domingo, 11 de junio de 2017

Deudores extienden los plazos de sus créditos que ya llegan a $187 billones


Con los años han aparecido más oportunidades de crédito para que las personas puedan acceder a servicios de todo tipo y darse gustos del nivel de estrenar un vehículo o su propio hogar. Sin embargo, la desaceleración económica, que vino acompañada de tasas de interés altas, hizo que los colombianos tuvieran que alargar el plazo de sus deudas.

Así lo encontró el Banco de la República, tras publicar los datos del Reporte de Estabilidad Financiera en el que se menciona que a febrero pasado el endeudamiento de los hogares ascendió a $187,5 billones, de los cuales 67,4% corresponden a préstamos de consumo y 32,6% restante a vivienda. En el reporte, el Emisor explicó que el hecho de que las personas se endeudan más ha generado que ellas vean en el alargue de las cuotas un alivio para su estabilidad financiera. 

“Las familias colombianas siguen adquiriendo deuda, pero ven una alternativa en el aumento de los plazos pues el valor que deben pagar cada mes es menor. Eso hace que la carga financiera baje, no quiere decir que en el país ahora sea menor el poder adquisitivo, sino que quizás es un ajuste que se hace para tener mayor comodidad en sus finanzas”, comentó Juan Carlos Mendoza, director encargado de estabilidad financiera del Banco de la República. 

Este comportamiento se pudo determinar luego de que se vio una caída en el abono de la deuda mensual que tienen las personas en Colombia, hoy en día por cada $100 que tiene un ciudadano como ingresos, $19,4 los destina para sus obligaciones de crédito. A pesar de esa disminución, el crecimiento real anual de toda la deuda que hay en el país se ubicó en 10,2%, siguiendo con la tendencia creciente presentada desde mediados de 2016. A febrero de 2017, la deuda de los hogares representó 21,5% del PIB y 32,5% del ingreso disponible de estos agentes, calculado por el Dane. 

Comparada con agosto de 2016, la modalidad de consumo es la que muestra la mayor aceleración, ya que si crecimiento pasó de 5,5% a 11%. En el caso de los establecimientos de crédito, los préstamos de libre inversión y tarjetas de crédito, que participan con 23,4% y 21,6% dentro de esta cartera, registraron los mayores crecimientos en febrero pasado. Adicionalmente, los créditos rotativos pasaron de crecer 1,3% a 5,3% en los últimos seis meses; estos tipos de préstamos representan 5,3% de la cartera total de consumo. 

En el caso de los créditos de vivienda, esta cartera pasó de agosto de 2016 a marzo pasado de crecer 6,4% a 8,6%, “explicado principalmente por la dinámica de los préstamos denominados en Unidades de Valor Real (UVR) de los otorgantes de crédito, que participan con 20,4% en el total de esta cartera” señaló el informe. 

Pero el hecho de que las familias pidan más plazos para pagar sus deudas ya lo había venido advirtiendo la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), pues en marzo pasado, en un reporte de la entidad habían mostrado la evolución de los créditos a largo plazo, pasando en 2011 de un promedio de 3,6 a 4,6 años en 2016 para pagar sus obligaciones de consumo, y de 13,7 a 16,8 años para las responsabilidades crediticias de vivienda. 

Y aunque algunos analistas dicen que extender el tiempo de pago de deuda es apuntar a más intereses, para el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, esta modalidad depende del tipo de usuario, “endeudarse a largo plazo no es algo malo dependiendo del perfil del consumidor o para qué se están solicitando los créditos. Si lo hacen para bienes durables o adquisiciones como propiedad raíz o un vehículo, tiene todo el sentido de hacerlo a varios meses o años, mientras que lo contrario sería si es para deuda que va ligada al ocio”, comentó Castro.


http://www.larepublica.co/deudores-extienden-los-plazos-de-sus-cr%C3%A9ditos-que-ya-llegan-187-billones_514981

sábado, 10 de junio de 2017

Lo que debe tener en cuenta a la hora de crear los comités laborales


En abril pasado se cumplieron cinco años desde que el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 652 de 2012 que reglamentaba las funciones de dos de los comités que toda empresa debe implementar: el de salud ocupacional y el de convivencia laboral.

La intención de estas figuras en las empresas es mejorar el clima laboral y, entre otras, buscar un espacio en el que se visibilicen temas tan sensibles como el acoso laboral. Sin embargo, uno de los principales inconvenientes es que los comités muchas veces son confundidos con espacios de arbitramiento cuando en realidad tienen una naturaleza de mediación para la resolución de conflictos. 

Justamente, la resolución realizada bajo la administración de Rafael Pardo en el Ministerio de Trabajo, contempla diez funciones para el comité de convivencia. 

La primera tiene que ver con recibir los procesos de acoso laboral o conflictos que se presenten en la compañía. Los casos deben ser examinados de manera confidencial por los miembros del comité y recoger las evidencias. También, citar a las entrevistas a las partes involucradas para posteriormente tener una reunión de mediación y conciliación. 

En la mitad de las funciones también está el hecho de empezar planes de política empresarial para atender los casos mencionados y en el que se hace seguimiento a los compromisos que se pacten entre los trabajadores y la empresa. Pero si en el caso de un acoso laboral, las recomendaciones realizadas por el comité no son atendidas, se puede dar traslado a la dirección de la empresa o a los inspectores de trabajo del Ministerio. Un último recurso también está en un juzgado competente. 

Por otro lado, entre los requisitos a tener en cuenta a la hora de conformar un comité, está que esté compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes (ver gráfico). Una vez elegidos los integrantes, el comité de convivencia laboral deberá elegir por mutuo acuerdo entres sus miembros, un presidente y un secretario. 

Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “los comités de convivencia tienen una figura sobredimensionada porque si bien buscan una concertación entre los trabajadores y el empleador, muchas veces es entendido como un juez y terminan presentando querellas o poner a alguien como la víctima o victimario y se sale del resorte del comité”. 

