Delito de defraudación fiscal también aplicaría a asesores, contadores públicos o revisores fiscales que ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos. Quienes no reporten activos a partir de 3.900 millones de pesos serían procesados y se expondrían a cárcel entre 10 y 15 años.
En septiembre de este año, el director de la Dian José Andrés Romero anunció que se estaba trabajando para penalizar con cárcel la evasión de impuestos en el país. “Queremos proponer, para discusión, otros tipos penales para penalizar la evasión fiscal desde ciertos montos. Adicionalmente, poder penalizar la colaboración y la determinación con la evasión fiscal como, por ejemplo, cuando algunos asesores que no tienen escrúpulos le recomiendan a los contribuyentes y empresarios cometer este tipo de delitos”, dijo en su momento Romero.
El director de la entidad habló de penas por el delito de evasión fiscal. “La propuesta contempla que las penas sean progresivas, y en virtud de cuánto se evade se irán aumentando las penas. Quien evade más de 5.000 millones de pesos debe tener una pena superior al que evade 500 millones de pesos”. Añadió que los delitos de penalización de la evasión no deberían ser excarcelables en algunos casos.
Luis Álvaro Pardo, economista de Justicia Tributaria, explica en diálogo con Actualícese que aunque las últimas reformas han avanzado en la penalización carcelaria por razones de elusión, evasión y multas significativas, es un hecho que no han sido suficientes para atacar ese fenómeno. “Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los ciudadanos que tienen recursos escondidos en paraísos fiscales? Ofrecerles una amnistía no basta, pues el hecho de sacar esos recursos del país y evadir el pago de impuestos es una conducta que debería ser sancionada con mayor drasticidad”, dice.
“El proyecto de ley de financiamiento plantea que quienes no reporten activos a partir de 3.900 millones de pesos serían procesados y se expondrían a cárcel entre 10 y 15 años”
Pues bien, en la más reciente propuesta de la ley de financiamiento, el proyecto endurece las penas alrededor de la evasión tributaria. Hoy la mayor pena por evadir tributos o maquillar las cifras es de 9 años de prisión. A esto se exponen los contribuyentes que omitan activos por 5.600 millones de pesos. El proyecto de ley de financiamiento plantea que quienes no reporten activos a partir de 3.900 millones de pesos serían procesados y se expondrían a cárcel entre 10 y 15 años.
Quienes sean encontrados culpables de este delito por un juez, tendrían que pagar una multa del 20 % del valor del activo omitido.
Los castigos aplicarían tanto para quien cometa el ilícito, como para quien le ayuda a cometerlo, y aquí aparecen los contadores públicos y revisores fiscales. Según lo propuesto por la ley de financiamiento, “en las mismas penas incurrirán los miembros de junta o consejo directivo, representante legal, mandatario, revisor fiscal, asesor contable o tributario que consientan, toleren y/o asesoren la realización de alguno de los comportamientos”.
Lo anterior se aplicará si se omiten activos en las declaraciones de renta o se incluyen pasivos que no se tienen, factores que en ambos casos les permiten a los contribuyentes rebajar los valores a pagar o los saldos a favor en su impuesto.
Defraudación fiscal como delito de evasión tributaria
El proyecto de ley también establece la defraudación fiscal como otro tipo del delito de evasión tributaria, enfocado más a personas que no declaren ni paguen, pero en menores proporciones. Como lo publica Portafolio, se le impondría pena de prisión de entre 3 y 5 años a quien “valiéndose de cualquier artificio, omita declarar y/o pagar en todo o en parte los tributos que le corresponden de acuerdo con la ley”.
Lo anterior no solo aplica para evasores de renta, sino de cualquier impuesto como el IVA o el impuesto al consumo, dos de los que más se dejan de gravar en el país según el medio de comunicación. En estos casos, quienes sean condenados recibirán una multa equivalente al triple del monto dejado de declarar y pagar, incluidos intereses moratorios, sin que la cifra supere los 40.500 millones de pesos.
La defraudación fiscal también aplicaría a asesores o contadores que ayuden a los contribuyentes a no declarar y/o pagar impuestos al fisco.
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