Casi el 10 por ciento no ha cumplido con declarar renta: Dian A unas 40.000 personas se les venció el plazo y no lo han hecho.

Momento de la intervención del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el congreso de Confecámaras.

El director de la Dian, Santiago Rojas, dijo este jueves que se han recibido unas 400.000 declaraciones de renta, pero que unas 40.000 personas a las que ya se les cumplió el plazo no lo han hecho.

El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció que la entidad que encabeza ya empezó a notificar a las personas que no han cumplido con el requisito de presentar la declaración de renta.

Durante el primer día del Congreso de Confecámaras, en Cartagena, el director de la Dian señaló que esas personas que no han hecho su declaración dentro del plazo que les corresponde constituyen un número importante, y se les notifica para que tomen las medidas del caso.

“Declarar no es sinónimo de pagar porque inclusive a muchos les va salir saldo a favor. Sin embargo, en este momento, no declarar es oneroso”, dijo el timonel de la Dian.

La Dian también ha detectado que hay algunas personas que debían aplicar el Imán han hecho la liquidación con otro sistema con el que pagan menos, o no lo han hecho a tiempo. Todas estas personas también serán requeridas.

Rojas también se refirió a la reforma tributaria que el Gobierno está a punto de llevar al Congreso.

“La reforma que comenzaba a ser para un tema presupuestario del 2015 va ser para los 4 próximos años”, dijo Rojas.

Agregó que “va a contener el 4 x 1.000, el impuesto al patrimonio, y el país va a tener que pensar cuáles son los ingresos que requiere para los próximos 4 años”

Según Rojas, el país va tener que discutir qué quiere en financiación para los próximos años y evaluar alternativas.

“El país tiene que pensar lo que necesita en materia de ingresos y gastos, y ese será el debate en el Congreso de la República”, agregó. 

Abren investigación contra 12 EPS y 20 IPS por no reportar facturas

Según Supersalud, si no se hallan justificaciones válidas del incumplimiento, serán sancionadas.

Los procesos se abrieron por el alto volumen de deudas entre los hospitales y las EPS.

Por no entregar reportes sobre facturación, la Superintendencia Nacional de Salud abrió investigaciones administrativas contra 20 hospitales, clínicas y otras IPS.

De acuerdo con el órgano de vigilancia, de no encontrarse justificaciones válidas por el incumplimiento de este requisito, serán sancionadas con hasta 2.500 salarios mínimos, es decir, 1.600 millones de pesos.

La entidad anunció la apertura de investigaciones contra 12 EPS del régimen contributivo por las deudas contraídas con la red prestadora de servicios de salud a junio del 2013. Vale recordar que en junio la Supersalud ya había anunciado investigación contra 13 EPS del régimen subsidiado, por el mismo motivo.

Margarita Escobar Pereira, delegada de Procesos Administrativos, dijo que cuando las IPS prestan el servicio generan unas facturas, que es el costo que tiene cada actividad. Dichos recibos no los paga directamente el usuario, sino que las IPS, o sea hospitales y clínicas, los remiten a las EPS para que los cancelen.

“Se ha venido presentando una crisis financiera en el sector en ese sentido y es que las IPS tienen acumulada la cartera, luego no hay flujo de recursos para poder prestar el servicio”, aseguró la funcionaria.

Escobar recordó que no es la primera vez que se abren investigaciones en este sentido. Las primeras ocurrieron en el 2011, pero no se pudo hacer contra todas las EPS, porque fue el momento financiero más crítico de la salud, así que se hizo solo contra algunas y, debido a la falta de recursos para imponer sanciones verdaderamente ejemplarizantes, se les hizo un acompañamiento e intervención hasta que se fueron saneando.

En la medida en que la situación financiera del sector mejoró, se expidió el año pasado la Circular 30, que indica paso a paso el procedimiento que deben seguir las EPS e IPS para aclarar las deudas y lograr sanearlas y pagarlas.

