Un sinnúmero de actividades económicas irregulares desangra al país y frena su crecimiento.
La informalidad golpea directamente las finanzas del Estado, y, al igual que en los impuestos, es evidente en seguridad social.
Trabajo informal, transporte informal, minería informal... El fenómeno de la informalidad está enquistado en numerosos ámbitos de la vida del país.
Detrás de sus diferentes manifestaciones hay incentivos económicos que invitan a violar la ley, ante la ausencia de controles que disuadan, así como difíciles maneras de relacionarse con el Estado que le complican la vida a quien intenta cumplir con los requisitos.
Es así como por las calles de las ciudades una tercera parte del transporte urbano se ofrece por fuera de las normas; a los transeúntes les entregan volantes en los que se ofrecen créditos sin los ‘compliques’ que exige un banco o esquemas para invertir los ahorros con resultados milagrosos, y en las esquinas se agolpan trabajadores de oficios variados cuyo ingreso va de moneda en moneda, sin seguridad social.
En las mismas ciudades, sobre los márgenes, florecen asentamientos sin trámites ni requisitos, lo que les cuesta a las distribuidoras de energía medio billón de pesos al año por las conexiones piratas.
Los ciudadanos que terminan con la posesión de ese tipo de inmuebles son, de hecho, dueños, pero, en la informalidad, no tienen cómo demostrar la propiedad. Y si trabajan por su cuenta, tampoco tienen la manera de certificar los ingresos que generan, así estos sean significativos.
Y demostrar que se tienen propiedades o un ingreso es, justamente, la manera de garantizar ante un banco que se podría pagar un préstamo. Por esa razón, muchas personas no pueden aspirar a conseguir un crédito de las entidades del sistema financiero, y terminan dispuestas a pagar tasas de interés astronómicas a usureros.
Así mismo, están expuestos a la tentación de rendimientos ilusorios ofrecidos por captadores ilegales de dinero –la otra cara de la ‘banca’ informal–, tentación que puede terminar exponiendo a los ciudadanos a estafas.
Así como muchos trabajadores por cuenta propia no hacen aportes de seguridad social, puede pasar lo mismo con empleados de empresas, pues los incentivos para aquellos dispuestos a operar por encima de la ley no son de poca monta. Mantener a los trabajadores en la informalidad puede significar una ventaja de hasta 40 por ciento en los costos de mano de obra.
Además de la esfera laboral, la informalidad en las empresas es particularmente notoria en materia de impuestos, y muchos negocios permanecen invisibles a los ojos de la Dian.
Es así como de cada 100 pesos que se mueven en distintos negocios en el país, la Dian solo ve la facturación de 67.
Pero, adicionalmente, no todo lo que se factura termina pagando impuestos, pues hay empresas que dan pérdidas en el año o al menos así lo declaran, e, incluso, al declarar renta pueden terminar con saldo a favor. De tal manera, solo uno de cada ocho negocios que funcionan en el país paga impuesto de renta.
La informalidad, pues, golpea directamente las finanzas del Estado, y, al igual que en los impuestos, es evidente en seguridad social.
Por ejemplo, pese a que en Colombia más de 20 millones de personas trabajan, solo aportan al sistema de salud 10 millones de esos trabajadores.
Eso significa que de más de 44 millones de personas afiliadas al sistema de salud (trabajadores y beneficiarios), 23 millones están en el régimen subsidiado, y su salud se ayuda a financiar con los aportes que, en principio, solo son para el resto.
Entre tanto, de los casi 20 millones de empleados afiliados al sistema de pensiones, hay 9,6 billones que no hacen aportes con la suficiente regularidad y lo más probable es que no logren los requisitos para recibir una pensión cuando tengan la edad para retirarse.
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