Además de incrementar los ingresos que recibirán los trabajadores formales que reciben el pago mínimo mensual, varios precios y servicios aumentan sus precios en el mismo porcentaje.
Desde el pasado primero de enero el salario mínimo del país incrementó en $43.528 hasta los $781.242, a los que debe sumarse un subsidio de transporte de $88.261, producto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios en la que fue la última negociación con Juan Manuel Santos como presidente de la República.
El incremento de 5,9% del salario mínimo es de entre 1,9 y 2 puntos porcentuales superior a la inflación causada, que se estima estará entre 3,9% y 4%. En el caso del subsidio de transporte, el incremento sería superior en cerca de 2,1 puntos porcentuales.
El incremento, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue el cuarto más alto de los últimos 18 años. Solo lo superan el incremento para 2014 que fue 2,56 puntos porcentuales (pps) superior a la inflación; 2012 con 2,07 pps por encima y el 2006 con 2,05 puntos adicionales.
Por su parte el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que dicho incremento “de 1,9% sobre la inflación esperada de 2017 es una señal en el camino correcto para aumentar el poder adquisitivo real de los hogares, la competitividad y reactivación de la economía”.
El argumento para dicha afirmación es que un incremento del salario por encima de la inflación causada el año anterior, y de la proyectada para este mismo año, debería darle a los hogares colombianos que dependen del salario mínimo un ingreso mayor, que estos a su vez destinarán a un mayor consumo de bienes e inversión y al incrementar la demanda, hay una mayor producción nacional que a su vez dinamiza la desacelerada economía.
Sin embargo, este argumento parece no tener en cuenta varios factores.
Uno de ellos es la indexación de precios que se da con el incremento del salario mínimo. Dado que el valor de servicios como salud, las matrículas escolares y universitarias o los arriendos incrementan en el mismo porcentaje que lo hace el salario mínimo, restan capacidad de gasto a los hogares colombianos.
Si bien dichos incrementos se dan por única vez en enero, dando un empujón adicional al registro de inflación en el primer mes del año, son precios que rigen durante el todo año y afectan a toda la población.
Por el contrario, el incremento de 5,9% en el salario mensual aplica solo para el 10,7% de los ocupados. Otro 50% de los ocupados recibe ingresos por un valor inferior al salario mínimo y “esa población no recibirá incremento sustanciales en su ingreso mientras que sentirá los aumentos de precios”, advirtió el analista Luis Rodríguez consultado por Dinero.
Según la Andi, “los aumentos acordados (para el 2018), surgen a partir de las solicitudes de las centrales de trabajadores, de los análisis macroeconómicos derivados del margen de maniobra contenido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Gobierno Nacional en materia de finanzas públicas, empleabilidad, productividad, competitividad e inflación”.
Sin embargo, el mismo ministro de Hacienda ha advertido en varias oportunidades que solo en el sector público el incremento de un punto porcentual en el salario mínimo le representa un gasto adicional de $1 billón, algo que parece difícil de cubrir con dos años sin cumplir la meta de recaudo pese a la reciente reforma tributaria y una economía que apenas da señales de recuperación.
Por su parte José Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, advierte que “el rezago de productividad en los últimos 11 años, no reconocido, es de 13,5%. Eso es bastante y representa una apropiación de $18 billones por parte de las empresas”.
Además, el incremento del salario significaría un aumento marginal en el consumo interno según Acosta, ya que el nivel de endeudamiento de los hogares “el más alto en la historia y superior a la crisis de 1999. Más allá de pensar que el incremento salarial incremente el consumo, hay que entender que el elevado endeudamiento es un lastre para la economía”.
Así las cosas, “el país debe gastar más energías en buscar aumentos de productividad y menos en la determinación del salario mínimo”, concluyó Luis Rodríguez.
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