Con la Circular 30 en vigencia, las IPS deben remitir las facturas a las EPS y éstas determinan si hay lugar al pago de los servicios. Después las IPS verifican que las EPS les reconozcan el pago. Si no prospera un acuerdo, se llama a entidades territoriales para que digan cuánto adeudan y se realice la conciliación.

“La Superintendencia está haciendo inspección y vigilancia del cumplimiento de la Circular, es decir, requiriendo a las entidades territoriales, a las EPS e IPS para que reporten la información y citen la mesa de conciliación”, agregó la funcionaria.

Las IPS investigadas son:

Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar.

Hospital Universitario Fernando Troconis

ESE Hospital Regional II Nivel de San Marcos

ESE Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

ESE Hospital Universitario del Caribe

ESE Instituto Nacional de Cancerología

Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal

ESE Hospital San Juan de Dios, Yarumal

ESE Hospital Fray Luis de León

Hospital Local Turbaná

ESE Hospital San Antonio de Padua Simití

ESE Hospital San Juan de Sahagún

ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel

ESE Centro de Salud de Guaranda

Centro de Salud San José de Nimaima

San Antonio de Río Negro

Hospital Hatillo de Loba

ESE Camu de Chima, Hospital Militar

Hospital Santa Ana Palestina​

Las EPS investigadas son:

EPS del Régimen Contributivo

Aliansalud, Comfenalco Valle, Compensar, Coomeva, Cruz Blanca, Famisanar, Golden Group, Nueva EPS, Servicio Occidental de Salud, Ferrocarriles Nacionales Contributivo.

EPS del Régimen Contributivo y Subsidiado

Salud Vida y Cafesalud

VIDA / SALUD

Alimentos fue el grupo de gasto que registró la mayor variación en agosto

Con una variación de 0,35%, el rubro de los alimentos fue el grupo de gasto que mayor variación registró en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para agosto pasado, informó ayer el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).

 

En el octavo  mes del año,  la variación general del IPC para el país,  fue 0,20%, una tasa superior en 0,12 puntos porcentuales a la registrada en  agosto de 2013, que fue de 0,08%.

Según el reporte del Dane, dos grupos pesaron en el incremento de la inflación y se ubicaron por encima del promedio nacional aportando 0,19 puntos porcentuales a la variación total.  Es decir, además de alimentos, está el rubro de la vivienda con 0,29%.

Por debajo del promedio nacional están salud (0,14%); educación (0,10%); otros gastos (0,09%); transporte (0,01%); comunicaciones (-0,02%); diversión y vestuario (-0,03% para ambos casos).

En lo corrido del año los precios al consumidor acumulan a agosto una variación de 2,94%. Esta tasa es superior en 1,08 puntos porcentuales a la registrada para igual  período de 2013, cuando llegó a 1,86%.

El grupo de gasto que registró la mayor variación positiva entre enero y agosto fue alimentos con 4,35%, mientras el rubro de diversión presentó la menor variación con -1,22%.

Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio en agosto fueron Cali (0,46%); Valledupar (0,36%),  Florencia (0,34%), Medellín (0,31%), San Andrés (0,28%), Pasto (0,28%), Pereira (0,25%), Armenia (0,23%), Bucaramanga (0,21%) y Montería (0,21%).

Por debajo del promedio mensual se situaron Quibdó (0,18%), Popayán (0,18%), Sincelejo (0,17%), Bogotá D.C. (0,15%), Manizales (0,15%), Cartagena (0,14%), Ibagué (0,13%), Santa Marta (0,11%), Riohacha (0,1%), Villavicencio (0,07%), Cúcuta (0,05%), Barranquilla (0,05%), Neiva (-0,06%) y Tunja (-0,13%). 

Se acaba el monopolio de internet y TV en edificios

Ahora podrá elegir libremente su operador de telefonía fija, internet o televisión. Foto: © asiaselects/Corbis

¿Le ha pasado que quiere contratar un servicio pero ese operador no tiene cobertura en su casa y debe elegir otro?

