La entidad investigará presuntos acuerdos de precios y conductas de restricción a la competencia como repartición geográfica del mercado.
Entre los hechos que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a formular pliego de cargos contra las mayores empresas de la industria cementera nacional, hay correos electrónicos que sustentan los supuestos acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado.
La investigación podría llevar a sanciones hasta por 58.950 millones de pesos a las empresas Cementos Argos, Cémex Colombia, Holcim (Colombia), Cementos Tequendama y Cementos San Marcos.
En la indagación, que arrancó a partir de quejas recibidas desde septiembre del 2011, se encontraron correos electrónicos y otros documentos que evidencian intercambios de información sensible que permitirían a las cementeras coludir tácitamente en los precios del cemento; ventas recíprocas de cemento entre compañías, que no parecen tener una explicación de mercado; relaciones comerciales y contactos poco comunes entre las firmas que denotarían una estrategia de no competir.
Ayer, las empresas no habían sido notificadas, por lo que Cémex no se pronunció. De la misma manera, Holcim y Tequedama no habían hecho comentarios al respecto al cierre de esta edición. En cuanto a San Marcos, no fue posible comunicarse con la empresa.
Por su parte, Argos dijo que no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite.
“La compañía ha desarrollado e implementado una estrategia competitiva basada en una clara segmentación de sus clientes, asistencia técnica, acceso a programas de financiación, redes de distribución, calidad y diversidad de productos y amplia cobertura geográfica”, agregó Argos en un comunicado.
La SIC también abrió investigación y formuló cargos contra 14 directivos, entre ellos los presidentes y/o gerentes de las empresas.
Así mismo, recordó que vinculados que entreguen pruebas o estén dispuestos a “acogerse al programa de beneficios por colaboración (delación)” podrían estar a salvo de las multas.
Entre las personas investigadas están Jorge Mario Velásquez y José Alberto Vélez, presidente y expresidente de Argos; Carlos Jacks Chavarría y César Constaín van Reck, presidente y expresidente de Cémex Colombia; Miguel Ángel Ruvalcaba y Moisés Pérez Younes, presidente y expresidente de Holcim Colombia; Fidel Armando Cortés Benavides, presidente de Cementos Tequendama y Fernando de Francisco Reyes, gerente general de Cementos San Marcos.
¿COMPARACIÓN ODIOSA?
La investigación podría llevar a sanciones hasta por 58.950 millones de pesos a las empresas Cementos Argos, Cémex Colombia, Holcim (Colombia), Cementos Tequendama y Cementos San Marcos.
En la indagación, que arrancó a partir de quejas recibidas desde septiembre del 2011, se encontraron correos electrónicos y otros documentos que evidencian intercambios de información sensible que permitirían a las cementeras coludir tácitamente en los precios del cemento; ventas recíprocas de cemento entre compañías, que no parecen tener una explicación de mercado; relaciones comerciales y contactos poco comunes entre las firmas que denotarían una estrategia de no competir.
Ayer, las empresas no habían sido notificadas, por lo que Cémex no se pronunció. De la misma manera, Holcim y Tequedama no habían hecho comentarios al respecto al cierre de esta edición. En cuanto a San Marcos, no fue posible comunicarse con la empresa.
Por su parte, Argos dijo que no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite.
“La compañía ha desarrollado e implementado una estrategia competitiva basada en una clara segmentación de sus clientes, asistencia técnica, acceso a programas de financiación, redes de distribución, calidad y diversidad de productos y amplia cobertura geográfica”, agregó Argos en un comunicado.
La SIC también abrió investigación y formuló cargos contra 14 directivos, entre ellos los presidentes y/o gerentes de las empresas.
Así mismo, recordó que vinculados que entreguen pruebas o estén dispuestos a “acogerse al programa de beneficios por colaboración (delación)” podrían estar a salvo de las multas.
Entre las personas investigadas están Jorge Mario Velásquez y José Alberto Vélez, presidente y expresidente de Argos; Carlos Jacks Chavarría y César Constaín van Reck, presidente y expresidente de Cémex Colombia; Miguel Ángel Ruvalcaba y Moisés Pérez Younes, presidente y expresidente de Holcim Colombia; Fidel Armando Cortés Benavides, presidente de Cementos Tequendama y Fernando de Francisco Reyes, gerente general de Cementos San Marcos.
¿COMPARACIÓN ODIOSA?
¿Pero en Colombia son altos los precios de cemento frente a otros países? Cifras calculadas con base en las ventas por punto en una ferretería indica que en Perú ese precio es cerca de 158 dólares la tonelada, mientras que en Panamá es de 227 dólares, en Costa Rica 240 y en Nicaragua 253 dólares. En Argentina, la tonelada está en 200 dólares, en Estados Unidos en 211 y en Colombia puede subir a 250 dólares en un municipio alejado de las plantas de producción por cuentas de costos adicionales del transporte, entre otros.
Sin embargo, el precio preferencial para un constructor de vivienda de interés social (VIS) es de 182 dólares la tonelada.
Los cementeros tampoco consideran válido hacer la comparación en dólares porque introduce un elemento de distorsión que tiene que ver con la revaluación relativa de las monedas. “Cuando se mira en pesos, en Colombia hoy se compran 24 sacos de cemento con un salario mínimo, cuando 10 años atrás se adquirían 17. Y el salario mínimo se ha incrementado 38 por ciento más que el precio del cemento en ese lapso”, aseguran.
El debate del cemento también es sobre el peso de ese material en el costo total de una obra, pues mientras los fabricantes lo calculan entre el 4 y el 6 por ciento, dependiendo de si es VIS o vivienda de estrato alto, otros le dan una participación mucho más alta.
Paralelamente, en Colombia existe libertad de importación de cemento con cero arancel y en los cuatro primeros meses del año llegaron a 1,5 millones de sacos de diferentes marcas. La demanda anual es cercana a 11 millones de toneladas.
Por su poca duración, el material es generalmente de producción local, y esta condición determina el precio en el mercado. Camacol -gremio de los constructores- considera que la comparación de precios con otros países tampoco es pertinente y que se aceptan los que fija el mercado interno. Además, considera que hay competencia y presencia nacional de las tres principales cementeras.
AGOTARON INSTANCIAS
Frente al debate de la fijación de precios, el sector cementero ganó una round este año con un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tumbó las sanciones impuestas en el 2005 por la SIC, por un presunto acuerdo de precios entre las tres principales productoras y cuyas multas ascendieron a 3.183 millones de pesos.
El Tribunal basó la decisión en que la SIC no tenía competencia por haber operado la caducidad.
"Los datos que se han manejado son imprecisos. Cada país tiene una dinámica de precios distinta en función, entre muchas otras variables, de los costos de energéticos, transporte, capital, distribución, tipo de empaque, la tarifa de impuesto a las ventas aplicable, entre otras", dijo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).
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