Informalidad laboral camuflada en empresas que operan ilegalmente

Colombia es un país de contrastes laborales. Mientras muchos ciudadanos madrugan rumbo a sus empresas, decenas se abarrotan, a su paso, ofreciendo empanadas, tinto, arepas y hasta minutos de celular. Este es el retrato de una sociedad donde, si bien más del 50% de los colombianos tiene la fortuna de un trabajo estable, un 47% se rebusca la vida a sol y agua, diariamente.

Natalia Umaña es el rostro de ese porcentaje de la población que se las arregla para encontrar un ingreso en las calles. Bordea los 35 años y se gana la vida vendiendo comidas rápidas. Es bachiller, pero asegura que la falta de oportunidades la llevó a rebuscarse el sustento en el comercio informal. “Mi situación laboral es precaria, porque no sé cuánto voy a vender al día, no tengo un sueldo básico ni fijo, entonces me toca acomodarme a lo que pase”, sostiene con resignación.

Pero la informalidad no solo se ve en las calles, también se camufla en las paredes de empresas que operan desde la ilegalidad y que no les garantizan a sus trabajadores las condiciones mínimas para considerarse formales o aspirar a una vejez digna.

Precisamente, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, desde la Alianza por la Economía Formal e Inclusiva (EFI) -que agrupa a universidades nacionales e internacionales y al sector productivo- le ha puesto la lupa a este tema que, no es ajeno a la mayoría de los hogares colombianos. Por medio del proyecto Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal, trabaja en el análisis del problema y en el planteamiento de soluciones con base en la investigación.

Para empezar, esta es la radiografía del fenómeno de informalidad en Colombia: entre junio y agosto de 2019, de acuerdo con el DANE, la informalidad en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 45,8%. Y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 47%, con un mayor número de mujeres en esta condición.

En justicia, hay que decir que la informalidad en el país ha disminuido en los últimos años, y también es cierto que Colombia mantiene un ritmo de crecimiento destacado frente a la región, incluso por encima de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Lamentablemente, el incremento de la competitividad dista considerablemente de la condición social de los ciudadanos. Le puede interesar: La informalidad también es ‘patrocinada’ por algunas empresas

Por ende, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario llama a la reflexión y a la prudencia: “Tenemos que tomar muy en serio las alertas que se están presentando en países de América Latina como Ecuador y Chile, pero no solo en esta región, sino a nivel mundial, para entender de una manera más compleja el concepto de progreso social, para comprender fenómenos tan complejos como la informalidad, particularmente aterrizada a las diferentes regiones y, de esa manera, dar soluciones más efectivas”, señala.

Pero, ¿cuáles son las condiciones para considerar que un trabajador se encuentra en la informalidad? El medidor principal es la seguridad social. Si la persona, aunque trabaje, no cotiza a salud y pensión, entra en la clasificación de informal, como le sucede a Natalia, quien cuenta que sus ingresos no le alcanzan para hacer aportes al sistema, y que su tabla de salvación ha sido el Sisbén. 

Sin embargo, el profesor Sepúlveda, aclara, que la informalidad también es ‘patrocinada’ por algunas empresas, que no tienen registro mercantil, que no llevan contabilidad y que contratan al personal sin los requisitos mínimos legales, tanto así que el 80% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), lo integran trabajadores por cuenta propia.

Al explorar las causas de este fenómeno, el investigador asegura que está ligado a varios factores, entre ellos, la educación, pues si los trabajadores no consiguen formarse con altos estándares de calidad, ni llegar al nivel técnico o profesional, las condiciones laborales resultan más adversas para ellos. Razón por la cual, urge también hacer correctivos en el sistema educativo. 

De igual forma, alerta sobre un problema cultural arraigado, como las barreras en distintos mercados, que hacen difícil la migración del plano informal hacia un trabajo estable. De esta manera se suman diversos factores que profundizan la problemática y que representan el desafío de una respuesta integral de parte del Estado y de los demás actores involucrados.

De la investigación a la solución

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El grupo de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), ha identificado diversos caminos para combatir la informalidad en el país. Uno de ellos, como lo expresa el decano Carlos Sepúlveda, es plantearse la meta de sacar –mínimo- a una persona de la informalidad, en cada hogar colombiano. 

En resumen, la propuesta de los investigadores se basa en focalizar acciones en los hogares totalmente informales para ir migrando a sus miembros hacia la formalidad, gradualmente, es decir, “entender la diversidad de la composición de las familias para diseñar políticas más efectivas, desde el punto de vista macro, y avanzar en mejoras en la calidad de la educación, disminución de las barreras de ingreso a las empresas, incentivos para que los trabajadores, al formalizarse, vean un impacto positivo, entre otras”, explica Sepúlveda.

Otra variable significativa que se ha identificado en esta investigación, como factor clave a la hora de plantear políticas públicas, es la heterogeneidad de la informalidad, situación que también se presenta en otros países de la región como Perú y México. 

Por ejemplo, en Colombia, mientras algunos departamentos tienen una informalidad por encima de 70%, hay otros con índices inferiores al 40%. En ese sentido, las estrategias de mitigación, deben ser distintas para cada zona de la geografía nacional.

Algo similar sucede con respecto a los sectores rural y urbano. El primero, históricamente, ha sido el más afectado por la ausencia de empleo formal. 

“En eso la política pública tiene que reflexionar para dar una mirada diferencial. Pretender que un campesino que tiene una parcela, que además la utiliza para su manutención, de un momento a otro se formalice como lo haría un trabajador que está en Bogotá, es bastante complejo. El principal reto es entender los ciclos de producción, trabajar en temas de aseguramiento y de ahorro, con miras a una pensión. En la medida en que le demos oportunidades de flexibilización a esa persona, podemos lograr que cotice a seguridad social”, puntualizó. 

Y es que los números dan cuenta del grave problema laboral que afronta el campo colombiano. La cifra duplica la tasa nacional, con un 86% de informalidad, según el DANE, lo que preocupa de manera considerable, teniendo en cuenta que el campo es uno de los pilares de la economía nacional.

En ese sentido, el grupo de investigación en conjunto con el DANE, proyecta, a mediano plazo, construir un índice multidimensional de informalidad que tenga en cuenta las distintas facetas y complejidades en la relación empresa-trabajadores, así como las múltiples caras del problema en las diferentes áreas y sectores. Con este instrumento, se podrá tener claridad sobre los aspectos fundamentales de la problemática, ello permitirá plantear soluciones, con base en la evidencia.

El profesor Sepúlveda enfatiza, además, en la urgente necesidad de reducir los costos laborales de las empresas para lograr reducir las barreras de acceso, y ampliar de esta manera el número de trabajadores formales.

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