Los revisores fiscales necesitan más independencia y rotación

La Superintendencia de Sociedades está promoviendo mejoras en el gobierno corporativo de las empresas nacionales, pues este es indispensable para las protección de los accionistas minoritarios, los empleados y la sociedad en general.

Contrario a lo que recomiendan las normas actuales - que un revisor fiscal se quede en una empresa solo por dos años-, en el país 40% de las sociedades anónimas no cambian casi nunca su revisor fiscal.

Franciso Reyes, superintendente de Sociedades, afirma que, pese a que existe la percepción de que las irregularidades no son reportadas o que los informes financieros son de baja calidad, en su organismo sí reciben mucha colaboración de los revisores fiscales, pero que estos enfrentan varias talanqueras para ejercer su labor y, en su concepto, una de las más preocupantes es la de su independencia.

Los revisores son elegidos por la asamblea de accionistas, pero allí es frecuente que los administradores, que también en muchos casos son accionistas, influyan en dicha elección, lo que afecta la autonomía de estos profesionales para ejercer correctamente su labor.

Una reciente encuesta sobre el gobierno corporativo en el país, realizada por la Supersociedades entre 5.572 compañías, evidencia la poca rotación que existe entre quienes ejercen como revisores fiscales, lo que atenta contra las pautas actuales de dicha profesión.

La recomendación es que los revisores se roten cada dos años para garantizar su autonomía y que no puedan ser reelegidos sino cada 8 años, pero entre las empresas encuestadas por la Superintendencia, 40,7% de los revisores nunca han rotado: son las mismas personas naturales o las mismas personas jurídicas.

Reyes también considera que para garantizar la independencia a los revisores fiscales no se les debería poder remover del cargo sin justa causa.

Todo lo anterior teniendo en cuenta que los revisores fiscales dan fe pública al avalar con sus conocimientos que un balance o un P&G están bien hechos y que las cifras son verídicas. Se espera además que con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (Niif), así como con las Normas de Aseguramiento de la Información (Nias), que son aplicables desde este año –ver recuadro Estrenando normas–, los revisores fiscales sean mucho más precisos al hacer sus análisis y veredictos, que además podrán incluir con más espacio en las notas de los estados financieros.

¿Y los castigos?

Aunque es innegable que omitir las irregularidades de las empresas no es la práctica común de los revisores fiscales del país, ni que estos son los únicos responsables de los escándalos recientes –pues allí los más comprometidos son los administradores de las compañías–, no se puede pasar por alto que los incurren en malas prácticas deberían ser castigados con todo el peso de la Ley.

Pese a sus limitaciones, el tribunal disciplinario de la Junta Central de Contadores señala que recibe y tramita muchas denuncias, así como inicia procesos de oficio. De hecho, ya están adelantando investigaciones a los contadores públicos, revisores fiscales y a las firmas de revisoría de la Organización Odebrecht y a sus consorcios (ver facsímil). Mencionan como una de sus principales victorias la cancelación del registro profesional de Grant Thornton Fast & ABS Auditores, firma que, según ellos, ejercía la revisoría fiscal de Interbolsa.

Fue un fallo sin antecedentes en la historia del país, obviamente por la gravedad de la falta. La primera decisión se tomó en 2014 y fue apelada por la compañía, pero en agosto de 2015 fue ratificada. Sin embargo, el proceso no ha terminado y hoy sigue en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La decisión para algunos tiene un sin sabor y es que como Grant Thornton es una franquicia de una multinacional que opera en 130 países, en cada mercado tiene más de un socio y, si bien Grant Thornton Fast & ABS Auditores fue sancionada, las otras empresas del grupo que operan bajo la misma marca siguen el curso normal de sus negocios.

Para algunos contadores, lo que sucedió fue que después del problema la compañía cambió de razón social y para ello pidió un nuevo registro ante la Junta Central de Contadores. El director de la Junta, Óscar Eduardo Fuentes Peña, dijo no tener los argumentos legales para negar el trámite. En otras palabras, la formalidad legal superó al fallo sancionatorio.

Rafael Franco, profesor de revisoría fiscal de la Universidad Libre, dice que es una gran contradicción y en la práctica es “dejar sin piso la sanción del tribunal disciplinario. Es un truco muy grave cuando se cambia una letra o una firma, para crear un nuevo registro, pero es lo que pasa en el país”.

Otra es la versión de la actual Grant Thornton, que pese a lo que dicen sus contradictores y la misma Junta Central de Contadores, niega haber cambiado de razón social y dice que, por el contrario, es otra víctima más de la quiebra de Interbolsa.

Foto: Pedro Cruz, representante legal de Grant Thornton Colombia. Los actuales socios de Grant Thornton en Colombia dicen que ellos no fueron los revisores fiscales de Interbolsa y que, por el contrario, son víctimas.