Y aunque la naturaleza y apuesta del sector público y privado era disminuir el acoso laboral, se termina viendo como un saludo a la bandera. “El gran problema del comité es que no tiene las suficientes herramientas para poder enfrentar y resolver esas problemáticas que se generan en algunas empresas”, anotó el investigador de la Universidad del Rosario. 

A su turno, el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo o Comité de Salud Ocupacional, como normalmente se le conoce, se encarga de la promoción de buenas prácticas saludables entre los trabajadores. Su conformación se hace de la misma manera que el comité de convivencia (ver gráfico). 

Entre las funciones de este comité, la norma le asigna la de visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos y procedimientos, informando al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas de prevención y control.

Contrario a lo del comité de convivencia, Jaramillo considera que “el comité de salud ocupacional ha ocupado un papel importante en materia de promoción de normas y prevención de riesgos en donde vemos que la mayoría de empresas lo han adoptado”. Una de las recomendaciones que se realiza a las compañías a la hora de conformar dichos comités es que los integrantes sean conocedores del entorno laboral y de las dinámicas de los trabajadores. Esto le permitirá a las compañías mejorar las condiciones y productividad de sus empleados.

¿Cómo funciona en el sector público?

Al igual que ocurre con el sector privado, las empresas del Estado también tienen establecido un comité de convivencia laboral y de salud ocupacional que se encargarán de velar por las condiciones y clima laboral de los funcionarios. La diferencia con sus pares del sector privado es que con las entidades estatales, los casos que no tengan una solución o seguimiento acorde a la problemática de acoso laboral podrá trasladarse a la Procuraduría General de la Nación debido a que hace parte de su resorte el vigilar las conductas disciplinarias de los empleados públicos.

http://www.larepublica.co/lo-que-debe-tener-en-cuenta-la-hora-de-crear-los-comit%C3%A9s-laborales_515066

viernes, 9 de junio de 2017

Servicio al cliente en el ámbito tributario

Si bien las entidades en el sector oficial persiguen un objetivo diferente al de los negocios particulares, los conceptos gerenciales de la buena administración también les son aplicables.

Si a las variables que afectan el cumplimiento tributario en forma negativa se suma la mala atención a los contribuyentes en las oficinas de impuestos y sistemas informáticos deficientes, los efectos adversos y desestimulantes se multiplican en forma exponencial.

Los consumidores pretenden que los productos y servicios que adquieren para satisfacer sus necesidades reúnan altos estándares de calidad, que tengan un precio justo y, además, aspiran recibir una atención especial y oportuna, durante el proceso de la negociación y con posterioridad a la venta. Cuando la organización empresarial atiende estos elementos en debida forma, obtiene como compensación la fidelización de los clientes y una mayor rentabilidad.

Si bien las entidades en el sector oficial persiguen un objetivo diferente al de los negocios particulares, los conceptos gerenciales de la buena administración también les son aplicables. Por ello, el “servicio al cliente” es un elemento que no debe ser extraño a ellas, así su finalidad sea la de cumplir las funciones que les corresponde ejecutar, según los dictados de las normas que las regulan, a nombre del Estado y en beneficio general de todos los administrados.

Los servidores públicos no deben considerar a los destinatarios del ejercicio de sus funciones, como contrapartes o simples sujetos pasivos de obligaciones legales. Les corresponde mirarlos con el respeto, cuidado y consideración, que a los clientes se otorga en el sector privado. En la medida en que las instituciones establezcan lo necesario para que su personal se comporte en esta forma, al interactuar con los particulares que forman parte de su órbita de acción, con seguridad van a disponer de recursos humanos desburocratizados que rendirán mejor en sus tareas y con ciudadanos satisfechos que, en lugar de mirarlas como enemigos, van ganar confianza en ellas y a cumplir en mejor forma con sus deberes.

En el ámbito de los tributos, estas consideraciones cobran mayor importancia. Siempre ha sido evidente que el correcto cumplimiento tributario resulta afectado en forma negativa por muchas variables: la generalizada corrupción pública, la complejidad de las normas, la falta de funcionarios preparados y competentes en la administración, la ausencia de políticas de control que generen riesgo subjetivo, los deficientes logros de la lucha contra la evasión, entre otros, son factores que afectan el voluntario y cabal desempeño. Pero si se suma la mala atención a los contribuyentes cuando acuden a las oficinas a realizar diferentes trámites, o el deficiente funcionamiento de los sistemas informáticos cuando tratan de cumplir con sus responsabilidades impositivas, los efectos adversos y desestimulantes se multiplican en forma exponencial.

El panorama descrito es palpable en Colombia y se constata en los altos índices de evasión. Sin embargo, hay varios frentes en los que se percibe un esfuerzo de la DIAN, para prestar un mejor servicio. Es el caso de los conceptos generales que sobre la reciente reforma tributaria ha venido elaborando la Subdirección de Doctrina para llenar, en lo posible, el vacío interpretativo originado por la demora en la expedición de sus decretos reglamentarios, las ferias de cobranzas, las jornadas de presencia institucional para atender trámites como inscripción y actualización del RUT, emisión de mecanismos digitales, orientación y capacitaciones en el uso de los servicios en línea. También ha ocurrido algo similar, en la presentación de solicitudes de devolución por parte de quienes determinan saldos a favor en sus declaraciones. 

Valga recordar que en virtud de los escándalos de defraudación que se detectaron hace algunos años, cuando algunos facinerosos del sector privado en contubernio con unos pocos funcionarios se aprovecharon de sociedades de papel y exportaciones ficticias para obtener devoluciones indebidas, el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario para estos fines fue rediseñado, se hizo más dispendioso y su trámite se volvió demorado, no sólo porque se amplió la oportunidad que tienen los funcionarios para decidir, sino que se volvió común juzgar la conducta de los solicitantes en forma contraria a la de la buena fe, tal y como lo estipula nuestra Constitución Política.

Esta situación ha venido afectando a quienes realmente tienen derecho a cobrar valores ciertos que corresponden a operaciones reales y que, de no recuperarlos en el menor tiempo posible, resultan afectados en el flujo de caja y en su actividad económica.

