Cada vez la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene más dientes para sancionar a quienes no cumplen las expectativas o promesas al consumidor. Es por eso que con tres leyes nuevas las multas pasaron en solo cinco años de $7.200 millones a $217.000 millones y 1.807 sancionados.
El Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), la Ley de Habeas Data (Ley 1581 de 2012), y la Ley de protección a la libre competencia (1340 de 2009) han sido la clave para que los incumplimientos toquen el bolsillo de los empresarios y los clientes queden más satisfechos con sus bienes o servicios adquiridos.
Aunque la entidad dirigida por Pablo Felipe Robledo, no tiene consolidado el número de sancionados que van en lo corrido de 2014, sí tiene el valor acumulado de lo que tendrán que pagar los infractores. El valor es importante y va en $127.000 millones.
Según Juan Carlos Martínez, docente de propiedad intelectual de la Universidad la Sabana, el aumento tiene dos razones principales, la primera correspondería a la entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011, que señala en su artículo 61, que las sanciones podrán ser hasta por $1.232 millones (2.000 Smmlv), tope que de acuerdo con Martínez, era muchísimo más reducido en el pasado.
“Como antes las sanciones económicas no representaban un ‘descalabro’ importante, a las organizaciones no les preocupaba mucho violar o no las normas que protegían a los usuarios, pero con las actualización del Estatuto al Consumidor las cosas han ido evolucionando”.
Explica el experto que el crecimiento de los valores de las sanciones no estaría necesariamente en el aumento del número de sancionados, sino en los topes de las multas que legalmente ‘se inflaron’ considerablemente. La segunda, dice el docente de propiedad intelectual de la Universidad la Sabana, está en que el consumidor colombiano ha ido desarrollando una cultura del reclamo que lo ha hecho más consciente de sus derechos y que no tolera, como en el pasado, que se le vulnere sin que el culpable afronte las consecuencias de ley.
En esta opinión Martínez coincide con Luis Ángel Madrid, experto en propiedad intelectual, quien atribuye la nueva ‘conciencia’ del consumidor a la claridad sobre la protección al usuario incluida en dichas normas. Para Jesús Méndez , abogado especialista en marcas y patentes, el ‘grueso’ del asunto está en la rigurosidad que ha venido teniendo, en los últimos años el órgano de control, para hacer respetar al consumidor.
El año pasado los ‘pesos pesados’ de la telefonía celular: Claro, Movistar y Tigo, se convirtieron en los reyes de las multas y entre los tres sumaron 288 sanciones que equivalían a $19.505 millones de los $36.163 que acumuló el sector de comunicaciones. En 2014 la ‘cosa’ no ha variado mucho y como si no hubieran sentido dolor en los ‘bolsillos’ el año pasado, en los primeros cuatros meses del presente año ya adeudan entre los tres $7.608 millones. Los cobros extras y los silencios administrativos, están entre los casos más reiterativos en las compañías mencionadas, de acuerdo con Jorge Enrique Sánchez, delegado para la protección al consumidor de la SIC, quien también aseguró que ‘el trío’, está en la obligación de generar un código de cinco dígitos en el que sus clientes puedan enviar un mensaje de texto con la palabra ‘acepto’, en caso de que deseen continuar recibiendo chistes, poemas, rocolas y otros servicios que tengan vigentes y por los que se generan cobros adicionales en las facturas.
En otros sectores diferentes al de la telefonía, las causas más frecuentes de las sanciones se dan por publicidad engañosa, que en 2013 representó 22% de los casos, inobservancia de instrucciones impartidas, 20%; mala información en productos alusivos al tabaco, 18% y promociones y ofertas, 17%.