Este primero de agosto entro en vigencia el Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones “Ritel” expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, que busca a acabar con el privilegio que tenían algunos operadores de telecomunicaciones de ofrecer sus servicios en algunas zonas de las ciudades.

La CRC identificó que estaban ocurriendo varios problemas:

Los mismos operadores estiman que solo 35 % de los hogares en Colombia tienen acceso a más de un operador, es decir que en 65 % existe un monopolio. Esta práctica por supuesto encarece el servicio y le resta opciones de elegir a los usuarios, restringiendo el mercado.

Hoy es común que se aplique la ley del primero que llega. Así, el primer operador que logre negociar con una constructora de edificios de apartamentos u oficinas es el único que puede instalar sus redes al interior de la edificación y luego, los usuarios solo pueden contratar con ese proveedor. Puede ser Claro, Une, ETB, Movistar, Emcali, Telebucaramanga o los locales de cada ciudad.

Incluso hay casos que van más allá y le obligan al residente a tomar una línea telefónica con determinado operador porque desde el principio se establece que los citófonos funcionan solo con el mismo teléfono fijo.

El nuevo reglamento termina con esto ya que establece que las redes internas son propiedad del edificio, no de un operador.

Es común que hoy un usuario vea una buena oferta de un operador pero no la pueda tomar porque en su edificio o conjunto no tiene cobertura. Con la convergencia de redes y de servicios también es posible que hoy un usuario pueda adquirir paquetes de servicios entre móviles y fijos con el mismo operador logrando descuentos. Hoy son pocas las opciones que existen en esa modalidad pero con la nueva regulación, será más fácil pues no habrá problemas de falta de acceso.

El conflicto hoy en varios lugares ni siquiera es la falta de cobertura del operador. Puede ser que un operador tienda sus redes por un conjunto o un edificio pero se encuentre con la barrera de la administración de la construcción que se casó con la competencia y no permite la entrada de otro.

Ahora la intención es que el operador llegue con su red hasta la entrada del edificio pero que internamente pueda acceder cualquiera con la red ya instalada del propio edificio para facilitar futras instalaciones.

Los cambios

La regulación busca entonces eliminar las barreras de entrada de nuevos operadores pues los antiguos tienen una ventaja evidente. Busca también garantizar un trato no discriminatorio en los operadores y la libre elección por parte de los usuarios, promover la competencia.

Además se pretende definir las condiciones para el acceso y uso de las redes internas y expedir un reglamento técnico para la infraestructura en la propiedad horizontal. De este modo se organiza la manera de acceder a las redes internas de un edificio ya que el constructor se verá obligado a suministrar la antena comunal, los ductos, los gabinetes y las cajas.

Otro problema que se presenta es el desorden y la falta de estándares en la instalación de redes internas en los edificios. Pasa que los contratistas de un operador dañen la infraestructura de la competencia o que dejen cables tirados en cualquier lugar.

Lo que establece la regulación, es que las nuevas construcciones de vivienda u oficinas de propiedad horizontal que soliciten licencia desde el primero de agosto de 2014, deben garantizar a los usuarios la prestación de servicios de internet, TV digital gratuita, TV satelital, TV por cable y telefonía local fija e inalámbrica.

Eso significa que más allá de permitir que cualquier operador llegue a los nuevos edificios, estos deberán venir equipados con las redes necesarias para que en cada apartamento u oficina, los usuarios puedan conectarse sin problema a la televisión digital terrestre que llega por medio de una antena de manera gratuita.

Esto soluciona a futuro, el problema que se presenta hoy con la falta de antenas aéreas de TV.

La normatividad está consignada en la resolución 4262 de 2013 de la CRC y responde al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, reglamentado en la ley 1450 de 2011.

Las construcciones anteriores al primero de agosto, no tienen la obligación de cumplir con este reglamento. Si deciden hacerlo voluntariamente, será potestad de la comunidad de propietarios que se rigen bajo la Ley 675 de 2001.

Los constructores que incumplan la regulación, podrán ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Los operadores de telecomunicaciones por el Ministerio TIC y los operadores de TV abierta por la ANTV. 