Por norma general, las peticiones de devolución deben ser presentadas a través de los sistemas informáticos. Sin embargo, hay casos en los que el contribuyente debe acudir a las oficinas de impuestos a concretar su radicación, previa la asignación de citas que se otorgan para varios meses después. Hoy por hoy, la generalidad de los interesados hacen votos porque la entidad realice un empeño mayor para concederlas para instancias más próximas y para que, una vez iniciado su trámite, el funcionario de turno respete la Ley Anti-trámites corrigiendo de oficio errores formales que no afectan los valores de las declaraciones. Esto último evitaría someter al ciudadano a repetir el tortuoso camino de las citas para presentar nuevamente su solicitud, con una pérdida de tiempo a todas luces injustificada.

No obstante lo anterior, resulta grato registrar opiniones favorables sobre la forma en que hoy se atiende a quienes hacen presencia física para estos menesteres en la Dirección Seccional de Bogotá. En esta administración, según estos testigos, se ha dispuesto una cómoda oficina con funcionarios que, además de estar debidamente preparados en los temas legales técnicos, dan un trato muy especial y considerado a quienes allí acuden a realizar esta clase de gestiones. Este comportamiento debe ser registrado como un ejemplo de lo que debe ser el “servicio al cliente” en una entidad del Estado, máxime cuando se trata del organismo que controla y administra un tema poco querido, pero imperativo para todos. Ojalá este proceder se refleje en otros ámbitos y dependencias de la DIAN, para bien de los contribuyentes y del Estado colombiano.

PRECISIÓN: En la columna anterior se mencionó la interpretación ilegal de la DIAN que sometió la exclusión del IVA de los servicios de hosting, cloud computing o mantenimiento a distancia, a una reglamentación por parte del Ministerio de las TIC. Celebramos que la oficina jurídica de la entidad en Concepto No.877 del 8 de mayo de 2017, dado a conocer recientemente, haya rectificado su posición inicial, para precisar que la vigencia de esta exclusión no exige reglamentación alguna.

http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/servicio-al-cliente-en-el-ambito-tributario-por-gustavo-cote/245974?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_05_30

jueves, 8 de junio de 2017

Facturación electrónica, la nueva cara de los negocios

Los casos de otros países muestran que la adopción de estas tecnologías trae cuantificables beneficios a las compañías.


Los cambios e innovaciones con relación a la facturación electrónica debemos vivirlas de manera seria, haciendo las evaluaciones correspondientes al corto, mediano y sobretodo al largo plazo.

Desde hace varios meses que todos hemos escuchado hablar de la llamada Facturación Electrónica y las regulaciones venideras que nos tocará enfrentar. Diferentes proveedores hemos certificado nuestras compañías y software ante la Dian, de modo de asegurar transparencia y brindar servicios de calidad a todas las empresas del país. 

Sumados a otras compañías que se mantienen aún en proceso de certificación, es posible asegurar que seremos varios los proveedores tecnológicos para atender a cientos de miles de empresas de Colombia, que se certificarán los próximos meses.

Como proceso, hemos sido parte de un piloto durante el año 2016, el cual participaron también varios contribuyentes tanto para certificarse directamente como para trabajar en conjunto con futuros proveedores de estos servicios. Este modelo llevó varios meses de reuniones y desarrollo, los cuales no en vano hacen que tengamos en Colombia a varios contribuyentes ya emitiendo facturas electrónicas a sus clientes y a la Dian. 

La importancia y éxito del proceso está directamente relacionada con tomarse también el debido tiempo para el reflexionar de las empresas en los cambios que tendrán interna y externamente con motivo de esta transformación, llegó la hora de replantearse lo que estamos haciendo y cómo.

Como empresa transnacional, en Paperless desde el 2002 hemos visto y vivido estos procesos en diferentes países de la región, como Brasil, Chile y Perú, donde hemos buscado ser agentes activos en esta importante etapa y hemos trabajado en conjunto con las entidades regulatorias, revisando desde la primera adopción de la regulación e impulsando el modelo para que sea más conveniente para los contribuyentes y las empresas tecnológicas. Y es que como dice el refrán, "Roma no se construyó en un día". Debemos como empresas ayudar y colaborar a que los modelos se vayan perfeccionando de manera proactiva, aportando nuestras experiencias de años y de diferentes casuísticas según la operación de los contribuyentes.

Particularmente en Colombia, la facturación electrónica se enmarca en diferentes procesos que vive el país, donde esta arista viene a perfeccionar y entregar tecnología al modelo que existe hoy, según los estándares que la OCDE entrega, junto con mejorar cientos de procesos de negocio que tienen las empresas actualmente con dificultad de control, entre otros. Muchos sólo ven estas medidas o estándares OCDE como medidas que hay que asumir como un costo de la regulación, pero la experiencia regional dice que no debe por qué ser así… 

Los casos ya vividos de otros países muestran que la adopción de estas tecnologías traen cuantificables beneficios a las compañías que ven la facturación electrónica más allá de un cambio regulatorio: como la automatización de procesos de control de la operación y ventas, de las compras y los gastos de la empresa. Lógicamente, esto no pasa de la noche a la mañana y estos cambios e innovaciones debemos vivirlas de manera seria, haciendo las evaluaciones correspondientes al corto, mediano y sobretodo al largo plazo. Estas evaluaciones deben tener componentes de diferentes características, tanto financieras, tecnológicas, de servicios considerados, propuestas de valor acorde al negocio de cada cual, experiencia y capacidades del software. Por ejemplo, vale la pena hacerse la pregunta de los tiempos que se ahorrarán por el procesamiento de datos de manera directa o el evitarse la digitación a la hora de "subir" la información a todos los sistemas donde se registran los datos en las empresas. También los tiempos en consolidación de datos, búsqueda de información, cierres de mes y tantos otros procesos que están cercanos a este mundo.