Pedro Cruz, representante legal y socio gerente general de Grant Thornton Colombia explica que ellos terminaron involucrados porque en 2012, como parte de la estrategia de expansión de Fast & ABS Auditores y Consultores Ltda. –firma en la que él trabajaba– deciden comprar y absorber a Ulloa Garzón & Asociados, compañía que en ese momento era miembro de la red de Grant Thornton International Ltd. y que le prestaba los servicios de revisoría fiscal a Interbolsa.

Cruz aclara que la fusión por absorción se hizo efectiva a partir del 28 de diciembre de 2012, pero que desde el 2 de noviembre a Ulloa Garzón & Asociados le había cancelado el contrato con Interbolsa, por lo tanto, cuando ellos asumen la empresa, ya no tenían ese cliente, aunque sí se quedaron con la membresía de la multinacional.

“En la Junta Central de Contadores no han entendido que nosotros no teníamos ese cliente en el momento en que hicimos el negocio; sin embargo, nos cancelaron la licencia y hoy Fast & ABS Auditores y Consultores Ltda. está inactiva. Las que están usando la marca Grant Thornton son otras cuatro o cinco empresas de nuestro grupo que tienen un NIT diferente y una razón social diferente y que fueron creadas mucho antes de que se produjera toda esta situación”, reitera Cruz.

Agrega que, con la asesoría del exfiscal Mario Iguarán, quien es su abogado en el caso, intentan ejercer sus derechos para demostrar y aclarar que “no somos los mismos con las mismas, que éramos y seguimos siendo empresas diferentes; además que hubo irregularidades en la sanción, pues el dolo es personal y no se extiende a una empresa”.

Cruz dice que los contadores de Ulloa Garzón & Asociados, que efectivamente fueron los revisores fiscales de Interbolsa sancionados y les cancelaron la tarjeta profesional por un año, pero ya están de nuevo en su labor. Otros antiguos socios de esa firma ya se jubilaron, mientras que ellos, que son los que siguen con la marca Grant Thornton, continúan con el problema y, por eso, están considerando repetir contra aquellos que les vendieron la compañía, pues la contingencia que les apareció por Interbolsa les ha generado unos altos costos reputacionales. “No podemos seguir cargando con la culpa por algo que no cometimos”, insiste.

Cruz también agrega que, en general, el trabajo de los revisores fiscales es determinar si los estados financieros de una empresa son razonables, pero su función no es detectar fraudes. “No somos detectives, ni coadministradores que les dicen a las compañías lo que deben o no hacer”, enfatiza.

Un tema ético

Mientras en el país sigue el debate sobre qué tanta responsabilidad les cabe a los revisores fiscales en casos de corrupción, en Brasil la firma de contadores afiliada a Deloitte que llevaba la auditoría de la aerolínea local Gol fue multada con US$8 millones por emitir un falso informe de auditoría de las cuentas financieras de 2010 de la aerolínea.

“Deloitte Brasil fracasó en su cometido de proteger los intereses de los inversores emitiendo falsos informes de auditoría”, afirmó en su momento Claudius Modesti, director de Pcaob, el organismo semipúblico de control contable, que en ese caso impuso la mayor sanción de la historia del vecino país.

Y más allá de mirar la paja en el ojo ajeno, lo que se debería es buscar cómo evitar que se repitan este tipo de situaciones en el país, hoy imbuido en medio de escándalos empresariales.

Eric Rodríguez, decano de los Andes, dice que una solución puede estar en el proceso educativo de las nuevas generaciones de contadores. En su caso, por ejemplo, están sacrificando parte de la profundidad del conocimiento normativo para darle más énfasis a la formación en valores y ética y no solo desde el punto de vista teórico, sino con cursos prácticos en donde los estudiantes deben enfrentar dilemas profesionales y casos de estudio.

No obstante, esta es una solución de largo plazo y, mientras tanto, lo que se espera es que los entes de control ejerzan su labor cumpliendo con el debido proceso en sus investigaciones, pero sin olvidar lo que señala Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública: en casos como los del Grupo Nule, Reficar, Conalvías, Interbolsa, Odebrecht y las compañías de libranzas, por mencionar algunos, la labor de la revisoría fiscal no fue efectiva para identificar con tiempo las irregularidades. Esperemos que las nuevas normas contables y de auditoría que se están aplicando en el país ayuden a empoderar a estos profesionales, tan necesarios para el buen desempeño de las empresas.

No son lo mismo

A los contadores les interesa aclarar que la revisoría fiscal y la auditoría no son lo mismo, pues la primera incluye un acompañamiento de todos los procesos de la empresa y la segunda revisa solo los resultados obtenidos. Por eso, Rafael Franco, profesor de la Universidad Libre, dice que la regulación actual se contradice al asignarle al revisor fiscal cada vez más funciones –entre otras cosas debe denunciar los indicios de lavado de activos a la Uiaf y la comisión de delitos contra la administración pública, lo cual solo se puede hacer estando permanentemente dentro de las empresas–, pero al mismo tiempo les exigen que adopten las Nias, que son una evaluación posterior sobre los estados financieros y no sobre las operaciones de la empresa. “Si la auditoría se hace de forma posterior, es aún más difícil detectar los fraudes”, advierte.

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