viernes, 13 de septiembre de 2013

La mayoría del dinero de Interbolsa está a salvo: Supersociedades


La mayoría del dinero de Interbolsa está a salvo: Supersociedades

 
Luis Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, indicó que el 92% de la plata que manejaba Interbolsa, se encuentra a salvo.

En diálogo con RCN La Radio Vélez aseguró que la intervenida firma comisionista era la compañía de bolsa más importante del país, en donde se administraban cerca de 9 billones de pesos.

"En este momento, el dinero en riesgo es entre 600 y 700 mil millones de pesos, es decir, menos del 10% de lo que manejaban. Es una cifra importante y afecta a mucha gente, y de eso no hay ninguna duda; pero la mayoría de la plata que manejaba Interbolsa está a salvo. El 92% de la plata está a salvo y eso es muy importante", dijo.

El Superintendente de Sociedades resaltó que los dineros en riesgo podrían estar en el Holding de Interbolsa y en otras compañías.

"Hay un dinero en riesgo en al firma comisionista en el holding y en la cartera Credit, y en las empresas conexas del grupo Premium", añadió.

Vélez dijo que afortunadamente se conoció de estos hechos de manera oportuna, ya que según él, se hubiese podido presentar un riesgo mucho más grande para los inversionistas en la firma.



 

jueves, 12 de septiembre de 2013

La era digital e Interbolsa, los golpes que llevan a Foto Japón a su liquidación

 

 
Foto Japón no podía escapar del destino que han tenido gigantes como Kodak con la evolución de la fotografía, pero además la firma fundada hace 30 años en Colombia ha tenido otro gran golpe que se suma a su proceso de liquidación: Interbolsa.
 
Foto Japón nació el 23 de agosto de 1983, bajo el nombre de Foto 1 Hora y se estableció en el país como una de las empresa líderes en ventas de productos fotográficos y revelado. Hoy tras 30 años de sobrevivir en el país, anuncia su reorganización porque no puede pagar sus deudas.

Ha sido una dura batalla la que ha enfrentado para no dejarse quebrar, primero recibió la llegada de la revolución digital, en la que tuvo que cambiar sus antiguos esquemas para no dejarse vencer por la innovación que ofrecían las cámaras digitales.

Esta etapa representó la “posibilidad de que cualquiera fuera fotógrafo” afirma Ricardo Gaitán, especialista en marcas. Lo que en principio era imposible de comprar, para 2008 toda la tecnología asociada a cámaras, como impresoras, memorias y cartuchos, estaban al alcance de la sociedad.

Dejó de ser necesario ir a Foto Japón a revelar rollos de fotografía, a comprarlos, o a tomarse fotos, ya que cualquiera que tuviera una cámara digital y una impresora, podía hacer lo mismo.

Por lo que la compañía pasó de tener 210 puntos de distribución en 2008 a tan solo 101 a la fecha.

Tras este tropiezo, la compañía trató de ponerse en pie y de reinventarse, paso de ser especialista en fotografía a vender diferentes productos digitales y hasta objetos de cocina como teteras.

Sin embargo, en los últimos meses llegó un nuevo golpe que dificultará aún más la recuperación de la compañía y que probablemente fue uno de los causantes para que la firma solicitara su liquidación. El escándalo de Interbolsa, es para Francisco Cubillos, profesor de la Universidad del Rosario especialista en empresas, “el asunto que más sumerge a Foto Japón”

Foto Japón tiene cuatro dueños: Víctor Maldonado, el empresario involucrado en el escándalo de Interbolsa, de quien se creía era el accionista mayoritario de la firma, figura solo con el 5% de la compañía. Su esposa, María Inés Escobar de Maldonado, sería dueña de otro 45% a través de la firma Narita Investments, mientras que el otro 50% es de Nishima Investments, a nombre de Juan B. Sanint. Ambas sociedades están registradas en Panamá.

“Los Sanint son socios fuertes y pueden pedir que se levanten los embargos a cambio de prestar caución preventiva. Con esa salida podrían garantizar un eventual resarcimiento de prejuicios”, dijo el abogado Julio José Orozco.

El pasado 15 de julio Foto Japón hizo oficialmente la solicitud de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, pues alegaba que no iba a poder pagar las deudas que tiene con el sistema financiero, principalmente. En la actualidad los técnicos de la entidad se encuentran estudiando el caso y ajustando las cifras, pues al parecer muchas de ellas presentadas en los diferentes reportes financieros no coinciden.

Por ejemplo, la firma Foto del Oriente Ltda. pide acogerse a la ley de quiebras, aun y cuando en sus estados reporta activos por $130.833 millones y deudas de $60.602 millones. Sin embargo, la Supersociedades piensa que muchas de las cifras de los activos fueron infladas, y ha encontrado detalles como que de los 101 locales donde funcionan las tiendas, solo seis son de su propiedad.

Finalmente, es de anotar que bajo Foto del Oriente están subordinadas otras 14 firmas, de las cuales siete están ya en proceso de liquidación y en las que Escobar también aparecería con participación.

Lo que le queda por delante a la Supersociedades es determinar el estado financiero de la firma, quiénes son los dueños y ver con cuántos recursos podría contar para reparar a las víctimas del sonado descalabro de Interbolsa.

Las posibilidades que le quedan a la compañía
Según el experto Francisco Cubillos, a la empresa Foto Japón le quedan tres caminos después de los golpes que ha recibido por la coyuntura del sector y el escándalo de Interbolsa. Puede optar por ceñirse a los mecanismos institucionales que le imponga el Gobierno, para poder encontrar la forma de seguir operando; la segunda opción que tiene es desligarse del nombre de Interbolsa, en este caso puede ser por medio de su venta a terceros, lo que implicaría una reestructuración de la misma; y la última posibilidad es que la empresa se vea afectada a tal punto que sea necesario cerrarla.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

La captación ilegal de dinero le da un giro al caso de Interbolsa

 

 
El caso Interbolsa dio un nuevo giro. La Superintendencia Financiera de Colombia abrió investigación a las empresas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, firmas relacionadas con el grupo en liquidación, por captación ilegal de fondos.
 
El proceso se abrió después de que las dos compañías, de propiedad de los socios del Fondo Premium, respectivamente, fueran intervenidas por la Superintendencia de Sociedades el pasado 11 de enero, lo que permitió que el ente de control entrara a analizar las movidas de estas compañías.

Sobre el tema, la Superintendencia de Sociedades, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, explicó que “las Superintendencias de Sociedades y Financiera han venido trabajando de manera conjunta no solo en los procesos que se adelantan con Interbolsa, sino en procedimientos relacionados con otras compañías como las vinculadas al denominado Grupo Premium”.

Las investigaciones buscan comprobar que por medio de estas empresas se captaba ilegalmente dinero de clientes, el cual ingresaba al Fondo Premium Capital, para después ser invertido en negocios de Interbolsa, como los repos de Fabricato.

El hecho se convierte en un factor que rompe en dos el proceso, teniendo en cuenta que de comprobarse este delito, los implicados tendrían que entrar a responder con su patrimonio ante los afectados.