No es para nada grato ver cómo las empresas pasan 2 o 3 años y se dan cuenta de lo central o core del negocio que es la Facturación Electrónica. Pasar minutos u horas con sistemas caídos por una mala evaluación, atenta directamente contra el ingreso de una compañía y, a veces, es mucho más costosa esa caída que un proveedor que ofrece un alto estándar de servicio. La propuesta de valor de cada compañía debe estar cubierta con un servicio a la altura de esta y no podemos como proveedores fallar o atentar contra la operación de nuestro cliente. 

Por lo anterior hago 3 llamados, uno a los proveedores y dos a los contribuyentes que deberán escoger durante los próximos meses un servicio a su altura. En primer lugar, a los proveedores, mi llamado es a hacernos cargo de la operación de los que serán nuestros clientes y asumir los estándares que un mercado competitivo como Colombia merece. Y a los contribuyentes, les aconsejo no dejar estos proyectos para última hora, sino verlo con tiempo para tomar la decisión con evaluaciones a la altura. Y además, a considerar que Colombia está aún, en muy buen camino, conociendo la importancia de la Facturación Electrónica, para lo cual debemos considerar las experiencias de nuestros países cercanos a la hora de evaluar; revisar sus aciertos y errores, para no tener que a los 2 o 3 años lamentar tiempo y recursos perdidos, sino al contrario: ser estratégicos y cerrar hoy el Business Case de largo plazo. 

Por último, no me queda más que decir, que estas transformaciones le están dando una nueva cara a Colombia. Esperamos ayude a potenciar la inversión externa y a hacer más competitiva la economía, ya que hay varias empresa que están alistándose para entrar a este mercado con amplio potencial y muy competitivo. De nosotros depende el cambio y debemos asumirlo con responsabilidad y calidad.

http://www.portafolio.co/economia/facturacion-electronica-la-nueva-cara-de-los-negocios-506400

miércoles, 7 de junio de 2017

Niif abren paso a mejores prácticas empresariales


La responsabilidad empresarial es uno de los factores que mayor impacto positivo tiene en las compañías, mientras que la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif) es uno de los principales recursos con los que cuenta el sector empresarial en Colombia, así lo indicó Francisco Reyes, Superintendente de Sociedades en el Foro Responsabilidad Empresarial que se celebró el miércoles en el Centro de Eventos y Convenciones Plaza Mayor Medellín.

En 2016, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades alcanzó un cumplimiento de 94% del gran sector empresarial que cotiza en bolsa en los reportes financieros y 82% en pequeñas y medianas compañías, así como en microempresas, lo que demuestra el avance en la actualización de información para que sea comparable y transparente, según la entidad. Esto ayuda a los inversionistas y participantes de los mercados de capitales de todo el mundo a tomar decisiones con mayores argumentos.

Así mismo, la correcta implementación en Niif blinda a las compañías en términos financieros y minimiza riesgos. Por tal razón, la Superintendencia de Sociedades trabaja en ofrecer “una plataforma única en América Latina para que todo tipo de personas puedan verificar la información y los estados de las compañías que con sus reportes basados en buenas prácticas contribuyen a la responsabilidad empresarial”, agregó Reyes.

Para que esta labor se cumpla de manera efectiva, en cada organización cobra vital importancia la profesionalización de administradores y contadores con altos códigos éticos y morales que no tomen partido ni representen intereses particulares que garanticen una tarea limpia y transparente. 

En 2016, estos estados financieros fueron reportados por cerca de 26.000 empresas que revitalizan la gestión financiera pública transparente y de rendición de cuentas, “que en Colombia cuenta con una permanente actualización y que ha permitido consolidar un régimen clasificado por el Banco Mundial como uno de los mejores en América Latina y que muestra el interés de las organizaciones en cumplir buenas prácticas empresariales”, concluyó Reyes. 

Pedro Luis Bohórquez
Contador General de la Nación
La ética y la moral van de la mano en el mundo de los negocios y juegan un papel importante en la buena gobernanza de las entidades tanto de carácter público como privado. Por esta razón, la contabilidad pública en Colombia está georreferenciada hace dos años y su correcta implementación genera valor añadido para las buenas prácticas empresariales.

Camilo Martínez
Socio Líder Dla Piper Martínez Beltrán 
Los administradores deben tener tres principios básicos para ejercer el liderazgo y la responsabilidad empresarial: lealtad, buena fe y diligencia de un buen hombre de negocios y, a su vez, abstenerse de realizar actividades que impliquen conflictos de intereses. En esta línea, no pueden representar intereses particulares que involucren a las empresas y su integridad. 

Wilmar Franco
Pte. Consejo Técnico de la Contaduría 
La profesionalización de los 230.000 contadores habilitados para el ejercicio en el país es vital en la lucha contra la corrupción y la implementación de las Niif deben ser obligatorias, con auditoría y ética. Para ello, se ha desarrollado la herramienta Adt del Grupo Intergubernamental de Expertos en Reportes Financieros de las Naciones Unidas que busca fortalecer la estructura contable. 

José Hernán flórez
Socio Legal Grant Thornton Colombia
El empresario debe ser el primero en tener principios y valores con su organización y actuar con la más buena fe posible, por lo que las Niif son una herramienta vital para líderes de compañías que brindan indicadores, contabilidad financiera y una base impositiva sólida. En este sentido, dentro de las empresas no debe haber coadministradores, ya que es un rol único. 

Jhon Jaime Arango
Docente Universidad Cooperativa de Colombia 
La contabilidad como tal y sus normas son la esencia para el correcto manejo de impuestos en las empresas y que contribuyen a generar una responsabilidad sólida y confiable entre administradores y profesionales. De esta manera, es necesario aplicar con cuidado las Niif para percatarse de deterioros que pueden establecerse en pymes, que son mayoría en el país.



http://www.larepublica.co/niif-abren-paso-mejores-pr%C3%A1cticas-empresariales_515571

martes, 6 de junio de 2017

La jornada nocturna debe empezar a las 8:00 pm?

