Colegiatura de la profesión contable, ¿un adiós para la JCC y el CTCP?

Para Hernán Alonso la gobernanza de la profesión se materializaría bajo una colegiatura de contadores públicos.

Héctor Jaime Correa explica que la idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura y la misma profesión se encargue de regular y autorregularse.

Hernán Alejandro Alonso, contador público, profesor de la Universidad de Cundinamarca y miembro asesor del Comité Nacional Femenino en Asuntos de Gobernanza Profesional, explicó en #CharlasConActualícese la necesidad que tiene la profesión contable de contar con una colegiatura única:

La gobernanza de la profesión se materializa bajo una colegiatura de contadores públicos, persona jurídica sin ánimo de lucro con carácter gremial y autónomo reconocida como órgano rector de la profesión de la contaduría pública para el desarrollo de la gobernanza profesional.

¿Cuáles serían las características de dicha colegiatura?

La colegiatura de contadores públicos estaría integrada a nivel de confederación gremial y se afiliarían todos los contadores a través de las organizaciones profesionales de contadores públicos sin ánimo de lucro que ejerzan la profesión contable.

Tendría su propio estatuto y reglamento interno, reglamentaría el ejercicio del contador público y para ello emitiría resoluciones con carácter vinculante.

Sería el órgano o institución asesor, consultor del Estado colombiano, en asuntos relacionados con la ciencia contable, hacienda pública, control, fiscalización y vigilancia de organizaciones públicas y privadas.

Pondría a consideración de entidades gubernamentales propuestas para que, conjuntamente, se expidieren principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera.

Como contraprestación por sus servicios, el Estado colombiano autorizaría a la colegiatura el cobro del registro profesional, aportes económicos y elaboración de convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas nacionales e internacionales para sostener su presupuesto autónomo de funcionamiento, el cual sería aprobado por su máximo órgano social.

Los aportes económicos serían pagados por sus afiliados según resolución que emitiere la misma colegiatura.

JCC y CTCP deberían ser absorbidos por la colegiatura

Héctor Jaime Correa, contador público, vicepresidente primero de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente del Centro de Contadores Públicos de Manizales, también tiene su punto de vista en pro de la conformación de una colegiatura.

Correa, en #CharlasConActualícese, afirma lo siguiente:

Ojalá todas las agremiaciones nos pudiéramos unir en una sola, para lograr una gobernanza en la profesión. La idea es que la JCC y el CTCP sean absorbidos por la colegiatura, y sea la misma profesión la encargada de regular y autorregularse, como ocurre en otros países.

Explica que esta debería contar con tres áreas:

Un área de registro de los profesionales contables, que hoy lo hace la JCC.

Un tribunal de regulación de una normativa que reemplazaría al CTCP.

Otra área que sería una especie de tribunal disciplinario de la JCC.

Y puntualiza:

Esta debe ser una entidad constituida por contadores públicos, no como pasa con la JCC, en la que la mayoría de sus componentes son abogados.

Consecuencias para la JCC y el CTCP si se conforma una colegiatura (actualicese.com)

Gestión basada en el valor para superar la crisis

Dada la crisis financiera producto de la pandemia del COVID-19, es necesario que las empresas enfoquen sus esfuerzos en la generación de valor.

En este seminario te ofrecemos las herramientas para implementar una adecuada gestión basada en el valor en las empresas.

Por causa de la pandemia del COVID-19, se ha suscitado una crisis económica en Colombia y el mundo, en la que muchas empresas en nuestro país han enfrentado problemas financieros.

En este sentido, se hace necesario que las empresas entiendan cuál es la mejor forma de generar valor, no solo para sus accionistas, sino también para todas las áreas de la organización.

Para lo anterior, debe partirse del impacto financiero generado por el COVID-19, siendo necesario contextualizar los principales aspectos económicos y financieros del país y su efecto en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas.

