Foto: Guillermo Torres
Gerardo Hernández, superintendente Financiero. La Superfinanciera aseguró que los documentos de InterBolsa que le fueron remitidos por el Autorregulador del Mercado no eran sólidos.
Dinero revela documentos que muestran que la Superintendencia Financiera fue advertida sobre los manejos de InterBolsa y sus clientes favoritos un año antes de que estallara la crisis.
El 7 de octubre de 2011, trece meses antes de que estallara la crisis que hundió a InterBolsa, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) previno a la Superintendencia Financiera sobre las maniobras bursátiles mediante las cuales ocho accionistas de Fabricato se estaban haciendo al control de 50% de las acciones de la textilera.
Felipe Gaviria Liévano, subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV, preparó un informe completo sobre lo que ocurría y se lo envió a Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente encargado para la supervisión de los riesgos del mercado y de la integridad de estos.
El dossier, producto de una indagación preliminar, no solo contenía los nombres de quienes ejecutaban las maniobras y mencionaba nombres y razones sociales que hoy son familiares para la opinión, como Alessandro Corridori y Valores Incorporados S.A., sino que recomponía la telaraña de sociedades que tenían un propósito en común: llevar al tope más alto el precio de la acción y atraer inversionistas con el rumor de que Fabricato sería muy vendida a la brasilera Vicunha.
Pero, aún más, ponía en evidencia los intereses que se jugaban allí de sociedades en cuyos directorios aparecían los nombres de familiares de Juan Carlos Ortiz, el controvertido socio de Proyectar Valores y de InterBolsa, que ha cobrado fama por su habilidad para no dejar rastro de su injerencia en millonarias y arriesgadas operaciones en el mercado de capitales.
El documento, al que solo se había aludido tangencialmente en debates parlamentarios, fue conocido íntegramente por Dinero y hace parte de las pruebas con las que la Procuraduría y la Contraloría sellarán muy pronto la suerte disciplinaria y fiscal de altos funcionarios de la Superintendencia Financiera. Estos funcionarios están respondiendo cargos por presunta negligencia y favorecimientos en el caso de InterBolsa.
Su contenido trasciende en momentos en que se conocen también fuertes evidencias de que la Superintendencia Financiera conoció por anticipado el famoso préstamo por $78.000 millones que la clínica de La Candelaria le hizo a la comisionista de InterBolsa, en un desesperado y fallido intento para que esta saldara obligaciones bancarias e impidiera su naufragio (ver recuadro).
Acuerdos sigilosos
En sus primeras indagaciones, el equipo de vigilancia y monitoreo del AMV pudo constatar en tiempo real la existencia de 22 operaciones en que, a juicio de Gaviria Liévano, jefe del equipo, se advertían acuerdos previos para elevar las negociaciones en bolsa de la especie Fabricato. Los repos manejados a través de InterBolsa ya empezaban a asomar cabeza.
El monitoreo se tradujo en un cuadro de unos pocos accionistas que se hacían al control de la empresa. Esa fue quizá la primera vez en que el nombre del italiano, Alessandro Corridori, aparecía reseñado por un órgano de vigilancia. El documento lo presentó así ante la Superfinanciera: “Persona natural de origen italiano con cédula de extranjería 320.480 que normalmente transa en el mercado de acciones en las siguientes especies: BMC, Coltejer, Fabricato, InterBolsa, Odinsa y Tablemac”.
En el primer trimestre de 2011 ya se advertía lo que estaba pasando. El 3 de enero de ese año la acción de Fabricato valía $26,90 y a 31 de marzo llegaba a $41,90; es decir, había crecido 55,76%. El contraste con el resto del mercado era notorio: durante ese mismo lapso el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) arrancaba con un valor de 15.368,27 puntos y cerraba el trimestre con un monto de 14.469,66, con una diferencia negativa equivalente a 5,84%.
