Entre los funcionarios del Gobierno no hay claridad respecto a los autorizados para ejercer este control.
Las rebajas establecidas en la Ley de Reforma Tributaria que acaba de entrar
en vigencia están embolatadas.
Así se desprende de los reclamos de los consumidores.
El problema se vuelve más complejo, pues entre las entidades del Estado no
hay claridad respecto a quién debe ejercer este control. Es más,la conclusión es
que son varias las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer cumplir
las normas, con lo cual hace más difícil la labor de vigilancia, ya que las
responsabilidades se diluyen.
Las quejas se enfocan en temas como la rebaja de 200 pesos en el galón de
gasolina, la reducción del IVA del 16 al 5 por ciento en medicina prepagada, el
cobro del impuesto al consumo de
l 8 por ciento en los restaurantes populares, y los precios algunos alimentos
que registraron bajas o exención del IVA.
Los prestadores de los servicios argumentan que los costos aumentaron, por lo
tanto, el usuario no va a sentir las rebajas.
Los organismos de vigilancia indican que la libre competencia les impide
obligar a bajar precios.
Según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, “en lo que tiene que ver
con lo tributario, la Dian es la encargada de hacer cumplir que se liquiden
correctamente los impuestos que se rebajaron.
En el tema de precios, es competencia de la Superintendencia de Industria y
Comercio”.
Hace unos días, el superintendente delegado para la Vigilancia, Alejandro
Giraldo, indicó que, en el caso de la rebaja en las gasolineras, del precio del
combustible, “los valores que fija el Ministerio de Minas son de referencia y
las estaciones pueden o no cumplir con la recomendación”, es decir, no caben
sanciones para el que no aplique la rebaja.
Amylkar Acosta, excongresista, señala que, si se sigue cobrando un monto
específico por un impuesto y los recursos no se transfieren a la autoridad
tributaria, se configura un peculado por apropiación.
Para el exdirector de la Dian, Horacio Ayala, las rebajas sí las debe sentir
el consumidos, aunque, agrega la entidad debió haber establecido un margen de
tiempo y expedido una reglamentación. “Es apresurado exigirles el cumplimiento
sin darles un margen para el cambio.
En los restaurantes, por ejemplo, anteriormente se recaudaba el IVA y se
ponía en una cuenta por pagar a la administración tributaria.
Ahora es distinto, hay que reprogramar las registradoras entre otras
modificaciones administrativas”.
Rafael Barrera, tributarista y miembro de la red de justicia tributaria,
coincide en que la Dian debe controlar el pago correcto de los tributos, pero en
materia de precios, hay incertidumbre.
“El precio de la gasolina es competencia de la Superindustria, el de la
medicina prepagada, de la Supersalud”.
