El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, insistió en cambiar los regímenes sancionatorios por el no pago de impuestos debido a la gran cantidad de empresas que hacen 'trampa' al pagar sus obligaciones.
Ortega indica que el panorama nacional inquieta ya que algunas personas están desarrollando un comportamiento criminal, pues evadir más de $100.000 millones requiere de una plantación que no puede estar escudada bajo un olvido o error.
"¿Cuál debería ser la cifra para determinar cuándo este tipo de evasiones son olvidos o cuando son fraudes? Es que penalizar a quien evade un millón de pesos o hasta 10 millones, puede resultar exagerado. Pero cerca de $100.000 millones es otra cosa. Por esto es que estamos dialogando para definir la cifra y empezar a realizar una campaña, tal como la de manejar ebrios", explicó.
De acuerdo con las cifras de la Dian, las empresas que presentan estas malas prácticas rondan más de las 500.000, lo que representa un pasivo de entre $15 billones y $20 billones para con el país.
En cuanto al cruce de información de colombianos que viven en otros países, el directivo aseveró que Colombia es un país cada vez más confiable y este proceso va más que bien. "El proceso que se está llevando a cabo para el cruce de información impositiva con países del exterior, va viento en popa. Hemos estado siendo evaluados, y nos espera una última auditoría, que vendría a ser el próximo año. La cual una vez superada, vendrá con la aplicación y utilización de este mecanismo con el cual aspiramos a captar casi 100 mil millones de colombianos en el exterior, una cifra sin duda sexy".
Respecto a los camiones de basura comprados por el ex Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, Juan Ricardo Ortega precisó que aunque es un tema que se debe estudiar con cautela, deben revisar si están en buen estado y si se pueden operar. "Si es así, y si se consideran un activo, creería que es probable que lo donemos a algunos municipios, siempre y cuando se coordine con el ministerio del interior, para saber sí son operacionalmente útiles".
En seis meses a más tardar se debe conocer cuál será el destino de los camiones, esto porque la administración Petro han interpuesto tutelas para rebatir la decisión de la DIAN, por lo que hasta que no esté en firme la decisión, el funcionario no puede tener poder sobre un activo de la Nación.
"¿Cuál debería ser la cifra para determinar cuándo este tipo de evasiones son olvidos o cuando son fraudes? Es que penalizar a quien evade un millón de pesos o hasta 10 millones, puede resultar exagerado. Pero cerca de $100.000 millones es otra cosa. Por esto es que estamos dialogando para definir la cifra y empezar a realizar una campaña, tal como la de manejar ebrios", explicó.
De acuerdo con las cifras de la Dian, las empresas que presentan estas malas prácticas rondan más de las 500.000, lo que representa un pasivo de entre $15 billones y $20 billones para con el país.
En cuanto al cruce de información de colombianos que viven en otros países, el directivo aseveró que Colombia es un país cada vez más confiable y este proceso va más que bien. "El proceso que se está llevando a cabo para el cruce de información impositiva con países del exterior, va viento en popa. Hemos estado siendo evaluados, y nos espera una última auditoría, que vendría a ser el próximo año. La cual una vez superada, vendrá con la aplicación y utilización de este mecanismo con el cual aspiramos a captar casi 100 mil millones de colombianos en el exterior, una cifra sin duda sexy".
Respecto a los camiones de basura comprados por el ex Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, Juan Ricardo Ortega precisó que aunque es un tema que se debe estudiar con cautela, deben revisar si están en buen estado y si se pueden operar. "Si es así, y si se consideran un activo, creería que es probable que lo donemos a algunos municipios, siempre y cuando se coordine con el ministerio del interior, para saber sí son operacionalmente útiles".
En seis meses a más tardar se debe conocer cuál será el destino de los camiones, esto porque la administración Petro han interpuesto tutelas para rebatir la decisión de la DIAN, por lo que hasta que no esté en firme la decisión, el funcionario no puede tener poder sobre un activo de la Nación.
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