La Superintendencia de Sociedades advirtió que los revisores deben cumplir como mínimo con las normas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y les pidió que informen si conocen o sospechan de la existencia de fraude en las empresas que vigilan.
La Superintendencia de Sociedades señaló que el informe que presenten los revisores debe contener por lo menos “una referencia a la información financiera expresada de modo comparativo entre los dos últimos ejercicios contables y tres puntos relacionados con: los estados financieros, el cumplimiento y el control interno en los cuales se emita opinión respecto de cada elemento de la auditoría”.
En cuanto a las condiciones que exige el Consejo Técnico de Contaduría Pública, el informe debe tener “tres acápites diferenciados, relacionados con estados financieros; cumplimiento y control interno, en los cuales se emita opinión respecto de cada uno de los elementos de la auditoría” y una referencia a la información financiera que se compare con los dos últimos ejercicios contables.
Este año será la primera vez que todas las sociedades bajo vigilancia de la Supersociedades reporten su información ante la entidad siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif).
En ese sentido la Superintendencia recordó que las sociedades del grupo 1 deben entregar información con corte al 31 de diciembre de 2016 entre el 27 de marzo y el 7 de abril de 2017, las del grupo 2 tendrán que hacerlo entre el 17 de abril y el 15 de mayo y los estados financieros que estas reporten estarán disponibles para el público desde el 15 de junio de 2017.
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, señaló que “la función de auditoría que ejerce la revisoría fiscal en las sociedades mercantiles es un insumo de vital importancia para la supervisión que lleva a cabo la Superintendencia de Sociedades”.
Reyes aprovechó para enviar una carta a cerca de 6.000 empresas de los grupos 1 y 2 en la que invitó a los revisores fiscales a informar a la entidad si saben o sospechan de la existencia de fraude, o tienen indicios de ello y les pidió “colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y rendirles los informes a que haya lugar o les sean solicitados”.
El superintendente también destacó que es importante que los revisores fiscales “den cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios”.
La figura del revisor fiscal
Desde 1935 en el país se estableció la obligación para las sociedades anónimas de tener un contador independiente que examinara todas las operaciones, verificara las cuentas, avalara con su firma los balances y se cerciorara de que los negocios se realizaran conforme a la ley. Su deber además es dar oportuna cuenta de irregularidades en los actos de la compañía.
Esa figura, que existe en muchos otros países, en Colombia se denominó revisoría fiscal y hoy está en el ojo del huracán por cuenta de recientes escándalos empresariales como los de Interbolsa, Reficar, Estraval y más recientemente Odebrecht.
Para algunos abogados y empresarios, los revisores fiscales están pasando de agache en estos descalabros, que tienen algunos de sus protagonistas en la cárcel; pero otros consideran que a estos profesionales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer, pues además de que cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera grande: quienes les pagan el sueldo son los mismos a quienes deben vigilar, lo que afecta su independencia.
A esto se suman los pocos ‘dientes’ que tiene la Junta Central de Contadores, que es el ente rector de la profesión, dado que es el responsable del registro, inspección y vigilancia de quienes ejercen la contaduría, así como de las personas jurídicas prestadoras de esos servicio
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