A optimizar el gasto público en plataformas tecnológicas

Ahora que hay nuevas reglas sobre Gobierno en línea, Certicámara lanza alerta.

La necesidad de las tecnologías de información y las comunicaciones no tiene ninguna discusión.

El lanzamiento, la semana pasada, de la tienda virtual del Estado lleva a dirigir la mirada sobre el gasto público en plataformas tecnológicas, actividad que está a la orden del día en las entidades oficiales, en aras de la modernización.

Solo en el 2013, 28 sectores que hacen parte de la inversión del Presupuesto General destinaron 1,7 billones de pesos para el tema, según el Sistema de Información de Inversión Pública (SPI), de Planeación Nacional. Y eso que gran parte de las transformaciones tecnológicas no se hace con recursos del Presupuesto, sino que requiere créditos y vigencias futuras.

La penetración tecnológica en el Estado es tal, que para el colombiano cada vez es más cercana la familiaridad con siglas como el Runt, el Rut, el Secop, el Siif, el Sigob, tras las cuales siempre hay una moderna plataforma que demanda grandes inversiones de recursos públicos. El problema es que no siempre van de la mano con la eficiencia del gasto.

La necesidad de las tecnologías de información y las comunicaciones no tiene ninguna discusión. Estrategias como Gobierno en línea, que plantean que cada vez haya más entidades oficiales digitalizadas y abiertas, para que les faciliten la vida a los colombianos a través de la reducción de trámites, mejor calidad de la información y más transparencia en el gasto, no pueden chocar a nadie.

No obstante, ante inversiones hechas en el pasado y la nueva demanda de recursos, en ocasiones para la misma plataforma, Erick Rincón, gerente general de Certicámara (filial de la Cámara de Comercio de Bogotá), prende alertas para que, en adelante, el rumbo de estos recursos sea el de la optimización.

“Muchas veces nos quedamos asombrados con la solución técnica y no se hacen estudios técnicos, jurídicos y de procesos que lleven a escoger la solución más acertada. No se trata de entrar en una cacería de brujas, sino que aprendamos de esas lecciones”, expresa Rincón.

En el retrovisor

Los intentos fallidos del pasado son el referente para poner la lupa, de manera que el gasto de recursos públicos en plataformas que al final tuvieron que ser revaluadas no vuelva a suceder.

El caso más emblemático es el del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (Sice), que era manejado por la Contraloría General.

Costó 42 millones de dólares, para los cuales el Estado hasta tuvo que acudir a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, por más de la mitad de la plata. Tras el colapso del sistema, que ni siquiera suministraba información actualizada, el Sice fue sepultado en el 2012, luego de la expedición de la Ley antitrámites.

Para esa época ya estaba en boga la primera fase del Secop (sistema electrónico de contratación pública) que inicialmente era el Sistema de Contratación Pública de Colombia (Scpc), el cual, en un momento dado, repitió funciones con el Sice.

Con un Conpes del 2003 se intentó recomponer, fortaleciendo el criticado Sice y otros sistemas no menos cuestionados, como el Sistema Integrado de Información Financiera (Siif), cuyo costo fue de 9,3 millones de dólares y ha tenido que ser retocado varias veces.

En el caso del Secop, según María Margarita Zuleta, directora de la Agencia de Contratación Pública, “es una plataforma que estaba alojada en intranet gubernamental. Servía y sigue sirviendo para lo que se necesitaba, que era hacerles publicidad a los contratos. Ahora estamos en una segunda fase del Secop, al que se le está agregando la tienda virtual y todas las transacciones de contratación en línea”.

Otros casos

Otro caso que, si bien ha prestado servicios, se volvió insuficiente y está demandando una nueva inversión para su modernización es el Muisca (Modelo único de ingresos, servicios y control automatizado), administrado por la Dian, para el manejo de los servicios tributarios y aduaneros en línea. Según auditoría hecha por la Contraloría General, “desde el 2005 al 30 de junio de 2009 se celebraron 219 contratos por 70.592 millones de pesos, con recursos de un crédito del Banco Mundial y otros de la Dian, con destino al desarrollo e implementación del modelo Muisca”.

Hoy existe una propuesta de nueva inversión para desarrollo tecnológico de la Dian que aún no ha sido avalada en el plan de inversión de Planeación Nacional.

‘La razón de ser de la TI es la gente’

Para María Isabel Mejía, viceministra de tecnologías de información, del MinTIC, “los proyectos fallan por mala gestión del cambio; se les olvida que el tema no es el hardware y software, sino que lo que importa es cómo la tecnología tiene sentido para la gente”.