Se abre el debate por líderes gremiales perpetuos

Varios de los dirigentes de las organizaciones gremiales del país llegaron hace más de una década a su cargo, lo que es consistente con la falta de relevo generacional que los expertos económicos y empresarios del país destacan como uno de los problemas en estas asociaciones.

Ese es el caso de Camilo Llinás, presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), que está desde hace 31 años a la cabeza de la organización; de Rafael Hernández de Fedearroz, que es presidente hace 23 años; Luis Carlos Villegas de la Andi al frente de la entidad hace 17 años y Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) quien lleva 12 años al mando de este gremio.

Sin embargo, las opiniones están divididas en cuanto a si la permanencia por un largo periodo al frente de una organización de este tipo es positiva o no para un gremio.

De acuerdo con Raúl Ávila, director de estudios económicos de la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana, la permanencia por largo tiempo de un dirigente gremial permite que se tenga un amplio conocimiento del sector, lo que es fundamental para la toma de decisiones al interior de la organización y en términos de representatividad de los afiliados frente al Gobierno.

Sin embargo, según Francisco Cubillos, director del programa de administración de empresas de la Universidad del Rosario, a pesar de que los dirigentes de las agremiaciones “son personas de mucha experiencia en sus subsectores y son interlocutores válidos frente al gobierno, pueden caer en la figura de desgaste, porque son muchos años por los que han estado en el cargo y en una organización es fundamental el relevo generacional, porque hay gente detrás de ellos que tiene nuevas ideas y es necesario hacer un cambio”.

Pero dentro de los gremios del país también hay dirigentes que han asumido el mando desde hace poco. Ese es el caso de Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), quien tiene ese cargo desde hace diez meses; Juan Leonardo Correa, de Cotelco, asumió la presidencia en 2011; mientras que Rodrigo Cruz, presidente de la Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi) y María Alejandra Grueso, presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica (Andigraf) están en sus cargos desde el año pasado.

Para Alberto Yohai, presidente de la Ccit, “es importante que este tipo de organizaciones sean proactivas, se requiere de una renovación continua de ideas y de actividades para dar un valor agregado a las empresas afiliadas”.

Muchos gremios y más fuertes

Según los expertos, aunque no se conoce una cifra exacta de cuántas organizaciones gremiales hay en el país, lo cierto es que en Colombia hay una gran cantidad de estas asociaciones en cada uno de los sectores debido a la diversidad de producción. Rafael Mejía, presidente de la SAC señaló que el Consejo Gremial Nacional tiene como afiliados actualmente 21 organizaciones de este tipo, que son las más importantes del país.

Esta organización reúne a Acolfa, Acopi, Acoplásticos, Andi, Analdex, Andesco, Asobancaria, Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedegan, Fedepalma, Fenalco y SAC, todos gremios de diferentes sectores de la economía.

Cesar Ferrari, profesor de economía de la Universidad Javeriana, señaló que en Colombia existe la impresión de que hay muchos más gremios en relación con otros países de América Latina y que están mejor organizados, lo que los hace más fuertes porque su relación con el Gobierno es más estrecha. “En otros países del subcontinente no hay buenas relaciones con los gobiernos y a los empresarios no les interesan tanto estas afiliaciones”.

Por su parte, José Manuel Restrepo, rector del Colegio de Estudios de Administración (Cesa), afirmó que “en Colombia hay tantos gremios que hay de todas las calidades. Tal vez en otros países existan unos más fuertes que en el caso colombiano, pero en el país hay importantes organizaciones y fuertes, así como hay algunos que son bastante débiles”.

Restrepo destacó que las empresas del país buscan asociarse para defender sus intereses en conjunto y a través de un intermediario.

Raúl Ávila, director de estudios económicos de la Coalición para la Promoción de la Industria, afirmó que Brasil y Argentina, al igual que Colombia, tienen una gran diversidad de producción, razón por la cual existen muchos gremios, asociaciones y representatividad de pequeños productores. Chile y Perú, por su parte, están creciendo mucho, pero no hay gran diversificación, por lo que los gremios no son tantos.