Cuando la opinión pública no tenía la menor idea de lo que ocurría, el AMV –como lo prueban los documentos y anexos remitidos a la Super– logró armar la telaraña del grupo de inversionistas que escalaban el precio de la acción y consolidaban posiciones de dominio. El grupo principal lo integraban Corridori y su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios y como apéndices suyos estaban identificados Cromas S.A., Invertácticas, Manrique y Manrique Cía. S. en C. y P & P Investment S.A
En julio del mismo año los encargados del monitoreo ya habían formulado una hipótesis que la AMV le presentó así al Superintentente encargado de la supervisión de riesgos, Diego Herrera Falla: “Existe una cercanía entre el grupo encabezado por Alessandro Corridori y Juan Carlos Ortiz (…). Gracias a los negocios realizados con el primero y a la relación que existe entre InterBolsa y Odinsa con el segundo, desde hace varios años, se forjaron los vínculos entre los diferentes accionistas”.
La hipótesis era interesante en un momento en que todavía no se había producido la liquidación de Proyectar Valores ni se insinuaba procedimiento alguno contra la comisionista de InterBolsa. Días más tarde, los nexos entre Corridori y Ortiz ya eran para el AMV una verdad de a puño.
En la red de empresas que, aun desde la trastienda, le reportaban a Ortiz, el dossier incluyó a Valores Incorporados S.A., Giteco S.A.S., Grupo Industrial, Intendencia Empresarial S.A., Compañía de Capitales S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Valores y Derivados S.A.S. y P & P Investment.
El informe destacó la presencia de familiares de Ortiz en ese entramado. En el caso de Intendencia Empresarial S.A., cuyo objeto es la inversión de activos nacionales y extranjeros, incluidos bonos, divisas, facturas, pagarés, identificaba como únicas accionistas a Amanda Zárate (sic) de Ortiz y a Amanda Ortiz Zárate (Juan Carlos Ortiz escribe su segundo apellido como “Zárrate”), madre o hermana del llamado Zar de la bolsa.
En la junta directiva de la Compañía Colombiana de Capitales el AMV encontró el nombre de Carlos Ortiz Perdomo (q.e.p.d), padre de Juan Carlos Ortiz. También le encontró nexos familiares en Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.
Sobre P & P Investment destacó: “Al igual que el señor Alessandro Corridori, esta entidad es accionista principal de Fabricato S.A. y durante el segundo trimestre del año 2011 realizó compras en la acción de BMC con un patrón similar al utilizado por el señor Corridori”.
También, como Corridori, esta compañía operó sobre la acción de Fabricato a través de la plataforma de e-trading de InterBolsa y desde el mismo equipo utilizado por el italiano. “Adicionalmente –se lee en las conclusiones de la indagación– para la constitución de las garantías adicionales exigidas por la BVC sobre la acción de Fabricato S.A., recibió recursos de Rentafolio Bursátil y Financiero E.U. (sic) ($424 millones), que hacen parte del grupo de inversionistas relacionados con el señor Juan Carlos Ortiz, así como de la posición propia de InterBolsa S.A. ($10.388 millones)”.
Destinatario impedido
Unos meses antes de recibir los informes que le remitió el subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV Felipe Gaviria Liévano, el superintendente delegado Diego Herrera se había declarado impedido para conocer de asuntos relacionados con InterBolsa, ya que él había trabajado como ejecutivo de esa compañía.
Sin embargo, no está claro si Gaviria le entregó los informes a alguien más que sí estuviera habilitado éticamente para darles el trámite que ameritaban o si los guardó. El asunto no es de poca monta, ya que estos documentos tendrán un peso específico dentro de la decisión que próximamente deberá tomar la Procuraduría en la investigación disciplinaria que les sigue al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, y a otros siete directivos del organismo.
Si resulta que el dossier y todos los documentos que lo componen no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia Financiera, el costo de posible ocultamiento será pagado caro, según lo insinúa el Ministerio Público en su pliego de cargos. Por ahora hay dos nombres de directivos de la Super que tenían capacidad real para decidir sobre el asunto InterBolsa: Juan Pablo Arango, a quien muchos identifican como el poder detrás del trono en la entidad, y Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores.
