Equilibrar ingresos y gastos públicos, entre los retos del presidente electo Iván Duque y su equipo.
En un sistema moderno de impuestos, el recaudo, no obstante ser el principal objetivo, no es el único.
Con las señales que ha enviado esta semana el presidente electo, Iván Duque Márquez, es cada vez más claro el rumbo que seguirá la reforma fiscal que hará en su gobierno.
De hecho, parece ser una de las tareas urgentes y también una de las más complejas, toda vez que, aunque en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 (MFMP) –que traza la hoja de ruta en materia económica para la próxima década– se espera un crecimiento de la economía de 3,4 por ciento en el 2019 y un ingreso por cuenta de los impuestos de 143 billones de pesos, el camino no parece estar tan despejado para lograrlo.
También está en la palestra la alta expectativa que deja el gobierno saliente con respecto a los ingresos que se obtendrán del petróleo. Según analistas del Grupo Bancolombia, “a pesar de menores precios y producción, la renta petrolera se revisó al alza, al pasarla de 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el 2019 –como estaba previsto el año pasado– a 1,2 por ciento del PIB en la nueva proyección del MFMP”.
Es más, por algunas de esas cuentas previstas, tanto para terminar el 2018 como para arrancar el 2019, Alberto Carrasquilla, uno de los líderes del empalme entre los dos gobiernos, cuyo nombre ha estado en el sonajero para ocupar la cartera de Hacienda, habría mostrado ya su preocupación con los números de las finanzas públicas, según conoció EL TIEMPO.
Es por esto que formar el ajedrez de lo que será la financiación del Estado desde el próximo año, a partir de la pieza medular, la reforma fiscal, es de lo que más se ha hablado hasta ahora.
Reducirle la carga tributaria al sector productivo y, por esa vía, estimular el crecimiento de la economía es parte de la ecuación en la que además entra a jugar un fuerte recorte del gasto público (de alrededor del 10 %) y un agresivo control a los que no pagan impuestos.
Completa el paquete de ajustes que se baraja para hacerle al Estatuto Tributario el establecimiento de un estímulo para el comercio, con seis días de ventas sin IVA, lo que, de paso, promoverá el crecimiento del consumo y, por ende, el de la economía.
Esto, sin contar con la depuración de las exenciones en materia de impuestos, que son más de 200 y, por lo mismo, impacta el nivel de la bolsa de ingresos públicos. También se contempla una exención de renta por cinco años para impulsar la creación de empresas y emprendimientos.
“No se trata de una reforma tributaria sino fiscal. Las propuestas no se concentran en subir o bajar impuestos, sino en ordenar gastos para hacerlos más eficientes y avanzar en la sistematización de la Dian para un mayor control de la evasión”, expresa José Manuel Restrepo, economista y rector de la Universidad del Rosario.
El debate está candente
La gran meta en los 4 años, y lo que se constituye como el corazón de la reforma fiscal, es lograr 20 billones de pesos vía control de la evasión. Con parte de estos recursos, el Gobierno aspira a compensar la disminución del impuesto de renta de las empresas, del 33 por ciento en este año al 27 o 28 por ciento después de la reforma.
Esta iniciativa está encaminada a estimular a los que generan empleo y a fortalecer la competitividad, lo que a todas luces suena bien, tanto para el sector privado como para el resto de colombianos, pues si la producción incrementa habrá más oportunidades de empleo.
No obstante, la decisión no será fácil, teniendo en cuenta que se afectaría el recaudo tributario, que de por sí ya viene bajando, por la eliminación del impuesto a la riqueza y la disminución que ya hizo el gobierno saliente al tributo a la renta de las personas jurídicas (en mayo de este año el recaudo fue de $ 13,4 billones frente a 14,3 billones en 2017).
La gran meta en los 4 años, y lo que se constituye como el corazón de la reforma fiscal, es lograr 20 billones de pesos vía control de la evasión
Hay que recordar que es de la bolsa de los impuestos que sale la mayor parte de los recursos para la financiación del Estado, lo que le da todo el protagonismo a la reforma fiscal que destape el nuevo gobierno para ser llevada al Congreso de la República después del 20 de julio.
Desde ya algunos ven inviables parte de las propuestas. “Las tasas impositivas a las empresas son indiscutiblemente altas, pero su caída genera un faltante de ingresos muy difícil de cubrir con reducciones del gasto”, expresó el exdirector de la Dian Juan Ricardo Ortega.
En el mismo sentido, Restrepo señala que la cifra de recorte del gasto que se ha puesto sobre la mesa “es un reto mayúsculo”, ya que “el 70 por ciento del compromiso financiero del sector público es inflexible”.
Es así como ya el MFMP destapó la cifra de 190,6 billones de pesos, incluyendo el funcionamiento y el pago de los intereses de la deuda del Gobierno, la cual será del 43,6 por ciento del PIB en el 2019.
Al gasto en pensiones, por ejemplo, que es uno de los inamovibles, se destina una partida de 50,7 billones de pesos, por lo que el presidente de Analdex, Javier Díaz, opina que el asunto fiscal debe ser mirado de forma integral. “Además de analizar tanto la parte de los ingresos como la de los gastos –y en eso las recomendaciones hechas ya por la Misión de Expertos en el Gasto son muy relevantes–, se debe tener en cuenta que la reforma pensional es un elemento complementario”.
De igual manera, también será difícil quebrarle las alas a la evasión, aspecto que ya se ha intentado en anteriores ocasiones. “Reducir la evasión es complejo. Los grandes litigios con evasores, donde se recaudarían cifras importantes, se demoran hasta 10 años y las sentencias tienden a ser adversas, la corrupción es rampante”, advierte el exdirector de la Dian.
Entre tanto, a Bruce Mac Master, presidente del gremio de industriales, Andi, si bien le suena la idea de un alivio a las empresas con una menor tasa impositiva y la obtención de recursos con el cierre de los atajos a la evasión, le preocupan los tiempos de aplicación de las medidas.
“La reducción de la evasión no es algo que produzca efectos recaudatorios inmediatos. Además, en lo que tiene que ver con el recorte a la tasa tributaria de las empresas, debería haber un periodo de transición, de al menos año y medio (medio año que queda del 2018 para tramitar la reforma y el año siguiente a esta, porque los impuestos que se pagarán en el 2019 aplican al año gravable 2018)”.
En ese lapso, según Mac Master, se podrían causar las exenciones a emprendedores y empresas informales para traerlas a la formalidad y después establecer que todos tengan su carga impositiva con la menor tasa.
La reducción de la evasión no es algo que produzca efectos recaudatorios inmediatos
Seis días sin IVA, cura que sería peor que el mal
El gremio de comerciantes Fenalco, presidido por Guillermo Botero, recibió con agrado la idea de dejar sin IVA al comercio por seis días.
Sin embargo, para unos analistas, aunque la medida podría reactivar el comercio, que es gran generador de empleo, también corre el riesgo de convertirse en un puente para la evasión. “Los que no quieren pagar impuestos terminarían pasando la facturación para ese día”, dijo una fuente.
Lo cierto es que en medio de las cartas fiscales que conducen a menores ingresos tributarios por IVA, reducción del recaudo por renta de las empresas y dificultad para controlar con rapidez la fuga de recursos que causa la evasión está el déficit fiscal, cuyo margen fue ampliado para 2019, desde 2,2 a 2,4 %, con la flexibilización de la Regla Fiscal, ley que llama a la disciplina con las finanzas.
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/la-reforma-economica-del-presidente-electo-ivan-duque-234806
No hay comentarios:
Publicar un comentario