La reforma beneficiaría a 455 mil trabajadores. Sin embargo, ésta puede traer muchas más consecuencias y no todas ellas positivas.

Cursa actualmente en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la jornada nocturna. Hoy en día y desde la Ley 789 de 2002, se entiende como jornada nocturna la comprendida entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. Sin embargo, el proyecto busca ampliar la jornada nocturna desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Recordemos que antes de la Ley 789 la jornada nocturna en Colombia empezaba desde las 6:00 p.m.

Con la ampliación de la jornada nocturna, más trabajadores recibirán el valor del recargo por el trabajo en tal horario. Según el Ministerio del Trabajo, la reforma beneficiaría a 455 mil trabajadores. Sin embargo, ésta puede traer muchas más consecuencias y no todas ellas positivas. Es por esto que debemos hacer un análisis crítico sobre si es prudente realizar la reforma en la situación económica actual del país.

Vale la pena mencionar que en el Congreso han cursado 4 proyectos con iniciativas similares, los cuales no han sido tramitados exitosamente. En parte han fracasado por las mismas consideraciones que expondré a continuación:

Diversos estudios económicos reflejan que el aumento en los costos laborales resulta en una disminución de la demanda de los empleos disponibles. En otras palabras: aumentar el recargo nocturno, aumentará las cifras de desempleo. El Ministerio de Hacienda calculó que como consecuencia de la reforma alrededor de 73,000 trabajadores perderían su empleo. Precisamente la Ley de Primer empleo (Ley 1429 de 2010) y la reforma tributaria del año 2012 buscaron disminuir los costos laborales para aumentar el empleo formal. Lo cierto es que Colombia logró bajar la informalidad del 58% al 50% como resultado de estas normas que buscaban disminuir los costos laborales. Aun así, el 50% de informalidad en un país con una tasa de desempleo del caso el 10%, es una cifra supremamente elevada y preocupante. 

Por otro lado, los empleadores que deban vincular trabajadores en jornada nocturna, tenderán a ofrecer un salario básico inferior. Con todo y esto para la Andi el costo de la reforma estaría entre 1.9 y 3.5 billones de pesos anuales que tendrían que ser asumidos en primera instancia por los empresarios. Posteriormente este costo terminará trasladándose al consumidor final. Según el Ministerio de Comercio este incremento podría llegar a ser hasta de un 30% del valor final de ciertos productos, lo que en últimas termina afectando también la capacidad de consumo.

Lo anterior, sin contar con la consecuencia negativa que generaría en la competitividad del sector productivo nacional. La mayoría de los países de la región reconocen la jornada nocturna desde las 10:00 p.m. y no desde las 8:00 p.m. como busca hacerlo la reforma. Tal es el ejemplo de países como: Chile, Perú, Uruguay y Brasil. De modificar la jornada, Colombia sería el único país de la Alianza del Pacifico con este recargo desde las 8:00 p.m. Colombia ya tiene uno de los porcentajes más altos de recargo de la región, esto es del 35%. Los otros países de la región no tienen recargo nocturno o lo tienen en porcentajes inferiores que obedecen al 13%, 20%, 25% y 30%.

Ahora bien, a esto hay que agregarle la situación económica del país. Según el DANE en lo que lleva corrido del 2017, el gasto de los consumidores colombianos presentó su mayor caída desde el año 2009, el comercio presentó una caída del 7.2% en sus ventas y el sector industrial tuvo una caída del 3.2% en su producción.

Lo prudente en este punto es continuar observando el comportamiento de la economía en lo que queda del año. Una medida de aplicación inmediata como el incremento en la jornada nocturna puede resultar, como varios ya lo han dicho en una contracción de la economía.


http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/la-jornada-nocturna-debe-empezar-a-las-8-carolina-porras/246069?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_06_01

lunes, 5 de junio de 2017

Industrias creativas podrían ser tan fuertes como el turismo’

Ximena Tapias, presidenta de la UCEP y del Cartagena Inspira, habló sobre los retos que trae la aprobación de la Ley de la economía naranja.


Ximena Tapias, presidenta de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP) y del Cartagena Inspira.

Las industrias creativas en el país recibieron una buena noticia a comienzos de este mes con la aprobación de una ley que buscaría fomentar este segmento. 

Venimos de un primer trimestre muy flojo para la economía en el país. ¿Cómo le fue al campo de la publicidad?

La publicidad es el primer termómetro de la economía y en lo corrido del año vimos una disminución de un 20%. Eso representa un motivo de preocupación. Y vemos que se trata de un año difícil y la publicidad no es ajena a esa situación. 

¿Qué estrategias está tomando el sector para enfrentar ese panorama difícil?

Similares a las que está tomando el resto de la economía, donde hay unas medidas de choque que buscan racionalizar y minimizar gastos,encontrar alternativas que permitan tener presencia publicitaria y de comunicaciones en términos generales y realizando actividades distintas que ayuden a tener presencia de marca. Siempre y cuando se provea un cuidado fundamental de los presupuestos existentes. 

La publicidad de los medios digitales también está en crecimiento, ¿cree que la publicidad a través de otros medios está destinada a acabarse?

Hay una tendencia sostenida en el tiempo de crecimiento de la inversión en medios digitales. Sin embargo, yo sí no pienso que pueda ser mayor la inversión en medios digitales por un tema de penetración en el mercado y también de marca. 

Hace poco aprobaron la Ley de la economía naranja y usted ha estado impulsando ese tema, ¿qué falta para que pase del papel a la realidad?

Yo creo que hay un hito este año que hay que destacar y es la aprobación de la ley naranja, que parece increíble que nos hubiéramos demorado tanto en obtener, y eso ha sido un avance fundamental para existir como parte de la economía, como industria y como un bien jurídicamente a tutelar por parte del Estado colombiano y eso es algo que definitivamente hay que destacar. No obstante, siento que el tema ha sido de mayor importancia para el Congreso que para el Gobierno, que ha estado un poco al margen. 