Al entender los efectos primordiales de esta pandemia, se da paso a plantear los desafíos financieros que asumen los empresarios y la forma de gestionar los recursos de corto y largo plazo, tomando como herramienta principal el flujo de caja.

En nuestro Seminario en Línea Generación de valor en tiempos de crisis, te mostraremos las estrategias de generación de valor que deben implementarse en la gestión de las empresas para superar todo tipo de crisis o, en su lugar, potenciar aquellos factores diferenciadores que generan rentabilidad.

Gestión basada en el valor (actualicese.com)

Carta para designar al responsable del seguimiento del sistema de control de calidad – NICC 1

Mediante el siguiente modelo de carta, la firma de auditoría o el contador público independiente pueden designar la responsabilidad del proceso de seguimiento de su sistema de control de calidad y, además, informar los criterios y parámetros que se deben seguir en el desarrollo del proceso.

Como es sabido, las firmas de auditoría y los contadores públicos independientes deben implementar un sistema de control de calidad que cumpla los lineamientos establecidos en la NICC 1.

Nota: si deseas consultar los obligados a aplicar los lineamientos contenidos en la NICC 1, te recomendamos ir a nuestra guía Conozca quiénes están obligados a aplicar la NICC 1.

Dicho sistema de control de calidad se compone de seis (6) elementos, a saber:

Responsabilidad de liderazgo.

Requerimientos de ética aplicables.

Aceptación y continuidad de la relación con los clientes.

Recursos humanos.

Realización de los encargos.

Seguimiento.

Seguimiento del sistema de control de calidad

El sexto elemento del sistema de control de calidad es el seguimiento. De acuerdo con los apartados 48, A64 y A65 de la NICC 1, la firma de auditoría o el contador público independiente deben efectuar una evaluación continua de su sistema de control de calidad y una inspección cíclica de algunos encargos para generar una seguridad razonable de que las políticas y procedimientos implementados son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.

Haz clic aquí para ver las recomendaciones que te interesarán y están relacionadas con la temática de este artículo.

El párrafo 48(b) de la mencionada NICC 1 señala que se debe asignar la responsabilidad del proceso de seguimiento del sistema de control de calidad a uno o varios socios o personas adecuadas que cuenten con la experiencia y la autoridad necesarias para asumir dicha responsabilidad.

Cabe anotar que, cuando se trate de un contador público independiente, este puede contratar a una persona externa para llevar a cabo este proceso.

Carta para designar al responsable del seguimiento del sistema de control de calidad (actualicese.com)

Dictamen de estados financieros consolidados: opinión con salvedades cuando no se obtiene evidencia

Este modelo de informe de auditoría con salvedades ha sido realizado sobre la base de unos estados financieros consolidados.

Se presenta conforme a los lineamientos de la NIA 705 revisada – Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.

Compartimos un modelo de informe de auditoría con salvedades de acuerdo con los lineamientos de la NIA 600 – Consideraciones especiales – auditorías de estados financieros de grupos – incluido el trabajo de los auditores de los componentes, y bajo el supuesto de que se audita el conjunto completo de estados financieros consolidados de una entidad que emite su información financiera de conformidad con los nuevos marcos técnicos normativos.

¿Cuándo se emite una opinión con salvedades?

El revisor fiscal debe emitir una opinión con salvedades cuando:

Obtiene evidencia suficiente y adecuada de que existen incorrecciones materiales, pero NO generalizadas, en los estados financieros (ver párrafo 7 de la NIA 705).

No puede obtener evidencia suficiente y adecuada, pero considera que los posibles efectos de las incorrecciones no detectadas, si estas existieran, serían materiales, aunque NO generalizados (ver párrafo 7 de la NIA 705).

Cuando no se revela de forma adecuada en los estados financieros que existe una incertidumbre material sobre la continuidad de la entidad como empresa en marcha (ver párrafo 23 de la NIA 570).

Nota: si el revisor fiscal considera que existen incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros o que la entidad ha utilizado incorrectamente la hipótesis de negocio en marcha, deberá emitir un dictamen con opinión adversa (o desfavorable).

