El Congreso de la República tiene la tarea de aprobar una reforma tributaria estructural, en línea con la propuesta de la comisión de expertos y las recomendaciones de la Ocde y el BID.
La desmejora de la perspectiva de la calificación de la deuda externa llama la atención sobre los riesgos que enfrenta la economía en la coyuntura actual. ¿Pueden mitigarlos las autoridades?
La perspectiva negativa que impusieron dos agencias –Standard & Poor’s en febrero y Fitch en julio– a la calificación de la deuda pública de Colombia, aunque la mantiene dos escalones arriba del límite del grado de inversión, llama la atención sobre los riegos que enfrenta la economía.
No es un secreto que las perspectivas de crecimiento, los balances fiscal y externo, junto con los de ingresos esperados del exterior se deterioraron por la desmejora de los términos de intercambio, ocasionada por la disminución de los precios de las materias primas, sobre todo de los hidrocarburos.
Por estas razones, a pesar de su disminución desde el último trimestre del año pasado, en la magnitud prevista para 2016 el déficit en la cuenta corriente del país (5,3% del PIB) mantiene una alta vulnerabilidad de la economía a los cambios en el sentimiento de los inversionistas y en el entorno financiero internacional.
Como la inversión extranjera cubre apenas la mitad de ese desbalance, la economía depende mucho de la inversión de portafolio y el crédito externo para completar la financiación requerida del exterior. Además, el crecimiento de la deuda externa (a 42% del PIB en 2016) y la caída en los ingresos del exterior incrementaron la carga financiera externa de la economía.
Al mismo tiempo, a pesar de los recortes del gasto, la caída de la renta petrolera incrementó la meta del déficit público (de 3,1% en 2015 a 3,9% del PIB en 2016), con el beneplácito del comité de la Regla Fiscal. Como consecuencia del mayor déficit y la desaceleración de la economía, la senda de la deuda pública será más alta que la proyectada antes.
La inflación (8.77% en julio), que dobla el límite superior del rango objetivo del Banco de la República (BR) –entre 2% y 4%–, constituye otro riesgo para la estabilidad macroeconómica. La persistencia de la básica al alza y el déficit externo sugieren que la economía tiene todavía un exceso de gasto doméstico. Las expectativas siguen desalineadas y se fortalecen los mecanismos de indexación, que harán más difícil la convergencia hacia el rango meta en 2017, a pesar de que se espera un descenso gradual en los próximos meses, cuando se desvanezcan los efectos de los choques por causa del Fenómeno del Niño, el paro de los camioneros y la depreciación de la tasa de cambio. Por estos motivos, es difícil que el Banco de la República haga una pausa en el ciclo de alza de su tasa mínima de expansión antes de llevarla a 8%, lo cual contribuirá a una mayor desaceleración del crecimiento, que gravita con fuerza hacia 2% en 2016.
Las agencias calificadoras coinciden en que sostener la nota de la deuda colombiana requiere el cumplimiento de las metas establecidas por la Regla Fiscal. Para ello han sido vitales los recortes del gasto, pero falta incrementar los ingresos. Con este fin se requiere la aprobación de la reforma tributaria en 2016, a lo cual se comprometió el Gobierno. Es deseable que la reforma, además de asegurar los ingresos que faltan para cumplir la meta de déficit a partir de 2017, que reemplazarán los perdidos con la caída de la renta petrolera, la extinción del gravamen a los movimientos financieros (GMF) y la sobretasa del CREE, amplíe la base tributaria por medio de la reducción de las exenciones y reduzca la carga tributaria a las empresas, para estimular la inversión y el crecimiento. También sería deseable que desmontara los sobrecostos al trabajo formal, para incentivar la generación de empleo y reducir la informalidad.
Con estas medidas se abriría un espacio para la expansión de la actividad del sector privado, que hasta ahora corre con el mayor costo del ajuste de la economía al entorno externo menos favorable desde 2014. Para este fin también es imprescindible que se revisen y adopten estrategias para mejorar la eficiencia en la asignación del gasto público, sobre todo para direccionarlo al cumplimiento de los compromisos del posconflicto, si se aprueban los acuerdos de La Habana.
A pesar de ser impostergable, la reforma tributaria entraña el peligro de desacelerar el crecimiento, al reducir el ingreso disponible de los hogares. También amenaza añadir entre 0,8 y 2 puntos porcentuales a la inflación, al incrementar los precios de los bienes y los servicios gravados con el IVA, si opta por aumentar su tasa. Este choque haría más lenta la convergencia de la inflación hacia el rango meta.
El riesgo político también aumenta. Armando Montenegro y Guillermo Perry llamaron la atención a este respecto. En vista de lo apretado que estará el resultado del plebiscito sobre la aprobación de los acuerdos de La Habana, es previsible que en vísperas de llevarlo a cabo haya un incremento de la volatilidad en los mercados financieros domésticos, ocasionada por unos menores flujos netos de inversión de portafolio, acompañados por una mayor depreciación de la tasa de cambio y una desvalorización de la deuda pública.
En la eventualidad de que el acuerdo no sea aprobado, el Gobierno tendría una menor gobernabilidad, que comprometería el trámite de la reforma tributaria. En ese caso, el país perdería el grado de inversión y sufriría un fuerte choque financiero por la incertidumbre de los inversionistas. La deuda pública se depreciaría en gran escala, la tasa de cambio sufriría una gran devaluación y se encarecería la financiación de la economía. Los fondos externos serían más costosos debido al mayor riesgo soberano.
Al mismo tiempo, el costo del crédito doméstico aumentaría porque el Banco de la República tendría que incrementar su tasa de interés, para contrarrestar los efectos inflacionarios de la devaluación, restablecer la paridad cambiaria y reducir de manera apresurada el déficit en la cuenta corriente, por la escasez de inversión extranjera. Además, la demanda interna se desplomaría por la desconfianza de los inversionistas y los consumidores y las elevadas tasas de interés, de modo que la economía podría caer en una recesión.
Por fortuna, el país cuenta con un eficaz marco de política económica y un sólido sistema financiero, que le permiten una implementación adecuada y una transmisión oportuna de las estrategias monetarias y fiscales requeridas para encarar la coyuntura actual. Además, tiene una cómoda liquidez externa, provista por las reservas internacionales y el acceso a la línea de crédito flexible del FMI, que fue renovada por dos años hace poco. Eso no significa que no haya riesgos, pero tiene los instrumentos con los cuales mitigarlos.
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