Pagos de afiliación son diferentes para cada compañía

Para pertenecer a una organización gremial, es necesario pagar una cuota de afiliación anual, cuyo valor varía de acuerdo al gremio. Generalmente, los pagos no son fijos y varían para cada compañía que desee ser miembro. En la Andi, por ejemplo, dicha cuota se define con las cifras de producción y de ventas de cada firma, que se toman como variables de acuerdo a un estudio realizado por la entidad. Para Sidoc, por observar otro caso, el pago anual como afiliado a Fedemetal fue de $27.566.000, pero según la firma, el pago ascendió casi $100 millones por apoyo a publicidad.

Van 350 sanciones por violar el Habeas Data

Un ciudadano encuestado debe saber qué uso tendrá la información personal que suministra. 

Nueva ley, con más herramientas para defender datos personales.

Un nuevo mecanismo de defensa ante los posibles abusos que puedan cometer las empresas por el uso indebido de los datos personales, quedó habilitado desde el pasado 19 de abril, cuando entró en vigencia la Ley 1581 del 2012, tras un periodo de transición de seis meses.

“La nueva norma, distinta a la Ley 1266 del 2008, que regula el Habeas Data Financiero, amplía aun más el espectro de empresas, públicas o privadas, que deben adaptar sus procesos a los términos de la norma con el fin de hacer un manejo adecuado de sus bases donde reposa información de las personas”, dijo el Delegado Para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), José Alejandro Bermúdez.

Con esta norma, la SIC quedó facultada para abrir investigaciones y sancionar cuando detecte conductas violatorias de dicha ley, en empresas como los centros de contacto, compañías prestadoras de servicios de salud, las que realizan estudios de mercadeo, las redes sociales, todas las entidades públicas y cualquiera que tenga en sus bases de datos información del público. Solo en cumplimiento del Habeas Data financiero, la SIC ha abierto unas 1.000 investigaciones, de las cuales 350 terminaron con la imposición de multas por más de 5.000 millones de pesos.

Estadísticas de la entidad indican que, en promedio, cada mes reciben unas 250 quejas. Pero con la Ley 1581, las empresas quedan impedidas para comercializar o emplear información que recolecten del público sin su previo consentimiento.

Por eso, dice Bermúdez, las personas tienen derecho a conocer los propósitos que persigue una empresa con la toma de sus datos y autorizar su uso. La norma impide que esos datos se utilicen de manera indiscriminada.

MULTAS POR USO INDEBIDO

Las empresas que violen la norma se exponen a multas que alcanzan los $ 1.130 millones, y corren el riesgo de que la SIC ordene el cierre temporal o definitivo del establecimiento, que puede ser más grave que la multa monetaria.

Sancionadas las cabezas de la firma Torres Cortés

Gerardo Hernández, superintendente financiero de Colombia.

José Leonel Torres Cortés, decano de los comisionistas de la Bolsa Mercantil de Colombia, no podrá desarrollar durante el próximo lustro actividades relacionadas con el mercado de valores.

Además, tendrá que pagarle al fisco una multa por $150 millones por el manejo indebido de las inversiones que le confiaron sus clientes.

Así lo determinó el superintendente financiero, Gerardo Hernández, al confirmar en instancia definitiva la sanción impuesta en primer término por la Delegatura para Intermediarios de Valores.

El superintendente también castigó pecuniariamente a Leonel José Torres Cortés, representante legal e hijo del fundador de la firma Torres Cortés S.A., actualmente en liquidación. Hernández encontró los Torres, padre e hijo, incumplieron sus deberes como administradores permitiendo que la entidad desarrollara actividades por fuera del objeto social autorizado y por las irregularidades contables evidenciadas en la sociedad.

Dinero.com estableció que las sanciones serán notificadas en las próximas horas y consultó a expertos, según los cuales, la decisión de la Superintendencia tendrá un notorio impacto dentro del proceso penal que avanza actualmente la Fiscalía.