Al respecto, te recomendamos nuestra guía Dictamen de estados financieros consolidados: opinión desfavorable por incorrección material.

Impacto del COVID-19 en los estados financieros

La situación de emergencia económica y social generada como consecuencia del COVID-19 ha ocasionado que el revisor fiscal enfrente nuevos riesgos en el desarrollo de sus encargos.

Entre estos riesgos pueden encontrarse:

Limitaciones en el acceso a la información de la entidad.

Aumento de presiones en los administradores de la entidad para mostrar resultados positivos, lo cual podría llevar, en algunas ocasiones, a que se incumplan las políticas contables de la entidad o a que no se revelen adecuadamente las incertidumbres ocasionadas por el virus.

En ese sentido, si el revisor fiscal considera que existen incorrecciones materiales (aunque NO generalizadas) en los estados financieros o que la entidad no ha realizado una adecuada revelación de las incertidumbres que puedan existir sobre su capacidad de continuar como empresa en marcha, puede emitir su dictamen con salvedades.

Dictamen del revisor fiscal, estados financieros consolidados (actualicese.com)

Propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo: puntos clave para identificarlas

Al clasificar sus activos, muchas veces las entidades tienen dificultades para reconocer cuándo están ante una propiedad de inversión o ante un elemento de la propiedad, planta y equipo. La clave está en indagar por el uso y la destinación que planea la administración para estos activos.

A continuación, daremos respuesta a la siguiente inquietud: ¿cuáles son las principales diferencias entre las propiedades de inversión y la propiedad, planta y equipo?

Las propiedades de inversión y las propiedades, planta y equipo son dos categorías diferentes dentro del activo; cada una tiene su propia definición y, por consiguiente, se deben revelar de forma separada en el estado de situación financiera.

El criterio principal en el que se debe basar una entidad para diferenciar estos dos tipos de partida es el uso y la destinación con la que mantiene cada una de ellas.

Propiedad, planta y equipo

En este sentido, la propiedad, planta y equipo es una categoría que abarca una cantidad más amplia de activos que la propiedad de inversión, pues deben incluirse en ella todos los activos tangibles que la entidad utiliza para el desarrollo de su objeto social (es decir, que emplea en su proceso de producción o en el área administrativa y los que ha destinado para arrendar) y que espera usar durante más de un período.

Ejemplos de activos que se incluyen en esta categoría son la maquinaria, el equipo de oficina, los vehículos utilizados para transportar las mercancías o para uso administrativo, las instalaciones de la oficina o la planta de producción, entre otros.

Propiedad de inversión

Por su parte, la propiedad de inversión es una categoría más reducida de activos, que se limita a los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones), pero únicamente si estos se tienen para generar renta, plus valías o ambas.

En esta clasificación tienen lugar los terrenos, oficinas, consultorios, bodegas, casas, apartamentos, entre otros, que la entidad tiene en arrendamiento o para generar una plusvalía.

Diferencia entre propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo (actualicese.com)

Modelos de medición y métodos de depreciación para propiedades, planta y equipo

El Estándar para Pymes permite utilizar dos modelos de medición para las propiedades, planta y equipo, así como diversos métodos para calcular la depreciación de este tipo de activos. Sin embargo, se establecen algunas restricciones.

“la elección del modelo debe hacerse considerando las instrucciones establecidas en los párrafos 10.3”

El Estándar para Pymes vigente en Colombia y contenido en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, establece que las pymes pueden aplicar el modelo del costo o el modelo de revaluación para sus propiedades, planta y equipo; la elección del modelo debe hacerse considerando las instrucciones establecidas en los párrafos 10.3 y siguientes de dicha norma, buscando siempre que las políticas adoptadas generen información relevante y fiable para los usuarios de los estados financieros.

El párrafo 17.15 del Estándar para Pymes establece que:

“La entidad elegirá como política contable el modelo del costo del párrafo 17.15.A o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo”.