Estas compañías fueron constituidas por Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes también crearon el fondo Premium Capital. Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil tienen por objeto social la inversión de fondo en toda clase de activos nacionales y extranjeros y desde el comienzo de la investigación de Interbolsa estuvieron en la mira de las autoridades, pues no solamente compartían las mismas oficinas del grupo financiero, sino que desde ese momento se habló de la posibilidad de que estas empresas operaran como fondeadoras de esa organización.

Frente a este nuevo ingrediente el ex presidente del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, Carlos Alberto Sandoval, señaló que se trata de un elemento adicional de análisis que suma eventualmente otra irregularidad al caso.

Sin embargo señaló que no ve una repercusión mayúscula frente a los temas en investigación.

Otro elemento que suma al tema Interbolsa y que enrarece la situación, es la renuncia conocida ayer, de Nelson Amaya como asesor del Fondo Premium.

Su vinculación al caso causó polémica por su parentesco (primo) con el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, que aparentemente lo inhabilitaría.

Amaya, en este caso del Fondo Premium, trabajó con el abogado Jaime Granados, para, dijo en repetidas ocasiones, defender los intereses de los inversionistas con el objetivo de que recuperaran las inversiones hechas en dicho fondo que es supervisado por el Banco de Curazao y no por la Superintendencia Financiera.

Con la apertura de investigación por presunta captación ilegal a dos firmas y la renuncia de Amaya, el caso de la que fue la comisionista más grande del país, sigue enredándose. }

Superintendencias trabajan unidas
Las Superintendencias Sociedades y Financiera señalaron que trabajan de manera conjunta, no solo en los procesos que se adelantan con Interbolsa S.A. sino en procedimientos relacionados con otras compañías como las vinculadas al Grupo Premium. Esto, argumentaron, es con el objetivo de compartir para efectos judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, la información documental que cada una de las entidades ha obtenido con ocasión a actuaciones administrativas o judiciales. Indicaron que buscan retornar a los afectados el mayor dinero posible.

martes, 10 de septiembre de 2013

Juez determina que liquidadores de Interbolsa no son víctimas en el proceso

 

 
Un juez de segunda instancia dió vía libre al proceso que se sigue por el sonado caso de Interbolsa.
El funcionario revocó la decisión del juez 64 de control de garantías que consideraba como víctimas a las liquidadoras Interbolsa Holding SA, e Interbolsa Comisionista de Bolsa.
En todo caso, quien sí fue considerada como víctima por la segunda instancia fue Alianza Fiduciaria.

lunes, 9 de septiembre de 2013

Duros dardos de José Roberto Arango a Jaramillo en caso Interbolsa

El empresario dice que el protagonista del lío del grupo quiere enlodarlo para rebaja de pena.