¿Cómo impulsar ese segmento con el poco presupuesto que se le asignó a la cultura este año?

Hubo recortes en cultura porque ha sido considerada como de rifas y espectáculos y aunque sí ha fomentado a algunas industrias artísticas, no hay una política de industrias culturales. 

Esperemos que ese recorte sirva para la promoción de otras expresiones culturales pero que ya con la Ley Naranja, se entienda a la cultura de una manera mucho más amplia, más contemporánea. Asimismo, que el Estado colombiano vea la importancia que tiene esto para su desarrollo a largo y corto plazo y haga algo parecido a lo que se propuso Colombia en un momento dado en el sector turístico, donde se le otorgaron incentivos, subsidios y se crearon políticas públicas que fomentaron a la industria turística. 

Creo que con una ley como la naranja, con una vocación productiva del país y con el talento que tenemos, pueda pasar algo semejante a lo que ocurrió con el turismo. 

¿Qué países están haciendo un buen trabajo fomentando ese sector?

En un momento dado, Argentina es un muy buen ejemplo de creatividad. Y si tuviéramos que escoger un gran caso son los ingleses y los franceses, que han sido reconocidos no solo por su talento sino por sus políticas públicas que incentivaron de manera exitosa las industrias culturales. 

¿Y cuál es el potencial de Colombia para explotar esas industrias creativas?

El potencial lo hemos tenido siempre. Solo basta con mirar las expresiones culturales y creativas y de contenidos colombianos en términos de los artistas, la publicidad, series, etcétera. El potencial existe, lo que nos ha hecho falta es voluntad política del Estado, y si le ponen cuidado a esto, Colombia se va a disparar, no tengo la más mínima duda.

http://www.portafolio.co/negocios/industrias-creativas-podrian-ser-tan-fuertes-como-el-turismo-506284

domingo, 4 de junio de 2017

Teaté, la aplicación que permitirá administrar las tiendas de barrio

A través de esta plataforma los tenderos podrán ampliar su portafolio de servicios, reducir costos y simplificar la forma de administrar sus negocios.

Los tenderos y pequeños minoristas tendrán la oportunidad de ingresar a la economía digital gracias a la nueva plataforma digital Teaté, la cual les permitirá tener una conexión directa con los proveedores de servicios y los fabricantes. 

Esta plataforma de negocios, busca fortalecer y modernizar el canal tradicional del manejo de la economía y supervisión del negocio de estos pequeños emprendedores que hacen parte del movimiento de la economía del país.

Según el VI Censo de Comercio realizado en 2016 por Servinformación en las principales ciudades, el 21% de los establecimientos corresponden a tiendas de barrio.

De ahí la importancia de modernizar los procesos de estos negocios con plataformas como esta que le permitirán optimizar sus trabajos, reducir los costos de vida y hacer más rentable la cadena de abastecimiento. 

“Es aquí donde surge Teaté, una comunidad digital que busca: ampliar el portafolio de servicios de los tenderos, reducir costos de atención al canal tradicional, simplificar la forma de administrar las tiendas, y finalmente, trasladar los ahorros que se generen al cliente final. De esta forma, los consumidores podrán comprar a precios más baratos, permitiéndoles cubrir mayores necesidades”, aseguró Marcela Minning, directora comercial de la plataforma. 

Teaté comenzó su operación en Cali el 10 de diciembre de 2016 y actualmente cuenta con 500 tiendas y 12 proveedores vinculados. 

Al finalizar el año, la compañía estima tener 20 fabricantes y 197.000 transascciones en una comunidad de 5.000 pequeños minoristas en las principales ciudades del país Cali, Medellín y Bogotá.

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/teate-la-aplicacion-que-permitira-administrar-las-tiendas-de-barrio-506288

sábado, 3 de junio de 2017

La competencia entre las AFP y Colpensiones

Los problemas del sistema pensional no se resuelven cerrando Colpensiones o estatizando las AFP, sino fijando reglas de competencia transparentes.

Nuestro sistema pensional se basa en una supuesta competencia entre las AFP y Colpensiones que funciona muy mal en la práctica porque los afiliados no entienden bien las diferencias entre los dos regímenes. En las AFP la pensión depende de los ahorros y rendimientos acumulados, mientras que en Colpensiones depende de las semanas cotizadas y del salario base de cotización de los últimos 10 años.

En líneas generales, Colpensiones les conviene a quienes pueden completar las 1.300 semanas de cotización exigidas, porque todas las pensiones son subsidiadas. Como el subsidio es mayor entre más alto sea el salario, los ricos son los principales beneficiados de Colpensiones. Para quienes no pueden completar las 1.300 semanas es mejor estar en las AFP, pues aunque pensionan a muy poca gente, al llegar a la edad de jubilación le devuelven al afiliado los aportes (netos de costos de administración) y su rendimiento acumulado.

Pero qué opción es mejor en cada caso individual depende de otros detalles y es tan complicado evaluarlo que millones de personas no están en el régimen que les convendría y la mayoría de traslados no responden a ninguna lógica. Por eso, hace poco se estableció una “doble asesoría” como requisito para cambiarse de régimen (véase “¿AFP o Colpensiones?”). Sin embargo, hay frecuentes quejas de que las AFP se escudan en este requisito para impedir los traslados a Colpensiones.

Nadie cuestiona la necesidad de una profunda reforma pensional que introduzca un poco de sentido común en este enredo, reduzca el costo fiscal de Colpensiones y corrija las grandes inequidades del sistema.

Los defensores de las AFP, como Anif y Asofondos, argumentan sin cesar que la solución implica cerrar Colpensiones porque técnicamente es una entidad quebrada, ya que depende de transferencias de recursos públicos para poder pagar las pensiones. Pero con similar argumento se podría decir que hay que estatizar las AFP (como ocurrió en Argentina) para que Colpensiones reciba la totalidad del capital acumulado y las contribuciones futuras de todos los trabajadores, y deje de depender del fisco. 