(Los subrayados son nuestros)

Una clase de propiedades, planta y equipo consiste en una agrupación de activos de similar naturaleza y uso (por ejemplo: vehículos, terrenos, edificios, maquinarias, equipo de cómputo, etc.).

De acuerdo con esto, una entidad podría elegir el modelo del costo para algunos elementos de propiedades, planta y equipo, y el modelo de revaluación para otros, siempre que el modelo elegido se aplique a todos los activos de la misma clase.

En la siguiente infografía podrás observar en qué casos es mejor recurrir al modelo del costo o al modelo de revaluación:

Métodos de depreciación

El Estándar para Pymes acepta diversos métodos de depreciación. En consecuencia, la entidad debe escoger, para cada activo, el método de depreciación que mejor se ajuste a los patrones de consumo de los beneficios económicos del activo.

El párrafo 17.22 establece que:

“Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo”.

(Los subrayados son nuestros)

“una entidad puede aplicar de manera simultánea varios métodos de depreciación en su contabilidad, elegidos de acuerdo con las particularidades de cada activo”

De acuerdo el fragmento subrayado, la elección del método de depreciación debe hacerse para cada uno de los activos que la entidad adquiere, siempre que pertenezcan a una clase de activos medida por el modelo del costo. Lo anterior significa que una entidad puede aplicar de manera simultánea varios métodos de depreciación en su contabilidad, elegidos de acuerdo con las particularidades de cada activo, y las expectativas de uso y desgaste que la administración haga sobre cada uno de estos.

Ejemplo 1

Una entidad adquirió una máquina generadora de energía, con el fin de utilizarla cuando se presenten cortes en el servicio y así no ver afectada su producción. Esta máquina solo será utilizada ocasionalmente, por períodos cortos.

La entidad decidió depreciar esta planta generadora con base en las horas de utilización, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento en condiciones óptimas establecidas por el fabricante.

Ejemplo 2

La misma entidad adquirió una planta generadora de energía para ser utilizada en una bodega de empaque situada en una zona rural, en donde no hay fluido eléctrico público.

La entidad decide depreciar esta máquina por el método de línea recta, teniendo en cuenta los años de servicio en condiciones óptimas estimados por el fabricante.

Ejemplo 3

Una entidad adquirió una bodega, con el fin de darle uso en una zona comercial de la ciudad de Cali.

La propiedad tuvo un costo global de $750.000.000, de los cuales se estima que $250.000.000 corresponden al terreno y $500.000.000 a la construcción.

La entidad decide depreciar la construcción con una vida útil de 60 años y sin valor residual, mientras que el terreno decide medirlo por el modelo de revaluación.

Ley de Insolvencia: una oportunidad en medio de la crisis

La crisis por covid-19 ha llevado a que muchas empresas e individuos se hayan visto en dificultades para seguir pagando sus créditos oportunamente. Esta situación de estrés financiero puede ser una piedra en el camino para la recuperación económica. No obstante, es posible que las empresas e individuos en dificultades económicas puedan acogerse a la Ley de Insolvencia, de manera que puedan reorganizar sus deudas y seguir operando en la economía.

La insolvencia es el proceso legal mediante el cual empresas e individuos en dificultades financieras llegan a acuerdos de pago con respecto a sus deudas. El proceso de insolvencia desempeña un papel central en la economía, ya que evita que empresas eficientes con problemas financieros, causados por la crisis, salgan del mercado afectando la cadena de distribución e impactando negativamente a empresas saludables.

Eventualmente, esto beneficia a los consumidores, porque al permitir que las empresas permanezcan en el mercado se aumenta la competencia y pueden ofrecer bienes y servicios a precios más bajos. El mecanismo legal mediante el cual las empresas reorganizan sus deudas es la declaratoria de insolvencia. La insolvencia también tiene una función económica para los deudores, ya que proporciona un seguro parcial y complementa los planes de ayuda del gobierno.

Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos.