Como lo informa la Revista Dinero en la edición empresa número 447, que actualmente está en circulación, los directivos de la firma serán también imputados de cargos penales por haber comprometido en maniobras ilegales recursos por más de $17.000 millones captados a sus clientes.

Como se recordará, a los mencionados representantes legales de la firma Comisionista de Bolsa, José Leonel Torres Cortés y Leonel José Torres Jaramillo, representantes legales y accionistas de la Sociedad, esta Superintendencia les ordenó suspender la captación ilegal de recursos del público mediante Resolución 1243 del 5 de julio de 2013.

Las siguientes son las resoluciones confirmadas por el Superintendente Financiero:

1. Resolución 0557 del 9 de abril de 2014: mediante la cual se sancionó a José Leonel Torres Cortés con una inhabilitación por el termino de cinco (5) años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia y una multa por valor de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000).

La sanción de inhabilidad, es el término máximo permitido por la ley, y la multa impuesta fueron confirmadas al haberse concluido que José Leonel Torres Cortés, como representante legal de la misma permitió la ejecución de operaciones que excedían el objeto social autorizado por esta Superintendencia y permitió que en la información contable de la sociedad comisionista se registraran datos erróneos e imprecisos que impedían conocer la real situación patrimonial de la firma.

2. Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2013: mediante la cual se sancionó a Leonel José Torres Jaramillo con una multa de cien millones de pesos ($100.000.000).

La sanción fue confirmada en todas sus partes al haberse concluido que Leonel José Torres Jaramillo, en su condición de representante legal de la firma comisionista intervenida, permitió la ejecución de operaciones que excedían el objeto social autorizado por esta Superintendencia.

Cuando se crea una firma, nace otra informal

Julián Domínguez, presidente del organismo, pide acelerar planes de creación de negocios formales.

El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, pide agilizar la formalización empresarial.

La promoción de la cultura del juego limpio en todos los ámbitos de los grandes y pequeños negocios del país será el eje central del congreso anual de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) que se realizará el 4 y 5 de septiembre en Cartagena.

El evento también tiene como eje de discusión ‘Apuestas empresariales para una economía global’ y analizará, de la mano de expertos nacionales e internacionales y del Gobierno, los retos que enfrentan las firmas para seguir compitiendo en mercados globales.

El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, dice que la globalización de los mercados hace cada vez más prioritaria la creación de empresas formales, que generen empleos de calidad y compitan en igualdad de condiciones con las que se ciñen al régimen de sociedades. En su opinión, en el país hay alta iniciativa de emprendimiento, pero la informalidad es alta porque por cada compañía que se crea nace una informal.

“De cara a un proceso de paz, se hace urgente que, desde la formalidad empresarial, todos sus agentes se sinceren, es decir, desde el productor hasta el consumidor”, explica el directivo.

También considera que la cámaras de comercio tienen la idoneidad a nivel de las regiones para coordinar, con los nuevos funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, proyectos y acciones para fortalecer y potenciar la competitividad empresarial.

Agrega que los programas actuales de reinserción laboral público-privados, con unos 12 años de creados, son lo suficientemente sólidos para que se articulen con las ventajas legales que da la formalización de empresas. “Las cámaras deben contribuir a que personas que han venido actuando por fuera de la sociedad se puedan reincorporar de manera más eficiente”, explica Domínguez.

Sin embargo, considera que las empresas que se generen no deben enfocarse en negocios tradicionales sino en aquellos bien diferenciados y con ingredientes de innovación y sostenibilidad.

“El país que no actúa dentro de la legalidad, en medio de la violencia, la ley del atajo y la subcultura del más fuerte debe revertirse”, afirma.

El presidente de Confecámaras anuncia, igualmente, que durante los dos días del evento se reunirán expertos internacionales y nacionales, miembros del gobierno y empresarios, con el propósito de analizar los desafíos de la globalización e identificar retos en las regiones para que las compañías sigan siendo competitivas.