En cualquier caso, cerrar a Colpensiones o a las AFP no son opciones realistas porque no resuelven otros problemas fundamentales del sistema, como son las inequidades y la baja cobertura. Tampoco son opciones viables políticamente, en vista del enorme poder económico de las AFP y del prestigio y responsabilidades sociales que tiene Colpensiones (que además de las pensiones, administra el programa de Beneficios Económicos Periódicos, BEP).

Una alternativa más razonable sería un sistema en el que los dos regímenes compitan entre sí en condiciones comparables y transparentes, cosa que no ocurre actualmente, no solo porque los afiliados no entienden las diferencias, sino porque las condiciones regulatorias son muy distintas. Colpensiones no puede hacer publicidad y está sometida a un doble régimen de supervisión como entidad pública y como ente financiero. Las AFP son entidades privadas que operan con mayor flexibilidad.

Podría haber competencia transparente si en ambos sistemas el afiliado pudiera saber en cualquier momento a qué pensión puede aspirar dados sus derechos adquiridos, sus condiciones laborales y los rendimientos, los cuales serían fijos en Colpensiones y variables en las AFP (es decir, más riesgosos, aunque posiblemente mayores en promedio). Para llegar a este sistema es necesario, primero que todo, reesructurar el sistema de subsidios para que beneficie solo a los pobres. Para hacer esta transición, se podrían reconocer parcialmente los derechos adquiridos hasta ahora a los afiliados a Colpensiones dependiendo de la edad. En adelante lo único que contaría sería el valor de las contribuciones y sus rendimientos.

Puesto que un sistema así dejaría sin pensión a los trabajadores informales o inestables, tendría que complementarse con un mecanismo de subsidios básicos para la vejez, tal como los BEP (opción fiscalmente viable, a diferencia del sistema actual de subsidios a los ricos). Así podríamos tener un sistema pensional progresivo socialmente y sostenible fiscalmente.

Otra opción de reforma es que en vez de competir, Colpensiones y las AFP se complementen en un sistema de “pilares”. Tema para otra columna. Dejo constancia de que estoy trabajando junto con mi colega Andrés Gómez Liévano en uno de los estudios que ha comisionado recientemente Colpensiones para propiciar el análisis y la discusión de los problemas pensionales entre las principales entidades del sector.

http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/la-competencia-entre-las-afp-y-colpensiones-eduardo-lora/245721?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_05_26

viernes, 2 de junio de 2017

Entendemos bien lo que pasa en la economía?

Alternativas a pensar para enfrentar el futuro.

Las políticas económicas públicas no pueden circunscribirse a corregir la inflación a base de ajustes de corto plazo de la tasa de interés del Banco de la República o a recuperar el equilibrio fiscal a punta de aumentos de los impuestos al consumo o de ingresos ocasionales de capitales amnistiados. Ya varios analistas han puesto de presente que no va a ser fácil regresar a tasas de crecimiento significativas e incluso piensan que hay grandes riesgos para sostener las actuales. La situación macroeconómica es preocupante.

Es cierto que el crecimiento de largo plazo requiere que el país alcance la paz y la seguridad públicas y mejorar drásticamente la educación de nuestros jóvenes, de modo que tengan capacidad de enfrentar un mundo cada vez más retador. Ambas cosas son muy difíciles y complejas, que no se alcanzan de un día para otro, y para lograr esos objetivos hay que acometer buenas políticas.

Al contrario, el país político se ha sumergido en una lucha interminable, en la que para todos los bandos lo único que cuenta es castigar al adversario, en palabras y tonos altisonantes y agresivos. Solo vale la pena posicionarse para las futuras elecciones, sin tener en cuenta que el vencedor va a ser sometido a las mismas críticas y ataques feroces. Por ejemplo, da grima ver la vuelta que ha tenido el tema de la revocatoria de los alcaldes en Bogotá, muestra de que los argumentos existen solamente para proteger intereses electorales evidentes. Y en este ambiente, los problemas económicos, que no son cruentos y ruidosos, carecen de relevancia pública. Por ello, como lo mencionaba Rudolf Hommes en reciente entrevista, a los columnistas económicos les ha entrado el miedo y ya no existe controversia en los medios acerca de los problemas económicos inmediatos.

Todavía no nos damos cuenta de que la situación tan favorable que tuvo el país, derivada de los extraordinarios precios del petróleo y los minerales, terminó hace varios años y que es urgente saber qué hacer en este momento para mantener el país a flote mientras maduran los temas de largo plazo y podamos cambiar nuestra tendencia de crecimiento. Si en los siguientes trimestres se profundiza la tendencia, podríamos llegar a un crecimiento de 1% o menos sin dificultad. Tiene que haber un mínimo de consenso para que en el futuro inmediato la economía siga funcionando y sea capaz de generar el ingreso al país para poder sostenernos. 

¿Por ejemplo, hay conciencia suficiente de que, suprimida la inversión en petróleo y minerales, no hay muchas opciones que reemplacen esos ingresos? Puede discutirse muchísimo que esas actividades tienen graves peros, pero nadie puede discutir que nos estaban dando de comer. Y en este momento, las cuestiones legales que perjudican los nuevos proyectos minero-energéticos son tan extravagantes que pueden afectar inclusive los que ya existen. Estos proyectos son muy significativos, pues además requieren de inmenso capital que solamente existe en el exterior, que puede ser atraído hacia nuestro país si le damos la bienvenida. Pero en la coyuntura actual los interesados se paralizan, pues nadie resuelve el nudo gordiano entre el interés de la Nación por promover la minería legal y el del falso ecologismo que impera en las decisiones municipales. La solución exige un consenso político, pero este debe ser suficiente para destrabar la industria minera.

Y el otro tema donde pueden lograrse cosas importantes con prontitud es el de la infraestructura. Apenas comenzó la implantación del proceso de paz y la opinión ya está inundada con los temores de lo que está ocurriendo en las zonas alejadas como Nariño, el Chocó y el Caquetá. Las expectativas de erradicación de la coca son muy bajas y las cifras de lo que han crecido los cultivos ilícitos no dan esperanzas. La solución a ese problema no va a provenir de llenar de soldados esos remotos parajes.

