Reforma pensional es urgente, pero no hay ambiente este año

Expertos señalan que se debe pensar en la cobertura y la sostenibilidad como los pilares de un nuevo sistema de retiro.

Apenas el 25% de las personas en edad de jubilarse están cubiertos por el sistema pensional.

Como ha pasado en varias dimensiones, la pandemia también ha hecho más visibles los problemas estructurales que tiene el sistema pensional. Por eso, varios expertos plantean la receta de una reforma que tenga como ejes aumentar la cobertura, ser más sostenible fiscalmente y, sobre todo, que pueda beneficiar a los más vulnerables. Eso sí, el espacio para tramitarla este año es limitado.

Uno de los principales problemas es el de la cobertura. Según el Dane, entre enero y octubre de 2020, el 48,6% de los colombianos ganaba menos de un salario mínimo, por lo que están excluidos por la ley del sistema pensional.

A eso se le suma que la informalidad de los trabajadores colombianos ascendió a 48,1% en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, que son las principales capitales que tiene el país, según el Dane.

Ante ese panorama, señala un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo y por el director del observatorio laboral de la Universidad Externado, Stefano Farné, la cobertura pensional se concentra en los asalariados.

“Junto con la totalidad de los empleados públicos, un 70% de los asalariados del sector privado estaba cotizando en 2019 (promedio anual). En cambio, entre los trabajadores autónomos, la cobertura era del 11%, a pesar de la obligatoriedad impuesta por la Ley 797 desde 2003”, dice el reporte presentado en diciembre del 2020.

De hecho, el total de las personas titulares de una pensión representaba apenas el 24,9% de esa población, según ese reporte. Y si se mira en detalle, la situación es aún mucho más desigual según el sexo.

Teniendo en cuenta que las mujeres tienen una menor participación en el mercado laboral a lo largo de su vida, en 2019 solo el 21,4% de las que estaban en edad de jubilarse tenía acceso a una pensión; mientras que la cobertura para los hombres era del 30,1%, según el informe de la OIT.

Con esa radiografía de la cobertura, también hay que recordar que el sistema pensional está dividido en aquellos que acceden al Régimen de Prima Media (RPM) y los otros que están cubiertos por el Régimen de Ahorro Individual Solidario (Rais), y entre los dos tienen una cobertura de apenas el 25%, según un informe de Fedesarrollo. Y con el fin de cubrir a un mayor número de personas, el Gobierno tiene el programa Colombia Mayor, que tiene una cobertura, dice Fedesarrollo, del 28%.

“En el medio de estos dos escenarios se encuentra cerca de la mitad de la población en edad de jubilación, que no cuenta con ningún tipo de cobertura. Una parte no tiene el puntaje del Sisben apropiado para formar parte del programa Colombia Mayor, por lo que no reciben nada del Estado, y la otra recibe una devolución de saldo o una indemnización sustitutiva al no cumplir los requisitos de semanas de cotización para acceder a una pensión”, apuntó David Forero, de Fedesarrollo, en una presentación.

LA RECETA

Teniendo en cuenta el panorama, varios expertos y analistas han apuntado la urgencia que tiene pensar en una reforma estructural al sistema pensional, teniendo en cuenta que la pandemia está empeorando la participación del mercado laboral y que está favoreciendo la recuperación de la informalidad, sobre el empleo formal.

De acuerdo con Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios Anif, “el Gobierno destina una cantidad de subsidios grandísimos a las pensiones, que es cerca de 4 puntos del PIB, y que no son dirigidos a las poblaciones más vulnerables y eso es mucha plata: al menos 40 billones de pesos”.

Precisamente, en el informe de la OIT y la U. Externado, plantean que una reforma pensional debe apuntarle a tener una cobertura universal, que haya una suficiencia de las prestaciones, se tenga en cuenta la equidad de género, haya un trato uniforme, sea sostenible financieramente, que exista una participación de los actores sociales en la administración del sistema, y en la que se tenga en cuenta la responsabilidad del Estado y el diálogo social.

Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, coincide en que la reforma debería contemplar la ampliación de su cobertura, y la asignación de recursos garantizando que la población más vulnerable sea la que tenga mayor apoyo y que, por supuesto, sea más sostenible fiscalmente. “Todo enmarcado en un trabajo de educación financiera en el que se haga más énfasis en la importancia de ahorrar y un esquema laboral en el que se siga trabajando por la formalización de los empleos en Colombia”.

Ahora bien, ante ese panorama, varios expertos coinciden en que con la tramitación de una posible reforma tributaria o fiscal este año, no hay ambiente suficiente para tramitar esos cambios, para al menos no para el 2021.

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