Foto: Alejandro Acosta
Iván Darío Arroyave, presidente Bolsa Mercantil. El presidente de la Bolsa Mercantil asegura que la entidad cuenta con fuertes controles a las operaciones.
La Bolsa Mercantil y la Uiaf ajustan controles a las operaciones de facturas. El motivo: evitar que se conviertan en fuente de lavado.
El monitoreo ejercido por la Bolsa Mercantil de Colombia sobre el lavado de activos tiene por estos días impacto en el proceso penal al que está sometido el dirigente político Carlos Albornoz Guerrero, exdirector Nacional de Estupefacientes, y uno de los principales sindicados de haber convertido la administración de bienes decomisados a las mafias en una fuente de lucro personal.
El 27 de abril de 2011, mientras la Fiscalía rastreaba los bienes e inversiones de Albornoz para medir el incremento de su patrimonio personal, la Bolsa produjo una señal de alerta sobre operaciones posiblemente inusuales del funcionario que se habían hecho extensivas hacia el mercado de commodities.
Ese caso fue uno de los primeros en que se llevó a cabo la aplicación del exitoso monitoreo que consiste en cruzar 100% de los movimientos de accionistas de la Bolsa que le reportan al Deceval, contra ‘listas negras’ producidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y una base de datos denominada (PEP), donde reposan datos de seguimientos a los boletines de responsables de la Contraloría y reportes hechos por la Procuraduría y la Fiscalía.
Sin embargo, nuevos riesgos podrían cernirse ahora sobre la Bolsa, motivados por hechos coyunturales. El primero es el reciente intento de los mismos operadores del mercado de valores que llevaron al precipicio a Proyectar Valores y a InterBolsa. Ya en el recinto de la Cámara, el representante Simón Gaviria advirtió que algunos de los comisionistas y brokers vinculados a esas firmas no tuvieron empacho en facilitar el blanqueo de dineros provenientes no solo del narcotráfico sino también de la corrupción en manejo de contratos públicos.
El segundo riesgo fue advertido por varios de los clientes defraudados por la intervención de la firma comisionista Torres Cortés S.A., la más grande y tradicional y considerada como la “InterBolsa” de la Bolsa Mercantil. Ellos anunciaron que le pedirán a la propia Bolsa, a la superintendencia Financiera y a las agencias de inteligencia –como la Uiaf del Ministerio de Hacienda– revisar una concentración en cabeza de Torres Cortés y de un reducido número de firmas de operaciones de facturación a terceros, amparadas en un régimen legal que incluye exenciones tributarias y amplio margen de negocios sin mayor control.
Impuestos y más…
La norma que genera inquietud es el decreto 574 de 2002, que consiste básicamente en que los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las ruedas de negocios de las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su cuantía.
“Entre quienes operan allí –asegura a Dinero uno de los denunciantes– hay personas sin escrúpulos que no solo pelechan del no pago de impuestos sino que facturan operaciones simuladas o inexistentes, por ejemplo, de compras de arroz. Para probarlo bastaría con comparar las operaciones registradas con las cifras de producción y quizá nos llevemos sorpresas mayores relacionadas con un blanqueo importante”.
Según un economista que tuvo relación de más de diez años con Torres Cortés, algunos comisionistas se aprovechan de que los controles establecidos por la Bolsa se concentran, por ahora, solo en empresas o personas relacionados expresamente en la Ofac y otras bases de datos de las denominadas listas de referencia, pero no pueden ir más allá porque las firmas gozan de amplio marco de reserva en cuanto a la identidad de sus clientes y las características de las operaciones.
Dinero revisó los registros de facturaciones a terceros y movimientos a los que alude el decreto 574 y encontró que durante 2011 y 2012 más de 80% de las operaciones de facturación se concentraron en Torres Cortés con empresas productoras de aceros, mallas y metales y una firma de los Llanos que, en promedio diario, conseguían la aprobación de entre cinco y quince facturas de compras de arroz que llegaban a superar anualmente las tres millones de toneladas.