El empresario antioqueño José Roberto Arango respondió el pasado lunes con un enérgico comunicado la revelación que hizo EL TIEMPO el domingo en el sentido de que Tomás Jaramillo, protagonista del descalabro de Interbolsa, intenta vincularlo al caso. 
Según Arango, las declaraciones de Jaramillo buscarían “crear una cortina de humo sobre los delitos en los que habría incurrido”.
Sobre la cuestionada intervención de Interbolsa en Fabricato, dijo que siempre le pareció “que el precio de la textilera estaba sobrevalorado” y que, por eso, en su calidad de asesor externo de Coltejer, se opuso rotundamente a los continuos ofrecimientos de Jaramillo, incluido el de fusionar las dos firmas.
“Mi pecado fue ser opositor de adquirir las acciones de Fabricato y manifestar que ese precio era especulativo, como finalmente fue comprobado por las autoridades”, argumentó.
En cuanto a los señalamientos por una comisión de un millón de dólares relacionada con la fusión de Interbolsa e Inversionistas de Colombia, Arango reconoció haberla recibido de Interbolsa (ya fusionada), por el éxito de su gestión.
Así mismo, aun cuando admite haber increpado alguna vez al entonces superintendente financiero Augusto Acosta –por la debacle que sufrió Dann Financiera a consecuencia de una resolución expedida por él–, niega que haya tenido que ver con la posterior salida del funcionario. Y sugiere que esta no se relaciona con el hecho de que la fusión de las empresas citadas fuera aprobada.
En cuanto a la versión de Jaramillo de que el Fondo Premium, tentáculo de Interbolsa en el exterior, hizo un giro por 5.000 millones de pesos para el rescate de Millonarios, operación dirigida por Arango, este manifestó que Jaramillo “no participó en la compra” del equipo de fútbol y que esa suma corresponde a un dinero adeudado por la sociedad Azul y Blanco, “debidamente registrado en su contabilidad y al día en sus pagos”.
Pero quizás los apartes más duros del documento son los que se refieren a Proyectar. Según Arango, fue engañado por la familia Jaramillo y otras personas para que aceptara acciones de este grupo –en pago por su participación en Dann Financiera– con la falsa afirmación de que habían sido inscritas en la Bolsa de Valores, lo que nunca ocurrió.
“A los pocos meses, esta compañía fue intervenida por la Superintendencia Financiera y mis acciones fueron vendidas para cubrir obligaciones de Proyectar Valores, donde nunca tuve nada que ver”, agregó. El empresario asegura que Proyectar fue víctima de una “guerra entre accionistas de Interbolsa, protagonizada por Rodrigo y Tomás Jaramillo contra el señor Juan Carlos Ortiz”, y cuya principal consecuencia fue que un patrimonio de más de 15 años se esfumara. Según él, este episodio puso fin a su relación con los Jaramillo.
“Los recientes acontecimientos me obligan a romper mi prudencia y a revelar la verdad sobre los hechos (...). Imagino la desesperación que puede estar sintiendo Tomás Jaramillo y supongo que pensará que ya nada tiene que perder y que quizás al involucrar gente que nada tiene ver en sus andanzas logrará hacer rebajar sus penas. Mi patrimonio es mi nombre y no voy a permitir que lo enloden”, concluyó José Roberto Arango.
Comunicado completo de José Roberto Arango:
En días pasados los medios publicaron apartes de lo que sería una declaración de Tomás Jaramillo, socio de la firma INTERBOLSA, en el proceso penal que se adelanta en su contra. En esa declaración, uno de los protagonistas de uno de los escándalos financieros más graves de este país, hace referencia a un contrato de prestación de servicios alrededor de la fusión de INVERSIONISTAS DE COLOMBIA e INTERBOLSA en 2006.
Sus declaraciones y la manera como fueron citadas me obligan a referirme a estos hechos con el objeto de aportar claridad a una información que, intuyo, busca crear una cortina de humo sobre los delitos en los que habrían incurrido estas personas.
Antecedentes
Conozco a la familia Jaramillo de toda una vida y me unía con ellos una gran amistad.
Fui fundador de una firma comisionista de Medellín a principios de los años 80.
Durante 13 años de permanencia en el mundo bursátil tuve oportunidad de conocer y compartir con personas vinculadas a la actividad, entre ellos el Dr. Rodrigo Jaramillo.
Trabajé para el gobierno desde el 7 de agosto del 2002 hasta el mes de julio de 2004.
La fusión de Inversionistas de Colombia e Interbolsa
A finales del año 2006 me contactaron los socios de la firma comisionista INVERSIONISTAS DE COLOMBIA y me solicitaron que los asesorara para llevar a cabo la fusión con INTERBOLSA. Ambas firmas me contrataron con una remuneración atada al éxito, como usualmente efectúo mis trabajos: si se logra el objetivo hay lugar al pago de honorarios, de lo contrario no recibo un solo peso.
Diseñamos una estrategia para la fusión, luego de analizar los términos de intercambio y de gobernabilidad, visitamos con los abogados en varias ocasiones la Superintendencia Financiera donde se revisaba periódicamente qué documentación o requerimientos hacían falta para llenar los requisitos necesarios para ser aprobada la fusión y me reuní en varias oportunidades con el superintendente financiero del momento, el doctor Augusto Acosta, tal vez la única persona que conocía en la SUPERFINANCIERA porque había sido mi profesor en la Universidad.
Finalmente a fines del mes de mayo del año 2007 salió la aprobación de la fusión, seguramente estudiada muy detenidamente y al más mínimo detalle, teniendo en cuenta las diferencias que se presentaban entre el Dr. Acosta y los accionistas de INTERBOLSA, diferencias que ya para ese momento eran públicas y que se dieron por la salida del Dr. Acosta de la Presidencia de la Bolsa de Valores de Colombia por falta de apoyo de algunos comisionistas, entre ellos INTERBOLSA.
Al ser aprobada la fusión se cumplió la condición suspensiva de mi contrato, es decir , el éxito de mi gestión y surtió mi derecho a recibir los honorarios previamente pactados por valor de un millón de dólares, los cuales facturé y fueron oportunamente cancelados por la fusionada firma INTERBOLSA.
La capitalización de Dann Financiera
Por la misma época del año 2006, en un negocio totalmente independiente, DANN FINANCIERA Compañía de Financiamiento Comercial, de la cual yo era accionista minoritario desde su fundación, efectuó una capitalización que representaba el 30% de su composición accionaria.
La capitalización se efectuó con éxito. Estaba dirigida a un grupo de personas vinculadas a INTERBOLSA que en su momento era la firma más grande y respetada del país. La capitalización la efectuaron tres grupos cumpliendo la norma de no sobrepasar el 10% en cada uno de ellos. Ocho meses más tarde después de una minuciosa revisión de esta capitalización, la SUPERFINANCIERA encontró que un miembro de la familia Jaramillo era inversionista en un fondo que se encontraba en otro grupo. Esta inversión hacia que el grupo de la familia Jaramillo sobrepasara el límite del 10% en unas pocas décimas y por lo tanto, la SUPERFINANCIERA fue rígida e implacable en declarar ineficaz la capitalización. Al ser declarada ineficaz no había posibilidades de corrección o apelación alguna.
La consecuencia de esta decisión fue funesta para los accionistas de DANN FINANCIERA al tener que salir a feriar su portafolio para dar cumplimiento a la resolución y devolver la capitalización. Las pérdidas fueron cuantiosas.
Pedí una cita al Dr. Acosta quien muy gentilmente me recibió con varios funcionarios de la Superfinanciera. Entre las cosas que le manifesté al Dr. Acosta fue que la filosofía del gobierno era de servir y ayudar a los empresarios y ciudadanos en general para sacar adelante sus proyectos y no la de tener personas que utilizarán sus cargos para pasar cuentas de cobro personales. Ese comentario se filtró por algunas de las personas que estaban en la reunión.
Días después, el gobierno efectúo cambios de algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, entre ellos el Dr. Acosta. Varios medios de comunicación me preguntaron que sí yo había tenido que ver, tal vez basados en el comentario de alguno de los presentes en la mencionada reunión y seguramente por el hecho de haber laborado años antes en el gobierno. Mi respuesta fue clara: si cuando tuve la oportunidad de ser servidor público, no tuve el poder, ni logré cambiar funcionarios que consideraba no estaban alcanzando sus metas de gobierno, menos lo tendría en ese momento que llevaba más de dos años y medio por fuera de él.
La venta de Coltejer
En el año 2008 fui designado por la Organización Ardila Lulle, Presidente de COLTEJER con un clara misión: venderla o liquidarla.
La compañía perdía mensualmente ocho millones de dólares que debían ser cubiertos por la OAL. Se planteó un plan de salvamento, donde entre otras cosas, se propuso la capitalización de las las acreencias a cargo de COLTEJER, a diferentes precios, dependiendo de la prelación legal de conformidad con el acuerdo de restructuración empresarial, bajo la ley 550 de 1999. En ese entonces el valor nominal de la acción era de $1 (un peso) y la propuesta de la capitalización de las acreencias iba desde $ 1.00 hasta $1.80 dependiendo de la calidad de acreedor. En ese momento se encontraba vigente una norma de amnistía tributaria de la DIAN y entidades públicas que significaba para COLTEJER más de $30 mil millones de pesos de beneficio si se cancelaba la totalidad de la deuda que era del orden de $130 mil millones de pesos.
Contactamos a varios inversionistas con el fin de ofrecer las acciones que poseía la OAL en COLTEJER. El grupo textilero KALTEX , el más importante de México, se interesó en adquirir dichas acciones con la condición de tener una participación mayoritaria y que la compañía estuviera saneada de pasivos. Fue así como KALTEX se subrogó en las acreencias laborales, las cuales se capitalizaron a $ 1.00 por acción. Adicionalmente el grupo capitalizó en emisión primaria acciones por la suma de $ 85.000 millones de pesos.
De acuerdo con la solicitud del grupo KALTEX de tener saneado el pasivo, especialmente los fiscales, se inició la busca de personas o entidades interesadas en adquirir dichos pasivos y subrogarse para capitalizar estas acreencias.
INTERBOLSA se interesó y pagó por cuenta de COLTEJER el pasivo fiscal y se acogió a la capitalización obteniendo el beneficio de la amnistía. Esta capitalización se efectuó a $ 1.15 por acción de acuerdo al reglamento de la misma.
