Alternativas a pensar para enfrentar el futuro.
Las políticas económicas públicas no pueden circunscribirse a corregir la inflación a base de ajustes de corto plazo de la tasa de interés del Banco de la República o a recuperar el equilibrio fiscal a punta de aumentos de los impuestos al consumo o de ingresos ocasionales de capitales amnistiados. Ya varios analistas han puesto de presente que no va a ser fácil regresar a tasas de crecimiento significativas e incluso piensan que hay grandes riesgos para sostener las actuales. La situación macroeconómica es preocupante.
Es cierto que el crecimiento de largo plazo requiere que el país alcance la paz y la seguridad públicas y mejorar drásticamente la educación de nuestros jóvenes, de modo que tengan capacidad de enfrentar un mundo cada vez más retador. Ambas cosas son muy difíciles y complejas, que no se alcanzan de un día para otro, y para lograr esos objetivos hay que acometer buenas políticas.
Al contrario, el país político se ha sumergido en una lucha interminable, en la que para todos los bandos lo único que cuenta es castigar al adversario, en palabras y tonos altisonantes y agresivos. Solo vale la pena posicionarse para las futuras elecciones, sin tener en cuenta que el vencedor va a ser sometido a las mismas críticas y ataques feroces. Por ejemplo, da grima ver la vuelta que ha tenido el tema de la revocatoria de los alcaldes en Bogotá, muestra de que los argumentos existen solamente para proteger intereses electorales evidentes. Y en este ambiente, los problemas económicos, que no son cruentos y ruidosos, carecen de relevancia pública. Por ello, como lo mencionaba Rudolf Hommes en reciente entrevista, a los columnistas económicos les ha entrado el miedo y ya no existe controversia en los medios acerca de los problemas económicos inmediatos.
Todavía no nos damos cuenta de que la situación tan favorable que tuvo el país, derivada de los extraordinarios precios del petróleo y los minerales, terminó hace varios años y que es urgente saber qué hacer en este momento para mantener el país a flote mientras maduran los temas de largo plazo y podamos cambiar nuestra tendencia de crecimiento. Si en los siguientes trimestres se profundiza la tendencia, podríamos llegar a un crecimiento de 1% o menos sin dificultad. Tiene que haber un mínimo de consenso para que en el futuro inmediato la economía siga funcionando y sea capaz de generar el ingreso al país para poder sostenernos.
¿Por ejemplo, hay conciencia suficiente de que, suprimida la inversión en petróleo y minerales, no hay muchas opciones que reemplacen esos ingresos? Puede discutirse muchísimo que esas actividades tienen graves peros, pero nadie puede discutir que nos estaban dando de comer. Y en este momento, las cuestiones legales que perjudican los nuevos proyectos minero-energéticos son tan extravagantes que pueden afectar inclusive los que ya existen. Estos proyectos son muy significativos, pues además requieren de inmenso capital que solamente existe en el exterior, que puede ser atraído hacia nuestro país si le damos la bienvenida. Pero en la coyuntura actual los interesados se paralizan, pues nadie resuelve el nudo gordiano entre el interés de la Nación por promover la minería legal y el del falso ecologismo que impera en las decisiones municipales. La solución exige un consenso político, pero este debe ser suficiente para destrabar la industria minera.
Y el otro tema donde pueden lograrse cosas importantes con prontitud es el de la infraestructura. Apenas comenzó la implantación del proceso de paz y la opinión ya está inundada con los temores de lo que está ocurriendo en las zonas alejadas como Nariño, el Chocó y el Caquetá. Las expectativas de erradicación de la coca son muy bajas y las cifras de lo que han crecido los cultivos ilícitos no dan esperanzas. La solución a ese problema no va a provenir de llenar de soldados esos remotos parajes.
En vez de financiar románticos proyectos agrícolas, la ayuda para el posconflicto debería concentrarse en la integración física y eficiente de las zonas vulnerables del país. Lo que protege a los bandidos en esas regiones es la incomunicación. Hay que atacarlos con comunicación eficiente y cuadrillas de inversión privada que vuelvan allí económicamente viables los proyectos lícitos que generen empleo sostenible. Es crucial y, en mi opinión, prioritario, que se construya infraestructura buena para conectar esas regiones al resto del país. Aunque hoy no se requieren, para el futuro de Colombia es trascendental que existan buenas carreteras entre Quibdó y Bolombolo, Pasto y Tumaco, Florencia y San Vicente del Caguán y Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Estas carreteras son caras y difíciles de construir. Pero, una vez realizadas, pueden traer la verdadera paz y el desarrollo.
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