¿Hubo un plan de ocultamiento para favorecer a InterBolsa? La respuesta se verá pronto en los fallos que se avecinan.
Gerardo Hernández, superintendente Financiero. La Superfinanciera aseguró que los documentos de InterBolsa que le fueron remitidos por el Autorregulador del Mercado no eran sólidos.
El 7 de octubre de 2011, trece meses antes de que estallara la crisis que hundió a InterBolsa, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) previno a la Superintendencia Financiera sobre las maniobras bursátiles mediante las cuales ocho accionistas de Fabricato se estaban haciendo al control de 50% de las acciones de la textilera.
Felipe Gaviria Liévano, subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV, preparó un informe completo sobre lo que ocurría y se lo envió a Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente encargado para la supervisión de los riesgos del mercado y de la integridad de estos.
El dossier, producto de una indagación preliminar, no solo contenía los nombres de quienes ejecutaban las maniobras y mencionaba nombres y razones sociales que hoy son familiares para la opinión, como Alessandro Corridori y Valores Incorporados S.A., sino que recomponía la telaraña de sociedades que tenían un propósito en común: llevar al tope más alto el precio de la acción y atraer inversionistas con el rumor de que Fabricato sería muy vendida a la brasilera Vicunha.
Pero, aún más, ponía en evidencia los intereses que se jugaban allí de sociedades en cuyos directorios aparecían los nombres de familiares de Juan Carlos Ortiz, el controvertido socio de Proyectar Valores y de InterBolsa, que ha cobrado fama por su habilidad para no dejar rastro de su injerencia en millonarias y arriesgadas operaciones en el mercado de capitales.
El documento, al que solo se había aludido tangencialmente en debates parlamentarios, fue conocido íntegramente por Dinero y hace parte de las pruebas con las que la Procuraduría y la Contraloría sellarán muy pronto la suerte disciplinaria y fiscal de altos funcionarios de la Superintendencia Financiera. Estos funcionarios están respondiendo cargos por presunta negligencia y favorecimientos en el caso de InterBolsa.
Su contenido trasciende en momentos en que se conocen también fuertes evidencias de que la Superintendencia Financiera conoció por anticipado el famoso préstamo por $78.000 millones que la clínica de La Candelaria le hizo a la comisionista de InterBolsa, en un desesperado y fallido intento para que esta saldara obligaciones bancarias e impidiera su naufragio (ver recuadro).
Acuerdos sigilosos
En sus primeras indagaciones, el equipo de vigilancia y monitoreo del AMV pudo constatar en tiempo real la existencia de 22 operaciones en que, a juicio de Gaviria Liévano, jefe del equipo, se advertían acuerdos previos para elevar las negociaciones en bolsa de la especie Fabricato. Los repos manejados a través de InterBolsa ya empezaban a asomar cabeza.
El monitoreo se tradujo en un cuadro de unos pocos accionistas que se hacían al control de la empresa. Esa fue quizá la primera vez en que el nombre del italiano, Alessandro Corridori, aparecía reseñado por un órgano de vigilancia. El documento lo presentó así ante la Superfinanciera: “Persona natural de origen italiano con cédula de extranjería 320.480 que normalmente transa en el mercado de acciones en las siguientes especies: BMC, Coltejer, Fabricato, InterBolsa, Odinsa y Tablemac”.
En el primer trimestre de 2011 ya se advertía lo que estaba pasando. El 3 de enero de ese año la acción de Fabricato valía $26,90 y a 31 de marzo llegaba a $41,90; es decir, había crecido 55,76%. El contraste con el resto del mercado era notorio: durante ese mismo lapso el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) arrancaba con un valor de 15.368,27 puntos y cerraba el trimestre con un monto de 14.469,66, con una diferencia negativa equivalente a 5,84%.
