El soborno corporativo hace parte de las prácticas habituales de las empresas en nuestro país

Gustavo Adolfo Yepes afirma que en Colombia hay un grupo importante de empresas que no hacen nada en contra del soborno, desconocen la legislación y no cuentan con mecanismos para combatirlo. La sociedad debería rechazar tajantemente estos actos, premiando con su compra a las empresas transparentes. 

Gustavo Adolfo Yepes López, doctor en ciencias empresariales, magister en administración de empresas y quien actualmente se desempeña como director de gestión y responsabilidad social de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, es uno de los autores del estudio Estado de las prácticas empresariales contra el soborno: primer estudio latinoamericano, en el cual se tocan las acciones empresariales para combatir el soborno, entre otros temas. 

Desde su punto de vista, los esfuerzos realizados para combatir el soborno por parte de las empresas son de tres tipos. El primero, un grupo importante de empresas no hace mucho –por no decir nada– al respecto, desconocen la legislación y no cuentan con mecanismo alguno para combatir el soborno. 

“Otro grupo de empresas evidencia la aplicación de acciones para combatir el soborno al interior de su compañía, pero los alcances de estos esfuerzos se limitan a la formalidad, es decir solo son nominales, tales como declaraciones, códigos, principios, etc. Tercero, se reconoce un pequeño grupo restante que muestra un compromiso mayor con esta lucha y sus esfuerzos implican acciones mucho más contundentes como uso de mecanismos de verificación de idoneidad de terceros, mecanismos de control interno, canales de denuncias, etc.”, explica Yepes López. 

“31 % de las entidades encuestadas en el estudio no tienen uno. Por otro lado, el 49 % de las empresas encuestadas respondió que cuenta con canales de comunicación confidenciales para el uso de sus empleados”

Profundizando en los canales de denuncia con los cuales cuentan las empresas colombianas, destaca que el 31 % de las entidades encuestadas en el estudio no tienen uno. Por otro lado, el 49 % de las empresas encuestadas respondió que cuenta con canales de comunicación confidenciales para el uso de sus empleados, mediante los cuales estos últimos pueden solicitar orientación y denunciar actos de soborno sin represalias. Finalmente, un 44 % de las compañías participantes tiene canales de comunicación confidenciales de orientación y denuncia para uso de terceros. 

“Con los anteriores resultados, se podría llevar a pensar que aún se requiere contar, tanto con una mejor infraestructura como con una mayor cultura de denuncia, para que se genere esa confianza necesaria para denunciar”, opina Yepes López. 

Para Yepes López desafortunadamente el soborno corporativo hace parte de las prácticas habituales de las empresas en nuestro país, práctica que está ligada a la cultura del empresario colombiano. 

“La anterior situación proviene del desconocimiento de los compromisos legales y voluntarios que toda empresa debe realizar para hacer negocios, las implicaciones en términos de costos de las acciones para luchar en contra del soborno, la falta de incentivos comerciales y la altísima percepción sobre la falta de probidad de sus competidores y las instituciones del Estado, generan un círculo vicioso que invita al empresario a realizar este tipo de acciones si no quiere salir del negocio”, afirma. 

Si se quiere cambiar esta cultura, este no es un tema en el que solo el sector privado deba intervenir, sino que son muchos los factores que están en juego. Por un lado, está la impunidad que hace que el esfuerzo por combatir el soborno sea muy muy costoso, desmotivando al empresario para actuar en consecuencia. Por otro, la aceptación social de este fenómeno fortalece la idea anterior. 

“Sumado a esto, el poco compromiso político para luchar contra el soborno nos indica que en primer lugar el Estado debe hacer penalmente muy costosas estas prácticas, con un énfasis preventivo para que no sea tan costoso para el Estado”, dice Yepes López. 

Para él, la sociedad civil debería rechazar tajantemente estos actos, premiando con su buena voluntad y su compra a las empresas transparentes. 

“Las instituciones del Estado, por su parte, deberían agilizar trámites y facilitar la realización de negocios. Las empresas deben buscar mecanismos para hacer de su lucha contra la corrupción un diferenciador en el mercado”, concluye.

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