Los objetivos económicos son similares para la insolvencia personal y para la empresarial. Un objetivo importante de la insolvencia es encontrar la manera de que haya suficiente repago, de tal manera que los prestamistas estén dispuestos a continuar prestando en el futuro –no necesariamente al deudor en insolvencia sino a otros prestatarios-. Un acceso reducido al crédito empeora la situación de los deudores, porque las empresas necesitan del crédito para poder crecer y los individuos para poder suavizar su consumo.

Por otro lado, repagar de más a los acreedores afecta a los deudores, porque es más difícil que las empresas con dificultades financieras sobrevivan y los individuos tienen menos incentivo para trabajar. Otro objetivo de la insolvencia es el de evitar que los acreedores causen daño a los deudores al querer ser los primeros en cobrar.

Algunos economistas argumentan que las leyes de insolvencia hacen que las empresas insolventes drenen recursos de las partes saludables de la economía. Esos miedos son fundamentalmente equivocados. Las políticas que obliguen a que los negocios cierren permanentemente solo logran que las recuperaciones sean más lentas, ya que a medida que se cierran empresas se rompe la cadena de distribución que afecta a otras empresas, incluyendo a los sectores más sanos. Tal rompimiento debe ser evitado tanto como sea posible y la Ley de Insolvencia es un paso acertado en este camino.

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Banco de la República advierte pérdidas en utilidades para 2021 y 2022

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dio a conocer en la presentación del Informe de la Junta Directiva en el Congreso de la República, que en el Emisor proyectan utilidades más bajas en 2021 y años sucesivos, y para este año se proyectan pérdidas por $122.000 millones.

En la presentación, Leonardo Villar afirmó que, «la proyección de utilidades presentada en nuestro informe para el año 2021 es negativa en $122.000 millones de pesos. Obviamente haremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para mejorar ese resultado».

El Emisor afirmó que las utilidades del Banco de la República durante 2020 alcanzaron un máximo histórico de 7.5 billones de pesos, superior a las obtenidas en 2019 (7,1 billones). Este resultado obedeció al retorno extraordinario de las reservas internacionales invertidas en bonos en el exterior como consecuencia de la valorización de los bonos por la caída en las tasas de interés.

A su vez, manifestó que tras hacer las reservas previstas en la Ley, las utilidades generadas por el Banco de la República y entregadas al gobierno en marzo de 2020 fueron de 6,9 billones de pesos y el de las utilidades entregadas en marzo de 2021 fueron de 6,6 billones de pesos. «Desafortunadamente, no se considera prudente esperar ningún monto de utilidades entregables en 2022», comentó Villar.

En cuanto a la situación fiscal de Colombia, el Emisor manifestó que se ha deteriorado de manera marcada, tal como ha sucedido en el mundo entero, lo que ha sucedido como consecuencia de las mayores necesidades de gasto público para atender la pandemia y de los menores ingresos tributarios generados por el deterioro en la actividad económica.

«La deuda pública colombiana se elevó sustancialmente en 2020 llegando a un nivel cercano al 65 % del PIB y con el déficit previsto para 2021, 8,5 %, la deuda aumentará nuevamente en este año en montos significativos», según el Informe de la Junta Directiva.

Referente a la recuperación económica de Colombia, el Emisor fue claro en decir que en 2021 sería acorde con el crecimiento esperado de la economía mundial y que el crecimiento económico se estima alrededor de 5,2 % en 2021, de acuerdo con lo divulgado por la Junta Directiva del Banco de la República tras la Junta de finales de marzo.

Banco de la República advierte pérdidas en utilidades para 2021 y 2022 (lanotaeconomica.com.co)

Deuda pública mundial: baja durante mucho tiempo no significa baja indefinidamente

Si bien se ha hecho un llamado casi unánime para que los países aumenten el gasto a través de deuda, con el fin de hacer frente a las condiciones adversas, es importante tener en cuenta que dicho endeudamiento no será indefinido.

