Compras seguras con pagos electrónicos

Con tecnología se blindan los sistemas. 

En los últimos años ha sido evidente el crecimiento de los pagos electrónicos en Colombia. 

Este auge se ha dado gracias a los aportes que han hecho los diferentes actores: Gobierno, entidades financieras, empresas, usuarios y redes procesadoras. 

Sin embargo, a pesar de este crecimiento, aún es necesario trabajar, y lo seguirá siendo, en temas de seguridad, un tema el cual ha sido uno de los más complejos y de mayor preocupación por parte de los usuarios.

Con el progreso y los avances de la tecnología, las empresas y los usuarios se han visto beneficiados; sin embargo, también se han visto retados y amenazados por quienes la usan con fines distintos y en perjuicio de los primeros.

Analizando la situación, surge la siguiente pregunta: ¿De quién es la responsabilidad por la seguridad en el momento de hacer un pago electrónico? Aunque la respuesta pareciera simple, no lo es. En un pago a través de mecanismos digitales intervienen varios actores, y del aporte y colaboración de cada uno de ellos depende la seguridad de estos. 

Por un lado, están las empresas (públicas o privadas) que deben tener un adecuado conocimiento de sus clientes y ofrecerles aspectos de seguridad, especialmente, los relacionados con la protección de sus datos personales.

De igual forma, están las entidades financieras y las procesadoras de pagos, que deben ofrecer mecanismos fuertes de autenticación de los usuarios y la validación y el monitoreo de las transacciones. 

En este proceso también participan los usuarios, que además de proteger y salvaguardar sus datos privados, deben estar atentos a no entregar información sensible que permita que terceros accedan a sus cuentas. 

Finalmente, el Gobierno, desde la política pública, contribuye y debe contribuir a mejorar la seguridad de los pagos electrónicos. La publicación de las leyes 527 de 1999, por medio de la cual se definieron y reglamentaron el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación; así como la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictaron disposiciones generales para la protección de datos personales, ha sido un aporte importante para el desarrollo de los pagos electrónicos. 

En esta compleja ecuación es necesario un equilibrio entre las acciones y las responsabilidades de cada uno de los actores. Es decir, la seguridad en los pagos electrónicos es responsabilidad de todos aquellos que directa o indirectamente participan en ellos; se debe hacer un frente común para combatir el crimen digital. 

Por eso de manera conjunta y colaborativa hay que seguir trabajando en la conciencia sobre la seguridad en los pagos electrónicos, aprovechando la tecnología y emitiendo normas que protejan a los usuarios, pero también que castiguen ejemplarmente a aquellos que cometen ilícitos.

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