Hay consenso entre el Gobierno y los congresistas sobre la necesidad de presentar una reforma tributaria y que se apruebe antes de que termine la legislatura, pero varían sus visiones sobre lo que debe contener.
El senador del Partido de la U Bernardo Miguel Elías tiene claro que la situación fiscal es muy compleja y por eso la reforma tiene que hacerse, aunque, en su concepto, el ambiente todavía está muy enredado. “La reforma es necesaria. ¿Qué pasa en una casa cuando el papá o la mamá pierden el empleo o se les baja el salario y tienen estudiando a los hijos? O prestas plata para seguir pagando o buscas otros ingresos o simplemente retiras a los hijos de estudiar”, dijo el senador, explicando la dura situación fiscal que enfrenta el país.
El representante a la Cámara por el Partido Conservador David Barguil asegura que el ambiente “está durísimo. Sin embargo, no nos podemos dar el lujo de posponer esta discusión. Hay que darla, porque de lo contrario las agencias calificadoras de riesgo nos van a quitar el grado de inversión”, explica.
El senador del Partido de la U Ángel Custodio Cabrera afirma que el corazón de la reforma deben ser las modificaciones al Impuesto al Valor Agregado (IVA). “Sin modificaciones al IVA, es mejor que el Gobierno ni presente la reforma”, señala y hace énfasis en que los graves problemas fiscales son los que vuelven inexorable la tributaria.
Se podría decir que casi todos los partidos políticos están conscientes de esta circunstancia.
El Polo, sin embargo, ha guardado distancia. “Es una reforma contra el pueblo raso por la vía del IVA, contra las clases populares por el IVA y porque van a ampliar la base tributaria. Además, está a favor de las transnacionales”, dice el senador Jorge Robledo. Agrega que no ve tan fácil para el Gobierno sacar adelante la iniciativa y advierte que “el trámite del proyecto podría afectar la discusión de los acuerdos de paz y puede generar una movilización inmensa”.
Una reforma tributaria nunca será un buen eslogan de campaña; sin embargo, la mayoría de políticos parece entender que si no obra en consecuencia, el panorama para 2017 y 2018, años de proceso electoral, va a ser muy complejo. Si se abstienen de aprobar, el lío (de marca mayor) les quedará al próximo Gobierno y al próximo Congreso. Eso sería un tiro en el pie.
Por eso hay que tomar al toro por los cuernos. El asunto de fondo es cuál es el más alto grado de impopularidad tributaria al que pueden llegar el Legislativo y el Ejecutivo en este proceso, sin poner en riesgo los otros programas de Gobierno que adelanta el presidente Santos, el más importante de ellos, el proceso de paz. He ahí el problema.
¿Será posible la estructural?
Del otro lado están los empresarios y los expertos economistas y tributaristas que tienen la expectativa de que la discusión sobre los impuestos sea realmente a fondo. El presidente de Analdex, gremio de los exportadores colombianos, Javier Díaz, ratificó su convicción de que es necesario “sacar, como se requiere, una reforma estructural, porque sería desafortunado que por los temas políticos ahora terminemos en una reformita, mirando cómo solucionamos el problema de 2018 y no una cosa de largo plazo, que requiere el país”.
El economista Roberto Steiner aseguró que “la paradoja que surgió es que la capacidad del Gobierno para lograr la aprobación de la reforma tributaria probablemente disminuyó, al mismo tiempo que su imperativo, por la necesidad de generar mayor confianza, aumentó por la incertidumbre que ese resultado (el del plebiscito) sembró en el exterior entre los inversionistas internacionales, que son quienes financian el amplio déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país”.
El presidente de Fasecolda, gremio de las aseguradoras, Jorge Humberto Botero, está convencido igualmente de que “Colombia tiene necesidad de una reforma tributaria estructural por dos razones: la primera, para establecer formas más eficientes de distribuir las cargas tributarias y, en segundo lugar, para aumentar el recaudo a fin de sustituir los recursos fiscales que se perdieron con motivo de la declinación del precio del petróleo, en términos que se asumen son estructurales o de largo plazo. No se espera –los analistas no esperan– una pronta reactivación del precio del petróleo. Y aun si se diera en Colombia, la producción está declinando peligrosamente, no hay optimismo en ese frente, entonces, la opción es hacer algo estructural”.
A su vez, Gilberto Salcedo, presidente de Atac, que representa a las aerolíneas del país, explicó que la necesidad de la tributaria es tal que “el Congreso tiene una responsabilidad grande de sacar una reforma estructural seria y que ayude a dar un paso adicional en el rigor fiscal que ha habido siempre”.
Según el presidente de la Asociación de Entidades Bancarias y Financieras (Asobancaria), Santiago Castro, “cualquier capital político que se hubiera perdido por el resultado del plebiscito lo compensa con creces un Premio Nobel de Paz”, por lo que esperan que el Gobierno pueda presentar una reforma tributaria estructural que sea aprobada por el Congreso.
Castro también señaló que esta reforma debe presentarse de inmediato para demostrar a los mercados internacionales que Colombia está comprometida con reducir su déficit fiscal y respetar su normativa macroeconómica, ya que de lo contrario podrían ser los mismos mercados los que llevarán al país a un ajuste que “generalmente es mucho más doloroso que cuando uno ha hecho preventivamente la tarea”, explicó.
Así las cosas, es posible concluir que el consenso entre el Gobierno, los congresistas, los empresarios y los economistas es claro sobre la necesidad de la reforma. El problema es que tal convencimiento no es suficiente para fundamentar un generalizado apoyo de la opinión pública a este proyecto. En esto, la filigrana política va a ser clave.
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