Las acreencias financieras y de proveedores también fueron capitalizadas entre $ 1.65 y $ 1.80 por acción dependiendo de la fecha en la cual COLTEJER había contraído dicha obligación.
La mayoría de los acreedores se acogieron a este plan de capitalización directamente, o vendiendo sus acreencias con descuento.
Durante este proceso COLTEJER solicitó a la SUPERFINANCIERA suspender la negociación en bolsa de la acción, precisamente para evitar que se diese una especulación.
En esta transacción, COLTEJER nunca recibió dineros de INTERBOLSA. Estos dineros fueron directamente a la compra de las acreencias.
Una vez terminada la capitalización el grupo KALTEX se consolidó con sus empresas como accionista mayoritario, garantizando el renacimiento de la textilera.
Se convocó a una Asamblea extraordinaria para elegir nueva Junta Directiva, en la cual fue elegido el Dr. Rodrigo Jaramillo entre otros.
Aclaro que mi labor fue directamente con COLTEJER, y que mis honorarios fueron cubiertos por el antiguo dueño y el nuevo accionista mayoritario. No compre acciones en esta transacción y solo conservo una acción física de recuerdo.
Al finalizar mi labor como representante legal, el grupo KALTEX me pidió permanecer como asesor externo de COLTEJER para acompañarlos en el proceso de sacar a flote la compañía y así lo he hecho desde entonces.
INTERBOLSA EN FABRICATO
Como es de público conocimiento el precio de la acción de esta textilera tuvo un crecimiento inusual durante los últimos años. La respuesta estaba en que INTERBOLSA y algunos de sus clientes iniciaron una compra masiva de acciones de esta empresa que no tenía accionista predominante, con la ilusión de hacerse al control y venderla en un futuro.
El precio de la acción pasó de los niveles de $20 hasta superar la barreara de los $90 pesos.
Ya con el control, eligieron nueva Junta Directiva con la injerencia del Dr. Rodrigo Jaramillo.
La textilera le fue ofrecida informalmente a COLTEJER por parte del Dr. Jaramillo. Este ofrecimiento nunca interesó a COLTEJER o a sus demás accionistas. Igualmente planteó la posibilidad de una fusión, propuesta que tampoco fue acogida. Como asesor siempre aconsejé en contra de cualquier operación con acciones de FABRICATO.
Es de anotar que estos ofrecimientos fueron recurrentes por conducto del Dr. Jaramillo o alguno de sus allegados.
Fui un opositor rotundo a estos ofrecimientos y por el contrario crítico del precio de la acción. Siempre me pareció que el precio de FABRICATO estaba sobrevalorado, comentarios que seguramente no le gustaron al Dr. Jaramillo.
Por su interés en FABRICATO se le pidió informalmente que no volviera asistir a la Junta de COLTEJER dado el conflicto de interés evidente al ser compañías competidoras. No nos parecía ético ni conveniente para la compañía, pero el Dr. Jaramillo hizo caso omiso y continuó asistiendo normalmente.
Una vez fue intervenida INTERBOLSA, me enteré que en un importante medio de comunicación un allegado del Dr. Jaramillo comentó que este me iba a denunciar penalmente por pánico económico. Mi pecado fue ser opositor con algunos miembros de la junta de COLTEJER de no adquirir las acciones de FABRICATO y por el contrario manifestar que ese precio era especulativo como finalmente se fue comprobado por las autoridades.
El salvamento de Millonarios
A principios del año 2010 el Ministro del Interior y Justicia y me citó a una reunión para solicitar mi colaboración para tratar de salvar el equipo de fútbol, “Los Millonarios”. Acepté hacerlo ad honorem, con la condición de que la asamblea de la corporación , a quien entonces pertenecía el equipo, estuviese de acuerdo.
Fue así como en asamblea general de los asociados se aprobó el plan de salvamento, vendiendo sus activos para cancelar las deudas que alcanzaban los $ 34 mil millones de pesos. Se efectuó una valoración de tres de los activos, marca, ficha de la DIMAYOR y derechos deportivos de los jugadores. El avalúo del lote no se obtuvo por parte de la lonja por falta de reglamentación de uso del suelo. Se ofrecieron los activos vendibles a las principales empresas de Colombia y algunas entidades del exterior sin ningún éxito.
Sólo se recibió una oferta por la valoración de $ 24 mil millones por parte de un grupo de 24 personas que se comprometían a recaudar cada una de ellas $ 1000 millones. El suscriptor y portador de la oferta fue el Señor Carlos Adolfo Mejia (Talo). Era inminente la necesidad de la venta, ya que la corporación que se encontraba bajo la ley 550 de 1999 estaba en causal de liquidación. Esta propuesta fue aprobada por el Comité Ejecutivo de la Corporación de manera unánime como consta en las actas, debidamente firmadas por todos sus miembros. Igualmente se cumplieron los demás requisitos en otras instancias como debe constar en los archivos de la Corporación.
AZUL Y BLANCO fue el vehículo elegido por los compradores para adquirir el equipo.
Como es ya de público conocimiento esta sociedad tuvo que ser examinada por la SUPERFINANCIERA para dar aprobación a sus promotores y permitir la captación masiva de más de 3000 accionistas que exigía la antigua ley del deporte. Esta aprobación tardó algunos meses y la captación masiva se dio con el éxito conocido.
Hoy Millonarios es una empresa exitosa financiera, administrativa y deportivamente. Los hinchas de Millonarios pueden estar tranquilos, incluso, aunque sus antiguos dueños y enemigos quieran entorpecer. Todo este proceso fue transparente, de la mano con las autoridades competentes y se encuentra debidamente documentado.
Concretamente me quiero referir a las declaraciones del Sr. Tomás Jaramillo referente a los dineros que se recibieron en Millonarios. Hasta donde entiendo, él no participó en la compra de Millos.
Los dineros con los cuales se pagaron pasivos de la Corporación fueron recaudados por los compradores en FIDUPETROL, entidad vigilada por la SUPERFINANCIERA. Esos dineros nunca se recibieron directamente en la Corporación por simple precaución para evitar un embargo por los numerosos pleitos que existían en su contra. El procedimiento consistió en solicitar a los compradores a través de FIDUPETROL, cancelar los pasivos directamente y entregar a la Corporación la constancia de pago para proceder a la contabilización.
Menciona el Sr. Tomás Jaramillo que de el Fondo Premium salieron 5.000 millones de pesos. Según informaciones de prensa relacionadas con el escándalo de INTERBOLSA, este dinero lo debe AZUL Y BLANCO y se encuentra debidamente registrado en su contabilidad y al día en sus pagos.
GRUPO PROYECTAR
Como lo mencioné anteriormente fui accionista de DANN FINANCIERA CFC . Participé en la fundación y promoción de la ya desaparecida REGIONAL CFC, que se fusionó con DANN FINANCIERA. De allí provenían mis acciones.
Con el fallecimiento de mi gran amigo Boris Spiwak y las dificultades que sobrevinieron a su muerte en el manejo de la financiera, tomé la determinación de vender mi participación.
Ofrecí las acciones al los demás accionistas y el único interesado fue el GRUPO PROYECTAR, quienes ya poseían una importante participación. Me ofrecieron pagar con acciones de su holding. No era mi interés ser accionista de otra entidad financiera y no me llamó la atención la oferta. Me informaron que estaban en los trámites para registrar esa acción en la Bolsa de Valores de Colombia. Acordé que en el momento que se obtuviera su aprobación realizaría la permuta de acciones, teniendo en cuenta la facilidad que se me daría para venderlas en el mercado de valores.
En septiembre de 2010 me presentaron la aprobación de la SUPERFINANCIERA para inscribir las acciones de dicha holding en el mercado de valores. Desafortunadamente no tome la precaución de verificar si ya la Bolsa de Valores había aceptado su ingreso.
Efectivamente realicé la transacción con la mala suerte que a los pocos meses esta compañía fue intervenida por la SUPERFINANCIERA y mis acciones fueron vendidas para cubrir obligaciones de PROYECTAR VALORES donde nunca tuve nada que ver.
Denuncié oportunamente a la Superintendencia de Sociedades a quien correspondía la vigilancia de la compañía. Consulte con abogados la forma de recuperar mis acciones, pero jurídicamente no había nada para hacer. Había confiado erróneamente en la personas que hacían parte de la sociedad. Entre ellas estaba el Sr. Tomas Jaramillo y su familia.
Cual sería mi sorpresa cuando en declaraciones en la W Radio el Dr. Rodrigo Jaramillo afirmó que nunca habían tenido, ni tenían, ni tendrían nada que ver con el Grupo proyectar y Proyectar valores. Solicité a la compañía certificación del listado de accionistas y ya la familia Jaramillo no aparecía. Figuraban con esas acciones unos testaferros, los denomino así porque de lo contrarío se hubiese configurado una estafa al vender su participación en una entidad que querían desaparecer.
Hago esta afirmación porque le escuché personalmente al Dr. Rodrigo Jaramillo : “ Proyectar es un proyecto perverso para INTERBOLSA”.
Efectivamente se iniciaba la guerra entre accionistas de INTERBOLSA protagonizada por Rodrigo y Tomás Jaramillo contra el Sr. Juan Carlos Ortiz.
Sin entrar en detalles que desconozco escuche al Dr. Rodrigo Jaramillo en compañía de otros testigos decir: “ PROYECTAR SE LIQUIDA”
Efectivamente así ocurrió y ese patrimonio de más de quince años se esfumó, en medio de una pelea en la que yo nada tenía que ver.
Meses después recibí una llamada de Tomás Jaramillo con el ánimo de darme explicaciones de lo ocurrido. Me limité a decirle que ya tenía la foto de los hechos y a criticarle la actitud cobarde de él y su padre por las actuaciones que en últimas contribuyeron a la desaparición de el GRUPO PROYECTAR y de PROYECTAR VALORES. Esa fue mi última conversación con Tomás Jaramillo.
Los recientes acontecimientos me obligan a romper mi prudencia y a revelar la verdad sobre los hechos antes expuestos. Imagino la desesperación que puede estar sintiendo Tomás Jaramillo y supongo que pensará que ya nada tiene que perder y que quizás al involucrar gente que nada tiene ver en sus andanzas lograra hacer rebajar sus penas. Mi patrimonio es mi nombre y no voy a permitir que lo enloden. Quienes han trabajo conmigo pueden dar fe de quién soy y de cómo manejo las cosas.

