Usando 15 días menos de lo prometido, el nuevo director de la Dian presentó el proyecto de decreto de armonización de las normas aduaneras con el que pretende dar “seguridad jurídica” a quienes se dedican al comercio exterior en el país y simplificar los trámites del sector.
Hace un mes el nuevo director de la Dian, Javier Romero, le prometió a los exportadores durante el Congreso de Analdex que al cabo de 45 días les presentaría para comentarios un proyecto de decreto que organizara las normas aduaneras, mejorando el sistema y otorgando seguridad jurídica.
15 días antes de lo previsto, Romero sacó a la luz pública el proyecto de decreto con el que pretende dar “seguridad jurídica a las operaciones de comercio exterior a través de la armonización y consolidación de la normatividad en materia aduanera, con lo que se espera mejorar la eficiencia logística y facilitar el comercio”.
Está previsto que el decreto, que estará abierto para comentarios del público hasta el 23 de octubre, inicie su vigencia el primero de enero de 2019.
Romero explicó que el decreto se distribuye en tres libros:
El primero será la “herramienta jurídica soporte para la realización de las operaciones y trámites aduaneros” desde su entrada en vigencia hasta que se aplique por completo el segundo libro.
El segundo libro contendrá “la base legal necesaria para continuar el desarrollo de los servicios informáticos electrónicos que se realiza actualmente y en el futuro en la normatividad que regirá las operaciones de comercio exterior”.
El tercer libro tendrá las “disposiciones transversales”, es decir aquellas normas que se aplicarán tanto en el primer libro como en el segundo.
Sin embargo, el proyecto de decreto es claro al advertir que su aplicación se hará sin afectar “las disposiciones especiales y las resultantes de acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los referidos a la protección de la propiedad intelectual”.
Además, señala que cualquier acto administrativo del sector tendrá que brindarse "el servicio ágil y oportuno para facilitar y dinamizar el comercio exterior, sin perjuicio de que la autoridad aduanera ejerza su control".
Por otro lado, para garantizar la seguridad jurídica de las empresas, "si antes de la firmeza del acto que decide de fondo la imposición de una sanción o el decomiso entra a regir una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera la aplicará oficiosamente".
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