Habla Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda. Habría cobertura total de los trabajadores formales.
Foto: Ana María García
Jorge Humberto Botero llegó a la presidencia del gremio asegurador, Fasecolda, en mayo del 2013.
Eliminar los subsidios a las pólizas que amparan los cultivos de los pequeños agricultores del país y que el Gobierno asuma el costo total de estas, crear un verdadero seguro de desempleo, implementar uno obligatorio para los constructores y que haya una reforma pensional estructural son las demandas de la industria aseguradora.
Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, gremio que representa a esta industria, dijo que Colombia demanda más que tratamientos paliativos para estos problemas, y que necesita con urgencia encontrar soluciones de fondo para avanzar en estos aspectos prioritarios para su población.
¿La industria dejará de proveer seguros agrícolas?
Primero es necesario saber que los riesgos cuya ocurrencia es imposible no son asegurables, por ejemplo, una helada en nuestras costas. Lo otro, que los daños materializados, como los derivados de un incendio en curso, tampoco lo son. Entonces, como la sequía ya comenzó y los riesgos de falta de humedad de los suelos, o de agua para el ganado ya están ocurriendo, las aseguradoras, bajo sus propias políticas, podrían abstenerse de ofrecer nuevas coberturas.
¿Significa que muchos agricultores se quedarán sin protección para sus cosechas?
Los amparos concedidos se mantienen y se ofrecerán contratos nuevos a aquellos solicitantes (agricultores) que tengan adecuada capacidad de mitigación del riesgo.
¿Y el pequeño agricultor?
Colombia no cumple los requisitos internacionales para el desarrollo masivo de seguros para la pequeña producción campesina, se lo hemos dicho al Gobierno en todas las formas y no percibimos ni conciencia ni avances. La agricultura colombiana está expuesta a sequías, excesos de lluvia, avalanchas, inundaciones y vientos fuertes en regiones como Urabá. El desarrollo de coberturas requiere de calidad en la información sobre el desempeño climático y rendimientos de cosechas, y el país no cumple ese requisito.
Por eso hay un subsidio para el seguro agrícola…
La política del Gobierno para esta población ha sido: compren ustedes campesinos los seguros y yo les subsidio hasta el 80 por ciento. Eso no ha servido para nada porque el campesino no percibe las ventajas, sino hasta cuando ocurre el siniestro y pierde su cultivo. La tasa de utilización del subsidio es del 55 o 60 por ciento, pero antes era del 30 y quienes lo toman son medianos o grandes cultivadores que no lo necesitan.
¿Qué plantea la industria al respecto?
Hay que acabar con los subsidios del 80 por ciento, que el Gobierno sea el tomador único de la póliza y las aseguradoras se comprometen a expedir el certificado de seguro individual a cada quien. Así, ante la ocurrencia del siniestro, el Gobierno evita entregar subsidios porque el seguro asume el pago de los daños al pequeño agricultor.
La industria quiere darle un vuelco al seguro de desempleo. ¿Para qué hacerlo cuando ya opera uno?
Colombia no tiene un seguro de desempleo. Cuenta con un mecanismo de protección en el sector formal, pero no en el informal. Los primeros tienen algún grado de protección muy incipiente con las cesantías, pero este no cumple el principio de dispersión de riesgo de los seguros.
Y cuál es la idea que tienen los aseguradores en este frente…
Un verdadero seguro de desempleo financiado con una pequeña fracción de los intereses de las cesantías que, cumplidos unos parámetros técnicos, brindará cobertura del 50 por ciento del salario que devengue la persona que haya perdido su empleo hasta por seis meses, así como sus cotizaciones a la seguridad social.
¿Todo el que pierda su empleo podrá aplicar?
La persona debe acreditar, como mínimo, un año de vinculación laboral y ser despedido sin justa causa. Esto permitirá tener una cobertura sobre toda la población del mercado formal y contribuirá a disminuir la informalidad laboral. Es importante señalar que el porcentaje de la cobertura será decreciente, mes a mes, para estimular la búsqueda de nuevo empleo por parte de la persona.
Dos temas finales. ¿Qué pasará con el seguro obligatorio para constructores?
Entendemos que, por razones de coyuntura electoral, el Gobierno retiró el proyecto que buscaba hacer obligatorio el seguro para los constructores por un periodo de 10 años. Nos parece que lo responsable es que se presente de nuevo, porque los riesgos están vigentes y no serán suficientes los patrimonios de los constructores para responder a plenitud por los riesgos que se materialicen.
Ustedes también han apoyado la idea de una nueva reforma pensional…
Hicimos al mismo tiempo las reformas a la salud y a las pensiones. En esta última fracasamos porque adelantamos una reforma a medias. Dejamos vivo un sistema insostenible y solidario en la forma incorrecta (Prima Media) y no estamos generando las condiciones para que la población se pueda pensionar. Hay dos grandes problemas, demografía e informalidad, y el país no se está preparando para eso. Por tanto, se requiere una nueva reforma pensional estructural.
Más interesados en el seguro al agrícola
Ante la posibilidad de que las aseguradoras dejen de expedir pólizas a los agricultores, el superintendente Financiero, Gerardo Hernández, dijo que no se puede obligar a las compañías a asumir riesgos no deseados. “Si la aseguradora o su matriz decide que una cobertura tiene mucho riesgo y puede afectarla financieramente, están en todo el derecho a no asumirla”, precisó.
Según se conoció, varias aseguradoras internacionales están dispuestas a incursionar en este mercado en el país y tramitan las licencias para instalarse. La mexicana ProAgro ya lo hizo e inicia operaciones en el 2015. Se une en este segmento a Mapfre, con una cuota del 80 por ciento, a Suramericana y a La Previsora.
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