Muchos países están experimentando una combinación de deuda pública elevada y tipos de interés bajos. Este ya era el caso en las economías avanzadas incluso antes de la pandemia, pero se ha vuelto aún más grave a raíz de esta. Asimismo, un número creciente de economías de mercados emergentes y en desarrollo está disfrutando de un período de tipos reales negativos (el tipo de interés menos la inflación) de la deuda pública.

Diversos organismos multilaterales han expresado estar a favor de que los países gasten todo lo que puedan para proteger a los vulnerables y limitar los daños duraderos a las economías, haciendo hincapié en la necesidad de que el gasto esté bien focalizado.

Esto es especialmente crítico en las economías de mercados emergentes y en desarrollo, que enfrentan restricciones más estrictas y riesgos fiscales asociados, donde una mayor priorización del gasto es esencial.

Deuda pública mundial: baja durante mucho tiempo no significa baja indefinidamente (lanotaeconomica.com.co)

La cadena Justo & Bueno anunció que se acogerá a proceso de reorganización

El objetivo principal de este proceso es determinar la mejor forma para pagar la totalidad del pasivo de la compañía

A través de un comunicado, la cadena de tiendas Justo & Bueno anunció que se acogerá a proceso de reorganización, lo anterior con el fin de proteger a colaboradores, acreedores y aliados dada la difícil coyuntura generada por el covid-19, las restricciones y cierres.

“La pandemia no hará que olvidemos lo bueno. A pesar de las dificultades es importante que Colombia sepa que estamos firmes y trabajando más fuerte que nunca para salir adelante. Estamos convencidos de que saldremos fortalecidos de este proceso para seguir aportándoles a los hogares del país democratizando el consumo de productos de calidad a precios justos”, aseguró Jean Marc François, CEO de Justo & Bueno.

La cadena de descuento que hoy completa más de 1.300 puntos de venta en más de 310 municipios del país, espera superar esta coyuntura y continuar democratizando el consumo y aportando a millones de hogares colombianos.

Asimismo, desde su creación, Justo & Bueno ha trabajado con más de 450 empresas y microempresas en el país, y ha generado una inversión extranjera de más de US$285 millones.

Durante 2020, 3,5 millones de personas entraron a la pobreza

Según el Dane, Bogotá aportó 1,1 millones de colombianos al incremento del dato. Ayudas lograron mitigar en 3,6 puntos porcentuales ese aumento.

las zonas urbanas aportaron buena parte de ese incremento.

Este jueves se dio a conocer qué tan fuerte fue el golpe que tuvo la pandemia en el indicador de pobreza de Colombia, y el alza fue la más alta de un año a otro desde que se tienen registros. En esa foto, las zonas urbanas aportaron buena parte de ese incremento. Eso sí, los programas sociales del país ayudaron a mitigar el choque.

De acuerdo con el Dane, la pobreza monetaria pasó del 35,7% de la población en 2019 al 42%, un aumento de 3,5 millones de personas en esa condición de un año a otro. Con eso, el 2020 cerró con 21 millones de colombianos en esa situación.

En cuanto a las personas en situación de pobreza extrema, este indicador subió 5,5 puntos porcentuales (pps), pues en 2019 cerró en 9,6% y en 2020 el dato fue de 15,1%. Sin embargo, en las zonas rurales este dato bajó 1 pps, pues pasó de 19,3% en 2019 a 18,2%. Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, ese resultado tuvo que ver, sobre todo, con que las ayudas gubernamentales y locales lograron mitigar el golpe.

Asimismo, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y uno de los miembros del Comité de expertos en pobreza, agregó que “las zonas rurales tuvieron una alta concentración de ayudas y el sector agropecuario estuvo menos lesionado que los otros sectores que dependían de la aglomeración. Pero esto también quiere decir que estas zonas tienen una alta dependencia de las transferencias”.