Cuando la opinión pública no tenía la menor idea de lo que ocurría, el AMV –como lo prueban los documentos y anexos remitidos a la Super– logró armar la telaraña del grupo de inversionistas que escalaban el precio de la acción y consolidaban posiciones de dominio. El grupo principal lo integraban Corridori y su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios y como apéndices suyos estaban identificados Cromas S.A., Invertácticas, Manrique y Manrique Cía. S. en C. y P & P Investment S.A
En julio del mismo año los encargados del monitoreo ya habían formulado una hipótesis que la AMV le presentó así al Superintentente encargado de la supervisión de riesgos, Diego Herrera Falla: “Existe una cercanía entre el grupo encabezado por Alessandro Corridori y Juan Carlos Ortiz (…). Gracias a los negocios realizados con el primero y a la relación que existe entre InterBolsa y Odinsa con el segundo, desde hace varios años, se forjaron los vínculos entre los diferentes accionistas”.
La hipótesis era interesante en un momento en que todavía no se había producido la liquidación de Proyectar Valores ni se insinuaba procedimiento alguno contra la comisionista de InterBolsa. Días más tarde, los nexos entre Corridori y Ortiz ya eran para el AMV una verdad de a puño.
En la red de empresas que, aun desde la trastienda, le reportaban a Ortiz, el dossier incluyó a Valores Incorporados S.A., Giteco S.A.S., Grupo Industrial, Intendencia Empresarial S.A., Compañía de Capitales S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Valores y Derivados S.A.S. y P & P Investment.
El informe destacó la presencia de familiares de Ortiz en ese entramado. En el caso de Intendencia Empresarial S.A., cuyo objeto es la inversión de activos nacionales y extranjeros, incluidos bonos, divisas, facturas, pagarés, identificaba como únicas accionistas a Amanda Zárate (sic) de Ortiz y a Amanda Ortiz Zárate (Juan Carlos Ortiz escribe su segundo apellido como “Zárrate”), madre o hermana del llamado Zar de la bolsa.
En la junta directiva de la Compañía Colombiana de Capitales el AMV encontró el nombre de Carlos Ortiz Perdomo (q.e.p.d), padre de Juan Carlos Ortiz. También le encontró nexos familiares en Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.
Sobre P & P Investment destacó: “Al igual que el señor Alessandro Corridori, esta entidad es accionista principal de Fabricato S.A. y durante el segundo trimestre del año 2011 realizó compras en la acción de BMC con un patrón similar al utilizado por el señor Corridori”.
También, como Corridori, esta compañía operó sobre la acción de Fabricato a través de la plataforma de e-trading de InterBolsa y desde el mismo equipo utilizado por el italiano. “Adicionalmente –se lee en las conclusiones de la indagación– para la constitución de las garantías adicionales exigidas por la BVC sobre la acción de Fabricato S.A., recibió recursos de Rentafolio Bursátil y Financiero E.U. (sic) ($424 millones), que hacen parte del grupo de inversionistas relacionados con el señor Juan Carlos Ortiz, así como de la posición propia de InterBolsa S.A. ($10.388 millones)”.
Destinatario impedido
Unos meses antes de recibir los informes que le remitió el subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV Felipe Gaviria Liévano, el superintendente delegado Diego Herrera se había declarado impedido para conocer de asuntos relacionados con InterBolsa, ya que él había trabajado como ejecutivo de esa compañía.
Sin embargo, no está claro si Gaviria le entregó los informes a alguien más que sí estuviera habilitado éticamente para darles el trámite que ameritaban o si los guardó. El asunto no es de poca monta, ya que estos documentos tendrán un peso específico dentro de la decisión que próximamente deberá tomar la Procuraduría en la investigación disciplinaria que les sigue al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, y a otros siete directivos del organismo.
