El artículo 261 del ET exige que los declarantes de renta, obligados o no a llevar contabilidad, incluyan todos los derechos o cuentas por cobrar que posean a diciembre 31.
Por ende, los asalariados deberán incluir en sus cuentas por cobrar lo que su empleador les adeude por prestaciones sociales.
De acuerdo con la norma contenida en el artículo 261 del Estatuto Tributario –ET–, todos los contribuyentes del impuesto de renta (sin importar si están o no obligados a llevar contabilidad) deben incluir en su patrimonio fiscal a diciembre 31 la totalidad de sus derechos o cuentas por cobrar.
“si un agricultor que no está obligado a llevar contabilidad llega a vender a crédito sus cultivos en diciembre de 2019, en tal caso sí estaría obligado a denunciar por lo menos la cuenta por cobrar a diciembre 31”
Por tanto, y si citamos un ejemplo, si un agricultor que no está obligado a llevar contabilidad llega a vender a crédito sus cultivos en diciembre de 2019, en tal caso sí estaría obligado a denunciar por lo menos la cuenta por cobrar a diciembre 31, aunque no tenga que denunciar el ingreso de la venta (pues el artículo 27 del ET indica que el ingreso solo lo tendrá que denunciar en el año en que lo reciba efectivamente en dinero o en especie).
Lo anterior implicaría obviamente un incremento en su patrimonio líquido sin que exista un ingreso declarado en su renta fiscal. Sin embargo, dicho incremento no podrá ser tratado por la Dian como una “renta líquida por comparación patrimonial” (artículo 236 y siguientes del ET), pues el agricultor puede demostrar que simplemente está cumpliendo con la norma del artículo 261 del ET, la cual le exige denunciar el activo correspondiente a la cuenta por cobrar, pero que el artículo 27 del ET lo exonera de declarar el respectivo ingreso por no haberlo recibido efectivamente durante el mismo período fiscal.
Lo mismo le aplicaría a los asalariados
Siendo claro lo anterior, lo mismo le sucede a quienes son asalariados, pues a diciembre 31 sí tendrán que declarar entre sus cuentas por cobrar el valor correspondiente a las prestaciones sociales a su favor que les esté debiendo su empleador (el cual obviamente las tiene reconocidas como un pasivo); y todo sin importar que aún no le hayan sido pagadas, razón por la cual, según el artículo 27 del ET, los valores de dichas prestaciones no figurarán entre los ingresos de su declaración de renta, pues aún no las ha recibido efectivamente (ver artículo 27 del ET).
En este caso, al igual que con el agricultor, se producirá un incremento en el patrimonio líquido, el cual no podrá ser tratado por la Dian como una “renta líquida por comparación patrimonial”, por las mismas razones antes comentadas.
Ahora bien, el problema es que los empleadores nunca le certifican a sus asalariados, en el formulario 220, el dato de las prestaciones sociales que le estaban adeudando a diciembre 31.
Adicionalmente, aunque el empleador sí haya reportado a la Dian el respectivo pasivo en su formato 1009 de información exógena, la Dian nunca ha dejado conocer ese dato en el reporte de “consulta de datos para declaración de renta” que se les permite descargar a las personas naturales.
“será tarea de cada asalariado, que presente declaración de renta en forma obligatoria o voluntaria, el estar averiguando cuál es el monto de los valores por prestaciones sociales que su empleador le adeudaba a diciembre 31”
Por tanto, será tarea de cada asalariado, que presente declaración de renta en forma obligatoria o voluntaria, el estar averiguando cuál es el monto de los valores por prestaciones sociales que su empleador le adeudaba a diciembre 31.
No incluir ese activo puede generar los siguientes problemas:
a. Cuando se omiten activos, la Dian los podrá convertir en una renta líquida por activos omitidos (ver artículo 239-1 del ET).
b. Si el asalariado llega a fallecer, entones el juez o el notario no podría asignar a sus respectivos herederos, en el proceso de liquidación de la sucesión ilíquida, el mencionado activo.
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