El fallo establece que las regulaciones se ajustan a los requisitos del congreso de 2005. Se desestimó demanda contra el Gobierno
El Consejo de Estado admitió que cuando el Gobierno reguló el funcionamiento del uso de las zonas francas en 2007 sí se ajustó a los requisitos que impuso el Congreso dos años atrás en un régimen de estímulo a la inversión de ese entonces.
El Consejo desestimó las pretensiones de una demanda que se interpuso para que se declararan nulas algunas de esas reglamentaciones. En un principio, el Gobierno dijo que los comerciantes no podrían ocupar más de 25% del área total de la respectiva zona franca y, posteriormente, la redujo a 5%.
Según el demandante, el Gobierno Nacional se extralimitó al expedir este mandato y estableció un trato desigual injustificado, en detrimento de los derechos de los comerciantes concentrados en la igualdad, el trabajo y la libertad económica.
Pero el Consejo negó esas pretensiones, pues concluyó que dar el mismo trato a comerciantes y a industriales sí constituiría una violación al derecho a la igualdad, pues las condiciones deben aplicarse a cada grupo según sus necesidades.
Además, el Congreso otorgó al Presidente facultades para regular las condiciones de las zonas francas, entre ellas, la de limitar el área de los usuarios comerciales.
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