Financiación de la Junta Central de Contadores debería corresponderle al Estado, no a la profesión

Para Flor Stella Quiroga, la profesión adolece de un estudio con estadísticas de honorarios que permitan dibujar un panorama en la materia. 

Hay que preguntarse si el conocimiento, la competencia de los miembros del Tribunal Disciplinario de la JCC y del personal que los auxilia son idóneos. 

Flor Stella Quiroga Mora, presidente nacional del Colegio de Contadores Públicos de Colombia –Conpucol– asegura que la credibilidad de la contaduría pública depende del nivel que tengan sus órganos disciplinarios, de quien siempre se espera decisiones éticas, eficaces, eficientes y efectivas. 

¿Hay liderazgo o todavía les falta profundidad a las universidades frente a la enseñanza de Estándares Internacionales? 

Hoy, en los contextos de la globalización y modernización, el papel de la universidad no es solamente el de preparar e instruir, sino también de brindarle al estudiante de contaduría la capacidad de sensibilizarse como profesional del futuro, inmerso en los procesos de cambios que se presentan en los modelos económicos, mucho más con aquellos que obedecen a normas y exigencias de tipo internacional enmarcados en acuerdos entre países y regiones. 

La mayoría de las universidades, excepto muy pocas, les falta iniciativa, sea por presupuesto o porque no es negocio, para adecuar o implantar en los métodos de estudios de la contaduría pública la regulación local y global, y la falta de apoyo a los docentes para educar y evaluar a los estudiantes de la mejor forma posible, para poder presentar profesionales dignos para un mercado exigente. 

¿Cuentan con credibilidad los organismos de la profesión o pasan por una crisis? 

Pierden credibilidad los órganos de la profesión refiriéndose a la Junta central de Contadores (JCC) y al Consejo Técnico de la Contaduría (CTCP), ambos entes del Estado, mientras la primera esté concentrada en cómo integrarse con la otra como un solo órgano, reduciendo al CTCP a un simple comité subordinado, sin autonomía, desatendiendo asuntos verdaderamente relevantes como colocar toda la capacidad técnica y financiera necesaria para que el tribunal disciplinario pueda resolver los procesos dentro de los términos legales, entre otros. 

Todas estas cuestiones en nada contribuyen a la respetabilidad de la profesión, ya que su credibilidad depende del nivel que tenga sus órganos disciplinarios, de quien siempre se espera decisiones éticas, eficaces, eficientes y efectivas. 

¿Por qué los trámites relacionados con la contaduría pública son más costosos respecto a otras profesiones? 

“la JCC es un ente del Estado cuya financiación debería corresponderle al Estado y no de la profesión contable”

La Junta Central de Contadores se financia de los cobros que efectúa a los contadores o a las empresas prestadoras de servicios contables por trámites diversos que estos realicen. El tema es que la JCC es un ente del Estado cuya financiación debería corresponderle al Estado y no de la profesión contable. 

Ahora, me parece que vale la pena que se revise de fondo mediante un muestreo comparativo de mercado. 

¿Son adecuados o cumplen su propósito las sanciones o procesos disciplinarios que adelanta la JCC? 

Debería ser el deber ser. El tribunal disciplinario fue creado para juzgar e impartir las debidas sanciones a los contadores que infringen el código de ética o que tienen conductas punibles en el ejercicio de la profesión, lo cual debe probarse para poder decidir la condena correspondiente. 

Debemos preguntarnos si el conocimiento, la competencia de los miembros del Tribunal y del personal que los auxilia en los procesos son idóneos, si los recursos tanto físicos, técnicos como humanos son suficientes para que el juzgamiento se de en condiciones y en la medida que amerita la falta. 

¿Cómo están los salarios en la profesión? El CTCP elaboró una guía expedida en 2009, pero esto en la práctica no se cumple ¿cuál es la principal razón? 

La orientación técnica n°9 fue un ejercicio realizado por el CTCP como le corresponde a un organismo orientador, pero evidentemente no funcionó porque no es de obligatorio cumplimiento, es optativa su aplicación y porque las tarifas estaban establecidas en SMMLV, que no tiene en cuenta el contexto socioeconómico de las empresas. 

A la fecha, la profesión adolece de un estudio serio de empleabilidad, cargas salariales, de una estadística de honorarios profesionales que permitan dibujar un panorama en la materia. 

No obstante, soy una convencida de que, si logramos como gremio de la profesión establecer un modelo viable, una herramienta que garantice un mínimo de idoneidad profesional, experticia y ética profesional, seguro será un modelo de referencia para el país e incluso para los demás países con la misma problemática.

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