Se espera que Colombia tenga para 2017 un crecimiento cerca del 2,5%, según lo estima el Gobierno.
Por ahora, la tarea más compleja es tranquilizar la economía y recuperar la confianza en el mercado, en los consumidores e inversionistas y en la infraestructura: hoy todo está en juego.
El año empezó más caótico de lo previsto. La sacudida internacional ha corrido por cuenta de las decisiones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos que, además del muro con México, va a revisar los acuerdos comerciales –redefiniendo inversiones y ejes de crecimiento, con una clara política proteccionista– y las políticas migratorias, lo que lo ha enfrentado con la industria de la tecnología en su país. También la expectativa está en lo que pase en Europa con el brexit, y el papel, en todo este nuevo contexto, de China.
Pero si afuera hay tormenta, en Colombia pareciera que se está formando un huracán. Enero tuvo los peores resultados en el consumo de los hogares de los últimos años, explicado en parte por la entrada en vigencia de la reforma tributaria que empezó a operar en pleno durante febrero. Además, las tensiones de una campaña electoral en marcha, que será una de las más largas y desgastantes en la historia reciente del país, han venido atizando el ambiente, a lo que se suma la posibilidad de protestas y paros sociales que, tras la experiencia del año pasado con el paro camionero y su impacto en la economía han encendido las alarmas.
Sin embargo, no son los únicos factores que han puesto nubarrones en el futuro de la economía. El ingrediente principal ha sido la tormenta que ha provocado el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Los cierres financieros de 24 proyectos de cuarta generación e iniciativas privadas al parecer se van a demorar más de lo previsto, pues el sector financiero subirá los estándares en la estructuración para mitigar ya no solo los riesgos sociales o ambientales, sino también los reputacionales. Esto podría afectar el crecimiento de la economía, por una velocidad más lenta de la locomotora de la infraestructura.
Con la apertura de las investigaciones a las campañas electorales del hoy presidente Santos y de Óscar Iván Zuluaga y los resultados en la investigación sobre el destino de las coimas, el caso Odebrecht puede incrementar el riesgo político y también el soberano, y minar la confianza de inversionistas y consumidores.
Era claro que este podría ser un año un poco mejor que el anterior, gracias a distintos factores: el repunte en los precios internacionales de productos básicos –como el petróleo y el café–; la entrada en vigencia de la reforma tributaria que, si bien no es popular, era necesaria para ajustar las cifras del Gobierno y la sostenibilidad fiscal al menos en los próximos dos años; la implementación de los planes y proyectos en las regiones –alcaldías y gobernaciones–; la reducción del déficit de cuenta corriente –que aún sigue siendo amplio–; el desarrollo de obras de 4G y la tendencia a la baja que trae la inflación.
Los cálculos hacen prever que 2016 cerró con un crecimiento por debajo de 2%, y se espera que en 2017 esté cerca de 2,5%, según lo estima el Gobierno, o incluso un poco menos, como lo ven algunos analistas. Seguramente el crecimiento –como lo ha dicho Fedesarrollo– será mediocre, pero representa un punto de quiebre frente a la tendencia que traía el país.
Sin embargo, los nubarrones aumentan la incertidumbre. En la medida en que se consolida el clima electoral con un Gobierno cuya popularidad está en niveles bajos y el escándalo de corrupción en su mayor punto de efervescencia, la gobernabilidad del Ejecutivo se podría complicar y golpear la confianza.
Toda esta coyuntura puede explicar en parte la decisión del Gobierno de darle un impulso a la economía. “Colombia Repunta es una iniciativa para que el país tenga confianza, seguridad y optimismo. 2016 fue difícil y no lo podemos negar, se juntaron muchos problemas, pero las perspectivas para este año son mucho mejores. Las vamos a reforzar para darle a la economía un gran empujón”, dijo Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, al anunciar el programa que generará más de 750.000 empleos y aportará 1,3 puntos porcentuales al crecimiento de 2017. Con la reforma tributaria, el Gobierno adicionará este año $6,2 billones a la inversión social.
El programa contempla la eliminación permanente de 3.400 aranceles para materias primas y bienes de capital que se espera generen un ahorro de $1,2 billones. Este año el Gobierno destinará $12 billones en recursos de regalías y con los planes de vivienda se incrementará a más de 101.000 el número de casas entregadas.
También contempla nuevos focos de inversión en el desarrollo del posconflicto y se destinarán, este año, recursos por $4 billones para implementar los acuerdos de paz.
Sin duda el anuncio abrirá discusiones en torno a los instrumentos para la reactivación de la demanda a través de mayor gasto público. Pero esto, como advierte Bruce Mac Master, presidente de la Andi, tiene un signo de interrogación inmenso, porque el balance fiscal está declaradamente apretado.
Por ahora, la tarea más compleja es tranquilizar la economía y recuperar la confianza en el mercado, en los consumidores e inversionistas y en la infraestructura: hoy todo está en juego.
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