La reforma tributaria recientemente aprobada es parte del paquete de medidas que ha solicitado la Andi para hacer sostenible y competitiva la producción nacional.
La reforma es positiva, al establecer mayores controles de la evasión, estimular la formalización empresarial y del empleo, reducir las cargas parafiscales asociadas a la nómina sin desmedro del Sena, ICBF y las entidades que administran la salud; crear el impuesto para la equidad de destinación específica, llamado Cree, con cargo a la renta de las empresas y no en relación con la generación de empleo de las mismas –lo que ayuda significativamente a los sectores intensivos en mano de obra afectados por la apreciación del peso colombiano–; redistribuir las cargas fiscales en la renta de las personas naturales; admitir la posibilidad de descontar el IVA, aunque sea parcialmente, en la adquisición de los bienes de capital, y simplificar las tarifas del IVA.
Todas estas medidas reducen los costos del sector productivo, sostienen los puestos de trabajo y crean un ambiente favorable a la inversión y al crecimiento.
Luego de la labor legislativa, quedan tareas pendientes y urgentes en la reglamentación de estas medidas, para que tengan rápida aplicación.
El aspecto que requiere mayor prelación es la fijación de nuevas tarifas de retención en la fuente al impuesto de renta y al Cree.
La nueva tarifa de renta, del 25 por ciento, no guarda proporción con las tarifas de retención actuales, lo que generará numerosos saldos a favor del contribuyente, saldos que originarán, por una parte, sobrecostos financieros a las empresas, al congelarse capital de trabajo en dichas retenciones; y, por la otra, deficiencias en la gestión de fiscalización de la Dian, al tener que dedicar tiempo y recursos en la atención de compensaciones o devoluciones.
Más importante aún es el establecimiento de las tarifas de retención del Cree, mucho antes del 1o. de julio, que fue el plazo dado por la reforma, a fin de liberar las cargas laborales de las empresas que producen bienes transables.
Otro aspecto fundamental es el fortalecimiento de la Dian.
Esta institución debe contar con el capital humano apropiado y suficiente, para aplicar de manera adecuada las normas tributarias y castigar a los evasores.
Con una Dian robusta, fuerte y capaz, el empresario formal no tendría que enfrentar la competencia desleal del evasor, ni padecer trámites onerosos y sin sentido.
En otras palabras, ese empresario formal estaría en condiciones de afrontar los retos de la internacionalización económica, y el país, por su parte, vería incrementados sus recursos fiscales.
http://www.portafolio.co/economia/el-turno-es-ahora-del-gobierno-nacional
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