Si resulta que el dossier y todos los documentos que lo componen no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia Financiera, el costo de posible ocultamiento será pagado caro, según lo insinúa el Ministerio Público en su pliego de cargos. Por ahora hay dos nombres de directivos de la Super que tenían capacidad real para decidir sobre el asunto InterBolsa: Juan Pablo Arango, a quien muchos identifican como el poder detrás del trono en la entidad, y Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores.
¿Hubo un plan de ocultamiento para favorecer a InterBolsa? La respuesta se verá pronto en los fallos que se avecinan.
Felipe Gaviria Liévano, subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV, preparó un informe completo sobre lo que ocurría y se lo envió a Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente encargado para la supervisión de los riesgos del mercado y de la integridad de estos.
El dossier, producto de una indagación preliminar, no solo contenía los nombres de quienes ejecutaban las maniobras y mencionaba nombres y razones sociales que hoy son familiares para la opinión, como Alessandro Corridori y Valores Incorporados S.A., sino que recomponía la telaraña de sociedades que tenían un propósito en común: llevar al tope más alto el precio de la acción y atraer inversionistas con el rumor de que Fabricato sería muy vendida a la brasilera Vicunha.
Pero, aún más, ponía en evidencia los intereses que se jugaban allí de sociedades en cuyos directorios aparecían los nombres de familiares de Juan Carlos Ortiz, el controvertido socio de Proyectar Valores y de InterBolsa, que ha cobrado fama por su habilidad para no dejar rastro de su injerencia en millonarias y arriesgadas operaciones en el mercado de capitales.
El documento, al que solo se había aludido tangencialmente en debates parlamentarios, fue conocido íntegramente por Dinero y hace parte de las pruebas con las que la Procuraduría y la Contraloría sellarán muy pronto la suerte disciplinaria y fiscal de altos funcionarios de la Superintendencia Financiera. Estos funcionarios están respondiendo cargos por presunta negligencia y favorecimientos en el caso de InterBolsa.
Su contenido trasciende en momentos en que se conocen también fuertes evidencias de que la Superintendencia Financiera conoció por anticipado el famoso préstamo por $78.000 millones que la clínica de La Candelaria le hizo a la comisionista de InterBolsa, en un desesperado y fallido intento para que esta saldara obligaciones bancarias e impidiera su naufragio (ver recuadro).
Acuerdos sigilosos
En sus primeras indagaciones, el equipo de vigilancia y monitoreo del AMV pudo constatar en tiempo real la existencia de 22 operaciones en que, a juicio de Gaviria Liévano, jefe del equipo, se advertían acuerdos previos para elevar las negociaciones en bolsa de la especie Fabricato. Los repos manejados a través de InterBolsa ya empezaban a asomar cabeza.
El monitoreo se tradujo en un cuadro de unos pocos accionistas que se hacían al control de la empresa. Esa fue quizá la primera vez en que el nombre del italiano, Alessandro Corridori, aparecía reseñado por un órgano de vigilancia. El documento lo presentó así ante la Superfinanciera: “Persona natural de origen italiano con cédula de extranjería 320.480 que normalmente transa en el mercado de acciones en las siguientes especies: BMC, Coltejer, Fabricato, InterBolsa, Odinsa y Tablemac”.
En el primer trimestre de 2011 ya se advertía lo que estaba pasando. El 3 de enero de ese año la acción de Fabricato valía $26,90 y a 31 de marzo llegaba a $41,90; es decir, había crecido 55,76%. El contraste con el resto del mercado era notorio: durante ese mismo lapso el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) arrancaba con un valor de 15.368,27 puntos y cerraba el trimestre con un monto de 14.469,66, con una diferencia negativa equivalente a 5,84%.