En vez de financiar románticos proyectos agrícolas, la ayuda para el posconflicto debería concentrarse en la integración física y eficiente de las zonas vulnerables del país. Lo que protege a los bandidos en esas regiones es la incomunicación. Hay que atacarlos con comunicación eficiente y cuadrillas de inversión privada que vuelvan allí económicamente viables los proyectos lícitos que generen empleo sostenible. Es crucial y, en mi opinión, prioritario, que se construya infraestructura buena para conectar esas regiones al resto del país. Aunque hoy no se requieren, para el futuro de Colombia es trascendental que existan buenas carreteras entre Quibdó y Bolombolo, Pasto y Tumaco, Florencia y San Vicente del Caguán y Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Estas carreteras son caras y difíciles de construir. Pero, una vez realizadas, pueden traer la verdadera paz y el desarrollo.

http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/entendemos-bien-lo-que-pasa-en-la-economia-jose-elias-melo/245722?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_05_26

jueves, 1 de junio de 2017

La realidad tributaria después de la reforma

No se trata solo del cambio, sino del precedente que se sienta cuando se manejan problemas coyunturales con esa clase de instrumentos.

La reforma tributaria ya quedó aprobada y lo que pasó, pasó; pero eso no obsta para que amerite algunos comentarios.

Uno es el efecto negativo en la economía. Lo vemos con el decaimiento de la industria, el comercio y en general el consumo y la formación de capital. Pero, dado el modelo neoliberal de globalización en el que estamos montados, lo más diciente son la disminución de las exportaciones y la caída en la inversión, principalmente en la inversión extranjera, pues la inestabilidad en las reglas de juego es el peor enemigo del empresario.

Y aquí no se trata solo de que se haya producido un cambio, sino del precedente que se sienta y el mensaje que se envía cuando se manejan problemas coyunturales con esa clase de instrumentos.

Porque la reforma no fue ‘estructural’ sino coyuntural, y eso nos deja ad portas de otro inminente asalto al bolsillo de los contribuyentes.

A pesar de ello, no fue suficiente para cubrir el déficit calculado y el presupuesto necesitó mayor endeudamiento para equilibrarse.

El mayor ingreso esperado parece estar en entredicho en la medida en que los supuestos de crecimiento del PIB no se han cumplido y cada vez se van reduciendo más (para este año ya solo el Gobierno –de todas las instituciones que hacen esas proyecciones, incluyendo Banco de la República, gremios, o Banco Mundial– sigue insistiendo en no contemplar la posibilidad de caídas por debajo de 2%).

No incluyó –o por lo menos no sustentó– la cantidad que se destinaría a los mayores gastos por cuenta de la nueva situación creada con el acuerdo con las Farc.

No señaló los objetivos que se buscaban diferentes del mayor ingreso fiscal (sin decir el cómo o con qué programas, solo mencionó en forma abstracta y etérea sin ninguna proyección –así fuera meramente teórica– que con ella se financiaría la paz, se mejorarían las condiciones de desigualdad y pobreza de nuestra sociedad y prácticamente se subsanaría todo lo que las encuestas señalan como falencias de nuestro Estado).

Pero lo que es más grave de todo es el impacto social que no se reveló –o sobre el cual no se hizo énfasis– como es la verdadera situación que se atravesaba; con ello se evadió el análisis de las consecuencias que trae.

En particular no se destacó que el origen del gran desfase no puede ser atribuido a nuevos o mayores gastos sino a menores ingresos, y ya no por la caída de los precios del petróleo –que ya habían sido asumidos–.

Hasta cierto punto, se ha puesto muchísimo esmero en mostrar el crecimiento en el recaudo sin destacar que eso ha correspondido a ingresos ocasionales o transitorios, como son el impuesto a la riqueza y la amnistía o normalización de activos que han ocurrido en los últimos tres años, pero que terminan ahora.

Lo que en realidad se hizo fue intentar reemplazar esos ingresos por nuevas fuentes.

Solo que esos recursos provenían (por lo menos en principio) de los estratos más pudientes de la sociedad, puesto que se cargaban a quienes tenían unos mínimos de patrimonio y/o a quienes hasta entonces habían evadido tributar sobre parte de ellos, mientras su reemplazo recae en todas las otras capas, principalmente en las más pobres, aunque también en las clases medias.

Las primeras por ser afectadas directamente por el aumento de los impuestos al consumo –o sea el IVA– ya que este no discrimina entre quienes pagan ese gravamen. No solo recae en todos por igual, sino, por lo mismo, su efecto sobre las clases populares es mucho mayor que sobre los que antes proporcionaban los aportes para ese ‘equilibrio fiscal’.

Y a quienes habían conseguido salir de la pobreza logrando acceder a un mínimo de bienes y de calidad de vida, se les amarga y cambia su situación con la ampliación de la base tributaria.

Y como complemento se comienza a hablar de la necesidad de disminuir el gasto del Estado en futuras pensiones mediante una reforma que modificará las expectativas de quienes ya consideran haber consolidado una solución para su futura vejez.

En su momento se previno que ese aumento del gasto, basado en ingresos transitorios, era una nueva modalidad de ‘prosperidad al debe’, en la medida en que se creaban obligaciones permanentes contra déficit de ingresos futuros.

Ahora esto se refuerza comprometiendo el mañana con ‘vigencias futuras’ para justificar obras o promesas que reducirán aún más los presupuestos de los años venideros; es decir, que crearán un nuevo hueco y desfase en el equilibrio de los próximos ejercicios.


http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/la-realidad-tributaria-despues-de-la-reforma-juan-manuel-lopez/245724?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_content=dinero&utm_campaign=2017_05_26

Reforma tributaria cuáles serían las propuestas que acogería el Gobierno nacional?

Andi, Fenalco y el Consejo Gremial Nacional coinciden en suspender el descuento del impuesto de industria y comercio que para 2022 sería del...