domingo, 8 de septiembre de 2013

Cementeras enredadas por correos electrónicos


La SIC investigará a varias cementeras por presunta manipulación de precios.

La entidad investigará presuntos acuerdos de precios y conductas de restricción a la competencia como repartición geográfica del mercado.

Entre los hechos que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a formular pliego de cargos contra las mayores empresas de la industria cementera nacional, hay correos electrónicos que sustentan los supuestos acuerdos para fijar precios y repartirse el mercado.
La investigación podría llevar a sanciones hasta por 58.950 millones de pesos a las empresas Cementos Argos, Cémex Colombia, Holcim (Colombia), Cementos Tequendama y Cementos San Marcos.
En la indagación, que arrancó a partir de quejas recibidas desde septiembre del 2011, se encontraron correos electrónicos y otros documentos que evidencian intercambios de información sensible que permitirían a las cementeras coludir tácitamente en los precios del cemento; ventas recíprocas de cemento entre compañías, que no parecen tener una explicación de mercado; relaciones comerciales y contactos poco comunes entre las firmas que denotarían una estrategia de no competir.
Ayer, las empresas no habían sido notificadas, por lo que Cémex no se pronunció. De la misma manera, Holcim y Tequedama no habían hecho comentarios al respecto al cierre de esta edición. En cuanto a San Marcos, no fue posible comunicarse con la empresa.
Por su parte, Argos dijo que no ha participado y no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite.
“La compañía ha desarrollado e implementado una estrategia competitiva basada en una clara segmentación de sus clientes, asistencia técnica, acceso a programas de financiación, redes de distribución, calidad y diversidad de productos y amplia cobertura geográfica”, agregó Argos en un comunicado.
La SIC también abrió investigación y formuló cargos contra 14 directivos, entre ellos los presidentes y/o gerentes de las empresas.
Así mismo, recordó que vinculados que entreguen pruebas o estén dispuestos a “acogerse al programa de beneficios por colaboración (delación)” podrían estar a salvo de las multas.
Entre las personas investigadas están Jorge Mario Velásquez y José Alberto Vélez, presidente y expresidente de Argos; Carlos Jacks Chavarría y César Constaín van Reck, presidente y expresidente de Cémex Colombia; Miguel Ángel Ruvalcaba y Moisés Pérez Younes, presidente y expresidente de Holcim Colombia; Fidel Armando Cortés Benavides, presidente de Cementos Tequendama y Fernando de Francisco Reyes, gerente general de Cementos San Marcos.
¿COMPARACIÓN ODIOSA?
¿Pero en Colombia son altos los precios de cemento frente a otros países? Cifras calculadas con base en las ventas por punto en una ferretería indica que en Perú ese precio es cerca de 158 dólares la tonelada, mientras que en Panamá es de 227 dólares, en Costa Rica 240 y en Nicaragua 253 dólares. En Argentina, la tonelada está en 200 dólares, en Estados Unidos en 211 y en Colombia puede subir a 250 dólares en un municipio alejado de las plantas de producción por cuentas de costos adicionales del transporte, entre otros.
Sin embargo, el precio preferencial para un constructor de vivienda de interés social (VIS) es de 182 dólares la tonelada.
Los cementeros tampoco consideran válido hacer la comparación en dólares porque introduce un elemento de distorsión que tiene que ver con la revaluación relativa de las monedas. “Cuando se mira en pesos, en Colombia hoy se compran 24 sacos de cemento con un salario mínimo, cuando 10 años atrás se adquirían 17. Y el salario mínimo se ha incrementado 38 por ciento más que el precio del cemento en ese lapso”, aseguran.
El debate del cemento también es sobre el peso de ese material en el costo total de una obra, pues mientras los fabricantes lo calculan entre el 4 y el 6 por ciento, dependiendo de si es VIS o vivienda de estrato alto, otros le dan una participación mucho más alta.
Paralelamente, en Colombia existe libertad de importación de cemento con cero arancel y en los cuatro primeros meses del año llegaron a 1,5 millones de sacos de diferentes marcas. La demanda anual es cercana a 11 millones de toneladas.
Por su poca duración, el material es generalmente de producción local, y esta condición determina el precio en el mercado. Camacol -gremio de los constructores- considera que la comparación de precios con otros países tampoco es pertinente y que se aceptan los que fija el mercado interno. Además, considera que hay competencia y presencia nacional de las tres principales cementeras.
AGOTARON INSTANCIAS
Frente al debate de la fijación de precios, el sector cementero ganó una round este año con un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tumbó las sanciones impuestas en el 2005 por la SIC, por un presunto acuerdo de precios entre las tres principales productoras y cuyas multas ascendieron a 3.183 millones de pesos.
El Tribunal basó la decisión en que la SIC no tenía competencia por haber operado la caducidad.
"Los datos que se han manejado son imprecisos. Cada país tiene una dinámica de precios distinta en función, entre muchas otras variables, de los costos de energéticos, transporte, capital, distribución, tipo de empaque, la tarifa de impuesto a las ventas aplicable, entre otras", dijo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

sábado, 7 de septiembre de 2013

Soldado advertido…

invsoldado1_. Iván Darío Arroyave, presidente Bolsa Mercantil.
El presidente de la Bolsa Mercantil asegura que la entidad cuenta con fuertes controles a las operaciones.

