En intervención de la EPS se usaron recursos de la salud en gastos administrativos.
Durante la intervención a Saludcoop, entre el 2013 y 2015, hubo protestas en todo el país.
En el 2013 la Superintendencia de Salud delegó a Guillermo Enrique Grosso Sandoval para que fuera el interventor de Saludcoop y saneara las malas prácticas que venían de la época del ‘zar’ de esa EPS, Gustavo Palacino, capturado en marzo pasado bajo cargos de desviar al menos 400 mil millones de pesos de la salud.
Pero esa intervención no logró que Saludcoop saliera de su estado crítico y que se evitara su liquidación. De hecho, una investigación preliminar de la Contraloría General asegura que en la intervención se habría causado un detrimento de 80.631 millones de pesos.
El expediente fiscal señala que Grosso –nombrado como interventor por el entonces Superintendente de Salud Gustavo Morales, hoy presidente de Afidro– habría incurrido en los gastos injustificados que en su momento se le cuestionaron a Palacino. Según la Contraloría, usó recursos de la UPC –Unidad de Pago por Capitación, dineros públicos que reciben todas las EPS por su número de afiliados–, en gastos administrativos que no tenían que ver con la esencia del servicio de salud.
Las EPS no pueden usar de forma discrecional los dineros de la salud. Los dineros propios de la UPC son del sistema y no de las EPS, de modo que deben destinarse a su función legal
En la administración de Grosso se destinaron sumas millonarias para arreglos florales, arrendamientos injustificados, y hasta contratos de camionetas blindadas en el 2013 para su uso personal, de su familia y de funcionarios de la EPS intervenida.
Ese contrato, según la denuncia, fue por más de 500 millones de pesos a pesar de que para ese momento Saludcoop tenía nueve vehículos de gama alta, entre ellos dos BMW y varias camionetas.
Al evaluar el gasto, para el que no se hicieron estudios previos, la Contraloría asegura que “las EPS no pueden usar de forma discrecional los dineros de la salud. Los dineros propios de la UPC son del sistema y no de las EPS, de modo que deben destinarse a su función legal”.
Aunque Grosso sabía que sólo podía destinar a gastos administrativos el 10 por ciento de los 2.6 billones que recibió Saludcoop de UPC en el 2015, se gastó el 15,4 % por ciento de esos recursos. Así, dice la indagación preliminar contra Grosso, el entonces interventor tuvo gastos de administración por 404.889 millones de pesos, superando los topes. Ayer el Ministerio de Salud afirmó que esa acusación parte de una “confusión contable”.
Por esos hechos el mismo Contralor General Edgardo Maya le envió una carta al Fiscal General denunciando a Grosso . “Los servidores públicos estamos obligados a denunciar de manera precisa las posibles irregularidades de las que tengamos conocimiento, tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Procuraduría, con el fin de que se adelanten las investigaciones a que haya lugar”, dice la carta.
La Contraloría también encontró que el interventor gastó en diciembre del 2014 unos $ 400 millones en una fiesta navideña para las 32 empresas del grupo Saludcoop. Otro gasto inocuo es el que Grosso hizo en el 2015 para remodelar las oficinas que él ocupaba en Saludcoop, en el séptimo piso de un edificio en Bogotá, hallazgo que en su momento fue denunciado por la excontralora Sandra Morelli.
Los servidores públicos estamos obligados a denunciar de manera precisa las posibles irregularidades de las que tengamos conocimiento
En la oficina de Grosso se cambiaron pisos y muebles, puso sillas masajeadoras y lámparas con luces relajantes. También compró cuadros de hasta $ 10 millones y costosos tapetes. Los contratos de remodelación, dice la Contraloría, costaron más de 550 millones de pesos.
También se cuestiona que en el 2015 Grosso autorizó el gasto de 218 millones de pesos para unos talleres a los que asistieron directivos de la EPS que se alojaron en el hotel Tequendama. “Se evidencia una posible acción antieconómica, teniendo en cuenta que estos contratos se suscribieron cuando la entidad atravesaba por una situación crítica”, dice la auditoría.
MILENA SARRALDE DUQUE
REDACCIÓN JUSTICIA 'Se trata de una inconsistencia contable’
El Ministerio de Salud respondió ayer mismo al anuncio de la Contraloría de abrir una indagación preliminar por una supuesta violación del límite de gastos administrativos de Saludcoop en liquidación afirmando que el supuesto hallazgo tiene una única explicación: una confusión contable.
Según el Ministerio, “los investigadores mencionan una cifra de 80.000 millones de pesos de exceso de gasto. Se trata de una confusión contable o del desconocimiento por parte de la Contraloría sobre la manera como se contabilizaron las provisiones”.
Aquí no hay ninguna evidencia de corrupción. Y menos de desviación de recursos públicos
La cartera aclara que la revisoría fiscal dejó las notas aclaratorias en su momento y la propia Superintendencia de Salud ha dado todas las explicaciones. Entre otras, que dentro del proceso de depuración de cuentas del sector salud se dispuso que las EPS deberían provisionar las cuentas por cobrar al Fosyga (hoy ADRES) mayores a 360 días. Esas nuevas provisiones para efectos de saneamiento contable podrían contabilizarse como un mayor gasto administrativo sin afectar el límite legal de 10 por ciento impuesto por la Ley 1438, recuerda el Ministerio.
“Aquí no hay ninguna evidencia de corrupción. Y menos de desviación de recursos públicos. En estas materias, creo, es importante conocer el fondo de los problemas y evitar acusaciones temerarias y juicios apresurados”, indicó un documento del Ministerio.
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/contraloria-denuncia-irregularidades-en-intervencion-a-saludcoop-por-parte-de-guillermo-grosso-241866
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