Mecanismo de protección al cesante: ¿cuál es el balance hasta la fecha?

Este subsidio al desempleo, que opera con recursos de las cajas de compensación, beneficiará a cerca de 210.000 personas.

Los recursos destinados por las cajas para el subsidio alcanzarían el medio billón de pesos.

Los recursos con los que ha operado el beneficio provienen del sector empresarial.

Las cajas de compensación familiar, con el objetivo de proteger a la clase trabajadora vulnerable, desarrolló y ha venido financiando desde el mes de marzo el mecanismo de protección al cesante, un beneficio económico dirigido a las personas que tenían un empleo formal y lo perdieron, con el propósito de ayudarlos a afrontar los efectos económicos originados por el COVID-19.

El 3 de agosto de 2020 las cajas cumplieron con la primera fase donde proyectaron beneficiar a cerca de 100.000 personas, y a través de una autorización otorgada por el Decreto 765 de 2020 destinaron más recursos propios para beneficiar a un mayor número de trabajadores colombianos.

Al 30 de julio, las cajas habían recibido 802.640 solicitudes, de las cuales 309.149 han sido postulaciones aprobadas que certifican todo el cumplimiento de los requisitos, y se han comprometido 574.000 millones de pesos para 194.006 personas que ya han sido efectivamente atendidas.

“Se espera llegar a un total de 210.000 personas en todo el país, alcanzando un aporte del sector cercano al medio billón de pesos”

Se espera llegar a un total de 210.000 personas en todo el país, alcanzando un aporte del sector cercano al medio billón de pesos. Los recursos se focalizarán en las personas que tienen ya autorizado el beneficio.

Desde Asocajas se ha indicado que más de la mitad del número de postulaciones corresponden a personas que perdieron sus ocupaciones, pero se encontraban en el sector informal, por lo cual, al no cumplir con los requisitos, no pueden recibir los beneficios otorgados por las cajas, ya que estos se encuentran focalizados en la población formal.

Por otra parte, como lo indica el Decreto Ley 488 de 2020, los beneficios se mantendrán hasta que permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos.

Para las personas que perdieron el empleo a partir de 12 de marzo de 2020 y que no alcancen a ser beneficiadas se generarán listas de espera. Estas personas podrán acceder al Programa Ingreso Solidario, reglamentado en el Decreto Ley 801 de 2020, y serán atendidas por el Gobierno en las condiciones que establezcan.

No es un seguro de desempleo

Hay que tener en cuenta que el mecanismo de protección al cesante es un subsidio al desempleo, no un seguro al desempleo. Los seguros son aquellas prestaciones contributivas al salario, como las cesantías, los intereses a las cesantías y la indemnización por despido que, como parte de los regímenes laborales en los países, son un derecho individualizado de cada trabajador.

El subsidio, por su parte, es una prestación asistencial adicional focalizada, que no constituye una obligatoriedad universal porque su financiación es limitada, partiendo de un principio de autosostenibilidad del fondo que lo genera.

Hasta la fecha, los recursos con los que ha operado el beneficio no provienen del presupuesto público, sino de recursos privados del sector empresarial que realiza el aporte para sus trabajadores.

El porcentaje de independientes afiliados al sistema del subsidio familiar es del 1,7 %. De igual forma, el sistema de compensación familiar también se verá afectado por la crisis, ante lo cual se prevé una caída en los ingresos del 20 %, dado que provienen del sector formal.

Más beneficios para los trabajadores y sus familias

Los trabajadores y sus familias son los titulares de estos aportes empresariales, que se convierten en beneficios y servicios, como la cuota monetaria, la cual mensualmente apoya a más de 5 millones de familias con un auxilio económico que representa la tercera parte de la canasta familiar de hogares cuyos ingresos son inferiores a 4 salarios mínimos.

Adriana Guillén Arango, presidenta ejecutiva de Asocajas, indica que cerca de seis millones y medio de los trabajadores afiliados a las cajas de compensación familiar devengan menos de 1,5 salarios mínimos, con lo cual se demuestra el efecto redistributivo de este aporte y sus efectos en el PIB del país, cuando esta población representa el 48 % del consumo total.

«A lo anterior se suman los programas de alimentación para la primera infancia, la operación de programas educativos, así como colegios, bibliotecas, y jardines infantiles, los subsidios para vivienda que representan el 70% de los subsidios totales del país, la formación laboral, el acompañamiento empresarial, la cultura, el deporte, la recreación, los programas de salud, entre otros. Programas que integralmente protegen a la clase trabajadora vulnerable de los riesgos de la pobreza», explica Guillén Arango.

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