Foto: Alejandro Acosta
Iván Darío Arroyave, presidente Bolsa Mercantil. El presidente de la Bolsa Mercantil asegura que la entidad cuenta con fuertes controles a las operaciones.

La Bolsa Mercantil y la Uiaf ajustan controles a las operaciones de facturas. El motivo: evitar que se conviertan en fuente de lavado.

El monitoreo ejercido por la Bolsa Mercantil de Colombia sobre el lavado de activos tiene por estos días impacto en el proceso penal al que está sometido el dirigente político Carlos Albornoz Guerrero, exdirector Nacional de Estupefacientes, y uno de los principales sindicados de haber convertido la administración de bienes decomisados a las mafias en una fuente de lucro personal.

El 27 de abril de 2011, mientras la Fiscalía rastreaba los bienes e inversiones de Albornoz para medir el incremento de su patrimonio personal, la Bolsa produjo una señal de alerta sobre operaciones posiblemente inusuales del funcionario que se habían hecho extensivas hacia el mercado de commodities.

Ese caso fue uno de los primeros en que se llevó a cabo la aplicación del exitoso monitoreo que consiste en cruzar 100% de los movimientos de accionistas de la Bolsa que le reportan al Deceval, contra ‘listas negras’ producidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas y una base de datos denominada (PEP), donde reposan datos de seguimientos a los boletines de responsables de la Contraloría y reportes hechos por la Procuraduría y la Fiscalía.

Sin embargo, nuevos riesgos podrían cernirse ahora sobre la Bolsa, motivados por hechos coyunturales. El primero es el reciente intento de los mismos operadores del mercado de valores que llevaron al precipicio a Proyectar Valores y a InterBolsa. Ya en el recinto de la Cámara, el representante Simón Gaviria advirtió que algunos de los comisionistas y brokers vinculados a esas firmas no tuvieron empacho en facilitar el blanqueo de dineros provenientes no solo del narcotráfico sino también de la corrupción en manejo de contratos públicos.

El segundo riesgo fue advertido por varios de los clientes defraudados por la intervención de la firma comisionista Torres Cortés S.A., la más grande y tradicional y considerada como la “InterBolsa” de la Bolsa Mercantil. Ellos anunciaron que le pedirán a la propia Bolsa, a la superintendencia Financiera y a las agencias de inteligencia –como la Uiaf del Ministerio de Hacienda– revisar una concentración en cabeza de Torres Cortés y de un reducido número de firmas de operaciones de facturación a terceros, amparadas en un régimen legal que incluye exenciones tributarias y amplio margen de negocios sin mayor control.

Impuestos y más…

La norma que genera inquietud es el decreto 574 de 2002, que consiste básicamente en que los pagos o abonos en cuenta por concepto de compras de bienes o productos de origen agrícola o pecuario, sin procesamiento industrial o con transformación industrial primaria, que se realicen a través de las ruedas de negocios de las bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas, no están sometidos a retención en la fuente, cualquiera fuere su cuantía.

“Entre quienes operan allí –asegura a Dinero uno de los denunciantes– hay personas sin escrúpulos que no solo pelechan del no pago de impuestos sino que facturan operaciones simuladas o inexistentes, por ejemplo, de compras de arroz. Para probarlo bastaría con comparar las operaciones registradas con las cifras de producción y quizá nos llevemos sorpresas mayores relacionadas con un blanqueo importante”.

Según un economista que tuvo relación de más de diez años con Torres Cortés, algunos comisionistas se aprovechan de que los controles establecidos por la Bolsa se concentran, por ahora, solo en empresas o personas relacionados expresamente en la Ofac y otras bases de datos de las denominadas listas de referencia, pero no pueden ir más allá porque las firmas gozan de amplio marco de reserva en cuanto a la identidad de sus clientes y las características de las operaciones.

Dinero revisó los registros de facturaciones a terceros y movimientos a los que alude el decreto 574 y encontró que durante 2011 y 2012 más de 80% de las operaciones de facturación se concentraron en Torres Cortés con empresas productoras de aceros, mallas y metales y una firma de los Llanos que, en promedio diario, conseguían la aprobación de entre cinco y quince facturas de compras de arroz que llegaban a superar anualmente las tres millones de toneladas.

La cifra es representativa si se tiene en cuenta que, según Fedearroz, en 2012 el país produjo dos millones y media toneladas de arroz verde, 2,1 millones de toneladas de arroz paddy seco y 1,3 millones de toneladas de arroz blanco. Esto significa que algo más de 50% de la producción habría sido negociada a través de la Bolsa y a cargo de una sola firma.

Por solicitud de la revista, la Bolsa preparó un informe de acuerdo con el cual al cierre de 2012 se registraron facturas por un valor de $15,3 billones. El arroz cáscara y blanco ocupó el primer puesto con una participación de 15,72%, seguida de cerca por el ganado vacuno y de lejos por la carne, el café, los aceites y grasas, la leche, el maíz y las flores de exportación.

Iván Darío Arroyave, presidente de la Bolsa, asegura que no va a mirar de soslayo las denuncias, está convencido de que la entidad cuenta con un sólido dispositivo de controles, especialmente después de firmar un convenio de cooperación con la Uiaf que le permite a este organismo hacer un seguimiento en tiempo real a todas y cada una de las operaciones. El ejecutivo tomó nota de cinco comisionistas, entre ellas algunas que trabajan con mercados de Cali y Medellín para las que habrá un seguimiento especial. Sus nombres se mantienen por ahora en reserva mientras se surten los controles (ver recuadro).

Destaca, sin embargo, que las sociedades comisionistas de valores tienen el deber de aplicar y analizar el Sarlaf (sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo), de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia financiera.

viernes, 6 de septiembre de 2013

Los documentos inéditos

invlosdocumentos1_. David Wigoda, presidente de Factor Group.
Luego de 27 meses de intervención de Factor Group, creada por David Wigoda,  no hay información confiable para responderles a los afectados.

Foto: Diana Sánchez
David Wigoda, presidente de Factor Group. Luego de 27 meses de intervención de Factor Group, creada por David Wigoda, no hay información confiable para responderles a los afectados.

La contabilidad de Factor Group estaba abandonada en dos casas del barrio Manrique de Medellín. Su estado conspira contra los reclamos de 1.550 clientes afectados por su desplome.

El panorama que encontraron ese 6 de mayo Luis Fernando Alvarado Ortiz, liquidador de Factor Group, y los agentes de la Superintendencia de Sociedades que lo acompañaban era desolador. La contabilidad de la que en sus tiempos de auge había sido la compañía de factoring más grande del país, estaba abandonada en cuartos y anaqueles sucios y herrumbrosos en dos casas del barrio Manrique en Medellín.

