Foto: Diana Sánchez
David Wigoda, presidente de Factor Group. Luego de 27 meses de intervención de Factor Group, creada por David Wigoda, no hay información confiable para responderles a los afectados.
La contabilidad de Factor Group estaba abandonada en dos casas del barrio Manrique de Medellín. Su estado conspira contra los reclamos de 1.550 clientes afectados por su desplome.
El panorama que encontraron ese 6 de mayo Luis Fernando Alvarado Ortiz, liquidador de Factor Group, y los agentes de la Superintendencia de Sociedades que lo acompañaban era desolador. La contabilidad de la que en sus tiempos de auge había sido la compañía de factoring más grande del país, estaba abandonada en cuartos y anaqueles sucios y herrumbrosos en dos casas del barrio Manrique en Medellín.
La diligencia de aprehensión de libros y documentos fue suspendida tan pronto como se encontró que la información, desorganizada cronológicamente, estaba incompleta y que difícilmente permitiría reconstruir una sola operación con la trazabilidad requerida.
Al regresar a su oficina, Alvarado escribió un oficio cargado de desazón con destino a Ángela María Echeverri Ramírez, superintendente delegada para procedimientos de insolvencia. Le hizo ver que estaba tratando de cumplir su tarea como auxiliar de la justicia en condiciones extremas y le pidió le entregara, para llenar los vacíos, una información que solo la Supersociedades podría tener.
“Es indispensable –le pidió– que ese despacho certifique qué bienes susceptibles de registro fueron objeto de medidas cautelares durante el trámite de reorganización que admitió esa Superintendencia, así como de aquellos activos no sujetos a registro que fueron de su conocimiento durante el proceso, de modo que se me facilite la estructuración del acuerdo de adjudicación que ese despacho me encomendó promover”.
Lo cierto es que 27 meses después de que el Estado suspendiera las operaciones de Factor Group por captación ilegal y a dos meses de ordenada su liquidación, no hay información confiable sobre asuntos básicos como los derechos fiduciarios de la firma y menos aún sobre la relación de ellos con los patrimonios autónomos, que son una de las fuentes principales de reclamos que hacen 1.550 clientes (ver recuadro).
Tampoco son conocidos los nombres de los titulares de derechos sobre los dineros consignados por concepto de descuentos de libranzas en cuentas de Bancolombia y Banco de Occidente que, además, están embargadas.
Mientras tanto, David Wigoda, dueño y presidente de la firma, sigue actuando con entera libertad, como lo comprobaron el último martes de mayo antiguos clientes suyos que se encontraron de manera fortuita con él en un exclusivo restaurante del Parque de la 93, en Bogotá.
Los clientes acababan de llegar ese día de la Fiscalía, donde habían rendido amplias declaraciones sobre las causas de su actual drama económico y, según dijeron, se resistían a creer que el causante de sus males anduviese campante y libre de apremios..
La cresta de los reclamos
- El dinero reclamado por clientes de Factor Group que se dicen defraudados suma $240.000 millones. De esa plata, $180.000 millones hacen parte del plan de desmonte.
- Según los mismos clientes, se han dejado de pagar intereses desde octubre de 2011.
- A la masa de acreedores aspiran a incorporarse actualmente 1.550 personas.
David Wigoda, presidente de Factor Group. Luego de 27 meses de intervención de Factor Group, creada por David Wigoda, no hay información confiable para responderles a los afectados.
La diligencia de aprehensión de libros y documentos fue suspendida tan pronto como se encontró que la información, desorganizada cronológicamente, estaba incompleta y que difícilmente permitiría reconstruir una sola operación con la trazabilidad requerida.
Al regresar a su oficina, Alvarado escribió un oficio cargado de desazón con destino a Ángela María Echeverri Ramírez, superintendente delegada para procedimientos de insolvencia. Le hizo ver que estaba tratando de cumplir su tarea como auxiliar de la justicia en condiciones extremas y le pidió le entregara, para llenar los vacíos, una información que solo la Supersociedades podría tener.
“Es indispensable –le pidió– que ese despacho certifique qué bienes susceptibles de registro fueron objeto de medidas cautelares durante el trámite de reorganización que admitió esa Superintendencia, así como de aquellos activos no sujetos a registro que fueron de su conocimiento durante el proceso, de modo que se me facilite la estructuración del acuerdo de adjudicación que ese despacho me encomendó promover”.
Lo cierto es que 27 meses después de que el Estado suspendiera las operaciones de Factor Group por captación ilegal y a dos meses de ordenada su liquidación, no hay información confiable sobre asuntos básicos como los derechos fiduciarios de la firma y menos aún sobre la relación de ellos con los patrimonios autónomos, que son una de las fuentes principales de reclamos que hacen 1.550 clientes (ver recuadro).
Tampoco son conocidos los nombres de los titulares de derechos sobre los dineros consignados por concepto de descuentos de libranzas en cuentas de Bancolombia y Banco de Occidente que, además, están embargadas.
Mientras tanto, David Wigoda, dueño y presidente de la firma, sigue actuando con entera libertad, como lo comprobaron el último martes de mayo antiguos clientes suyos que se encontraron de manera fortuita con él en un exclusivo restaurante del Parque de la 93, en Bogotá.
Los clientes acababan de llegar ese día de la Fiscalía, donde habían rendido amplias declaraciones sobre las causas de su actual drama económico y, según dijeron, se resistían a creer que el causante de sus males anduviese campante y libre de apremios..
La cresta de los reclamos
- El dinero reclamado por clientes de Factor Group que se dicen defraudados suma $240.000 millones. De esa plata, $180.000 millones hacen parte del plan de desmonte.
- Según los mismos clientes, se han dejado de pagar intereses desde octubre de 2011.
- A la masa de acreedores aspiran a incorporarse actualmente 1.550 personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario