El lío del descalabro de Interbolsa no para. La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de otras tres personas por el caso, que está a punto de cumplir un año.
Se trata de Álvaro de Jesús Tirado Quintero, presidente de la Sociedad Comisionista de Bolsa de Interbolsa y miembro del Comité de Riesgos de la misma sociedad; Luis Fernando Restrepo Jaramillo, miembro del Comité de Riesgos y Álvaro Andrés Cámaro Suárez, miembro del Comité de Riesgos y vicepresidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Sociedad Comisionista de Bolsa.
Los hechos por los cuales se pretende realizar la acción penal tienen que ver con la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, y concierto para delinquir.
De acuerdo con fuentes del ente investigador, estas personas serían llamadas por la manipulación del precio de la acción de Fabricato, que según las cuentas de la Fiscalía se incrementó en 2011 en un 214%.
Además por las conductas desplegadas al interior de la Sociedad Comisionista de Bolsa, por sus administradores y directivos, en este caso los miembros del Comité de Riesgo, quienes habrían otorgado cupos de endeudamiento exorbitantes.
Según la Fiscalía esto se había realizado para la constitución de operaciones repo, que le facilitaron la adquisición de acciones de Fabricato al grupo de personas relacionadas con el señor Alessandro Corridori y el denominado Grupo Corridori, así como los créditos que se otorgaron por parte de la matriz al mismo grupo con el mismo fin.
También figura la operación que se realizó con la Clínica La Candelaria, hechos que a la postre conllevaron la iliquidez de la compañía y su consecuente liquidación forzosa, debido a los malos manejos de la administración.
La audiencia está programada para el próximo 12 de noviembre de 2013, a las 8:00 de la mañana en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá.
Octubre, mes decisivo
Alejandro Revollo Rueda, interventor designado por la Supersociedades, había afirmado que octubre sería clave para las víctimas del Fondo Premium Capital, así lo dijo quien aseguró que se mostrarán las opciones sin garantías para recuperar el dinero de los 1.258 reclamantes de dicho fondo.
El interventor, explicó que la forma de llegar a la solución rápida del desmonte, sería mediante la creación de una nueva sociedad que permita manejar los activos que posee el Fondo Premium en el exterior. Además, aseguró que la “esta sociedad tiene como fin devolver los recursos que se puedan recuperar a largo del proceso de intervención”.
Según el experto, los activos que se tienen en Colombia y en exterior, alcanzan a llegar a los $27.000 millones los cuales serán utilizados para ir asumiendo la deuda que tienen con los inversionistas.
Debido a esto, desde la primera vez que la Superintendencia de Sociedades intervino a las empresas relacionadas con el Fondo Premium en el mes de mayo, el interventor mostró la realidad del fondo y de las demás sociedades que están vinculadas a la captación ilegal de recursos del público, así como las acciones que pondrán en marcha para intentar recuperar la cartera ya que registra $179.900 millones.
Revollo, ya había aclarado que las personas que presentaron sus reclamaciones por el desfalco podrían conocer en este mes de octubre si fueron aceptadas o no.
Los hechos por los cuales se pretende realizar la acción penal tienen que ver con la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores, administración desleal, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, y concierto para delinquir.
De acuerdo con fuentes del ente investigador, estas personas serían llamadas por la manipulación del precio de la acción de Fabricato, que según las cuentas de la Fiscalía se incrementó en 2011 en un 214%.
Además por las conductas desplegadas al interior de la Sociedad Comisionista de Bolsa, por sus administradores y directivos, en este caso los miembros del Comité de Riesgo, quienes habrían otorgado cupos de endeudamiento exorbitantes.
Según la Fiscalía esto se había realizado para la constitución de operaciones repo, que le facilitaron la adquisición de acciones de Fabricato al grupo de personas relacionadas con el señor Alessandro Corridori y el denominado Grupo Corridori, así como los créditos que se otorgaron por parte de la matriz al mismo grupo con el mismo fin.
También figura la operación que se realizó con la Clínica La Candelaria, hechos que a la postre conllevaron la iliquidez de la compañía y su consecuente liquidación forzosa, debido a los malos manejos de la administración.
La audiencia está programada para el próximo 12 de noviembre de 2013, a las 8:00 de la mañana en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá.
Octubre, mes decisivo
Alejandro Revollo Rueda, interventor designado por la Supersociedades, había afirmado que octubre sería clave para las víctimas del Fondo Premium Capital, así lo dijo quien aseguró que se mostrarán las opciones sin garantías para recuperar el dinero de los 1.258 reclamantes de dicho fondo.
El interventor, explicó que la forma de llegar a la solución rápida del desmonte, sería mediante la creación de una nueva sociedad que permita manejar los activos que posee el Fondo Premium en el exterior. Además, aseguró que la “esta sociedad tiene como fin devolver los recursos que se puedan recuperar a largo del proceso de intervención”.
Según el experto, los activos que se tienen en Colombia y en exterior, alcanzan a llegar a los $27.000 millones los cuales serán utilizados para ir asumiendo la deuda que tienen con los inversionistas.
Debido a esto, desde la primera vez que la Superintendencia de Sociedades intervino a las empresas relacionadas con el Fondo Premium en el mes de mayo, el interventor mostró la realidad del fondo y de las demás sociedades que están vinculadas a la captación ilegal de recursos del público, así como las acciones que pondrán en marcha para intentar recuperar la cartera ya que registra $179.900 millones.
Revollo, ya había aclarado que las personas que presentaron sus reclamaciones por el desfalco podrían conocer en este mes de octubre si fueron aceptadas o no.
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