Un fallo concluyó que el Estado colombiano no deberá pagar los $20 billones por la demanda impuesta por un grupo de víctimas de las captadoras ilegales de dinero. La Superfinanciera reiteró el llamado a no caer en estos “negocios de dudosa credibilidad”.
Foto: Superintendente Financiero, Jorge castaño.
En el año 2009 un grupo de personas víctimas de captadoras ilegales de dinero, demandaron al Estado colombiano. Según los demandantes, hubo omisión por parte de las autoridades estatales porque, en su criterio, debieron evitar estas acciones.
Por estos hechos, los demandantes exigían alrededor de $20 billones, correspondientes a los recursos entregados a las captadoras y los intereses que les prometieron.
Este jueves, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y otras entidades demandadas, anunciaron que evitaron que el Estado pagara dichos $20 billones tras un proceso judicial.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán negó las pretensiones de la demanda y advirtió que no puede atribuirse la culpa al Estado "el cual en todo momento alertó a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad".
De las 564 demandas contra la Superfinanciera desde el año 2008 por temas relacionados con la captación ilegal de recursos del público, unas 270 han terminado con sentencia favorable al Estado colombiano.
El fallo del Juzgado Segundo concluyó que fueron los demandantes quienes, “atraídos por un negocio sin precedentes en el país y bajo la promesa de unos intereses altísimos, asumieron el riesgo y el daño que sufrieron”, sin que pueda atribuirse culpa alguna al Estado.
Tras este acontecimiento, las entidades demandadas aseguraron que el Estado colombiano “demostró que los organismos de inspección y vigilancia asumieron su labor, contrario a lo que sucedió con los ciudadanos que no tuvieron el debido cuidado con su patrimonio”.
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, resaltó en una rueda de prensa que todos los fenómenos de captación ilegal han afectado directamente al Estado, pero que los jueces han sido precisos en indicar que el principal responsable de la disposición de esos recursos, es el propietario de dichos recursos.
Además, hizo un llamado a los colombianos a tener responsabilidad a la hora de invertir los ahorros, “el dinero no crece en los árboles, de eso tan bueno no dan tanto; es lo que hemos venido diciendo de diferentes formas y estos fallos marcan un camino claro en la responsabilidad del Estado y en la responsabilidad de todos los individuos en la administración de sus dineros”.
Por su parte, el director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, aseguró que esta es una excelente noticia para el país, recordando que una demanda en contra de la nación “es una demanda que pagamos todos los colombianos y que cualquier peso que se utilice para pagar una decisión de estas, es un peso menos que se puede destinar a la inversión social, a los hospitales, carreteras, colegios o la salud”.
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