También anticipa que pueden salir a la luz parámetros que definan mejor el nuevo papel de articuladores de las cámaras de comercio para los empresarios. Por ello, considera que el modelo de los clúster (agrupación de negocios similares) puede impulsar la competitividad y generar más puestos de trabajo. “Es a partir del clúster y las unidades productivas especializadas que se pueden generar negocios para medianas y pequeñas empresas, y superarse los problemas de competitividad”, asevera.

SuperSociedades ordena a grandes empresas controlar el lavado de activos

Una resolución expedida recientemente por la Superintendencia de Sociedades obliga a las grandes empresas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La norma que conoció RCN La Radio, establece por primera vez la obligación de que las compañías del sector privado que manejan grandes volúmenes de recursos (más de 94 mil millones de pesos al año) adopten políticas de control a esos delitos.

"Esto implica controles y filtros al manejo de dinero en efectivo, políticas para conocer a sus clientes, a sus proveedores, a los asociados de la compañía y hasta detalles sobre sus empleados", dijo el Superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez Cabrera.

El funcionario explicó a RCN La Radio que la nueva norma no establece un manual único de control al lavado de activos en el sector privado, pero el deber de cada gran empresa es montar su propio esquema y reportarlo.

Sobre las operaciones sospechosas que deben reportar las empresas, Vélez agregó que "obviamente tendrán que reportar cualquier transacción elevada en efectivo, cuando hay personas políticamente expuestas y que adquieren bienes que claramente no podrían pagar según su declaración de renta, cuando hay mercancías que requieren certificaciones como los licores", entre otros ejemplos. 

A partir de esta norma de control que ya está vigente, las empresas de servicios, las grandes industrias, las empresas de transporte, entre otras deberán adoptar sus políticas, so pena de las multas que en cada caso establezca la Superintendencia de Sociedades.

Este modelo de control de lavado de activos ha sido probado desde hace 2 décadas en los bancos y ha permitido a autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) rastrear movimientos de recursos que puedan estar relacionados con el crimen organizado.

Evasión de parafiscales en Colombia asciende a $15 billones de pesos

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal reveló un estudio que evidencia que los colombianos evaden aportes al sistema de pensión, salud y protección social, por una suma de $14.6 billones, cifra es incluso superior al presupuesto que se asigna anualmente a la capital colombiana que es de 12 billones de pesos.

La directora de la UPG, Gloria Inés Cortes, explicó las principales causas por las que empresas, trabajadores independientes y hogares dejan de pagar los parafiscales.

“Cuando se es joven, la percepción de vejes no existe, el no tenerlo presente implica que esas personas no sienten la necesidad de cubrimiento de cualquier riesgo y eso hace que la evasión, sean por omisión o por mora, se incremente entre un 17% y 35%”, manifestó. 

Otras de las razones: menciona a aquellas personas que utilizan la figura del beneficiario de quien es contribuyente y generan ingresos o quienes pertenecen al régimen subsidiado, cuando podrían aportar al régimen contributivo.

“A nivel de hogares pudimos establecer que el 68% de los hogares con más de un obligado, es decir quién genera ingresos superiores a un salario mínimo, está incumpliendo, es decir más de 1.6000.000 hogares”, señaló.

El dinero que se deja de recaudar por esos dos conceptos asciende a cerca de un billón de pesos quienes se hacen pasar por beneficiarios y de 2.7 billones de pesos, quienes pertenecen al régimen subsidiado y podrían aportar, según lo muestra el estudio. 

Respecto las empresas, el estudio muestra que de 200 mil empresas de más de 10 empleados, 90 mil evaden. De las cuales, 56 mil tiene entre 10 y 50 empleados y 34 mil más de 50 trabajadores. Estos aportes suman más de 12 billones de pesos, que se dejan de recibir por conceptos como omisión, mora e inexactitud. 

El porcentaje de trabajadores independientes que tampoco aporta a pensión y parafiscales supera el 85%, omite un recaudo de 3 billones de pesos.