La cifra es representativa si se tiene en cuenta que, según Fedearroz, en 2012 el país produjo dos millones y media toneladas de arroz verde, 2,1 millones de toneladas de arroz paddy seco y 1,3 millones de toneladas de arroz blanco. Esto significa que algo más de 50% de la producción habría sido negociada a través de la Bolsa y a cargo de una sola firma.
Por solicitud de la revista, la Bolsa preparó un informe de acuerdo con el cual al cierre de 2012 se registraron facturas por un valor de $15,3 billones. El arroz cáscara y blanco ocupó el primer puesto con una participación de 15,72%, seguida de cerca por el ganado vacuno y de lejos por la carne, el café, los aceites y grasas, la leche, el maíz y las flores de exportación.
Iván Darío Arroyave, presidente de la Bolsa, asegura que no va a mirar de soslayo las denuncias, está convencido de que la entidad cuenta con un sólido dispositivo de controles, especialmente después de firmar un convenio de cooperación con la Uiaf que le permite a este organismo hacer un seguimiento en tiempo real a todas y cada una de las operaciones. El ejecutivo tomó nota de cinco comisionistas, entre ellas algunas que trabajan con mercados de Cali y Medellín para las que habrá un seguimiento especial. Sus nombres se mantienen por ahora en reserva mientras se surten los controles (ver recuadro).
Destaca, sin embargo, que las sociedades comisionistas de valores tienen el deber de aplicar y analizar el Sarlaf (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo), de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia financiera.
Iván Darío Arroyave, presidente Bolsa Mercantil. El presidente de la Bolsa Mercantil asegura que la entidad cuenta con fuertes controles a las operaciones.
El monitoreo ejercido por la Bolsa Mercantil de Colombia sobre el lavado de activos tiene por estos días impacto en el proceso penal al que está sometido el dirigente político Carlos Albornoz Guerrero, exdirector Nacional de Estupefacientes, y uno de los principales sindicados de haber convertido la administración de bienes decomisados a las mafias en una fuente de lucro personal.
El 27 de abril de 2011, mientras la Fiscalía rastreaba los bienes e inversiones de Albornoz para medir el incremento de su patrimonio personal, la Bolsa produjo una señal de alerta sobre operaciones posiblemente inusuales del funcionario que se habían hecho extensivas hacia el mercado de commodities.
Ese caso fue uno de los primeros en que se llevó a cabo la aplicación del exitoso monitoreo que consiste en cruzar 100% de los movimientos de accionistas de la Bolsa que le reportan al Deceval, contra ‘listas negras’ producidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y una base de datos denominada (PEP), donde reposan datos de seguimientos a los boletines de responsables de la Contraloría y reportes hechos por la Procuraduría y la Fiscalía.
Sin embargo, nuevos riesgos podrían cernirse ahora sobre la Bolsa, motivados por hechos coyunturales. El primero es el reciente intento de los mismos operadores del mercado de valores que llevaron al precipicio a Proyectar Valores y a InterBolsa. Ya en el recinto de la Cámara, el representante Simón Gaviria advirtió que algunos de los comisionistas y brokers vinculados a esas firmas no tuvieron empacho en facilitar el blanqueo de dineros provenientes no solo del narcotráfico sino también de la corrupción en manejo de contratos públicos.
El segundo riesgo fue advertido por varios de los clientes defraudados por la intervención de la firma comisionista Torres Cortés S.A., la más grande y tradicional y considerada como la “InterBolsa” de la Bolsa Mercantil. Ellos anunciaron que le pedirán a la propia Bolsa, a la superintendencia Financiera y a las agencias de inteligencia –como la Uiaf del Ministerio de Hacienda– revisar una concentración en cabeza de Torres Cortés y de un reducido número de firmas de operaciones de facturación a terceros, amparadas en un régimen legal que incluye exenciones tributarias y amplio margen de negocios sin mayor control.