La diligencia de aprehensión de libros y documentos fue suspendida tan pronto como se encontró que la información, desorganizada cronológicamente, estaba incompleta y que difícilmente permitiría reconstruir una sola operación con la trazabilidad requerida.

Al regresar a su oficina, Alvarado escribió un oficio cargado de desazón con destino a Ángela María Echeverri Ramírez, superintendente delegada para procedimientos de insolvencia. Le hizo ver que estaba tratando de cumplir su tarea como auxiliar de la justicia en condiciones extremas y le pidió le entregara, para llenar los vacíos, una información que solo la Supersociedades podría tener.

“Es indispensable –le pidió– que ese despacho certifique qué bienes susceptibles de registro fueron objeto de medidas cautelares durante el trámite de reorganización que admitió esa Superintendencia, así como de aquellos activos no sujetos a registro que fueron de su conocimiento durante el proceso, de modo que se me facilite la estructuración del acuerdo de adjudicación que ese despacho me encomendó promover”.

Lo cierto es que 27 meses después de que el Estado suspendiera las operaciones de Factor Group por captación ilegal y a dos meses de ordenada su liquidación, no hay información confiable sobre asuntos básicos como los derechos fiduciarios de la firma y menos aún sobre la relación de ellos con los patrimonios autónomos, que son una de las fuentes principales de reclamos que hacen 1.550 clientes (ver recuadro).

Tampoco son conocidos los nombres de los titulares de derechos sobre los dineros consignados por concepto de descuentos de libranzas en cuentas de Bancolombia y Banco de Occidente que, además, están embargadas.

Mientras tanto, David Wigoda, dueño y presidente de la firma, sigue actuando con entera libertad, como lo comprobaron el último martes de mayo antiguos clientes suyos que se encontraron de manera fortuita con él en un exclusivo restaurante del Parque de la 93, en Bogotá.

Los clientes acababan de llegar ese día de la Fiscalía, donde habían rendido amplias declaraciones sobre las causas de su actual drama económico y, según dijeron, se resistían a creer que el causante de sus males anduviese campante y libre de apremios..

La cresta de los reclamos


- El dinero reclamado por clientes de Factor Group que se dicen defraudados suma $240.000 millones. De esa plata, $180.000 millones hacen parte del plan de desmonte.

- Según los mismos clientes, se han dejado de pagar intereses desde octubre de 2011.

- A la masa de acreedores aspiran a incorporarse actualmente 1.550 personas.

jueves, 5 de septiembre de 2013

La Super sí sabía

invlasuper1_. Gerardo Hernández, superintendente Financiero.
La Superfinanciera  aseguró que los documentos de InterBolsa que le fueron remitidos por el Autorregulador del Mercado no eran sólidos.

Foto: Guillermo Torres
Gerardo Hernández, superintendente Financiero. La Superfinanciera aseguró que los documentos de InterBolsa que le fueron remitidos por el Autorregulador del Mercado no eran sólidos.

Dinero revela documentos que muestran que la Superintendencia Financiera fue advertida sobre los manejos de InterBolsa y sus clientes favoritos un año antes de que estallara la crisis.

El 7 de octubre de 2011, trece meses antes de que estallara la crisis que hundió a InterBolsa, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) previno a la Superintendencia Financiera sobre las maniobras bursátiles mediante las cuales ocho accionistas de Fabricato se estaban haciendo al control de 50% de las acciones de la textilera.

Felipe Gaviria Liévano, subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV, preparó un informe completo sobre lo que ocurría y se lo envió a Diego Mauricio Herrera Falla, superintendente encargado para la supervisión de los riesgos del mercado y de la integridad de estos.

El dossier, producto de una indagación preliminar, no solo contenía los nombres de quienes ejecutaban las maniobras y mencionaba nombres y razones sociales que hoy son familiares para la opinión, como Alessandro Corridori y Valores Incorporados S.A., sino que recomponía la telaraña de sociedades que tenían un propósito en común: llevar al tope más alto el precio de la acción y atraer inversionistas con el rumor de que Fabricato sería muy vendida a la brasilera Vicunha.

Pero, aún más, ponía en evidencia los intereses que se jugaban allí de sociedades en cuyos directorios aparecían los nombres de familiares de Juan Carlos Ortiz, el controvertido socio de Proyectar Valores y de InterBolsa, que ha cobrado fama por su habilidad para no dejar rastro de su injerencia en millonarias y arriesgadas operaciones en el mercado de capitales.

El documento, al que solo se había aludido tangencialmente en debates parlamentarios, fue conocido íntegramente por Dinero y hace parte de las pruebas con las que la Procuraduría y la Contraloría sellarán muy pronto la suerte disciplinaria y fiscal de altos funcionarios de la Superintendencia Financiera. Estos funcionarios están respondiendo cargos por presunta negligencia y favorecimientos en el caso de InterBolsa.

Su contenido trasciende en momentos en que se conocen también fuertes evidencias de que la Superintendencia Financiera conoció por anticipado el famoso préstamo por $78.000 millones que la clínica de La Candelaria le hizo a la comisionista de InterBolsa, en un desesperado y fallido intento para que esta saldara obligaciones bancarias e impidiera su naufragio (ver recuadro).

Acuerdos sigilosos

En sus primeras indagaciones, el equipo de vigilancia y monitoreo del AMV pudo constatar en tiempo real la existencia de 22 operaciones en que, a juicio de Gaviria Liévano, jefe del equipo, se advertían acuerdos previos para elevar las negociaciones en bolsa de la especie Fabricato. Los repos manejados a través de InterBolsa ya empezaban a asomar cabeza.

El monitoreo se tradujo en un cuadro de unos pocos accionistas que se hacían al control de la empresa. Esa fue quizá la primera vez en que el nombre del italiano, Alessandro Corridori, aparecía reseñado por un órgano de vigilancia. El documento lo presentó así ante la Superfinanciera: “Persona natural de origen italiano con cédula de extranjería 320.480 que normalmente transa en el mercado de acciones en las siguientes especies: BMC, Coltejer, Fabricato, InterBolsa, Odinsa y Tablemac”.

En el primer trimestre de 2011 ya se advertía lo que estaba pasando. El 3 de enero de ese año la acción de Fabricato valía $26,90 y a 31 de marzo llegaba a $41,90; es decir, había crecido 55,76%. El contraste con el resto del mercado era notorio: durante ese mismo lapso el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) arrancaba con un valor de 15.368,27 puntos y cerraba el trimestre con un monto de 14.469,66, con una diferencia negativa equivalente a 5,84%.

Cuando la opinión pública no tenía la menor idea de lo que ocurría, el AMV –como lo prueban los documentos y anexos remitidos a la Super– logró armar la telaraña del grupo de inversionistas que escalaban el precio de la acción y consolidaban posiciones de dominio. El grupo principal lo integraban Corridori y su cuñada María Eugenia Jaramillo Palacios y como apéndices suyos estaban identificados Cromas S.A., Invertácticas, Manrique y Manrique Cía. S. en C. y P & P Investment S.A

En julio del mismo año los encargados del monitoreo ya habían formulado una hipótesis que la AMV le presentó así al Superintentente encargado de la supervisión de riesgos, Diego Herrera Falla: “Existe una cercanía entre el grupo encabezado por Alessandro Corridori y Juan Carlos Ortiz (…). Gracias a los negocios realizados con el primero y a la relación que existe entre InterBolsa y Odinsa con el segundo, desde hace varios años, se forjaron los vínculos entre los diferentes accionistas”.