Cuando la opinión pública no tenía la menor idea de lo que ocurría, el AMV –como lo prueban los documentos y anexos remitidos a la Super– logró armar la telaraña del grupo de inversionistas que escalaban el precio de la acción y consolidaban posiciones de dominio. El grupo principal lo integraban Corridori y su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios y como apéndices suyos estaban identificados Cromas S.A., Invertácticas, Manrique y Manrique Cía. S. en C. y P & P Investment S.A
En julio del mismo año los encargados del monitoreo ya habían formulado una hipótesis que la AMV le presentó así al Superintentente encargado de la supervisión de riesgos, Diego Herrera Falla: “Existe una cercanía entre el grupo encabezado por Alessandro Corridori y Juan Carlos Ortiz (…). Gracias a los negocios realizados con el primero y a la relación que existe entre InterBolsa y Odinsa con el segundo, desde hace varios años, se forjaron los vínculos entre los diferentes accionistas”.
La hipótesis era interesante en un momento en que todavía no se había producido la liquidación de Proyectar Valores ni se insinuaba procedimiento alguno contra la comisionista de InterBolsa. Días más tarde, los nexos entre Corridori y Ortiz ya eran para el AMV una verdad de a puño.
En la red de empresas que, aun desde la trastienda, le reportaban a Ortiz, el dossier incluyó a Valores Incorporados S.A., Giteco S.A.S., Grupo Industrial, Intendencia Empresarial S.A., Compañía de Capitales S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Valores y Derivados S.A.S. y P & P Investment.
El informe destacó la presencia de familiares de Ortiz en ese entramado. En el caso de Intendencia Empresarial S.A., cuyo objeto es la inversión de activos nacionales y extranjeros, incluidos bonos, divisas, facturas, pagarés, identificaba como únicas accionistas a Amanda Zárate (sic) de Ortiz y a Amanda Ortiz Zárate (Juan Carlos Ortiz escribe su segundo apellido como “Zárrate”), madre o hermana del llamado Zar de la bolsa.
En la junta directiva de la Compañía Colombiana de Capitales el AMV encontró el nombre de Carlos Ortiz Perdomo (q.e.p.d), padre de Juan Carlos Ortiz. También le encontró nexos familiares en Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.
Sobre P & P Investment destacó: “Al igual que el señor Alessandro Corridori, esta entidad es accionista principal de Fabricato S.A. y durante el segundo trimestre del año 2011 realizó compras en la acción de BMC con un patrón similar al utilizado por el señor Corridori”.
También, como Corridori, esta compañía operó sobre la acción de Fabricato a través de la plataforma de e-trading de InterBolsa y desde el mismo equipo utilizado por el italiano. “Adicionalmente –se lee en las conclusiones de la indagación– para la constitución de las garantías adicionales exigidas por la BVC sobre la acción de Fabricato S.A., recibió recursos de Rentafolio Bursátil y Financiero E.U. (sic) ($424 millones), que hacen parte del grupo de inversionistas relacionados con el señor Juan Carlos Ortiz, así como de la posición propia de InterBolsa S.A. ($10.388 millones)”.
Destinatario impedido
Unos meses antes de recibir los informes que le remitió el subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV Felipe Gaviria Liévano, el superintendente delegado Diego Herrera se había declarado impedido para conocer de asuntos relacionados con InterBolsa, ya que él había trabajado como ejecutivo de esa compañía.
Sin embargo, no está claro si Gaviria le entregó los informes a alguien más que sí estuviera habilitado éticamente para darles el trámite que ameritaban o si los guardó. El asunto no es de poca monta, ya que estos documentos tendrán un peso específico dentro de la decisión que próximamente deberá tomar la Procuraduría en la investigación disciplinaria que les sigue al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, y a otros siete directivos del organismo.
Si resulta que el dossier y todos los documentos que lo componen no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia Financiera, el costo de posible ocultamiento será pagado caro, según lo insinúa el Ministerio Público en su pliego de cargos. Por ahora hay dos nombres de directivos de la Super que tenían capacidad real para decidir sobre el asunto InterBolsa: Juan Pablo Arango, a quien muchos identifican como el poder detrás del trono en la entidad, y Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores.
¿Hubo un plan de ocultamiento para favorecer a InterBolsa? La respuesta se verá pronto en los fallos que se avecinan.
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