Impuestos y más…
La norma que genera inquietud es el decreto 574 de 2002, que consiste básicamente en que los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las ruedas de negocios de las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su cuantía.
“Entre quienes operan allí –asegura a Dinero uno de los denunciantes– hay personas sin escrúpulos que no solo pelechan del no pago de impuestos sino que facturan operaciones simuladas o inexistentes, por ejemplo, de compras de arroz. Para probarlo bastaría con comparar las operaciones registradas con las cifras de producción y quizá nos llevemos sorpresas mayores relacionadas con un blanqueo importante”.
Según un economista que tuvo relación de más de diez años con Torres Cortés, algunos comisionistas se aprovechan de que los controles establecidos por la Bolsa se concentran, por ahora, solo en empresas o personas relacionados expresamente en la Ofac y otras bases de datos de las denominadas listas de referencia, pero no pueden ir más allá porque las firmas gozan de amplio marco de reserva en cuanto a la identidad de sus clientes y las características de las operaciones.
Dinero revisó los registros de facturaciones a terceros y movimientos a los que alude el decreto 574 y encontró que durante 2011 y 2012 más de 80% de las operaciones de facturación se concentraron en Torres Cortés con empresas productoras de aceros, mallas y metales y una firma de los Llanos que, en promedio diario, conseguían la aprobación de entre cinco y quince facturas de compras de arroz que llegaban a superar anualmente las tres millones de toneladas.
La cifra es representativa si se tiene en cuenta que, según Fedearroz, en 2012 el país produjo dos millones y media toneladas de arroz verde, 2,1 millones de toneladas de arroz paddy seco y 1,3 millones de toneladas de arroz blanco. Esto significa que algo más de 50% de la producción habría sido negociada a través de la Bolsa y a cargo de una sola firma.
Por solicitud de la revista, la Bolsa preparó un informe de acuerdo con el cual al cierre de 2012 se registraron facturas por un valor de $15,3 billones. El arroz cáscara y blanco ocupó el primer puesto con una participación de 15,72%, seguida de cerca por el ganado vacuno y de lejos por la carne, el café, los aceites y grasas, la leche, el maíz y las flores de exportación.
Iván Darío Arroyave, presidente de la Bolsa, asegura que no va a mirar de soslayo las denuncias, está convencido de que la entidad cuenta con un sólido dispositivo de controles, especialmente después de firmar un convenio de cooperación con la Uiaf que le permite a este organismo hacer un seguimiento en tiempo real a todas y cada una de las operaciones. El ejecutivo tomó nota de cinco comisionistas, entre ellas algunas que trabajan con mercados de Cali y Medellín para las que habrá un seguimiento especial. Sus nombres se mantienen por ahora en reserva mientras se surten los controles (ver recuadro).
Destaca, sin embargo, que las sociedades comisionistas de valores tienen el deber de aplicar y analizar el Sarlaf (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo), de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia financiera.
El 27 de abril de 2011, mientras la Fiscalía rastreaba los bienes e inversiones de Albornoz para medir el incremento de su patrimonio personal, la Bolsa produjo una señal de alerta sobre operaciones posiblemente inusuales del funcionario que se habían hecho extensivas hacia el mercado de commodities.
Ese caso fue uno de los primeros en que se llevó a cabo la aplicación del exitoso monitoreo que consiste en cruzar 100% de los movimientos de accionistas de la Bolsa que le reportan al Deceval, contra ‘listas negras’ producidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y una base de datos denominada (PEP), donde reposan datos de seguimientos a los boletines de responsables de la Contraloría y reportes hechos por la Procuraduría y la Fiscalía.
