Algunos empleadores no cotizan, a propósito, montos que les descuentan a sus trabajadores.
Si se miran las cifras de cuántos trabajadores del campo están afiliados al sistema de riesgos laborales, apenas representan el 9 por ciento de más de 3 millones, unos datos poco alentadores.
Con datos oficiales recogidos del Dane, Fasecolda y la Superintendencia Financiera, el analista de la Escuela Nacional Sindical (ENS), Héctor Vásquez Fernández, llama la atención sobre la desprotección en la que aún permanecen muchos trabajadores asalariados dependientes.
Según cifras del 2015, cerca del 22 por ciento de ellos no estaba afiliado al sistema de riesgos laborales, mientras que ese mismo porcentaje no cotizaba al sistema pensional.
Así mismo, cerca de un 32 por ciento no se encontraba afiliado al régimen de cesantías, al tiempo que más de un 32 por ciento no lo estaba al sistema de compensación familiar.
Para el analista de la ENS, estos registros indican que si bien la protección social de los trabajadores asalariados es mayor que la del promedio, aún entre ellos la informalidad y la desprotección siguen siendo muy altas.
El caso es particularmente sensible entre empleadas del servicio doméstico (donde hay una informalidad del 85 por ciento) y entre los peones y jornaleros (del 90 por ciento).
Vásquez atribuye el fenómeno también a lo que señala como debilidad del Estado, que “en este terreno tiene el reto de seguir fortaleciendo el sistema de inspección del trabajo, principalmente en la mayoría de los municipios por fuera de las grandes ciudades, en donde muchos empleadores incumplen la ley porque están seguros de que ninguna autoridad los va a vigilar ni sancionar”.
Agrega que en Colombia hay un poco menos de 1.000 inspectores y que la mitad de ellos son vinculados a través de contratos de prestación de servicios; por tanto, no tienen autonomía para actuar con independencia ni firmeza en la vigilancia de las empresas, y la mayoría están dedicados a labores administrativas en las oficinas del trabajo.
Esa situación ha generado que en ocasiones el empleador se quede con ese dinero que se les descuenta a los trabajadores y ha ocurrido con muchos empleados que están seguros de que cumplieron sus semanas de cotización, pero cuando van a Colpensiones les dicen que tienen muy pocas semanas porque su empleador no cotizaba.
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También hay casos de empleadores que cotizan solo por el mínimo, pero el fenómeno más extendido es de los que no cotizan. Contratan al trabajador y no le pagan ni el salario mínimo ni la seguridad social.
En Colombia, aproximadamente el 54 por ciento de los trabajadores está por debajo del salario mínimo, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Según Vásquez, otra situación que se presenta es en las micro y pequeñas empresas, que tienen condiciones de competitividad muy difíciles y precarias, porque actúan en cadenas dominadas por grandes compañías y transnacionales que les imponen las condiciones, como las famiempresas en la confección, y esto les impide cumplir con la legislación laboral.
Así mismo, dice, esto se presenta por la debilidad de los sindicatos, pues donde los trabajadores están organizados, estos tienen la capacidad de garantizar condiciones de trabajo decente.
Según Fasecolda y la Superfinanciera, de cada 100 trabajadores afiliados a los sistemas de riesgos laborales y de pensiones, apenas el 5,26 por ciento y el 12 por ciento, respectivamente, son trabajadores independientes o por cuenta propia.
Para Vásquez lo anterior quiere decir que la inmensa mayoría de ellos no tiene ninguna protección en sus ingresos frente a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez y vejez.
Y asegura que estos indicadores revelan que para la mayoría de esas personas, el trabajo por cuenta propia es un recurso de sobrevivencia y no de autonomía, pues no encuentran un lugar distinto en el sector formal que les asegure un trabajo decente, por lo que deben salir al rebusque ocupándose en cualquier actividad que les permita acceder a algún ingreso.
El fenómeno es tal, que alcanza aproximadamente al 62 por ciento del total de la población ocupada y de alrededor del 80 por ciento de los trabajadores asalariados, compuesto por independientes, empleados del Estado, trabajadoras domésticas y jornaleros.
En el campo, el panorama no es mejor, puesto que si se miran las cifras de cuántos trabajadores están afiliados al sistema de riesgos laborales, representan apenas el 9 por ciento de más de 3 millones.
Así mismo, en la industria se presenta este fenómeno, con un 40 por ciento, donde el comercio tiene una alta incidencia: hay mucho trabajador por cuenta propia en este sector, al igual que los vendedores ambulantes, los que venden minutos o trabajan en casetas. Más del 80 por ciento de ellos son informales y están por fuera de la protección social.
Stéfano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad Externado de Colombia, señaló que estos asalariados efectivamente son los informales y que a ellos aplican todas las consideraciones acerca de la informalidad.
“Si las empresas son informales, lo serán también sus trabajadores. Algunos dirán que es un problema de costos laborales, otros que los trabajadores prefieren ser informales porque sus ingresos son mayores si se suman a los subsidios que reciben”, dijo Farné.
Agregó que se debe tener en cuenta que hay trabajadores que están pensionados y que no deben cotizar a pensiones; igualmente hay trabajadores que por ley no reciben cesantías, que son los de salario integral.
‘Hay que denunciar’
El viceministro del Trabajo, Luis Ernesto Gómez, dijo que cualquier colombiano que hoy posea un vínculo laboral, así no tenga un contrato firmado, debe ser afiliado a la seguridad social por sus jefes, pues es un derecho.
“Que hoy no todos lo tienen es absolutamente cierto y por eso el Ministerio tiene una labor de inspeccionar y asegurar que las personas que devenguen un salario estén cotizando a seguridad social. Para quienes no lo estén, hay mecanismos para que presenten sus quejas, bien sea de manera presencial en alguna de las 95 inspecciones del trabajo del país o llamando gratis al 120”, señaló Gómez, quien además invitó a los trabajadores a hacer una labor de vigilancia para velar por que los descuentos que les aplican en sus salarios vayan realmente a los aportes a seguridad social.
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