Los problemas del sistema pensional no se resuelven cerrando Colpensiones o estatizando las AFP, sino fijando reglas de competencia transparentes.
Nuestro sistema pensional se basa en una supuesta competencia entre las AFP y Colpensiones que funciona muy mal en la práctica porque los afiliados no entienden bien las diferencias entre los dos regímenes. En las AFP la pensión depende de los ahorros y rendimientos acumulados, mientras que en Colpensiones depende de las semanas cotizadas y del salario base de cotización de los últimos 10 años.
En líneas generales, Colpensiones les conviene a quienes pueden completar las 1.300 semanas de cotización exigidas, porque todas las pensiones son subsidiadas. Como el subsidio es mayor entre más alto sea el salario, los ricos son los principales beneficiados de Colpensiones. Para quienes no pueden completar las 1.300 semanas es mejor estar en las AFP, pues aunque pensionan a muy poca gente, al llegar a la edad de jubilación le devuelven al afiliado los aportes (netos de costos de administración) y su rendimiento acumulado.
Pero qué opción es mejor en cada caso individual depende de otros detalles y es tan complicado evaluarlo que millones de personas no están en el régimen que les convendría y la mayoría de traslados no responden a ninguna lógica. Por eso, hace poco se estableció una “doble asesoría” como requisito para cambiarse de régimen (véase “¿AFP o Colpensiones?”). Sin embargo, hay frecuentes quejas de que las AFP se escudan en este requisito para impedir los traslados a Colpensiones.
Nadie cuestiona la necesidad de una profunda reforma pensional que introduzca un poco de sentido común en este enredo, reduzca el costo fiscal de Colpensiones y corrija las grandes inequidades del sistema.
Los defensores de las AFP, como Anif y Asofondos, argumentan sin cesar que la solución implica cerrar Colpensiones porque técnicamente es una entidad quebrada, ya que depende de transferencias de recursos públicos para poder pagar las pensiones. Pero con similar argumento se podría decir que hay que estatizar las AFP (como ocurrió en Argentina) para que Colpensiones reciba la totalidad del capital acumulado y las contribuciones futuras de todos los trabajadores, y deje de depender del fisco.
En cualquier caso, cerrar a Colpensiones o a las AFP no son opciones realistas porque no resuelven otros problemas fundamentales del sistema, como son las inequidades y la baja cobertura. Tampoco son opciones viables políticamente, en vista del enorme poder económico de las AFP y del prestigio y responsabilidades sociales que tiene Colpensiones (que además de las pensiones, administra el programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEP).
Una alternativa más razonable sería un sistema en el que los dos regímenes compitan entre sí en condiciones comparables y transparentes, cosa que no ocurre actualmente, no solo porque los afiliados no entienden las diferencias, sino porque las condiciones regulatorias son muy distintas. Colpensiones no puede hacer publicidad y está sometida a un doble régimen de supervisión como entidad pública y como ente financiero. Las AFP son entidades privadas que operan con mayor flexibilidad.
Podría haber competencia transparente si en ambos sistemas el afiliado pudiera saber en cualquier momento a qué pensión puede aspirar dados sus derechos adquiridos, sus condiciones laborales y los rendimientos, los cuales serían fijos en Colpensiones y variables en las AFP (es decir, más riesgosos, aunque posiblemente mayores en promedio). Para llegar a este sistema es necesario, primero que todo, reesructurar el sistema de subsidios para que beneficie solo a los pobres. Para hacer esta transición, se podrían reconocer parcialmente los derechos adquiridos hasta ahora a los afiliados a Colpensiones dependiendo de la edad. En adelante lo único que contaría sería el valor de las contribuciones y sus rendimientos.
Puesto que un sistema así dejaría sin pensión a los trabajadores informales o inestables, tendría que complementarse con un mecanismo de subsidios básicos para la vejez, tal como los BEP (opción fiscalmente viable, a diferencia del sistema actual de subsidios a los ricos). Así podríamos tener un sistema pensional progresivo socialmente y sostenible fiscalmente.
Otra opción de reforma es que en vez de competir, Colpensiones y las AFP se complementen en un sistema de “pilares”. Tema para otra columna. Dejo constancia de que estoy trabajando junto con mi colega Andrés Gómez Liévano en uno de los estudios que ha comisionado recientemente Colpensiones para propiciar el análisis y la discusión de los problemas pensionales entre las principales entidades del sector.
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