El gravamen iba a ser desmontado, tras 14 años, pero ahora se plantea como salvavidas para el agro.
El 4 por 1.000, por consenso, es un impuesto indeseable. Nació como una medida transitoria, en un momento de crisis de la banca pública, y ya lleva 14 años sin que nadie lo haya podido tumbar. Desde el Fondo Monetario Internacional hacia abajo han aconsejado la eliminación de un tributo que ahora vuelve a verse como un salvavidas; en este caso, para el sector agrario.
El tributo (4 pesos por cada 1.000 pesos transados) se aplica para operaciones con el sistema financiero, entre otras, cheques y retiros mediante talonario, tarjeta débito y cajero electrónico.
En el Congreso de la República –donde se tomará la decisión definitiva sobre utilizar o no los recursos de este impuesto para el agro– se plantearon esta semana varias alternativas para recaudar los tres billones que se necesitan para meterle el hombro al sector. Sin embargo, el 4 x 1.000 se baraja como la más viable.
Según el investigador Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria, “para el Gobierno este impuesto es cómodo, porque su recaudo es fácil y barato”. Sin embargo, a juicio de algunos analistas, la medida afecta la confianza en el Ejecutivo.
“Hemos vuelto a las viejas épocas de aumentar el gasto público primero y luego buscar los recursos tributarios, a la topa tolondra, sin importar el ya preocupante irrespeto a la estabilidad en las reglas del juego”, señala el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Otros se preguntan por qué hay que echar mano de medidas excepcionales para recoger los recursos que necesita el agro cuando al país se le ha presentado un panorama de suficiencia en los ingresos. “¿Acaso no recogieron 13,5 billones de pesos más de lo esperado para esta época? Con el impuesto a la equidad (Cree) acabaron dejando la tarifa del impuesto de renta en 34 por ciento (25 la básica y 9 del Cree). Crearon 4 impuestos nuevos: Cree, Imán, Imás y Consumo. ¡Y aún así no alcanza?”, plantea la exdirectora de la Dian Fanny Kertzman.
Para Camilo Rodríguez, director de Impuestos de la firma KPMG, el problema radica en que “el Gobierno día a día adquiere más obligaciones y compromisos de carácter permanente y los recursos fiscales propuestos para cubrirlos son transitorios”.
En este sentido, los expertos temen que “surjan propuestas de extender también el impuesto al patrimonio, crear sobretasa de renta, impuestos a los dividendos o modificar el IVA”.
La banca, uno de los sectores que ha respaldado la idea de aplazar por un año el desmonte del gravamen, también advierte que esta no debería ser la panacea de la crisis.
En los debates del Congreso se han barajado opciones como la creación de un impuesto del 5 por ciento sobre los dividendos o la revisión de la destinación de los parafiscales que reciben las cajas de compensación. Pero, según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, su trámite sería más demorado.
El representante a la Cámara David Barguil sugiere otra solución: las regalías. “Las empresas del sector minero-energético dejan de contribuir en cerca de 2,3 billones de pesos al año gracias a que pueden deducir las regalías del pago del impuesto de renta –sostiene–. Si logramos que dejen de presentar sus declaraciones en cero, obtendremos los recursos para estabilizar el agro”.