Cabe apuntar que para definir el número de personas en esa situación, el departamento estadístico mide el costo para los colombianos de adquirir una canasta básica de alimentos, así como los otros bienes y servicios para vivir, denominado como la línea de pobreza. Con eso, el Dane determinó un promedio nacional, y uno distinto por cada una de las 23 principales ciudades del país.

Eso se traduce en que las personas que ganaron menos de $331.688 al mes en 2020 en Colombia estaban en situación de pobreza monetaria, y los que tenían ingresos mensuales por $145.004 en extrema.

Los resultados que se conocieron estaban en línea con las proyecciones que hizo el Departamento Nacional de Planeación en el documento Conpes de reactivación económica, que decía que el alza de la pobreza podía llegar al 42%, teniendo en cuenta las ayudas sociales. Asimismo, centros como el Banco Mundial o el PNUD habían calculado que ese dato podía llegar a 41,8% y 38%, respectivamente, con esa mitigación.

Ahora, si se mira el efecto que la crisis tuvo por zonas del país se ve que el golpe fue más fuerte para las principales ciudades. De acuerdo con el Dane, Bogotá fue la ciudad que más aportó con ese aumento, pues pasó de tener a 2,2 millones de personas en pobreza monetaria en 2019 a 3,3 millones en 2020, un alza de 1,1 millones de ciudadanos. En otras palabras, aproximadamente 1 de cada 3 nuevos pobres que tuvo el país el año pasado están en Bogotá.

Seguido de la capital, Cali, Medellín y Barranquilla aportaron en total otro millón de personas a la situación de pobreza. De acuerdo con Oviedo, esos resultados estuvieron en línea con lo que se ha visto en los otros datos macroeconómicos, en los que se registra que la pandemia ha impactado más a las zonas urbanas, que son las que se han visto más afectadas por los cierres por cuenta de los picos de contagios.

Y si se mira las ciudades que más tuvieron un incremento en el número de personas en pobreza monetaria, llama la atención que Barranquilla (15,6 puntos porcentuales), Bucaramanga (14,7 pps) y Cali (14,4 pps) fueron las que tuvieron un mayor incremento de su incidencia.

Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “la pobreza monetaria y extrema subieron en las zonas urbanas de Colombia, mientras que en las zonas rurales bajó un poco, o se mantuvo con respecto al 2019. Esto se debe a que la agricultura fue uno de los sectores menos impactados y, adicionalmente, a que la reducción de precios ayudó un poco a las zonas rurales”.

EL EFECTO DE LAS AYUDAS

Aunque el aumento de la pobreza tuvo un incremento preocupante para el país, que además es superior al promedio de la región, las ayudas del Gobierno nacional y locales ayudaron a frenar ese impacto.

Según el Dane, sin las ayudas ordinarias y extraordinarias la pobreza monetaria no hubiera sido de 42,5%, sino de 46,1%. Es decir que lograron mitigar en 3,6 puntos porcentuales ese incremento.

Y en medio de la discusión por la reforma tributaria, si el país se quedara solo con las transferencias tradicionales, como Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Familias en Acción, la pobreza ascendería a 44%.

En otras palabras, las ayudas extraordinarias lograron contener el golpe a la pobreza en 2,2 puntos porcentuales y las ordinarias en 1,4 puntos porcentuales.

“De cara a la discusión política, es clave decir que las ayudas son un camino para mitigar el efecto de la pandemia en los hogares. Y para el caso de las ciudades necesitamos hacer una buena combinación de crecimiento económico, inclusión productiva y transferencias, porque con esa última no va a ser suficiente”, concluyó Angulo.

LOS PEORES EN LA REGIÓN

Según los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región pasaría de una incidencia de la pobreza monetaria de 30,5% en 2019 a 33,7% en 2020.

Eso ubica a Colombia, incluso desde antes de la pandemia, con un indicador superior al promedio de Latinoamérica en el indicador de pobreza.

Y para el caso del la pobreza monetaria el promedio de América Latina de 2020 sería de 12,5%, mientras que Colombia cerró ese año con un 15,1%, lo que significó un alza de 5,5 pps frente a 2019