Alessandro Corridori.
El liquidador de InterBolsa inició procesos ejecutivos contra personas que se han declarado víctimas de Alessandro Corridori en el caso de los repos de Fabricato. Mientras tanto, las cabezas de la operación siguen libres.
Las víctimas de falsificaciones aceptadas por el empresario italiano Alessandro Corridori podrían terminar pagando gran parte de los platos rotos por la comisionista de InterBolsa, cuya intervención sacó del escenario bursátil al más grande operador del mercado de valores en Colombia.
Pablo Muñoz, agente liquidador de InterBolsa, acudió ya ante la justicia civil con el propósito de exigir el cumplimiento de millonarios pagarés que en su momento respaldaron préstamos para la compra de repos a través de los cuales un reducido número de inversionistas se hizo al control del mayor paquete accionario de Fabricato.
Una de las demandas está radicada en el Juzgado Noveno Civil del Circuito, según lo comprobaron reporteros de Dinero al revisar el número de radicación 11001-31034-009-2013-00188-07. En este caso, el liquidador de InterBolsa le dio poder a la prestigiosa firma de abogados De la Calle, López & Posada, de la cual hace parte el exministro jefe de la negociaciones de paz con la guerrilla en La Habana.
En este proceso está en juego la exigencia de un pagaré por $14.000 millones. Se trata de una obligación que compromete a Corridori y a algunos de sus clientes de la firma Invertácticas, intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Entre los clientes afectados se encuentran Lina Barguil, representante legal de la firma de ingeniería Cromas S.A.
La señora Barguil y su abogado le entregaron hace más de tres meses a la Fiscalía grabaciones en las que, de viva voz, el italiano Corridori acepta que usó indebidamente la firma de ella y el logo de la empresa para conseguir préstamos para la compra de acciones de Fabricato. Una prueba grafológica ordenada en este caso confirmó la versión.
Sin embargo, los dos procesos son independientes y podría darse el contrasentido de que, mientras un juez penal considera probada la falsificación, un juez civil obligue a los afectados por esta conducta a pagar una obligación que no fue contraída con su consentimiento. Son contados con los dedos de las manos los casos en que dos jurisdicciones distintas hacen valer el principio de colaboración armónica entre autoridades del Estado y produzcan un intercambio de pruebas.
El caso del proceso ejecutivo por el pagaré de los $14.000 millones no es el único. El liquidador ha ordenado otras acciones similares que incluyen una operación similar por $80.000 millones referida al cierre de la legislatura pasada por el representante Simón Gaviria, autor del único debate de control político sobre el caso de InterBolsa. Estas operaciones cuestionadas coincidieron en el tiempo con el crédito que la clínica La Candelaria le hizo a la comisionista de bolsa poco antes de su intervención.
La agilidad con la que se mueven estos procesos contrasta con los seguidos contra Rodrigo y Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y otros actores de primer orden de la crisis. Si se mantiene esta perspectiva, podrían terminar pagando justos por pecadores.
Pablo Muñoz, agente liquidador de InterBolsa, acudió ya ante la justicia civil con el propósito de exigir el cumplimiento de millonarios pagarés que en su momento respaldaron préstamos para la compra de repos a través de los cuales un reducido número de inversionistas se hizo al control del mayor paquete accionario de Fabricato.
Una de las demandas está radicada en el Juzgado Noveno Civil del Circuito, según lo comprobaron reporteros de Dinero al revisar el número de radicación 11001-31034-009-2013-00188-07. En este caso, el liquidador de InterBolsa le dio poder a la prestigiosa firma de abogados De la Calle, López & Posada, de la cual hace parte el exministro jefe de la negociaciones de paz con la guerrilla en La Habana.
En este proceso está en juego la exigencia de un pagaré por $14.000 millones. Se trata de una obligación que compromete a Corridori y a algunos de sus clientes de la firma Invertácticas, intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Entre los clientes afectados se encuentran Lina Barguil, representante legal de la firma de ingeniería Cromas S.A.
La señora Barguil y su abogado le entregaron hace más de tres meses a la Fiscalía grabaciones en las que, de viva voz, el italiano Corridori acepta que usó indebidamente la firma de ella y el logo de la empresa para conseguir préstamos para la compra de acciones de Fabricato. Una prueba grafológica ordenada en este caso confirmó la versión.
Sin embargo, los dos procesos son independientes y podría darse el contrasentido de que, mientras un juez penal considera probada la falsificación, un juez civil obligue a los afectados por esta conducta a pagar una obligación que no fue contraída con su consentimiento. Son contados con los dedos de las manos los casos en que dos jurisdicciones distintas hacen valer el principio de colaboración armónica entre autoridades del Estado y produzcan un intercambio de pruebas.
El caso del proceso ejecutivo por el pagaré de los $14.000 millones no es el único. El liquidador ha ordenado otras acciones similares que incluyen una operación similar por $80.000 millones referida al cierre de la legislatura pasada por el representante Simón Gaviria, autor del único debate de control político sobre el caso de InterBolsa. Estas operaciones cuestionadas coincidieron en el tiempo con el crédito que la clínica La Candelaria le hizo a la comisionista de bolsa poco antes de su intervención.
La agilidad con la que se mueven estos procesos contrasta con los seguidos contra Rodrigo y Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y otros actores de primer orden de la crisis. Si se mantiene esta perspectiva, podrían terminar pagando justos por pecadores.
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