encuentran Jamaica, Venezuela, México, República Dominicana, Colombia, el Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, Perú y Bolivia.
De acuerdo con el análisis, Latinoamérica y El Caribe está envejeciendo rápidamente. Mientras en el 2010 el porcentaje de adultos mayores de 65 años era el equivalente a 6,8% de la población, las proyecciones estiman que para 2050, la cifra ascenderá a 19,8% de los ciudadanos.
Lo anterior genera gran preocupación pues en la actualidad, tan solo cuatro de cada 10 latinoamericanos mayores de 65 años no reciben ninguna pensión y los que lo hacen obtienen menos de US$10 al mes. Una cifra que según Carmen Pagés-Serra, coautora del libro y jefe de la unidad de mercados laborales y seguridad social del Banco, no alcanza para suplir las necesidades básicas de una persona mayor.
Esta situación puede acarrear graves problemas sociales y económicos a medida que la población de la región envejezca.
En 2050, 140 millones de personas alcanzarán la edad de jubilación, y de no implementar reformas, se calcula que entre 66 y 83 millones de ellas no habrá contribuido lo suficiente para recibir una pensión.
Uno de los aspectos más importantes que tuvieron en cuenta los ponentes del BID fue la necesidad de generar un cambio en el rumbo de las políticas que tienen los diferentes países de la región, sobre esta problemática.
Lo anterior lo aseveró, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, durante el lanzamiento y resaltó que fomentar el trabajo formal es clave para garantizar un sistema sostenible de pensiones.
“Creemos que una reforma de pensiones que impulse la creación de empleo formal no sólo tendría impacto sobre la productividad, sino que también fomentaría la inversión en infraestructuras y en el capital humano de la región”, señaló Moreno. Al finalizar la presentación, los panelistas del evento concluyeron que una de las mejores opciones que tienen los diferentes gobiernos de la región, para superar una crisis que se presentaría en el largo plazo, es destinar parte del PIB de los países, como recurso para la población adulta.
“Con tan solo un punto del PIB, se podría dar una pensión universal a todas las personas adultas de la región. Esta debería ser ajustada por la inflación para mantenerla constante y se podría aumentar el empleo formal a partir de un subsidio nominal” señaló Páges.
En el informe también se presenta la posibilidad de que las pensiones para la población mayor a 65 años sean financiadas a través de impuestos al consumo, como el IVA, o de impuestos sobre las materias primas.
La media de la muestra se sitúa en 44,7%, y abajo de ella se encuentran Jamaica, Venezuela, México, República Dominicana, Colombia, el Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Paraguay, Perú y Bolivia.
De acuerdo con el análisis, Latinoamérica y El Caribe está envejeciendo rápidamente. Mientras en el 2010 el porcentaje de adultos mayores de 65 años era el equivalente a 6,8% de la población, las proyecciones estiman que para 2050, la cifra ascenderá a 19,8% de los ciudadanos.
Lo anterior genera gran preocupación pues en la actualidad, tan solo cuatro de cada 10 latinoamericanos mayores de 65 años no reciben ninguna pensión y los que lo hacen obtienen menos de US$10 al mes. Una cifra que según Carmen Pagés-Serra, coautora del libro y jefe de la unidad de mercados laborales y seguridad social del Banco, no alcanza para suplir las necesidades básicas de una persona mayor.
Esta situación puede acarrear graves problemas sociales y económicos a medida que la población de la región envejezca.
En 2050, 140 millones de personas alcanzarán la edad de jubilación, y de no implementar reformas, se calcula que entre 66 y 83 millones de ellas no habrá contribuido lo suficiente para recibir una pensión.
Uno de los aspectos más importantes que tuvieron en cuenta los ponentes del BID fue la necesidad de generar un cambio en el rumbo de las políticas que tienen los diferentes países de la región, sobre esta problemática.
Lo anterior lo aseveró, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, durante el lanzamiento y resaltó que fomentar el trabajo formal es clave para garantizar un sistema sostenible de pensiones.
“Creemos que una reforma de pensiones que impulse la creación de empleo formal no sólo tendría impacto sobre la productividad, sino que también fomentaría la inversión en infraestructuras y en el capital humano de la región”, señaló Moreno. Al finalizar la presentación, los panelistas del evento concluyeron que una de las mejores opciones que tienen los diferentes gobiernos de la región, para superar una crisis que se presentaría en el largo plazo, es destinar parte del PIB de los países, como recurso para la población adulta.
“Con tan solo un punto del PIB, se podría dar una pensión universal a todas las personas adultas de la región. Esta debería ser ajustada por la inflación para mantenerla constante y se podría aumentar el empleo formal a partir de un subsidio nominal” señaló Páges.
En el informe también se presenta la posibilidad de que las pensiones para la población mayor a 65 años sean financiadas a través de impuestos al consumo, como el IVA, o de impuestos sobre las materias primas.
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