Sin embargo, nuevos riesgos podrían cernirse ahora sobre la Bolsa, motivados por hechos coyunturales. El primero es el reciente intento de los mismos operadores del mercado de valores que llevaron al precipicio a Proyectar Valores y a InterBolsa. Ya en el recinto de la Cámara, el representante Simón Gaviria advirtió que algunos de los comisionistas y brokers vinculados a esas firmas no tuvieron empacho en facilitar el blanqueo de dineros provenientes no solo del narcotráfico sino también de la corrupción en manejo de contratos públicos.
El segundo riesgo fue advertido por varios de los clientes defraudados por la intervención de la firma comisionista Torres Cortés S.A., la más grande y tradicional y considerada como la “InterBolsa” de la Bolsa Mercantil. Ellos anunciaron que le pedirán a la propia Bolsa, a la superintendencia Financiera y a las agencias de inteligencia –como la Uiaf del Ministerio de Hacienda– revisar una concentración en cabeza de Torres Cortés y de un reducido número de firmas de operaciones de facturación a terceros, amparadas en un régimen legal que incluye exenciones tributarias y amplio margen de negocios sin mayor control.
Impuestos y más…
La norma que genera inquietud es el decreto 574 de 2002, que consiste básicamente en que los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las ruedas de negocios de las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su cuantía.
“Entre quienes operan allí –asegura a Dinero uno de los denunciantes– hay personas sin escrúpulos que no solo pelechan del no pago de impuestos sino que facturan operaciones simuladas o inexistentes, por ejemplo, de compras de arroz. Para probarlo bastaría con comparar las operaciones registradas con las cifras de producción y quizá nos llevemos sorpresas mayores relacionadas con un blanqueo importante”.
Según un economista que tuvo relación de más de diez años con Torres Cortés, algunos comisionistas se aprovechan de que los controles establecidos por la Bolsa se concentran, por ahora, solo en empresas o personas relacionados expresamente en la Ofac y otras bases de datos de las denominadas listas de referencia, pero no pueden ir más allá porque las firmas gozan de amplio marco de reserva en cuanto a la identidad de sus clientes y las características de las operaciones.
Dinero revisó los registros de facturaciones a terceros y movimientos a los que alude el decreto 574 y encontró que durante 2011 y 2012 más de 80% de las operaciones de facturación se concentraron en Torres Cortés con empresas productoras de aceros, mallas y metales y una firma de los Llanos que, en promedio diario, conseguían la aprobación de entre cinco y quince facturas de compras de arroz que llegaban a superar anualmente las tres millones de toneladas.
La cifra es representativa si se tiene en cuenta que, según Fedearroz, en 2012 el país produjo dos millones y media toneladas de arroz verde, 2,1 millones de toneladas de arroz paddy seco y 1,3 millones de toneladas de arroz blanco. Esto significa que algo más de 50% de la producción habría sido negociada a través de la Bolsa y a cargo de una sola firma.
Por solicitud de la revista, la Bolsa preparó un informe de acuerdo con el cual al cierre de 2012 se registraron facturas por un valor de $15,3 billones. El arroz cáscara y blanco ocupó el primer puesto con una participación de 15,72%, seguida de cerca por el ganado vacuno y de lejos por la carne, el café, los aceites y grasas, la leche, el maíz y las flores de exportación.
Iván Darío Arroyave, presidente de la Bolsa, asegura que no va a mirar de soslayo las denuncias, está convencido de que la entidad cuenta con un sólido dispositivo de controles, especialmente después de firmar un convenio de cooperación con la Uiaf que le permite a este organismo hacer un seguimiento en tiempo real a todas y cada una de las operaciones. El ejecutivo tomó nota de cinco comisionistas, entre ellas algunas que trabajan con mercados de Cali y Medellín para las que habrá un seguimiento especial. Sus nombres se mantienen por ahora en reserva mientras se surten los controles (ver recuadro).
Destaca, sin embargo, que las sociedades comisionistas de valores tienen el deber de aplicar y analizar el Sarlaf (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo), de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia financiera.
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