Hay que perder el miedo a mover el IVA: Guillermo Perry

Exministros consideran que sí debe haber una reforma más ambiciosa, como la que pide la banca.

Mesa de la Convención Bancaría, encabezada por María Mercedes Cuéllar.

Varios exministros de Hacienda compartieron la opinión de la banca del país en el sentido de que lo que se necesita en materia tributaria es una reforma estructural acorde con las necesidades financieras del país, incluso pensando en lo que se requerirá si Colombia alcanza la paz.

Los exministros expresaron su opinión luego de que la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, dijo que la reforma planteada solo sirve para tapar un hueco y en seis meses se necesitaría otra.

Guillermo Perry Rubio, jefe de la cartera de Hacienda en 1994, dijo que no hay alternativa, que hay que hacer una reforma tributaria porque las necesidades financieras que tiene el Gobierno son muy grandes y a punta de reformas de corto plazo no se soluciona el problema.

Advirtió, sin embargo, que el Gobierno le tiene mucho miedo a tocar el IVA, pero es un impuesto que hay que modificar, subiendo la tasa y ampliando su universo a más productos. “Es un impuesto fundamental en todo el mundo y acá el susto políticamente es muy grande”.

Y es que, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien intervino en la 49 Convención Bancaria en Cartagena, hay que cumplir la regla fiscal, los ingresos petroleros se van a caer y existen más necesidades de gasto, por lo que un escenario de esos deja abierta la puerta a una reforma.

Si bien Cárdenas señaló que se reducirán unos gastos y el impuesto a las transacciones financieras y al patrimonio se extenderán, para Perry esto no será suficiente. Advirtió, además, que quizás esto no sea lo mejor.

“Creo que es necesario ampliar el debate a una visión más estructural de la reforma tributaria. A mí me parece que no es conveniente hacerlo ‘pedaciado’, hay que pensar bien cuál es el régimen que se quiere en el futuro para hacer una cosa balanceada”, precisó Perry.

En su opinión, Colombia quiere entrar a la Ocde pero no quiere tener los impuestos de los países miembros de ese club. “Comparto la idea del ministro (Cárdenas) en el sentido de que mucha gente y familias ricas y empresas de familia tienen buena parte de los patrimonios afuera sin declarar”, puntualizó.

Para Roberto Junguito, el tema de las reformas tributarias nunca ha sido fácil y este no es el primer Gobierno que se ha visto abocado a llevar a cabo varias en un plazo corto y eso no significa que se hayan tenido que hacer para tapar huecos, sino para atender necesidades de cada época.

“Mañana (hoy) se discutirá por qué es necesario hacer reformas tributarias y qué alternativas habría si no se quieren hacer unas adicionales y qué tendría que sacrificarse de gastos… ese es el verdadero arte, no es tan fácil”, dijo

El exgerente del Banco de la República Miguel Urrutia Montoya, por su parte, confió en que, como la idea es meterse con el patrimonio, espera que se aproveche el momento para hacer una reforma estructural, lo que tendrá implicaciones, pero está seguro de que se mejoraría sustancialmente la estructura tributaria para el país.

“Hacer una sola reforma estructural es muy difícil, y lo importante es que las reformas que se vayan haciendo contribuyan a una mejor estructura. Por ejemplo, se critica mucho algo como el cuatro por mil, pero ese impuesto es menos malo en términos de estructura que lo que la gente dice”, considera Urrutia.

Los exministros de Hacienda coincidieron en que es necesario que más colombianos paguen impuestos, pues es la única forma de que el país cuente con los recursos que necesita.

‘Se deben eliminar exenciones’

Para Enrique de la Rosa, presidente de RBM Redebán, no hay que reformar la base tributaria ni hacer una reforma, sino que la gente pague los impuestos. En su opinión, se debe perseguir a los que no pagan y que haya cárcel para los grandes evasores, aquellos que hacen el contrabando técnico y se eliminen las exenciones, porque llevan a la gente a buscar tener derecho, lo que termina en evasión.