La hipótesis era interesante en un momento en que todavía no se había producido la liquidación de Proyectar Valores ni se insinuaba procedimiento alguno contra la comisionista de InterBolsa. Días más tarde, los nexos entre Corridori y Ortiz ya eran para el AMV una verdad de a puño.

En la red de empresas que, aun desde la trastienda, le reportaban a Ortiz, el dossier incluyó a Valores Incorporados S.A., Giteco S.A.S., Grupo Industrial, Intendencia Empresarial S.A., Compañía de Capitales S.A., Rentafolio Bursátil y Financiero S.A., Valores y Derivados S.A.S. y P & P Investment.

El informe destacó la presencia de familiares de Ortiz en ese entramado. En el caso de Intendencia Empresarial S.A., cuyo objeto es la inversión de activos nacionales y extranjeros, incluidos bonos, divisas, facturas, pagarés, identificaba como únicas accionistas a Amanda Zárate (sic) de Ortiz y a Amanda Ortiz Zárate (Juan Carlos Ortiz escribe su segundo apellido como “Zárrate”), madre o hermana del llamado Zar de la bolsa.

En la junta directiva de la Compañía Colombiana de Capitales el AMV encontró el nombre de Carlos Ortiz Perdomo (q.e.p.d), padre de Juan Carlos Ortiz. También le encontró nexos familiares en Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.

Sobre P & P Investment destacó: “Al igual que el señor Alessandro Corridori, esta entidad es accionista principal de Fabricato S.A. y durante el segundo trimestre del año 2011 realizó compras en la acción de BMC con un patrón similar al utilizado por el señor Corridori”.

También, como Corridori, esta compañía operó sobre la acción de Fabricato a través de la plataforma de e-trading de InterBolsa y desde el mismo equipo utilizado por el italiano. “Adicionalmente –se lee en las conclusiones de la indagación– para la constitución de las garantías adicionales exigidas por la BVC sobre la acción de Fabricato S.A., recibió recursos de Rentafolio Bursátil y Financiero E.U. (sic) ($424 millones), que hacen parte del grupo de inversionistas relacionados con el señor Juan Carlos Ortiz, así como de la posición propia de InterBolsa S.A. ($10.388 millones)”.

Destinatario impedido

Unos meses antes de recibir los informes que le remitió el subdirector de Vigilancia y Monitoreo del AMV Felipe Gaviria Liévano, el superintendente delegado Diego Herrera se había declarado impedido para conocer de asuntos relacionados con InterBolsa, ya que él había trabajado como ejecutivo de esa compañía.

Sin embargo, no está claro si Gaviria le entregó los informes a alguien más que sí estuviera habilitado éticamente para darles el trámite que ameritaban o si los guardó. El asunto no es de poca monta, ya que estos documentos tendrán un peso específico dentro de la decisión que próximamente deberá tomar la Procuraduría en la investigación disciplinaria que les sigue al superintendente Financiero, Gerardo Hernández, y a otros siete directivos del organismo.

Si resulta que el dossier y todos los documentos que lo componen no fueron tenidos en cuenta por la Superintendencia Financiera, el costo de posible ocultamiento será pagado caro, según lo insinúa el Ministerio Público en su pliego de cargos. Por ahora hay dos nombres de directivos de la Super que tenían capacidad real para decidir sobre el asunto InterBolsa: Juan Pablo Arango, a quien muchos identifican como el poder detrás del trono en la entidad, y Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores.

¿Hubo un plan de ocultamiento para favorecer a InterBolsa? La respuesta se verá pronto en los fallos que se avecinan.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

¿Justos por pecadores?

nvvvv1_. Alessandro Corridori.

Alessandro Corridori.

El liquidador de InterBolsa inició procesos ejecutivos contra personas que se han declarado víctimas de Alessandro Corridori en el caso de los repos de Fabricato. Mientras tanto, las cabezas de la operación siguen libres.

Las víctimas de falsificaciones aceptadas por el empresario italiano Alessandro Corridori podrían terminar pagando gran parte de los platos rotos por la comisionista de InterBolsa, cuya intervención sacó del escenario bursátil al más grande operador del mercado de valores en Colombia.

Pablo Muñoz, agente liquidador de InterBolsa, acudió ya ante la justicia civil con el propósito de exigir el cumplimiento de millonarios pagarés que en su momento respaldaron préstamos para la compra de repos a través de los cuales un reducido número de inversionistas se hizo al control del mayor paquete accionario de Fabricato.

Una de las demandas está radicada en el Juzgado Noveno Civil del Circuito, según lo comprobaron reporteros de Dinero al revisar el número de radicación 11001-31034-009-2013-00188-07. En este caso, el liquidador de InterBolsa le dio poder a la prestigiosa firma de abogados De la Calle, López & Posada, de la cual hace parte el exministro jefe de la negociaciones de paz con la guerrilla en La Habana.

En este proceso está en juego la exigencia de un pagaré por $14.000 millones. Se trata de una obligación que compromete a Corridori y a algunos de sus clientes de la firma Invertácticas, intervenida por la Superintendencia de Sociedades. Entre los clientes afectados se encuentran Lina Barguil, representante legal de la firma de ingeniería Cromas S.A.

La señora Barguil y su abogado le entregaron hace más de tres meses a la Fiscalía grabaciones en las que, de viva voz, el italiano Corridori acepta que usó indebidamente la firma de ella y el logo de la empresa para conseguir préstamos para la compra de acciones de Fabricato. Una prueba grafológica ordenada en este caso confirmó la versión.

Sin embargo, los dos procesos son independientes y podría darse el contrasentido de que, mientras un juez penal considera probada la falsificación, un juez civil obligue a los afectados por esta conducta a pagar una obligación que no fue contraída con su consentimiento. Son contados con los dedos de las manos los casos en que dos jurisdicciones distintas hacen valer el principio de colaboración armónica entre autoridades del Estado y produzcan un intercambio de pruebas.

El caso del proceso ejecutivo por el pagaré de los $14.000 millones no es el único. El liquidador ha ordenado otras acciones similares que incluyen una operación similar por $80.000 millones referida al cierre de la legislatura pasada por el representante Simón Gaviria, autor del único debate de control político sobre el caso de InterBolsa. Estas operaciones cuestionadas coincidieron en el tiempo con el crédito que la clínica La Candelaria le hizo a la comisionista de bolsa poco antes de su intervención.

La agilidad con la que se mueven estos procesos contrasta con los seguidos contra Rodrigo y Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y otros actores de primer orden de la crisis. Si se mantiene esta perspectiva, podrían terminar pagando justos por pecadores.

Reforma tributaria cuáles serían las propuestas que acogería el Gobierno nacional?

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